Juan Carlos Fernandez de Jauregui Garcia

Expediente 724/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
724/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
25/07/2022

Partes del expediente

  • Juan Carlos Fernandez de Jauregui Garcia

Actuaciones

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veinticinco de julio de dos mil veintidós. I. Causa estado desechamiento. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto de veintiocho de junio de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. II. Archivo del expediente. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21 del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. III. Devolución de tomo de pruebas. Finalmente, mediante oficio que derive del presenta acuerdo devuélvase al Juez Primero Especializad en Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Querétaro, las constancias que remitió para la substanciación del juicio de amparo; sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo, toda vez que la constancia de recepción, hace las veces del mismo. Notifíquese.

  2. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veintidós de junio de dos mil veintidós. I. Radicación. Téngase por recibido el oficio 650/2022, proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, al que acompaña, entre otros, la demanda de amparo promovida por promovida por ............ contra actos de: a) Juez Primero Especializado en Oralidad Mercantil en el Distrito Judicial del Estado de Querétaro; b) Coordinación de Actuarios del Poder Judicial del Estado de Querétaro. Asimismo, de las constancias remitidas, se desprende que por auto de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo directo ............, dicho órgano jurisdiccional declaró su incompetencia legal para conocer de la demanda de amparo referida. Por tanto, con fundamento en los artículos 103 fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución General de la República; 1o. fracción I, 37, 45, 107 y relativos de la Ley de Amparo, este Juzgado se avoca al conocimiento del juicio de amparo en cuestión, para los efectos ordenados en la ejecutoria que se menciona. Acúsese recibo. II. Formación de tomo. Con las constancias remitidas por las autoridades señaladas como responsables, fórmese un tomo de prueba, identificados como TOMO I para mejor manejabilidad del expediente. III. Creación del expediente. Fórmese expediente físico y electrónico, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el libro de gobierno correspondiente de este juzgado, bajo el número 724/2022. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquéllas que, por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. IV. Desechamiento. Según se advierte del análisis de la demanda de amparo, la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual, a la letra, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del citado precepto, se advierte, que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. LXXI/2002, precisó que por "manifiesta", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda, por lo claro y evidente que es. Asimismo, que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexaron a esas promociones. De manera que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Precisado lo anterior, del análisis de la demanda se obtiene que, en el caso, el impetrante señala como autoridades responsables al Juez Primero Especializado en Oralidad Mercantil en el Distrito Judicial del Estado de Querétaro, así como al Coordinación de Actuarios del Poder Judicial del Estado de Querétaro, de quienes se reclama: "IV.- Acto reclamado: DE LA ORDENADORA: C. JUEZ PRIMERO ESPECIALIZADO EN ORALIDAD MERCANTIL EN EL DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO. 1).- EL HECHO DE QUE DENTRO DEL EXPEDIENTE ............... radicado en el Juzgado Especializado en Oralidad Mercantil en el Distrito Judicial del [sic] de Querétaro, EL C. JUEZ PRIMERO ESPECIALIZADO EN ORALIDAD MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO, HAYA PRETENDIDO LLEVAR A CABO LA NOTIFICACIÓN DE EMPLAZAMIENTO Y DILIGENCIA DE EMBARGO AL AHORA QUEJOSO, RESPECTO DEL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA, EN DOMICILIO DE UN TERCERO EXTRAÑO A JUICIO, CUANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD TENGO MI DOMICILIO PARTICULAR Y PERSONAL UBICADO EN ................ LA VIOLACIÓN QUE SE PRESENTA ES FLAGRANTE A MI DERECHO HUMANO DE AUDIENCIA Y LEGALIDAD POR NO HABER SIDO OÍDO Y VENCIDO EN JUICIO Y AHORA EL C. JUEZ ESPECIALIZADO EN ORALIDAD MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO, VIOLÓ MI DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL DE AUDIENCIA Y LEGALIDAD EN RAZÓN DE NO RESPETAR LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DEJÁNDOME EN UN TOTAL, COMPLETO Y ABSOLUTO ESTADO DE INDEFENSIÓN, es decir, se me está Violando Flagrantemente El Derecho Humano Fundamental de Audiencia, de Legalidad y Seguridad Jurídica, contemplados en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. SE DEBEN RESPETAR TODAS Y CADA UNA DE LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO Y SE DEBE RESPETAR EL DEBIDO PROCESO, ADEMÁS SOLICITO QUE AL QUEJOSO SE APLIQUE A SU FAVOR LA SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA. DE LA EJECUTORA: COORDINACIÓN DE ACTUARIOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO. 1) EL HECHO DE QUE EL ACTUARIO EJECUTOR, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD HAYA IGNORADO LAS MANIFESTACIONES DE LA MAMÁ DE MIS HIJOS ............, QUIEN AFIRMÓ CATEGÓRICAMENTE QUE NOS ENCONTRAMOS MATERIALMENTE SEPARADOS, AUNQUE NO HAYAMOS INICIADO FORMALMENTE EL JUICIO DE DIVORCIO ANTE LOS TRIBUNALES CORRESPONDIENTES. 2) ADEMÁS ES EVIDENTE QUE DE LA CONSTANCIA ACTUARIAL, SE APRECIA QUE EL ACTUARIO EJECUTOR NO SE CERCIORÓ CON VECINOS ACERCA DEL DICHO DE LA MADRE DE MIS HIJOS, SITUACIÓN QUE DEBE AGOTAR ANTES DE REALIZAR SU DILIGENCIA DE EMBARGO. 3) ASÍ MISMO EL ACTUARIO EJECUTOR AL NO HABERSE CERCIORADO CON VECINOS COMETE UNA VIOLACIÓN PROCESAL Y ACTUÓ DE MANERA PARCIAL EN APOYO A LA PARTE ACTORA, LO QUE HACE PRESUMIR QUE PUDO SER CONVENCIDO DE LLEVAR LA DILIGENCIA DE EMBARGO EN BASE A UNA DADIVA MONETARIA ASUMIENDO QUE ESTABA REALIZANDO ACTOS ILÍCITOS." Actos de autoridad respecto de los que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, la que, a la letra, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocada o nulificadas. [.]." Del citado artículo se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, lo que se conoce como principio de definitividad, rector del juicio de amparo. En ese sentido, el principio de definitividad -rector del juicio de amparo y a que se alude en líneas anteriores-, debe cumplirse antes de promover el juicio de amparo, y consiste en que se agoten todos los medios ordinarios de defensa previstos en la ley que rija el acto que se reclama, salvo las excepciones que la misma establezca; principio que no se observó en el presente caso. Para evidenciar tal circunstancia, es necesario traer a colación lo establecido en el 1414 del Código de Comercio, el cual a la letra, dispone: "Artículo 1414. Cualquier incidente o cuestión que se suscite en los Juicios Ejecutivos Mercantiles será resuelto por el juez con apoyo en las disposiciones respectivas de este Título; y en su defecto, en lo relativo a los incidentes en los Juicios Ordinarios Mercantiles; y a falta de uno u otro, a lo que disponga el Código Federal de Procedimientos Civiles, o en su defecto la ley procesal de la Entidad Federativa correspondiente, procurando la mayor equidad entre las partes sin perjuicio para ninguna de ellas." Así mismo, es necesario atender a lo previsto en el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio en términos de su numera 1054, el cual establece: "Artículo 319. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Este incidente no suspenderá el curso del procedimiento, y, si la nulidad fuere declarada, el tribunal determinará, en su resolución, las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente de nulidad, o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse sin la existencia previa y la validez de otras. Sin embargo, si el negocio llegare a ponerse en estado de fallarse, sin haberse pronunciado resolución firme que decida el incidente, se suspenderá hasta que éste sea resuelto." Del primero de los preceptos transcritos se obtiene que cualquier incidente o cuestión que se suscite en los juicios ejecutivos mercantiles será resuelta por el juez que conozca del asunto, conforme a lo dispuesto en el Código de Comercio en el Título relativo a esa clase de juicios, o, en su defecto, en lo relativo a los incidentes en los juicios mercantiles ordinarios; y, a falta de uno u otro, a lo que disponga el Código Federal de Procedimientos Civiles, o, en su defecto, en la ley procesal de la Entidad Federativa correspondiente. Luego, según se advierte del análisis del título correspondiente a los juicios ejecutivos, así como del capítulo de los incidentes en los juicios ordinarios, no se prevé lo relativo a la nulidad de las notificaciones, lo que hace necesario acudir a lo establecido en el Código Federal de Procedimientos Civiles, cuyo artículo 319 dispone que, cuando una notificación se practique de forma distinta a la prevista en la ley, la parte agraviada se encuentra en aptitud de promover incidente de nulidad en su contra, a fin de que se deje sin efectos la actuación tildada de ilegal; esto es, la legislación supletoria aplicable a los juicios mercantiles, sí prevé un medio ordinario de defensa por virtud se declare la nulidad de la notificaciones practicadas de manera irregular, lo que incluye la diligencia de exequendum en los juicios ejecutivos mercantiles. En el caso, según se precisó en parágrafos, el acto reclamado lo constituye la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento practicado al quejoso en el juicio ejecutivo mercantil ............, del índice del Juzgado Primero Especializado en Oralidad Mercantil en el Distrito Judicial del Estado de Querétaro, actuación judicial que, de conformidad con lo antes expuesto, es combatible mediante la interposición del incidente de nulidad señalado; medio ordinario de defensa que debió ser agotado por el impetrante, pues no se está en el supuesto de que se le considere como tercero extraño por equiparación, ya que, como se advierte del análisis de los autos del juicio de origen -remitidos por la responsable junto a su informe de ley-, dicho procedimiento se encuentra aún en la fase de integración de la litis, por lo que es claro que el disconforme se encontraba jurídicamente en aptitud de comparecer al juicio de origen a reclamar la nulidad de la actuación de que se duele. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que lo informan, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.), consultable en el Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, Materias Constitucional y Común, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 1627, registro 2000293, cuyo rubro y texto se transcriben: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." Así mismo, es aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en la jurisprudencia VI.2o.C. J/243, consultable en el Tomo XX, Septiembre de 2004, Materia Civil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 1651, registro 180570, cuyo rubro y texto se transcriben: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN MATERIA MERCANTIL. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO PREVIAMENTE AL AMPARO, A FIN DE CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Cuando el acto reclamado en el amparo lo constituye la falta o ilegalidad de una notificación hecha en un juicio ejecutivo mercantil antes de dictarse sentencia, el juicio de garantías es improcedente en términos del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, porque dicho acto puede ser revocado por la autoridad que conozca del juicio natural, mediante el incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado que prevé el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, aplicado en forma supletoria al Código de Comercio en términos de su artículo 1054, el cual debe agotarse previamente a intentarse el juicio de garantías, para así cumplir con el principio de definitividad que rige en materia de amparo." De igual modo, es aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito en la tesis aislada VI.2o.C.566 C, consultable en el Tomo XXVI, Agosto de 2007, Materia Civil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 1628, registro 171776, que establece: "EMBARGO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EL DEUDOR QUE ESTIME ILEGAL EL TRABADO EN SU CONTRA DEBE IMPUGNARLO EN VÍA INCIDENTAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De los artículos 1394, tercer párrafo y 1414 del Código de Comercio, este último anterior a las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio de 2003, se advierte que el legislador otorgó al deudor la oportunidad de defenderse, en caso de que resulte afectado en la ejecución de la diligencia de embargo, a través de la acción incidental prevista en el segundo de los numerales mencionados. Por tanto, a fin de cumplir con el principio de definitividad, el demandado en un juicio ejecutivo mercantil que estime ilegal el embargo trabado en su contra, debe impugnar dicha diligencia en la referida vía incidental, previo a la promoción del juicio de amparo indirecto, pues a través de aquélla puede nulificarse la actuación procesal impugnada por el agraviado. De lo contrario, el juicio de garantías resulta improcedente, en términos de lo dispuesto por la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." Sin que pase inadvertido el criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia "AUTO DE EXEQUENDO DICTADO EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, AL CONSTITUIR UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DENTRO DEL JUICIO.", sin embargo, el Pleno de dicho Alto Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 25/2015, sostuvo, en lo sustancial, que de acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política Federal, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. Lo anterior es así, sostuvo el Alto Tribunal, porque el acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses, y por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, la superioridad concluyó, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. De la contradicción de tesis en cita, derivó la jurisprudencia en materia común P./J. 11/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 55, junio de 2018, tomo I, página 8, registro 2017117, de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." En ese sentido, es claro que, previo al ejercicio de la acción constitucional, el quejoso debió combatir la actuación judicial que reclama mediante la interposición de incidente de nulidad previsto en el artículo 139 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, por lo que, al no hacerlo así, se incurrió en incumplimiento al principio de definitividad que impera en el juicio de amparo indirecto, lo que actualiza de manera clara e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, por lo que debe DESECHARSE DE PLANO la demanda, en términos del artículo 113 de la ley de la materia. V. Captura de Proveído. Ahora, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. VI. Información vía telefónica y correo electrónico. Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, se hace del conocimiento de las partes que únicamente a fin de obtener información y comunicaciones no procesales respecto de los juicios que lleven ante este órgano jurisdiccional, se pone a su disposición el número telefónico 442 235 7000, extensión 2501, así como el correo electrónico 5jdo22ctoajf@correo.cjf.gob.mx; en el entendido de que, solo de estimarse necesario, se conservará y certificará el registro de la comunicación correspondiente, para ser incorporadas al expediente respectivo. VIII. Atención presencial. En caso que, de manera excepcional e indispensable, las partes requieran acudir presencialmente a este órgano jurisdiccional, deberán hacerlo a través del modelo de atención presencial basado en citas contenido en el Acuerdo General 21/2020, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. En el entendido que, deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento; acudir puntualmente a sus citas y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia; y que, el incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. VIII. Recepción de promociones. Se hace del conocimiento que la mecánica de habilitación de buzones judiciales en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado y de la Oficialía de Partes Común, para la recepción de promociones presentadas físicamente, así como de las promociones presentadas electrónicamente, es la siguiente: Recepción de promociones a través de la Oficialía de Partes Común (OPC), instalada fuera de las instalaciones de este juzgado. 09:00 a 14:00 horas y de las 15:00 a 19:00 horas. Recepción de promociones de término mediante su depósito en los buzones judiciales colocados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado (OCC) siguiendo las reglas para su uso (artículos 10 y 11 del Acuerdo General 21/2020) 14:01 a 20:00 horas. Recepción de promociones únicamente de término a través del Secretario de guardia, entendidas como aquellas que el día en que se pretenda su presentación, sea el último para desahogar una prevención o requerimiento, que se haya decretado bajo algún apercibimiento, siguiendo las reglas para su uso (artículos 12 del Acuerdo General 21/2020) 20:01 a 00:00 horas. Recepción de promociones vía electrónica 24 horas Así mismo, se informa que, de conformidad con la fracción VII del artículo 12 del Acuerdo General 21/2020, 1 las promociones presentadas a través de la Oficialía de Partes Común y de los buzones judiciales colocados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado, serán ingresadas materialmente a este Juzgado el día hábil siguiente, con independencia de la hora de su presentación. En ese sentido, tratándose de promociones dirigidas a audiencias o diligencias de la propia fecha de su presentación, no podrán ser remitidas de inmediato a este órgano jurisdiccional, atento a la mecánica prevista en el Acuerdo General 21/2020 y Circular 14/2020; lo que deberán tomar en consideración para los efectos que estimen conducentes; sin perjuicio de que las promociones presentadas vía electrónica, no tienen tal restricción. IX. Domicilio y autorizados. Como solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su escrito de demanda; como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados ............ y únicamente para oír y recibir notificaciones a las diversas personas que refiere en su escrito de demanda, hasta en tanto acrediten ante este Juzgado ser licenciados en derecho. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, inciso a), del citado artículo 272 , los actuarios y secretarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo3 , y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. X. Notificación y exhortación. Se reitera la exhortación a las partes y a sus autorizados, para que, de acuerdo a la contingencia por el virus COVID-19 en el que el país se encuentra inmerso, realicen consulta de expedientes vía remota (expediente electrónico o listas de acuerdos a su disposición en la página www.cjf.gob.mx), para lo cual, se hace de su conocimiento que tienen expedito su derecho de solicitar el acceso al expediente electrónico, para lo cual deberán proporcionar el "Nombre de Usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el portal respectivo. También se hace la precisión de que tratándose del juicio en línea, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, las partes, sus representantes en los juicios o los autorizados que cuenten con facultades expresas para ello conforme al segundo párrafo del artículo 35, podrán solicitar ante el órgano jurisdiccional en el que se tramite el asunto de su interés, que se les notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. XI. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. XII. Publicación de lista de acuerdos y contacto con las partes. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; y, adicionalmente, se remitirán a la administración del edificio, para que se coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita, sin perjuicio de que puedan consultar el expediente electrónico a través de los usuarios autorizados. No obstante lo anterior, en términos de lo dispuesto en los numerales 22 y 28 del citado acuerdo general, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y/o propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Asimismo, se requiere a las partes (incluidas las autoridades responsables) para que proporcionen un número de teléfono móvil, a fin de que, en caso de ser necesario, se entable comunicación por parte del personal de este órgano jurisdiccional. XIII. Uso de medios electrónicos. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. XIV. Transparencia y acceso a la información pública. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, igualmente conforme a lo dispuesto en los artículos 1 a 5, 30, 32 y 33 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información pública en el Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, relativo a la elaboración de versiones públicas de los expedientes judiciales. Se adiciona a lo anterior, el desahogo de audiencias, sesiones o diligencias judiciales que cuenten con intervinientes presenciales en sede judicial y en sedes virtuales, así como las denominadas videoconferencias, en las que se garantizarán la protección de los datos personales de las partes, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en las que la Dirección General de Tecnologías de la Información del propio Consejo, deberá generar las soluciones tecnológicas necesarias para evitar la grabación y eventual diseminación no autorizada del material videograbado, a partir de los lineamientos generados por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, tal y como se proveyó en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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