Juan Carlos Delgado Pérez

Expediente 1354/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1354/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
10/10/2022

Partes del expediente

  • Juan Carlos Delgado Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Villahermosa, Tabasco, diez de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal y la certificación de autos, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86, primer párrafo de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra la sentencia de veintiuno de septiembre del año que transcurre; en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Dado lo anterior, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en la estadística. Anotaciones Ahora bien, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, y que no existe acuerdo pendiente por dictar, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO del mismo, previa las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este Juzgado. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: DESTRUIR el expediente en términos de lo dispuesto en el inciso a) del artículo 21 del citado acuerdo general conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, hecho que deberá realizar el órgano jurisdiccional una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos del numérico 24 de las disposiciones antes señaladas. Finalmente, requiérase al Actuario Judicial adscrito encargado del presente expediente, para que a la brevedad integre en el expediente electrónico todas y cada una de las notificaciones que obran en el expediente físico.

  2. Principal

    Villahermosa, Tabasco, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio emitido por el Presidente de la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, a través del cual rinde su informe justificado; lo anterior, tomando en consideración que, el veintiuno de septiembre del año en curso, se dictó sentencia en el presente juicio.

  3. Principal

    R e s u e l v e: Único. SE SOBRESEE el juicio de amparo promovido por Juan Carlos Delgado Pérez, contra el acto reclamado de la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, dadas las consideraciones y fundamentos vertidos en el cuarto considerando de esta sentencia.

  4. Principal

    Villahermosa, Tabasco; doce de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y en debido acatamiento a lo establecido por los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de las constancias existentes en el presente juicio se ha restituido al quejoso ********** en el goce de sus derechos vulnerados en términos de la sentencia dictada en el presente juicio; lo anterior en atención a que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y de análisis oficioso. Antecedente en relación al cumplimiento. El treinta de noviembre de dos mil veintiuno, el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, dictó sentencia en la que, por una parte sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a José María Osorio Gamas, contra el acto que reclamó al Juez Segundo de Control de la Región Judicial Ocho, con sede en Cárdenas, Tabasco, para el efecto siguiente: ".lo que procede es conceder la protección constitucional al quejoso José María Osorio Gamas, para que, una vez que cause ejecutoria esta sentencia el 1. Juez Segundo de Control de la Región Judicial Ocho, con sede en Cárdenas, Tabasco, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente el auto de vinculación de diez de abril de dos mil veintiuno, emitido en la causa penal 132/2021, que se sigue en contra del quejoso José María Osorio Gamas, por su probable participación en los tres hechos que la ley señala como el delito de pederastia, previsto y sancionado por el artículo 327 párrafo primero del Código Penal Vigente en el Estado, en agravio de la victima de identidad reservada de iniciales Y.P.C.M., representada por Alejandra Méndez Méndez; y, en su lugar, deberá fijar hora y fecha para una nueva audiencia inicial, lo que se debe hacer saber personalmente a todas las partes integrantes del proceso relativo. 2. Se deberá proveer lo necesario para que un nuevo Juzgador, o sea, diverso al que ya actuó en la causa de origen, efectúe la audiencia inicial en todas sus fases condignas, lo que implica que, si conoce de la imputación y de la solicitud de vinculación respectiva, es él quien debe resolver la situación jurídica del imputado. 3. En todo momento se atienda a los lineamientos legales para la formulación de la imputación y de la solicitud de vinculación, frente al derecho de defensa de la parte imputada, es decir, verificando que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o bien debe dárselos a conocer, en términos de lo dispuesto por el artículo 20 apartado B de la Carta Magna, en relación a los diversos 113 y 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales y que resultan los siguientes: DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES DEL IMPUTADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. 1 A presumir su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Juez de la causa. A ser considerado y tratado como inocente hasta que se demuestre su responsabilidad 2 A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio A comunicarse con un familiar y con su Defensor cuando sea detenido, debiendo brindarle el Ministerio Público todas las facilidades para lograrlo 3 A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. A declarar o a guardar silencio, en el entendido que su silencio no podrá ser utilizado en su perjuicio?????????? 4 Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley. Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo. A estar asistido de su Defensor al momento de rendir su declaración, así como en cualquier otra actuación y a entrevistarse en privado previamente con él 5 Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el Juez de control, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten, así como, en su caso, el motivo de la privación de su libertad y el servidor público que la ordenó, exhibiéndosele, según corresponda, la orden emitida en su contra 6 El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa A no ser sometido en ningún momento del procedimiento a técnicas ni métodos que atenten contra su dignidad, induzcan o alteren su libre voluntad 7 Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa A solicitar ante la autoridad judicial la modificación de la medida cautelar que se le haya impuesto, en los casos en que se encuentre en prisión preventiva, en los supuestos señalados por el Código Nacional de Procedimientos Penales. 8 Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera. A tener acceso él y su defensa, salvo las excepciones previstas en la ley, a los registros de la investigación, así como a obtener copia gratuita, registro fotográfico o electrónico de los mismos, en términos de los artículos 218 y 219 de este Código 9 En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo. La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención A que se le reciban los medios pertinentes de prueba que ofrezca, concediéndosele el tiempo necesario para tal efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite y que no pueda presentar directamente, en términos de lo establecido por este Código A ser juzgado en audiencia por un Tribunal de enjuiciamiento, antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa A tener una defensa adecuada por parte de un licenciado en derecho o abogado titulado, con cédula profesional, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención y, a falta de éste, por el Defensor público que le corresponda, así como a reunirse o entrevistarse con él en estricta confidencialidad A ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete en el caso de que no comprenda o hable el idioma español; cuando el imputado perteneciere a un pueblo o comunidad indígena, el Defensor deberá tener conocimiento de su lengua y cultura y, en caso de que no fuere posible, deberá actuar asistido de un intérprete de la cultura y lengua de que se trate A ser presentado ante el Ministerio Público o ante el Juez de control, según el caso, inmediatamente después de ser detenido o aprehendido A no ser expuesto a los medios de comunicación A no ser presentado ante la comunidad como culpable A solicitar desde el momento de su detención, asistencia social para los menores de edad o personas con discapacidad cuyo cuidado personal tenga a su cargo A obtener su libertad en el caso de que haya sido detenido, cuando no se ordene la prisión preventiva, u otra medida cautelar restrictiva de su libertad A que se informe a la embajada o consulado que corresponda cuando sea detenido, y se le proporcione asistencia migratoria cuando tenga nacionalidad extranjera Los demás que establezca el Código Nacional y otras disposiciones aplicables 4. También en esa audiencia, la autoridad judicial deberá verificar que se encuentra garantizado el derecho de defensa técnica adecuada, haciendo constar en la audiencia en la que intervenga el imputado, el número de cédula profesional del defensor que lo asista y que se verificó ante el centro de registro de cédulas profesionales correspondiente, en términos de los artículos 116, 309, 313 y 314 de la citada codificación. 5. Con plena jurisdicción, el nuevo juzgador debe resolver sobre la situación jurídica del imputado, en la causa que aquí nos ocupa, se insiste, él que debe conocer de la formulación de imputación y de la solicitud de vinculación relativa. Es importante destacar que, no obstante que quede sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva oficiosamente decretada, por virtud de la concesión del amparo que amerita dejar insubsistente la audiencia inicial y desahogar una diversa; sin embargo, tal circunstancia no implica ordenar la libertad del quejoso, porque no estando afectado el fondo de lo reclamado, debe producir todos los efectos y consecuencias jurídicas a que están destinadas." La sentencia dictada en el presente juicio, causó ejecutoria el diecisiete de febrero de dos mil veintidós. Acto de la Autoridad en relación con el cumplimiento. El Juez Segundo de Control de la Región Ocho de Cárdenas, Tabasco, mediante oficio 2759, allegó copia certificada de disco que contiene el audio y video de la continuación de audiencia inicial, dictado dentro la carpeta judicial 132/2021. Dichas constancias tienen valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición de su 2° numeral, al ser expedidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones. Análisis Evaluativo Así, del análisis de la constancia remitida por la responsable, se advierte que en el caso la SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA, en razón a que, de la reproducción del disco versátil digital (DVD), que remitió el Juez Segundo de Control de la Región Ocho de Cárdenas, Tabasco, se desprende que diverso Juez al que celebró la audiencia de diez de abril de dos mil veintiuno, la cual quedó sin efectos, el veintidós de marzo de dos mil veintidós, celebró la continuación de audiencia inicial, en virtud que el quejoso se acogió al término constitucional de ciento cuarenta y cuatro horas; por lo que el Juez de Control responsable, se avocó a dar cumplimento conforme a derecho y en términos de la ejecutoria dictada en autos, llevó a cabo cada una de las etapas de la misma, le hizo del conocimiento sus derechos al imputado, dio intervención a las partes, verificó que el imputado tuviese debida representación y acreditada y concluyó decretando la vinculación a proceso en contra del aquí quejoso; sin que dicha determinación implique decidir sobre la legalidad del cumplimento dado por la responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis 2a./J.201/2009, visible en la página 301, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en????????? su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Anotaciones Por otra parte, de autos se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO del mismo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este Juzgado. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: 1.- DEPURAR el expediente principal dentro de los treinta días siguientes al vencimiento del plazo de tres años de conservación, contado a partir del dictado del presente acuerdo, ya que se actualiza la hipótesis del numérico 18, inciso b) del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo concedido. 2.- TRANSFERIR el expediente principal una vez concluido el proceso de depuración, previa solicitud a los depósitos documentales dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación, así como su anotación correspondiente en los libros de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de conformidad con el artículo 29 del citado acuerdo.

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