Juan Carlos Del Carmen Valente
Expediente 371/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 371/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juan Carlos Del Carmen Valente
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, doce de abril de dos mil veintitrés. 1. Se acepta competencia. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio remitido por el secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, a través del cual informa que dicho órgano asumió el conocimiento de la competencia declinada. 2. Orden de archivo. Por tanto, se ordena el archivo de este expediente, el cual, una vez que se integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y las que forman parte de expediente electrónico, deberá remitirse físicamente el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente. Hecho lo anterior, entréguese al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, inciso j), del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE DICE: Morelia, Michoacán, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. 1. Registro. Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo que promueve Juan Carlos del Carmen Valente, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 371/2023. 2. Precisión del acto reclamado. Previo a proveer sobre la admisión de la demanda de amparo promovida por Juan Carlos del Carmen Valente, de acuerdo con el análisis integral de la demanda, se advierte que reclama lo siguiente: La omisión de emplazar a la parte demandada TERMINAL PORTUARIA DE CONTENEDORES, S.A. DE C.V. cuya omisión atribuye a la Junta Especial Número Ochoa de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Lázaro Cárdenas. Señalar fecha lejana para el desahogo de la audiencia. De los antecedentes que señala bajo protesta de decir verdad, se advierte que el domicilio en el que debe ser emplazada la parte demandada, se encuentra ubicado en Boulevard Islas, exterior 1, módulo 14, Isla del Cayacal de la ciudad y puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. 2. Se declara incompetencia por razón de territorio. Así, se estima que este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, resulta legalmente incompetente por razón de territorio para conocer y resolver el presente juicio. Lo anterior conforme con lo establecido por el artículo 37 de la Ley de Amparo: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." En el presente caso, el quejoso solicita el amparo por la omisión realizada de parte de la autoridad responsable para llevar a cabo el emplazamiento de la parte demandada TERMINAL PORTUARIA DE CONTENEDORES, S.A. DE C.V., en el domicilio ubicado en Boulevard Islas, exterior 1, módulo 14, Isla del Cayacal de la ciudad y puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán; así como el señalamiento de la fecha lejana para llevar a cabo la audiencia de ley. Así, se considera que este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, resulta legalmente incompetente por razón de territorio para conocer y resolver el presente juicio, porque el acto reclamado tiene ejecución en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Ello es así, porque la omisión de llevar a cabo el emplazamiento tiene efectos positivos, precisamente porque paraliza la prosecución del juicio conforme a los términos previstos en la ley lo que ocasiona un demérito en la impartición de justicia pronta y expedita, por ende, lo anterior permite a arribar a la conclusión que el juez de Distrito competente, cuando se reclaman este tipo de omisiones lo es el que ejerce jurisdicción en el lugar donde habrá de llevarse a cabo el llamamiento a juicio o la notificación. De modo que, debe ser un Juez de Distrito del Estado de Michoacán, con jurisdicción en Lázaro Cárdenas, el que conozca del presente juicio. Sin que obste a lo anterior el hecho de que la presunta autoridad ordenadora tiene domicilio en Morelia, Michoacán, sin embargo, la materialización de ese acto recae en el domicilio ubicado en Lázaro Cárdenas, de ahí que la ejecución del acto se trata de materializar en la jurisdicción de los órganos con sede en la ciudad de Uruapan, Michoacán. Es aplicable, el criterio jurisprudencial, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice lo siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA LA OMISIÓN DE EMPLAZAR AL JUICIO ORDINARIO A LA PARTE DEMANDADA. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE HABRÁ DE LLEVARSE A CABO LA CORRESPONDIENTE NOTIFICACIÓN, ACORDE A LO DISPUESTO POR EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: En diversos amparos indirectos se reclamó la omisión de emplazar a juicio a la parte demandada. Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos, pues mientras uno de ellos resolvió que si bien es un acto omisivo -por no cumplirse con una obligación determinada-, lo cierto es que genera efectos como si se tratara de un acto positivo y, por tanto, se actualiza la regla contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. En cambio, el otro órgano colegiado consideró que el acto reclamado es de naturaleza omisiva, que no requiere de ejecución material y, en consecuencia, resulta aplicable la regla de competencia prevista por el párrafo tercero del invocado artículo 37. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la omisión de emplazar al juicio ordinario a la parte demandada constituye una omisión con ejecución material, que actualiza la hipótesis prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, conforme al cual, resulta competente para conocer de la demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio donde deba ser emplazada la parte demandada. Justificación: A partir de lo dispuesto por los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal, se obtiene que en todo juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, deben cumplirse las formalidades esenciales del procedimiento acorde a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, destacando por su relevancia, el emplazamiento; aunado a que uno de los principios que constituyen la tutela judicial efectiva es la justicia pronta. Entonces, la omisión de llevar a cabo el emplazamiento en un juicio ordinario, para los efectos del juicio de amparo, constituye un acto que genera consecuencias positivas en el plano fáctico, precisamente porque se paraliza el procedimiento en detrimento de la justicia pronta, a partir de la inobservancia de una de las formalidades esenciales del procedimiento, que representa primordial relevancia al constituir uno de los actos principales que dan paso al desarrollo del procedimiento a través del cual se desahogan las pruebas que, en su caso, aportan las partes al juicio y se oyen los alegatos que al efecto se presentan, culminando con la resolución que dicte el derecho. Por tanto, cuando en el juicio de amparo indirecto se acuda a reclamar la omisión del órgano judicial de emplazar a juicio a la parte demandada, resulta legalmente competente para conocer de la demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio donde habrá de llevarse a cabo tal emplazamiento, acorde a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo." Consecuentemente, se toma en cuenta que el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en lo conducente expresamente dispone: [...]XI. DECIMOPRIMER CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Aguililla, Apatzingán, Aquila, Arteaga, Briseñas, Buenavista, Coahuayana, Coalcomán de Vázquez Pallares, Cojumatlán de Régules, Cotija, Charapan, Chavinda, Cherán, Chilchota, Chinicuila, Ecuandureo, Gabriel Zamora, Ixtlán, Jacona, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Marcos Castellanos, Múgica, Nahuatzen, Nuevo Parangaricutiro, Pajacuarán, Paracho, Parácuaro, Peribán, Purépero, Sahuayo, Tancítaro, Tangamandapio, Tangancícuaro, Tanhuato, Taretan, Tepalcatepec, Tingambato, Tinguindín, Tocumbo, Tumbiscatío, Uruapan, Venustiano Carranza, Villamar, Vista Hermosa y Ziracuaretiro.. En consecuencia, lo procedente es remitir la demanda a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, para que sea turnada al Juzgado de Distrito en turno con residencia en esa ciudad. De ahí que, como ya se mencionó la competencia por razón de territorio no corresponde a un juzgado de distrito con residencia en esta ciudad, sino un juzgado que ejerza su jurisdicción en la localidad en la cual se debe ser realizado el emplazamiento de la parte demandada y ejecutar el acto reclamado. Remítanse los presentes autos, solicitando el acuse de recibo respectivo así como el informe de si acepta o no la competencia planteada; con copias simples de la demanda de amparo, fórmese cuaderno de antecedentes; en su oportunidad elabórense las anotaciones correspondientes. 3. Domicilio. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad, para recibir notificaciones, ubicado en calle Lago de Chapala, número 104, colonia Ventura Puente. 4. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 5. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8o y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. 1. Sentencia ejecutoria. Del estado que guardan los autos, se advierte que en proveído de diecisiete de enero de dos mil veintidós, se declaró ejecutoriada la sentencia que sobreseyó el juicio de amparo. 2. Archivo. Virtud a lo anterior, se ordena el archivo definitivo del asunto, para lo cual, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada, hecho lo anterior, deberá ser entregado al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 3. Valoración. En términos del artículo 21, inciso a),1 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 1 Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; [.] En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. No serán valorados como destruibles aquellos expedientes que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en este Acuerdo General." 09/05/23 14:08:32 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e2.e5 MAIRA FLOR LÓPEZ VALENCIA 4. Incidente de suspensión. Consecuentemente, de conformidad con el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva, se determina que el original del incidente de suspensión es DESTRUIBLE. Entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c), del mencionada Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De conformidad con el natural 35 del multicitado acuerdo, hágase constar en la carátula del expediente relativo, la valoración correspondiente. 5. Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el artículo 20 fracción II, inciso a), del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase2 . 6. Constancia. Toda vez que no se agregarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes. 7. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos 2 Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: II. Expedientes judiciales a) Duplicados, siempre que se cuente con el original; y [.] Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.
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