Juan Carlos Estévez López

Expediente 1144/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1144/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
19/09/2023

Partes del expediente

  • Juan Carlos Estévez López

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito del quejoso Juan Carlos Estévez..., por medio del cual desahoga la prevención formulada en auto de siete de septiembre del año en curso, al respecto, se provee: ACTO RECLAMADO De la lectura integral de la demanda de amparo, así como del escrito aclaratorio, se advierte que el impetrante reclama: - La resolución de treinta de agosto de dos mil veintitrés, emitida en la audiencia celebrada en la causa penal 223/2015, en la que se llevó a cabo su Declaración Preparatoria, imponiéndosele la "prisión preventiva", debido a que por la naturaleza del delito, no procedía otorgarle la libertad provisional bajo caución. DESECHAMIENTO En el presente asunto, el suscrito considera que se actualiza de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, relativa al cambio de situación jurídica del quejoso, el cual establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica". Precepto legal que prevé, que la acción de amparo resultará improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial, mismo que con motivo del cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en aquél sin afectar la nueva situación jurídica. Ahora, el cambio de situación jurídica se actualiza cuando concurran los supuestos siguientes: 1) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio. 2) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo. 3) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. 4) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Como quedó precisado el justiciable controvierte en el presente juicio de amparo, la resolución de treinta de agosto de dos mil veintitrés, emitida en la audiencia celebrada en la causa penal 223/2015, en la que se llevó a cabo su Declaración Preparatoria, imponiéndosele la "prisión preventiva", debido a que por la naturaleza del delito, no procedía otorgarle la libertad provisional bajo caución. Ahora bien, de los antecedentes del acto reclamado que narra el quejoso en su escrito inicial de demanda y aclaratorio, se advierte que el veintinueve de agosto del año en curso, fue detenido con motivo de una orden de aprehensión librada en su contra, por el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, en la causa penal 223/2015, por el delito de robo. El treinta de agosto de dos mil veintitrés, rindió su declaración preparatoria, diligencia en la cual se le hicieron saber los derechos que le otorga el artículo 20 Constitucional y también se le informó que atendiendo a la naturaleza del delito atribuido, no tenía derecho a gozar del beneficio de la libertad provisional bajo caución. Asimismo, en la citada diligencia su defensor particular, solicitó se le otorgara una medida cautelar diversa, ante lo cual el juez responsable proveyó que su petición debería de formularse por separado a través de un incidente siguiendo los lineamientos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Posteriormente, el uno de septiembre del año en curso, se resolvió su situación jurídica, decretándose auto de formal prisión en su contra, por el ilícito antes indicado. Ahora bien, establecidos los antecedentes del acto reclamado, este órgano jurisdiccional advierte la improcedencia del presente juicio de amparo contra el acto reclamado, ya que operó un cambio de situación jurídica que originó que las alegaciones reclamadas deban considerarse como irreparablemente consumadas, se explica. El proceso penal tradicional establecido en la legislación procesal penal se integra de diversas etapas caracterizadas cada una por distintos actos procedimentales. La averiguación previa inicia con la denuncia o querella de un hecho delictuoso cometido en agravio de la denunciante y dará inicio a una investigación por parte de la autoridad competente para ello, en el caso, el Agente del Ministerio Público, quien en cumplimiento al deber que le impone el artículo 21 Constitucional, deberá de recabar diversas pruebas y realizar todas aquellas diligencias ministeriales previstas en la legislación procesal penal que le permitan acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del o los inculpados en su comisión, respecto del delito denunciado. En esa etapa, una vez concluida la investigación, pueden actualizarse diversas hipótesis, para el caso en estudio, de manera destacada de acreditarse ambos extremos (cuerpo del delito y probable responsabilidad), se consignara la indagatoria al Juez Penal competente, que puede ser sin o con detenido, en el primer supuesto podrá solicitarse la correspondiente orden de aprehensión, de comparecencia o presentación, dependiendo de la naturaleza del ilícito, por el que se ejercite acción penal; en el segundo supuesto, se pondrá a disposición del órgano jurisdiccional al detenido en el lugar donde se encuentre recluido, quien calificara y ratificará la detención, señalara fecha y hora para que rinda su declaración preparatoria y posteriormente resolverá su situación jurídica, dependiendo del término en que se haya solicitado resolverla (setenta y dos horas o ciento cuarenta y cuatro horas), correspondiendo estos últimos actos procesales a la etapa de preinstrucción. Posteriormente, decretado el auto de formal prisión, se dará inicio a la etapa de instrucción en la cual las partes en el proceso podrán ofrecer las pruebas que estimen pertinentes, en el caso de la defensa para desvirtuar la acusación que pesa en contra del procesado y del Ministerio Público para precisar y fortalecer la acusación en contra de éste. Una vez concluido el desahogo de las pruebas legalmente ofrecidas y desahogadas, se dará vista a las partes, para que formulen sus conclusiones, hecho lo anterior, se señalara fecha para el desahogo de la audiencia de vista o de derecho y se dictara sentencia, la cual una vez que cause ejecutoria, se confirme en apelación, o se resuelva el amparo directo que en su caso se promueva, dará inicio a la etapa de ejecución de sentencia para que el condenado cumpla con las penas impuestas en dicha resolución. Asimismo, debe indicarse que en las diversas etapas del proceso penal tradicional se actualizan situaciones que van sustituyéndose entre sí, atendiendo básicamente al hecho de cómo se va desarrollando el procedimiento. Ahora bien, como se advierte, el acto reclamado por la parte quejosa, fue dictado en la etapa de preinstrucción, esto es, al momento en que fue cumplimentada la orden de aprehensión dictada en su contra y quedó a disposición del Juez Penal para que rindiera su declaración preparatoria respecto del delito imputado y se resolviera su situación jurídica. Sin embargo, el uno de septiembre de dos mil veintitrés, al resolverse su situación jurídica decretándose auto de formal prisión en su contra, operó un cambio con respecto a los efectos y consecuencias del acto reclamado, atendiendo al hecho de que el ahora quejoso permanece privado de su libertad con motivo del auto de formal prisión decretado en su contra, que corresponde a otra etapa del proceso penal, por lo que las posibles omisiones o violaciones procesales decretadas en la etapa anterior (preinstrucción), se consumaron de manera irreparable, debido a que lo acordado por el Juez responsable en la diligencia de treinta de agosto del año en curso, en atención a la solicitud que le formuló el defensor particular del directo quejoso, en el sentido de que se le otorgara a su defendido una medida cautelar diversa quedó sustituido procesalmente al dictarse la resolución de plazo constitucional. Pues en este momento procesal la situación jurídica que prevalece para el quejoso deriva de la resolución de plazo constitucional y permanece interno bajo los efectos del auto de bien preso y no de lo determinado en la diligencia de treinta de agosto de dos mil veintitrés. Por lo que las posibles omisiones o violaciones procesales cometidas en una etapa previa al dictado del auto de formal prisión, podrán ser ahora controvertidas a través de los recursos ordinarios, incluso extraordinarios previstos en la Ley, pero atendiendo a la etapa en que se encuentre el proceso penal instruido en contra del ahora quejoso. Por tanto, se arriba a la firme conclusión que operó un cambio de situación jurídica que originó que el acto reclamado deba considerarse como irreparablemente consumado. De ahí que es inconcuso que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Lo anterior con fundamento en la jurisprudencia: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". En ese sentido, es evidente que las consecuencias del acto combatido quedaron consumadas irreparablemente, sin que se pueda decidir sobre éstas sin afectar la nueva situación jurídica que prevalece y, por ende, no pueden ser analizadas por tratarse de un estadío procesal diferente, ya que no es factible decidir sobre una situación que ha quedado legalmente sustituida por una diversa. Al respecto, se invoca por analogía la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/18, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 10ª Época, Libro 57, agosto 2018, Tomo III, página 2482, de registro 2017544 y rubro: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). En consecuencia, al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia aludida, se desecha de plano la demanda de amparo en análisis. Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese el ocurso signado electrónicamente por Alejandro Rueda..., en su carácter de autorizado en términos amplios de la parte quejosa, por el cual pretende desahogar la prevención formulada por auto de siete de septiembre del presente año. Sin embargo, no ha lugar a tener por desahogada dicha prevención, pues si bien el ocursante se encuentra autorizado con las facultades amplias del artículo 12 de la Ley de Amparo, dadas las prevenciones que se formularon al agraviado, es necesario que deban desahogarse en términos de la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo, por quien promovió la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado del amparista no puede desahogar el requerimiento relativo a que se exprese la protesta de decir verdad, pues ello se traduciría en hacer suyos actos o hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 88/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 174745, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes." De igual forma, resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, con registro digital 2007285, de contenido: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." En las relatadas condiciones, queda subsistente el requerimiento y apercibimiento decretado por auto de siete de los actuales; por el que se conminó a la parte quejosa, y continúa transcurriendo el plazo concedido para el desahogo de la prevención formulada, término que fue interrumpido a causa de la presentación del escrito de mérito, al ser remitido vía electrónica el ocho de septiembre de dos mil veintitrés, esto es, cuando aún no surtía efectos la notificación del proveído de radicación; por lo que, se aprecia que aún cuenta con los cinco días concedidos inicialmente para tal efecto, los que se contarán a partir de que se tenga legalmente hecha la notificación de este acuerdo. Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, siete de septiembre de dos mil veintitrés. ANOTACIONES Se tiene por recibida la demanda de amparo que promueve Juan Carlos Estévez..., por conducto de su defensor particular Alan Antonio Rodríguez ..., regístrese bajo el número de juicio de amparo 1144/2023-VI. PREVENCIÓN Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierten diversas inconsistencias en su forma, que impiden a este órgano federal resolver lo que en derecho corresponde. Por lo tanto, lo conducente es prevenir a la parte quejosa, a fin de que en términos del artículo 108, fracciones IV y V, en relación con el numeral 114, fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, dentro del término de CINCO DÍAS legalmente computados, realice lo siguiente: 1.- Deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, si ya se resolvió su situación jurídica y, en su caso, el sentido de la resolución correspondiente. Lo anterior, porque se requiere tener mayor información de la situación jurídica del quejoso actual, para mejor proveer y a efecto de no dejarle en estado de indefensión; pues, en caso de que este órgano jurisdiccional se pronunciara al respecto, estaría realizando suplencia en tal señalamiento, mediante la interpretación de lo esgrimido en el escrito, lo que no está contemplado en la Ley de Amparo, además que resulta imperativo para fijar la Litis constitucional, en términos de la carga procesal que recae en la parte quejosa, señalada en el artículo 108 de la ley de la materia. 2.- Exprese, bajo protesta de decir verdad, si ha promovido diverso juicio de amparo para combatir el acto aquí reclamado, o bien, algún otro que derive del mismo expediente de origen; en caso de ser afirmativa su respuesta, es necesario que proporcione el número de expediente, el órgano jurisdiccional ante el cual se radicó y el estado procesal que guarda. APERCIBIMIENTO Apercibido que de no cumplir con el desahogo de las prevenciones que se le formulan, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, párrafo penúltimo, de la legislación de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena realizar las notificaciones vía electrónica, por así haberlo solicitado. En el entendido que la parte quejosa queda obligada a ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, todos los días y obtener la constancia que refiere la fracción III del artículo 31 de la Ley de Amparo, en un plazo máximo de dos días a partir de que este juzgado la envíe, de no hacerlo así se tendrá por hecha la notificación. Asimismo, se autoriza a las personas que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo, de la normatividad de la materia, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. CONSULTA VÍA ELECTRÓNICA En atención a su petición de consulta vía electrónica, se autoriza a los usuarios "Alanroga y sietesietealex" para lo cual, se encuentra disponible el expediente electrónico, en la página http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. SOLICITUD DE INFORMACIÓN Se solicita a las partes proporcionen, de ser su deseo, un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que, en caso de que sea necesario, se pueda entablar comunicación no procesal y así estar en posibilidad de lograr una mayor celeridad en la integración de este asunto, en aras de acatar lo estipulado en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, se pone a disposición de la autoridad responsable el correo electrónico institucional 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx para el supuesto de que desee presentar promociones relacionadas con el presente expediente, siempre y cuando tenga firma electrónica, o bien, las remita de manera digitalizada con firma y sellos autógrafos, a través del referido correo electrónico oficial. También, se informa a las partes que el horario de atención al público en este juzgado de distrito es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos; de conformidad con el ordinal 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO Conforme a lo dispuesto en los numerales 3° de la Ley de Amparo, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; se instruye al oficial de partes, oficiales judiciales o administrativos, actuarios judiciales y demás personal del órgano jurisdiccional que intervengan en la formación de este expediente, para integrar debidamente el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por lo tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se exhiban de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se adjunten de forma electrónica, para que previo acuerdo respectivo, incorporarlas al expediente impreso; lo anterior, sin que sea necesario notificar esta determinación a los referidos servidores públicos, en la medida que su intervención en la formación del expediente de mérito implica el conocimiento del presente mandato. Asimismo, se precisa que no se digitalizarán las constancias consistentes en copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante y de los que se aprecie que únicamente se presentaron con la finalidad de proteger documentos; tampoco aquellos anexos, promociones o constancias que, por imposibilidad material de origen no se puedan digitalizar; sin embargo, éstas últimas quedarán a disposición de las partes para su consulta dentro de las instalaciones de este órgano jurisdiccional. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación en el juicio en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO EN LÍNEA Se hace saber a las partes que, conforme al numeral 263 del acuerdo general mencionado en el párrafo que antecede, independientemente del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan en este asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los demás sistemas de gestión judicial, en atención a las bases siguientes: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. III. La única excepción a lo dispuesto en las dos fracciones anteriores será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas. IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto, dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa.

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