Juan Carlos Flores Barrón
Expediente 1144/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 8 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1144/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 01/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Juan Carlos Flores Barrón y Otros.
- Juan Carlos Flores Barrón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, a uno de agosto de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el informe rendido por la autoridad responsable, por el cual da cumplimiento al requerimiento efectuado en autos, informando que no existe el auto de treinta y uno de enero del año en curso; al efecto, agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta para que obre como en derecho corresponda. Ahora bien, del estado procesal que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa reclamó la omisión de diligenciar acuerdo de requerimiento de pago y embargo de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, dentro de los autos del juicio laboral de origen ********************; sin embargo, del análisis de las constancias que allegó la junta responsable en su informe justificado, así como a su diverso oficio 1618/5/2022, se observa la inexistencia de tal acto reclamado. Precisado que fue lo anterior, debe decirse que en el presente juicio de amparo resulta innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional y dictar sentencia en la que deba analizarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado por la parte quejosa (omisión de diligenciar acuerdo de requerimiento de pago y embargo de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés), ya que no se entrará al estudio de tal cuestión, toda vez que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo que constituye una cuestión de orden público y estudio preferente; en relación con los diversos preceptos 1, fracción I, y 75 de la propia ley, y a la jurisprudencia II.1o. J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultada en el Semanario Judicial de la Federación, donde aparecen como datos la página 95, del Tomo VII, relativa a Mayo de 1991, Octava Época, Materia Común, cuyos rubro y texto son los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". En efecto, los artículos y fracciones en comento textualmente establecen: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [...] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad.". El artículo 1, fracción I, que ha sido transcrito, establece claramente que el juicio de amparo procede contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la constitución, es decir, se refiere a actos existentes, conclusión que se corrobora con lo dispuesto por el diverso 75 de la ley de la materia, al establecer que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. Luego, si se analiza el artículo 63, fracción IV, de la ley reglamentaria del juicio de amparo, en armonía con los diversos 1, fracción I, y 75, la conclusión a que se arriba es en el sentido de que los actos que se reclamen por la parte quejosa deben analizarse atendiendo a la fecha en que presentó la demanda de amparo. Ahora bien, del análisis de las documentales públicas que en copia certificada allegó la autoridad responsable, como complemento de su informe con justificación, a las que se otorga pleno valor demostrativo, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 74, fracción III, del ordenamiento legal citado en último término, se advierte la inexistencia del acto reclamado de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, dentro de los autos del juicio laboral de origen ********************; por lo tanto, que no existe la omisión reclamada por la parte quejosa, por el motivo expuesto anteriormente (inexistente). Por tanto, es claro que el estado de incertidumbre en que se encontraba la parte quejosa, generado por el hecho de que no se había diligenciado el acuerdo de requerimiento de pago y embrago de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés (acto reclamado), resultó inexistente tal y como quedó acreditado en autos con las constancias allegadas por la responsable; circunstancia que implica por lógica consecuencia, que para cuando se promovió este juicio de amparo no existía ese acto reclamado, surtiéndose la hipótesis contemplada en la fracción IV, del artículo 63, de la ley reglamentaria del juicio constitucional, por lo que, como se dijo, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA del presente asunto, respecto de tal acto reclamado en el presente juicio de amparo, por ser inexistente. Es aplicable, por similitud de razón jurídica, la jurisprudencia 12, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Octava Época, Tomo VI, parte SCJN, Materia Común, visible en la página 10, cuyo rubro es el siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." En consecuencia, cancélese la fecha y hora señaladas para que tuviera verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. En mérito de lo anterior, y en cumplimento a lo ordenado en auto admisorio, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se DECLARA LA FIRMEZA del presente proveído. En consecuencia, ARCHÍVENSE las actuaciones como asunto totalmente concluido. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se desprende que son susceptibles de destrucción sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. En consecuencia, el presente asunto es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en el artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, al haberse sobreseído fuera de audiencia. Asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 34, párrafo segundo, del mismo Acuerdo. Con fundamento en el artículo 20, primer párrafo, del Acuerdo en comento, el expediente en que se actúa debe conservarse por un término de tres años, contado a partir de esta fecha. Una vez concluido el mencionado plazo, dentro de los siguientes treinta días, este juzgado deberá destruir el expediente, y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), incluyendo la de la destrucción respectiva, conforme al artículo 23 del Acuerdo General de Trato. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante la Secretaria Miriam del Rosario Morales Morales, quien autoriza y da fe.AF"Reynosa, Tamaulipas, a uno de agosto de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el informe rendido por la autoridad responsable, por el cual da cumplimiento al requerimiento efectuado en autos, informando que no existe el auto de treinta y uno de enero del año en curso; al efecto, agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta para que obre como en derecho corresponda. Ahora bien, del estado procesal que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa reclamó la omisión de diligenciar acuerdo de requerimiento de pago y embargo de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, dentro de los autos del juicio laboral de origen ********************; sin embargo, del análisis de las constancias que allegó la junta responsable en su informe justificado, así como a su diverso oficio 1618/5/2022, se observa la inexistencia de tal acto reclamado. Precisado que fue lo anterior, debe decirse que en el presente juicio de amparo resulta innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional y dictar sentencia en la que deba analizarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado por la parte quejosa (omisión de diligenciar acuerdo de requerimiento de pago y embargo de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés), ya que no se entrará al estudio de tal cuestión, toda vez que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo que constituye una cuestión de orden público y estudio preferente; en relación con los diversos preceptos 1, fracción I, y 75 de la propia ley, y a la jurisprudencia II.1o. J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultada en el Semanario Judicial de la Federación, donde aparecen como datos la página 95, del Tomo VII, relativa a Mayo de 1991, Octava Época, Materia Común, cuyos rubro y texto son los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". En efecto, los artículos y fracciones en comento textualmente establecen: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [...] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad.". El artículo 1, fracción I, que ha sido transcrito, establece claramente que el juicio de amparo procede contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la constitución, es decir, se refiere a actos existentes, conclusión que se corrobora con lo dispuesto por el diverso 75 de la ley de la materia, al establecer que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. Luego, si se analiza el artículo 63, fracción IV, de la ley reglamentaria del juicio de amparo, en armonía con los diversos 1, fracción I, y 75, la conclusión a que se arriba es en el sentido de que los actos que se reclamen por la parte quejosa deben analizarse atendiendo a la fecha en que presentó la demanda de amparo. Ahora bien, del análisis de las documentales públicas que en copia certificada allegó la autoridad responsable, como complemento de su informe con justificación, a las que se otorga pleno valor demostrativo, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 74, fracción III, del ordenamiento legal citado en último término, se advierte la inexistencia del acto reclamado de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, dentro de los autos del juicio laboral de origen ********************; por lo tanto, que no existe la omisión reclamada por la parte quejosa, por el motivo expuesto anteriormente (inexistente). Por tanto, es claro que el estado de incertidumbre en que se encontraba la parte quejosa, generado por el hecho de que no se había diligenciado el acuerdo de requerimiento de pago y embrago de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés (acto reclamado), resultó inexistente tal y como quedó acreditado en autos con las constancias allegadas por la responsable; circunstancia que implica por lógica consecuencia, que para cuando se promovió este juicio de amparo no existía ese acto reclamado, surtiéndose la hipótesis contemplada en la fracción IV, del artículo 63, de la ley reglamentaria del juicio constitucional, por lo que, como se dijo, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA del presente asunto, respecto de tal acto reclamado en el presente juicio de amparo, por ser inexistente. Es aplicable, por similitud de razón jurídica, la jurisprudencia 12, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Octava Época, Tomo VI, parte SCJN, Materia Común, visible en la página 10, cuyo rubro es el siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." En consecuencia, cancélese la fecha y hora señaladas para que tuviera verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. En mérito de lo anterior, y en cumplimento a lo ordenado en auto admisorio, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se DECLARA LA FIRMEZA del presente proveído. En consecuencia, ARCHÍVENSE las actuaciones como asunto totalmente concluido. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se desprende que son susceptibles de destrucción sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. En consecuencia, el presente asunto es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en el artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, al haberse sobreseído fuera de audiencia. Asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 34, párrafo segundo, del mismo Acuerdo. Con fundamento en el artículo 20, primer párrafo, del Acuerdo en comento, el expediente en que se actúa debe conservarse por un término de tres años, contado a partir de esta fecha. Una vez concluido el mencionado plazo, dentro de los siguientes treinta días, este juzgado deberá destruir el expediente, y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), incluyendo la de la destrucción respectiva, conforme al artículo 23 del Acuerdo General de Trato. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante la Secretaria Miriam del Rosario Morales Morales, quien autoriza y da fe."
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Téngase por recibido y agréguese a los autos la intervención ministerial 342/2023, signada por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado de Distrito, por medio del cual realiza diversas manifestaciones a manera de alegatos, mismas que se relacionarán en la etapa respectiva de la audiencia constitucional en el juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Miriam del Rosario Morales Morales, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, a once de julio de dos mil veintitrés.****************************************Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 1618/5/2022, firmado por la Presidente de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual pretende dar cumplimiento al requerimiento efectuado el tres de julio del año en curso, remitiendo únicamente copia certificada del proveído de treinta de enero de dos mil veintitrés, dictado dentro del juicio natural de origen ********************mas no del proveído de treinta y uno de enero de este año (acto reclamado), que le fue requerido.****************************************Al respecto, es de hacer notar que en el escrito de demanda la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de diligenciar acuerdo de requerimiento de pago y embargo ordenado el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, dentro del juicio laboral de origen********************.****************************************En consecuencia, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo y numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, Civiles de aplicación supletoria, REQUIÉRASE NUEVAMENTE a la autoridad responsable, para que en el lapso de tres días computado legalmente, remita copia certificada de las constancias relativas al acto aquí reclamado por la parte quejosa, consistente en la OMISIÓN DE DILIGENCIAR ACUERDO DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO, ORDENADO EL TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, DENTRO DEL JUICIO LABORAL DE ORIGEN ********************las cuales deberán de ser legibles, foliadas, rubricadas, y organizadas de forma cronológica.****************************************Se apercibe a la responsable, que de no cumplir con la encomienda impuesta, o de no informar el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá una multa de doscientas veces el valor diario que tenga en esta fecha la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo.****************************************Notifíquese.****************************************Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante la Secretaria Miriam del Rosario Morales Morales, quien autoriza y da fe.AF"Reynosa, Tamaulipas, a once de julio de dos mil veintitrés.****************************************Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 1618/5/2022, firmado por la Presidente de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual pretende dar cumplimiento al requerimiento efectuado el tres de julio del año en curso, remitiendo únicamente copia certificada del proveído de treinta de enero de dos mil veintitrés, dictado dentro del juicio natural de origen ********************mas no del proveído de treinta y uno de enero de este año (acto reclamado), que le fue requerido.****************************************Al respecto, es de hacer notar que en el escrito de demanda la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de diligenciar acuerdo de requerimiento de pago y embargo ordenado el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, dentro del juicio laboral de origen********************.****************************************En consecuencia, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo y numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, Civiles de aplicación supletoria, REQUIÉRASE NUEVAMENTE a la autoridad responsable, para que en el lapso de tres días computado legalmente, remita copia certificada de las constancias relativas al acto aquí reclamado por la parte quejosa, consistente en la OMISIÓN DE DILIGENCIAR ACUERDO DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO, ORDENADO EL TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, DENTRO DEL JUICIO LABORAL DE ORIGEN ********************las cuales deberán de ser legibles, foliadas, rubricadas, y organizadas de forma cronológica.****************************************Se apercibe a la responsable, que de no cumplir con la encomienda impuesta, o de no informar el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá una multa de doscientas veces el valor diario que tenga en esta fecha la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo.****************************************Notifíquese.****************************************Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante la Secretaria Miriam del Rosario Morales Morales, quien autoriza y da fe."
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, a tres de julio de dos mil veintitrés.****************************************Vista la certificación secretarial que antecede, se desprende la imposibilidad de celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, toda vez que no se encuentra debidamente integrado.****************************************Lo anterior, en atención a que en el escrito de demanda señaló como acto reclamado la omisión de diligenciar acuerdo de requerimiento de pago y embargo ordenado el treinta y uno de enero del año en curso, dentro del juicio de origen ********************; sin embargo, al rendir su informe justificado informó ser cierto el acto reclamado, remitiendo únicamente copia certificada del diverso proveído de treinta de enero de este año, mas no así del auto de treinta y uno de enero del año en curso, de cuya omisión de diligenciar se duele la parte quejosa.****************************************En relación a lo anterior, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo y numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, Civiles de aplicación supletoria, REQUIÉRASE NUEVAMENTE a la autoridad responsable, para que en el plazo de tres días computado legalmente, remita copia certificada de las constancias relativas al acto aquí reclamado por la parte quejosa, las cuales deberán de ser legibles, foliadas, rubricadas, y organizadas de forma cronológica.****************************************Con el apercibimiento que de ser omisa o de no señalar el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá una multa de doscientas veces el valor diario que tenga en esta fecha la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 251 de la Ley de Amparo.****************************************Finalmente, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las ONCE HORAS DEL DOS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo.****************************************Notifíquese.****************************************Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante la Secretaria Miriam del Rosario Morales Morales, quien autoriza y da fe.AF
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