Juan Carlos Escárcega Jiménez
Expediente 981/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 981/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 11/09/2017
Partes del expediente
- Juan Carlos Escárcega Jiménez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, mediante el cual remite copia certificada del testimonio de la ejecutoria celebrada en la sesión de veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, por el citado órgano colegiado en el recurso de queja 127/2017 de su índice estadístico, interpuesto por la parte quejosa, cuyo punto resolutivo es del tenor literal siguiente: "ÚNICO. Se declara INFUDADO el presente recurso de queja." En consecuencia, hágase lo anterior del conocimiento a la parte quejosa, acúsese recibo de estilo a la Superioridad y realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, con fundamento en lo establecido en el artículo 21, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo, es susceptible, en su oportunidad de ser destruido. Se comunica a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11, 20 y 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, Archivos, y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo se procederá a su destrucción, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en el cual comunica a esta potestad federal el auto de uno de agosto de este año, de cuyo contenido se advierte que admitió a trámite el medio de impugnación hecho valer por la parte quejosa, el cual se registró en su índice como queja 127/2017; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes y se está en espera del testimonio de la resolución que emita dicho órgano colegiado en el expediente en cita. Finalmente, es menester precisar que si bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, las notificaciones en los juicios de amparo se harán en forma personal a los quejosos privados de su libertad en el local del órgano jurisdiccional que conozca del juicio; o bien, en el lugar de su reclusión, la realidad es que, la intención del legislador con tal disposición fue que el promovente del juicio privado de su libertad, tuviera conocimiento de aquellas determinaciones que trascienden en la integración del juicio constitucional a fin de que estuviera en aptitud de hacer valer lo que a su interés legal conviniera y no hacer nugatorio el derecho de acceso a la justicia, por ende, las determinaciones que no tengan como finalidad impulsar el procedimiento como en la especie y como pudiera ser el oficio agregado en líneas que anteceden o la autorización de copias para alguna de las partes, por citar algunos, no es necesario que se ordene la notificación de manera personal.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por Juan Carlos Escárcega Jiménez, a través del cual interpone recurso de queja contra el proveído de diecinueve de julio de dos mil diecisiete (fojas 28 a 31), por el que se desechó la demanda de amparo. En ese sentido, con fundamento en lo previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, se tiene por presentado el medio de impugnación referido; ríndase el informe respectivo en términos del párrafo primero del artículo 101 de la legislación invocada. Por otro lado, con el fin de resolver dicho medio de defensa, remítase el original y copia del escrito de expresión de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, así como copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio.
- Principal
Toluca, Estado de México; diecinueve de julio de dos mil diecisiete. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Juan Carlos Escárcega Jiménez, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento inserto en auto aclaratorio de doce de julio de dos mil diecisiete (fojas 21 a 24). En consecuencia, ténganse por cumplido el requerimiento formulado y sin efectos el apercibimiento respectivo. En esas condiciones, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, es pertinente precisar que luego de realizar un análisis al escrito de demanda y ocursos aclaratorios, se obtiene que el quejoso hace consistir su reclamo en esta instancia esencialmente en: Las violaciones procesales que aduce el quejoso fueron cometidas desde el momento que se realizó su detención en el año de mil novecientos noventa y siete, así como las realizadas por el Juez Tercero Penal del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, durante la tramitación de la causa penal 347/1997, de su índice, tales como que se conculcaron sus derechos fundamentales a una defensa adecuada, acceso a la justicia, legalidad y seguridad jurídica. En razón de lo expuesto, este Juzgado considera que respecto del citado acto reclamado, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61, de la Ley de Amparo; que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;" Lo anterior es así, pues si bien el quejoso refiere que reclama en este juicio las violaciones procesales que aduce fueron cometidas desde el momento en que se realizó su detención en el año de mil novecientos noventa y siete, así como las realizadas por el Juez Tercero Penal del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, durante la tramitación de la causa penal 347/1997, de su índice, tales como que se conculcó su derecho a una defensa adecuada, no menos cierto es que de lo manifestado bajo protesta de decir verdad en la demanda de amparo y escritos aclaratorios, se advierte que el citado Juez en el año de mil novecientos noventa y nueve, dictó sentencia definitiva en la citada causa penal, en la que se condenó al quejoso a una pena privativa de libertad de cuarenta años. Manifestaciones que deben considerarse como una confesión expresa, lo cual se traduce en una prueba plena de esos hechos, según lo disponen los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse. II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio, o en su caso, del representante o del cedente y concerniente al negocio." "Artículo 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba." Es aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 294 y 295 del Tomo LXXXIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 321664, cuyo rubro y texto son: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo pueda dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe." En ese orden de ideas, se colige que ha cambiado la situación jurídica del directo agraviado, pues pasó de imputado a inculpado, por ello, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones procesales que aduce fueron cometidas en el momento en que se realizó su detención, así como aquellas que atribuye al Juez responsable durante la tramitación de la causa penal 347/1997, ello en virtud de que dichas actuaciones han sido sustituidas por la sentencia condenatoria emitida en el año de mil novecientos noventa y nueve, dentro de la citada causa, en la que se condenó al quejoso a una pena privativa de libertad por cuarenta años, ya que ésta última actuación es la que actualmente rige la situación jurídica del quejoso. En esas condiciones, resulta claro que se presentó un cambio de situación jurídica en la esfera de derechos del quejoso, lo que impide a este órgano jurisdiccional entrar al estudio de fondo del acto reclamado en este apartado, y decidir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de esto, sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso. En otras palabras, se afirma que inicialmente la situación jurídica del quejoso estaba sujeta a las consideraciones emitidas en la resolución que decretó el ejercicio de la acción penal, en la indagatoria de origen, y ahora, está sujeta a las consideraciones emitidas en el sentencia condenatoria dictada por el Juez Tercero Penal del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, en la causa penal 347/1997. Por tanto, al haberse emitido sentencia definitiva en la causa penal 347/1997, en la que se impuso al quejoso una pena privativa de libertad consistente en cuarenta años de prisión, del índice del Juez Tercero Penal del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, es evidente que el quejoso actualmente se encuentra sujeto a las determinaciones ahí expuestas, por ende, procede desechar la demanda de amparo respecto del acto que se analiza en el presente apartado, por configurarse la causa de improcedencia en estudio, prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia II.2o.P. J/8, publicada en la página 1168, Tomo X, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octubre de 1999, Novena Época, Materia Penal, con número de registro 193212, que a la letra dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL OCHO DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE. Si el acto reclamado consiste en la orden de aprehensión y con posterioridad se decreta auto de formal prisión, se produce un cambio de situación jurídica y se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo reformada, según publicación en el Diario Oficial de la Federación del ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, como así se desprende del texto que dice: "Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que se considere irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez cerrada la instrucción y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;". La que entró en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el nueve del mismo mes y año, según su artículo transitorio primero, que dice: "El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación." Asimismo, es aplicable en lo conducente, la Jurisprudencia 1a./J. 14/2004, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 441, Tomo XIX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 2004, Novena Época, Materia Penal, con número de registro 181477, que establece: "RATIFICACIÓN DE LA DETENCIÓN. EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, CUANDO CON POSTERIORIDAD SE DICTA AUTO DE FORMAL PRISIÓN (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL NUEVE DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE). Si bien la finalidad de la reforma al artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, fue para que, cuando se señale como acto reclamado la orden de aprehensión y con posterioridad se dicte el auto de formal prisión, no rija la excepción a la regla, consistente en la actualización de la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica; lo cierto es que todas las violaciones al artículo 16 constitucional, entre las que se encuentra la ratificación de la detención, quedaron fuera de esa excepción, en virtud de que dicho dispositivo fue suprimido. Lo anterior, motivó que en el juicio de amparo, específicamente en materia penal, deban analizarse los actos reclamados que se consideran violatorios del artículo 16 constitucional, a la luz de la regla general que prevé la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, para establecer si se actualiza o no la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica. Por consiguiente, cuando en un juicio de amparo se reclame la ratificación del Juez de la detención realizada por el Ministerio Público, el dictado del auto de formal prisión hace que se actualice la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica, ya que con el auto de formal prisión culmina la etapa de preinstrucción, iniciando la etapa de instrucción en donde la persona a quien se le atribuye la comisión de un delito adquiere la calidad de procesado. El cambio de situación jurídica aludido, hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones que se le atribuyen a la ratificación de la detención, ya que no es posible decidir sobre las mismas sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso, generada por el inicio de la etapa de la instrucción al haberse dictado el auto de formal prisión, el cual tiene su fundamento, principalmente, en el artículo 19 de la Constitución Federal." En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XVII, y 113, todos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa promovida por Juan Carlos Escárcega Jiménez, contra actos del Juez Tercero Penal del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, por notoriamente improcedente. Notifíquese; y personalmente al quejoso en su lugar de reclusión. Así lo proveyó y firma Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparos y Juicios Federales en el Estado de México; asistido de la Secretaria, Reyna Robles Martínez, quien da fe. Doy fe.
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