Juan Carlos Estrada Martínez
Expediente 142/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 142/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Juan Carlos Estrada Martínez
Actuaciones
- Principal
MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista; la certificación que antecede de la que se desprende que el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el proveído emitido el quince de febrero de dos mil veintiuno, en el cual se desechó la demanda de amparo intentada por el quejoso Juan Carlos Estrada Martínez, transcurrió del veintidós al veintiséis de febrero del año que transcurre, sin que haya interpuesto el recurso de queja que prevé el artículo 97, de la citada Ley; por tanto se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales, lo anterior con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia; consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberá comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que haya aportado al procedimiento, con el apercibimiento que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Notifíquese.
- Principal
MESA 7 VILLAHERMOSA, TABASCO, QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto, con la demanda de cuenta se tiene a Juan Carlos Estrada Martínez, solicitando el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, que estima violatorio de los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 142/2021-7. DESECHAMIENTO En la especie, conviene establecer que para la admisión o no de una demanda de derechos fundamentales, el Juez de Amparo debe analizar si ésta cumple con los requisitos de procedencia previstos en la ley de la materia, ya que de no ser así lo procedente es aplicar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Tesis 2ª. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 448, Tomo XVI, Julio 2002, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De esta manera, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la Jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. En ese sentido, de acuerdo con lo anterior y con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado es la determinación de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, dictada dentro del toca civil 283/2020, en la que la Sala Civil responsable ordenó el desahogo de la prueba pericial en genética (ADN), que deberá realizarse al aquí quejoso y a la menor de identidad reservada, resolución que manifestó el impetrante le fue notificada el uno de diciembre de dos mil veinte. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 19, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, aplicado analógicamente y que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.". En ese contexto, después de analizar la demanda de amparo este órgano jurisdiccional advierte que, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, pues se actualiza la causa prevista en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: En efecto el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" La causal en comento consigna que el juicio de amparo resulta improcedente cuando sea promovido contra normas generales o actos que fueron consentidos tácitamente al no haberse interpuesto la demanda de amparo dentro de los plazos previstos. Bajo esa tesitura, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis publicada en la página 13, Volumen 139-144, Primera Parte, Materia Común, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, estableció los requisitos que se deben colmar para estimarse que un acto de autoridad ha sido consentido, según lo siguiente: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad." De lo anterior, se aduce que para que un acto de autoridad sea considerado consentido tácitamente, deben actualizarse los requisitos siguientes: Que el acto reclamado exista y que el agraviado lo conozca; Que el acto cause un agravio al quejoso; y, Que el agraviado se haya conformado con el acto reclamado. En el presente caso, se colma el primer y segundo requisito por ser un acto consentido, el primero de ellos sobre la existencia del acto reclamado, pues así se desprende del apartado del acto reclamado, lo cual constituye una confesión en términos del artículo 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; y el segundo, que le cause un agravio al quejoso, el que quedó satisfecho según la lectura de los antecedentes del acto impugnado y conceptos de violación formulados. Siguiendo con el análisis, en lo que respecta al tercer requisito, que establece que el agraviado se haya conformado con el acto reclamado, esto es, que no haya instado el juicio constitucional, dentro del plazo legal establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, de igual manera se encuentra acreditado por las razones que se exponen a continuación: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." El referido artículo 17, señala que el plazo para presentar la demanda de amparo será de quince días, en tanto que el numeral 18 establece que los plazos se computaran a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o bien, al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En ese contexto, existen tres supuestos para computar el referido plazo, a saber: Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; y, Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, en el primero de los supuestos, es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad señalada como responsable haya notificado al quejoso la resolución reclamada, pues únicamente de esa manera el cómputo empezará a correr a partir del día siguiente al en que surta efectos la referida notificación; lo que no sucede en los últimos dos supuestos, en los que el término se computa a partir del día siguiente en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos que reclama, ya que no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto. En el caso, como ya se dijo, la parte quejosa manifestó en su escrito de demanda, que la resolución de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, que constituye el acto reclamado, le fue notificada el uno de diciembre de dos mil veinte; en consecuencia, según las reglas descritas en el párrafo que antecede, el término de quince días previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa estuviera en aptitud de promover su demanda de amparo, se computa a partir del día siguiente hábil al en que le fue notificado el acto reclamado, por lo que dicho lapso, transcurrió del tres de diciembre de dos mil veinte al diecinueve de enero de dos mil veintiuno, sin contar el segundo periodo vacacional de la autoridad responsable que trascurrió del dieciséis de diciembre de dos mil veinte al tres de enero de dos mil veintiuno, pues así se advierte de la circular 17/2020 de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, dirigida a todo el personal del Poder Judicial y al público general, así como los días cinco, seis, doce y trece de diciembre de dos mil veinte, dieciséis y diecisiete de enero del año actual, por ser inhábiles acorde a lo establecido por el artículo 19 de la Ley de Amparo. Luego, de la certificación de cuenta, se desprende que las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada de manera extraordinaria, aprobaron el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". Lo anterior, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, por lo que determinaron adoptar medidas especiales a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero de dos mil veintiuno, por lo que en ese lapso no transcurrieron plazos, ni términos procesales. Lo anterior se puede observar a continuación: Mes de diciembre de dos mil veinte | Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 Fecha en que le fue notificado el acto reclamado. 2 Fecha en que surtió efecto la notificación del acto reclamado 3 Empieza a correr el término para la promoción del juicio de amparo (día hábil siguiente) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Inicia periodo vacacional 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Mes de enero de dos mil veintiuno Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 2 3 Termina periodo vacacional 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 De lo antes expuesto, se desprende que la demanda fue recibida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, en esta ciudad, el once de febrero de dos mil veintiuno; por tanto, es incuestionable que se hizo fuera del término que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, ante lo cual se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, que se estime que el acto reclamado fue consentido tácitamente por el peticionario del amparo. Tiene aplicación al caso, la tesis número VI.2. J/12 consultable en la página 291 del Tomo II, agosto de 1995 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y tenor es: "ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la Ley señala". De lo expuesto, resulta válido considerar que el juicio de amparo que nos ocupa resulta improcedente; por tanto, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Juan Carlos Estrada Martínez, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación con artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 32 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible a foja 1931, Tomo XXXI, Enero de 2010, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." De igual forma, lo es la jurisprudencia sustentada por el más Alto Tribunal del País, número 27/96, visible en la página 57 del Tomo III, Junio de 1996, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVÓ EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO.- El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivo el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocar seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo". DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda, y como autorizados de su parte a los licenciados Sergio Viveros Romero y Lizbeth del Carmen Acosta Mayo, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, y a los licenciados John Kevin Porta Flores y Ricardo Contreras Ovando, conforme a la parte final del precepto legal antes invocado, por no contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado Para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales y en los mismos términos a los pasantes de derecho que menciona. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con los dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. DIGITALIZACIÓN En ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3o. de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a éste, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. EXHORTO PARA CONTINUAR EL TRÁMITE DEL ASUNTO MEDIANTE EL ESQUEMA "JUICIO EN LÍNEA" Por último, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, se les invita a las partes para lo siguiente: De estimarlo conveniente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Propongan formas especiales de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de las cuales se puedan establecer comunicaciones no procesales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · 16,294 expedientes
- Juan Carlos Delgado Pérez1321/2022
- Juan Carlos Delgado Pérez1427/2018
- Juan Carlos Dewit Cruces1434/2016
- Juan Carlos Dewit Cruces1463/2016
- Juan Carlos Dewit Cruces1948/2016
- Juan Carlos Espinoza Ballesteros1585/2019
- Juan Carlos Estrada Martínez194/2021
- Juan Carlos Estrada Martínez1057/2018
- Juan Carlos Estrada Martínez277/2015
- Juan Carlos Gómez Cupil634/2016
- Juan Carlos Gómez Fuentes708/2015
- Juan Carlos Gómez Pérez110/2022