Juan Carlos Díaz Romero

Expediente 1359/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1359/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
21/08/2018

Partes del expediente

  • Juan Carlos Díaz Romero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede, que ha transcurrido el plazo de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión; en consecuencia, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto que sobresee en el juicio fuera de audiencia, para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo y archívese el presente asunto como concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de destrucción en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que sin decidir en lo principal lo dio por concluido. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos la razón asentada por el actuario adscrito a este juzgado, para que obre como corresponda toda vez que con fecha dos de agosto de dos mil dieciocho se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio constitucional.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dos de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el oficio de la Juez Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, mediante el cual rinde su informe justificado, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que surta sus efectos legales procedentes. Atendiendo a la voluminosidad de las constancias remitidas por la autoridad oficiante, se hace constar que en términos del artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, dichas constancias se encuentran a su disposición en el expediente impreso los cuales no se agregan en su versión electrónica dado su tamaño. Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante escrito presentado el seis de julio de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla Juan Carlos Díaz Romero promovió juicio de amparo en el que señaló como autoridad responsable al Juez Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla de quien reclamó la omisión de resolver los recursos de reclamación promovidos contra los autos de nueve de febrero y cinco de marzo, ambos de dos mil dieciocho, dentro del juicio de reconocimiento de paternidad número 1360/2016. La Juez Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, al rendir su informe justificado negó la existencia de los actos reclamados, advirtiéndose de las constancias remitidas, - a las que se reconoce pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo-, que el nueve de julio de dos mil dieciocho, dictó la resolución correspondiente a los recursos de reclamación interpuestos en contra de la parte conducente de los autos de nueve de febrero y cinco de marzo, ambos de dos mil dieciocho (fojas 78, 79, 88 y 89), promovidos dentro del juicio de reconocimiento de paternidad número 1360/2016. Con base en lo anterior, este Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla advierte que tal como refiere la autoridad responsable en su informe de ley, se actualiza una manifiesta e indudable causal de improcedencia, cuyo estudio es preferente y oficioso por ser de orden público, al tenor del último párrafo del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, y que trae como consecuencia el impedimento para abordar el estudio de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa. Es así, porque el acto reclamado por el impetrante, cesó en sus efectos. Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por lo tanto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XXI del artículo 61 de la Ley Reglamentaria, en razón a que la Juez Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, el nueve de julio de dos mil dieciocho, dictó la resolución correspondiente a los recursos de reclamación interpuestos en contra de la parte conducente de los autos de nueve de febrero y cinco de marzo, ambos de dos mil dieciocho, promovidos dentro del juicio de reconocimiento de paternidad número 1360/2016 (fojas 78, 79, 88 y 89); por tanto, es claro que cesaron los efectos de los actos reclamados, por lo que, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley en cita, procede sobreseer en el presente juicio de garantías, respecto del acto y autoridad que han quedado precisados. No representa obstáculo jurídico el que esta determinación se realice fuera de la audiencia constitucional, en atención a que, respecto de los actos reclamados, como se ha mencionado, está demostrada en autos una causal de improcedencia manifiesta e indudable que por su naturaleza y características especiales, en modo alguno puede ser desvirtuada en la referida audiencia. Por tanto, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veintinueve minutos del quince de agosto de dos mil dieciocho, sin que ello implique dejar en estado de indefensión al quejoso, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultando del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuando dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de Bernardo Sánchez Rosas, por el que en cumplimiento al requerimiento de diecinueve de julio de dos mil dieciocho proporciona el domicilio de la tercero interesada. En consecuencia, túrnense los autos al actuario de este juzgado para que con una copia simple de la demanda que dio origen el presente juicio, emplace a la tercero interesada Maeli Romero Medina en el domicilio ubicado en calle Corea del Sur número 2714 interior 2, fraccionamiento Las Hadas de la ciudad de Puebla, haciendo de su conocimiento que se encuentran señaladas la nueve horas con veintinueve minutos del quince de agosto de dos mil dieciocho para la celebración de la audiencia constitucional; haciéndole saber que dentro del término de tres días siguientes a su notificación deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en San Andrés Cholula, Puebla, o en Puebla, Puebla, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le harán por lista, en términos del artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo.

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