Juan Carlos Díaz Domínguez y Otros.

Expediente 1148/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 9 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1148/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
08/02/2022

Partes del expediente

  • Juan Carlos Díaz Domínguez y Otros.
  • Lorena Muñoz Morales y Otros.
  • Juez Civil del Distrito Judicial de Zaragoza
  • Lorena Muñoz Morales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a ocho de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y advirtiéndose de los mismos que fue debidamente notificada la parte quejosa del auto de veinticinco de enero del año en curso, sin que éstos hayan recurrido el mismo, por el cual se desechó de plano la demanda de amparo, como se advierte de la certificación de cuenta; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que ha causado estado. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, procédase a la destrucción de este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. No se omite señalar que tal como se precisó en certificación de esta fecha, no obran documentos aportados por la parte quejosa, tanto de los catalogados como originales, y no originales. Por otra parte, toda vez que por auto de dos de diciembre de dos mil veintiuno, se ordenó formar por separado siete tomos de pruebas, que fueron remitidos al tribunal de alzada por la Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Zaragoza; por tanto, devuélvase a ésta última dichas constancias para los efectos legales procedentes. Realícese la certificación en esta fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado del sello pertinente en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales procedentes. Por último, agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por la Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Zaragoza, por el que remite una copia certificada deducida del cuaderno de amparo 45/2019, derivado del expediente 709/2018; atento a lo anterior, infórmese a dicha autoridad que el veinticinco de enero del año en curso, se aceptó la competencia declinada por el tribunal de alzada, para conocer de la demanda de amparo promovida por Juan Carlos Díaz Domínguez y Lorena Muoz Morales; la cual fue desechada de plano, por lo que resulta innecesarias las constancias que se remiten; por tanto, devuélvasele la misma, junto con los tomos de pruebas ordenados en este auto, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Rolando Cruz Delfín, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a dos de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco y atento a su contenido, infórmesele que el veinticinco de enero del año en curso, se le hizo del conocimiento que este juzgado de Distrito aceptó la competencia declinada para conocer de la demanda de amparo promovida por Juan Carlos Díaz Domínguez y Lorena Muoz Morales; mismo que le fue notificado mediante oficio el veintisiete de enero último; sin embargo, a fin de que dicho juzgado este en aptitud de acordar lo que conforme a derecho proceda, remítasele copia del acuerdo de mérito para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Rolando Cruz Delfín, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veinticinco de enero de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos la copia certificada de la demanda de amparo promovida por Juan Carlos Díaz Domínguez y Lorena Muñoz Morales, contra actos del Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Zaragoza y otras autoridades, por violación a sus derechos fundamentales. Por tanto, toda vez que por auto de dos de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo a la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, declinando competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por Juan Carlos Díaz Domínguez y Lorena Muoz Morales; en tales condiciones, advirtiéndose de la certificación de cuenta que obra copia certificada de dicha demanda, se ha ordenado obtener copia certificada de dicho escrito inicial, y en ese sentido se ordena glosar al expediente físico como electrónico, por tanto, este Juzgado Federal acepta el conocimiento declinado para conocer del asunto de que se trata, por lo que se avoca a proveer lo conducente. Acúsese recibo. SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA. Tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone, ante todo la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. De la interpretación gramatical del numeral precitado se desprende que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. En el caso en estudio se tiene que la parte quejosa señala como actos reclamados destacados: Auto de radicación del Juicio Ordinario Civil de Nulidad de Juicio concluido por Procedimiento Fraudulento 709/2018, de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. Falta de emplazamiento a juicio al diverso demandado Celso Cruz Romero. Orden de apertura del juicio a prueba de treinta de agosto de dos mil diecinueve. Expuesto lo anterior, analizada que fue la demanda de amparo intentada, esta Juzgadora Federal, considera que en relación con los actos reclamados identificados bajo los incisos a) y c), se actualiza de manera notoria la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.". En ese orden de ideas, del precepto legal transcrito, contiene el principio de definitividad que rige al juicio de amparo y sus excepciones. Dicho principio consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un procedimiento extraordinario de carácter constitucional, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia federal. De modo que aquellas resoluciones que pueden ser revocadas, modificadas o nulificadas a través de tales medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo por no ser definitivas (como ocurre en el presente asunto), pues dicha característica es de aquéllas que recaigan a tales medios de defensa ordinarios previstos en la ley aplicable al caso en concreto, si ello fuere procedente. Así en el caso la parte quejosa reclama los acuerdos de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho (radicación de juicio) y el diverso de treinta de agosto de dos mil diecinueve (apertura el juicio a prueba) dentro del Juicio Ordinario Civil de Nulidad de Juicio concluido por Procedimiento Fraudulento 709/2018. Sin embargo dichos autos pudieron ser recurridos mediante el recurso de revocación contemplado en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala contemplado en su artículo 504, el cual establece que : "Artículo 504.- La revocación procede contra los autos". De la interpretación literal del precepto transcrito se advierte que procede el recurso de revocación en contra de los autos. De ahí que, contra el auto de radicación de demanda de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, así como el diverso auto donde apertura el juicio a prueba ambos dentro del expediente 709/2018, debió interponerse el recurso de revocación a que alude el artículo 504, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, a través del cual puede ser revocado, modificado o nulificado, ello previamente a promover el juicio de amparo. Por tanto, la parte quejosa debió promover el medio ordinario de defensa correspondiente (revocación) antes de acudir a la presente instancia constitucional, a fin de respetar el principio de definitividad que impera en el juicio de amparo; máxime que no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción que establece la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, porque de las constancias que remitió la responsable se advierte que la parte aquí quejosa tiene el carácter de demandada en el juicio natural y en el cual ha comparecido. Apoya a lo anterior la tesis con número de registro 229041, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, de rubro siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. OBLIGACION DE AGOTARLOS CONFORME A LA LEY QUE RIGE EL ACTO RECLAMADO. Consecuentemente, por los actos reclamados identificados bajo los incisos a) y b) se considera que en la especie se actualiza de manera notoria la causal de improcedencia sujeta a estudio. Ahora por cuanto hace al diverso acto reclamado que lo hace consistir la parte quejosa en Falta de emplazamiento a juicio al diverso demandado Celso Cruz Romero. Se tiene que también sobreviene la causal de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, ello pues dicha actuación u omisión por parte de la responsable en el juicio de origen, no causa agravio a la esfera jurídica de los ahora quejoso, dicho artículo y fracción establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia'' Por su parte el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su fracción I, establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." De las normas transcritas en párrafos precedentes, se infiere que la parte quejosa tiene la carga procesal de demostrar de manera fehaciente, que los actos que reclama afectan su esfera jurídica, esto es, que el juicio de amparo únicamente lo puede promover la parte a quien perjudique el acto reclamado, dicho en sentido contrario, el juicio de amparo no procede cuando el acto reclamado no produce afectación a la esfera jurídica del quejoso, pues el máximo Tribunal del país, ha establecido que el perjuicio es la base para promover el juicio de amparo. Asimismo, respecto al concepto de agravio personal y directo para la procedencia del juicio de amparo, debe señalarse que, la Tercera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que, el acto reclamado debe causar un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, ya sea en su persona o en su patrimonio y que de manera conjunta, es lo que provoca el origen de la acción constitucional; sin que pueda hablarse de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente tutelados. Es aplicable al caso en concreto, por identidad de razón jurídica, la tesis sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3490, del Tomo LXXXll, correspondiente a la Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PERJUICIO BASE DEL AMPARO." Así conforme a los antecedentes narrados en el escrito inicial de demanda, se advierte que el acto reclamado, no causa agravio personal y directo a la parte quejosa, ya que no produce en su esfera jurídica una lesión o perjuicio que lo legitime para solicitar la protección de la justicia federal, en virtud de que la falta de emplazamiento reclamado no es contra su persona, sino de un diverso demandado en el juicio de origen. Por tanto, se considera que el acto del que se duele la parte quejosa no le causan un agravio personal y directo, ya que de ningún modo se patentiza ni involucra a la recurrente en una situación jurídica concreta que se considere lesiva o que perjudique su esfera de derechos, pues no debe perderse de vista que los actos cuestionados únicamente inciden en contra de Celso Cruz Romero, dado que no se ha logrado el emplazamiento a dicha parte demandada en el juicio natural. En otras palabras, si en la especie el solicitante del amparo reclama la falta de emplazamiento del Celso Cruz Romero, al juicio natural de origen, es que se considera que dicho acto reclamado no le generan un agravio personal y directo, en virtud que al no estar dirigidos en su contra no afecta su esfera jurídica y, por tanto, no está legitimado para acudir a solicitar el amparo al carecer de uno de los supuestos necesarios para su procedencia. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada las causales de improcedencia analizadas, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Por otro lado, toda vez que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, lo cual, técnicamente no constituye un domicilio para realizar notificaciones personales, en términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, no ha lugar a tenerle señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones; por tanto, con apoyo en la fracción III, inciso a), del citado precepto, realícense las notificaciones personales a la parte quejosa, por lista de acuerdos. AUTORIZADOS. Por otra parte, téngase únicamente por autorizada a la persona que indica para oír y recibir notificaciones, en virtud de que no proporcionó el número de su cédula profesional, que se encuentre registrada en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. AUTORIZACIÓN PARA FIRMAR OFICIOS. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario o Actuario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TLAXCALA. Por otra parte, toda vez que el oficio de incompetencia fue remitido de manera directa a este Juzgado de Distrito, se ordena girar oficio a la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, para que se sirva remitir la boleta de turno y realice la compensación correspondiente. Adjuntándole copia de la certificación de demanda. Por último, agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por el Actuaria Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado de Vigésimo Octavo Circuito, por el que hace del conocimiento de este juzgado, que dicho órgano colegiado no cuenta con el original de la demanda de amparo solicitada; y, la que remitió el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Zaragoza, fue promovida por Juan Carlos Díaz Domínguez y Lorena Muñoz Morales, anexa al cuaderno de amparo 45/2019 de su índice; lo anterior, para los efectos legales procedentes. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Rolando Cruz Delfín, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a siete de enero de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por la Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Zaragoza, con residencia en Zacatelco, Tlaxcala, mediante el cual en atención a lo solicitado por éste órgano jurisdiccional en proveído de treinta de diciembre del año anterior, por el que se le requirió a efecto de que remitiera el escrito original de la demanda de amparo, para estar en posibilidad de pronunciarse respecto a la aceptación de la competencia declinada, hace del conocimiento que dicho juzgado no cuenta con el original de la demanda de amparo promovida por ********************, ya que la misma fue remitida al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante oficio 2014 de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, como parte integrante del cuaderno de amparo directo 45/2019, el cual anexó al citado oficio, remitiendo copia simple de los oficios 2014 de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, y 973 de veintidós de noviembre del año próximo anterior. Atento a lo anterior, a fin de acordar lo que conforme a derecho proceda, solicítese al Presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con residencia en Apizaco, para que de no tener inconveniente legal alguno, remita la demanda de amparo en comento o informe el impedimento legal que tenga para ello. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Secretaria de Juzgado Damayanty Rojas Huerta, encargada del despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/4516/2021, emitido en sesión celebrada el seis de diciembre de dos mil veintiuno, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el Secretario de Juzgado Rolando Cruz Delfín, que autoriza y da fe.

Quedan 5 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · 8,910 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano