Juan Carlos Fernández Fabela
Expediente 920/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Durango. 11 actuaciones registradas, la última del 31 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 920/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 31/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Juan Carlos Fernández Fabela
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
De conformidad con lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento; y en su oportunidad remítase al archivo el presente asunto, según lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la citada legislación.
- Principal
Agréguese en autos el oficio firmado por la Subdirectora Jurídica del Registro Civil, con sede en esta ciudad, por medio del cual informa el cumplimiento a la sentencia de amparo. En tal virtud, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo, con el contenido de dicho oficio y anexos, así como con los diversos suscritos por la autoridad ocursante y Subsecretario General de Gobierno, agregados respectivamente en acuerdos de dieciséis y dieciocho de noviembre del año en curso, dese vista a la parte quejosa, por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación de este acuerdo, a fin de que manifieste lo que a su intereses convenga, en relación con dicha determinación, y una vez transcurrido ese término, con desahogo de la vista o sin ella, este órgano jurisdiccional dictará la resolución que corresponda.
- Principal
Se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Ahora bien, cabe precisar que las autoridades responsables Congreso del Estado de Durango y Gobernador Constitucional del Estado de Durango, únicamente ejercieron funciones legislativas, por lo tanto, la ejecutoria que nos ocupa no tiene fuerza vinculatoria para requerirlas por su cumplimiento. En consecuencia, de conformidad con el artículo 192, segundo párrafo, de la Ley de Amparo vigente, requiérase únicamente a la autoridad responsable Subdirectora Jurídica del Registro Civil del Estado de Durango, a fin de que dentro del término de tres días contados legalmente, proceda a acatar en sus términos la ejecutoria de amparo, para lo cual deberá remitir las constancias con las que acredite lo anterior; apercibida que de no hacerlo, sin causa justificada, este juzgado remitirá los presentes autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, el que puede culminar con la separación de su puesto y consignación, además se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien unidades de medida y actualización al momento de realizarse la conducta sancionada, con fundamento en los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, y de conformidad con el sexto párrafo, apartado b, del artículo 26 de la Constitución Federal.
- Principal
Agréguese en autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio DGRC/SJ/159/2021 firmado por la Subdirectora Jurídica del Registro Civil del Estado de Durango, y anexo que acompaña, por medio del cual informa las gestiones para dar cumplimiento al fallo protector dictado en el presente asunto; al respecto, resérvese acordar lo que en derecho corresponda, hasta en tanto cause ejecutoria la referida sentencia. Por otra parte, toda vez que el veinte de octubre de dos mil veintiuno, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, determinó adscribir al suscrito como Juez Primero de Distrito en el Estado de Durango, a partir del dieciséis de noviembre del año en curso, en consecuencia, hágase saber a las partes el cambio de titular de este órgano jurisdiccional. Se cita al respecto la jurisprudencia 2a./J. 104/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Julio de 2010, página 312, registro digital 164217, de rubro y texto: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
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