Juan Carlos De La Torre Lara
Expediente 800/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 800/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/07/2016
Partes del expediente
- Juan Carlos De La Torre Lara
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; cinco de julio de dos mil dieciséis. La certificación de cuenta evidencia que el quejoso dentro del plazo establecido en el primer párrafo del artículo 98 de la Ley de Amparo, no recurrió el proveído de veinte de junio de dos mil dieciséis (fojas 28 y 29), a través del cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida contra actos de la Procuraduría General del Consumidor, Delegación, Estado de México y otra autoridad. En consecuencia, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. Por otro lado, el estado procesal de este juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En tal virtud, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción; ello pues como se refirió en párrafos precedentes, causó estado el auto de veinte de junio de dos mil dieciséis, por el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo materia de este expediente; por ello, con fundamento en el punto vigésimo primero, inciso I, en relación con el segundo, inciso XXI, pues los mismos establecen: "SEGUNDO. Para los efectos de este acuerdo, se entenderá por: (.) XXI. Expediente Judiciales: Todos aquellos que recogen las actuaciones que dan origen o se generan dentro de un procedimiento judicial hasta su resolución." "VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos que aun teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y Vigésimo Segundo de este Acuerdo General Conjunto, cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y se ubican en los siguientes supuestos: I. Todos aquellos asuntos en los que se haya dictado un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido. (.)" En el entendido que no existen documentos originales de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del citado Acuerdo General. A consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo de referencia. Por ello, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. En el libro de gobierno háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con José Antonio Ruiz Rosales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; veinte de junio de dos mil dieciséis. De la certificación de cuenta se advierte fenecido el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en auto de nueve de junio de dos mil dieciséis, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por tanto, al atender el estado procesal de los autos y de las manifestaciones vertidas en el escrito de cuenta, en términos de lo dispuesto en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a determinar si la sentencia se encuentra cumplida o no, si existe exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. A fin de establecer lo anterior, es necesario precisar: El presente juicio se promovió por Cristian Adán Pichardo Navidad y Erasmo Reza Rodríguez, contra actos del Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México, por el acto consistente en la dilación en el cumplimiento del laudo emitido el diecisiete de diciembre de dos mil diez, en el juicio laboral 89/2008. Mediante sentencia de veintiocho de agosto de dos mil quince, se resolvió el presente asunto en los términos siguientes: "En las relatadas condiciones, procede otorgar el amparo y protección de la justicia federal a Cristian Adán Pichardo Navidad y Erasmo Reza Rodríguez, para el efecto de que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, de cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 de la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en consecuencia, realice lo siguiente: Sin dilación alguna y dentro de los plazos legales correspondientes, dicten nuevo auto de requerimiento de pago y embargo. Instruyan al funcionario respectivo para que practique las diligencias necesarias para dar cabal cumplimiento a las determinaciones en relación con la ejecución del laudo de mérito. De ser el caso, hagan uso de las medidas de apremio que la ley les conceda para el acatamiento de sus determinaciones, hasta el cumplimiento total y cabal del laudo emitido el diecisiete de diciembre de dos mil diez, en el juicio laboral 89/2008, de su índice estadístico. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 1415, publicada en la página 1593, del Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN, Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Laboral, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta. Ahora bien, la violación a esa garantía se manifiesta a través de un acto negativo o una omisión en sentido estricto, que tiene dos vertientes: la primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de los términos y plazos previstos legalmente, esto es, que no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora; y, la segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. Por otra parte, tratándose de actos negativos, el artículo 80 de la Ley de Amparo dispone que la sentencia que lo conceda, tendrá por objeto obligar a la autoridad responsable a que respete la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que dicha garantía exija. Conforme a lo anterior, si durante la tramitación del juicio de garantías persiste esa misma condición de retardo u omisión del trámite, debido a la cual la autoridad no agota cabalmente el procedimiento ni emite la resolución correspondiente, debe otorgarse el amparo para que proceda con prontitud a tramitar y concluir el procedimiento conforme a los términos legales, lo cual implica que debe realizar los actos subsecuentes a los reclamados necesarios para tal fin y en su oportunidad emitir también con prontitud el laudo correspondiente, pues sólo así podrá cumplir y respetar lo que la garantía en cuestión exige." Ahora, la concesión del amparo fue para los efectos de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: A). Dicte un nuevo auto de requerimiento de pago y embargo; B). Instruir al funcionario respectivo para que practique las diligencias necesarias para dar cabal cumplimiento a las determinaciones en relación con la ejecución del laudo de mérito; C). Hacer uso de las medidas de apremio que la ley les conceda para el acatamiento de sus determinaciones, hasta el cumplimiento total y cabal del laudo emitido el diecisiete de diciembre de dos mil diez, en el juicio laboral 89/2008, de su índice estadístico. En esa tesitura, mediante proveído de veintidós de septiembre de dos mil quince, la sentencia causo ejecutoria y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable; mediante oficio presentado en la oficialía de partes de este juzgado el veintiocho siguiente la autoridad responsable que se encontraba imposibilitada para dar cumplimiento al requerimiento formulado, toda vez que la parte demandada promovió diverso juicio de amparo y solicitó la suspensión del acto reclamado, por lo que este juzgado solicitó copias certificadas legibles y completas de las actuaciones que tengan relación con la tramitación del juicio de amparo directo 461/2015 las cuales se tuvieron por recibidas mediante determinación de seis de octubre del año próximo pasado. Ahora bien mediante oficios TECA400F/101010/A.I.271/2016 y TECA400F/104010/A.I.358/2016 la autoridad responsable informó las gestiones que se encontraba realizando para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y para acreditar su dicho remitió copia certificada del proveído dictado el veintiséis de febrero de la anualidad en curso en el expediente laboral 89/2008 de su índice del que se advierte que se dictó un acuerdo de pago concediéndole a la autoridad responsable un término de 20 días hábiles para dar cumplimiento al laudo dictado por dicho tribunal. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo vigente, requiérase a la autoridad responsable Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación del presente proveído, dé cumplimiento cabal al fallo protector, es decir, dicte un nuevo auto de requerimiento de pago y embargo, instruya al funcionario respectivo para que practique las diligencias necesarias para dar cabal cumplimiento a las determinaciones en relación con la ejecución del laudo de mérito, haga uso de las medidas de apremio que la ley le conceda para el acatamiento de sus determinaciones, hasta el cumplimiento total y cabal del laudo emitido el diecisiete de diciembre de dos mil diez, en el juicio laboral 89/2008, de su índice estadístico; apercibido de no hacerlo así sin causa justificada, de conformidad con los artículos antes citados, en relación con el diverso 258 de la propia legislación, se le impondrá multa de cien a mil días, de la unidad de medida y actualización, en términos del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, se apercibe a la responsable de que en caso de tener una conducta contumaz para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se procederá en términos del párrafo tercero del artículo 192 de la legislación en cita. Además, se le hace del conocimiento a la autoridad que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no lo exime de responsabilidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 195 de la nueva Ley de Amparo. Notifíquese; y personalmente. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Irma Zoraida Campos Navarro, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; tres de junio de dos mil dieciséis. Por recibido el oficio suscrito por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, a través del cual remite testimonio de la resolución dictada el diecinueve de mayo del año en curso en el expediente 80/2016 de su índice estadístico, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa contra la sentencia emitida en el presente asunto, medio de impugnación resuelto en los términos siguientes: "PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO. La justicia de la unión no ampara ni protege a JAIME MARÍN LÓPEZ, por propio derecho, respecto del acto reclamado a las autoridades señaladas en el primer resultando y por las razones expuestas en el último considerando de la sentencia recurrida." En atención a lo anterior, de conformidad con el numeral 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se agregan a los autos el oficio y testimonio de referencia; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y acúsese recibo. Asimismo, del cuaderno de antecedentes formado con motivo de la revisión interpuesta desglósense las actuaciones posteriores a la remisión del presente expediente y, una vez hecho lo anterior, agréguense éstas al sumario constitucional en el cual se actúa y, el citado cuaderno de antecedentes manténgase por separado. Devuélvase a la responsable Presidente del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, las constancias remitidas como complemento a su informe justificado. En otro orden, del estado procesal de autos se advierte que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: 1. Este expediente es susceptible de depuración, pues en el presente asunto se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa (punto vigésimo primero, inciso IV). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado; por tanto, se deberá conservar la resolución relativa a su otorgamiento (punto vigésimo primero, inciso III). 4. El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción (punto vigésimo, inciso III). 5. El cuaderno de antecedentes derivado del cuaderno principal es susceptibles de destrucción, pues encuadran en la hipótesis prevista en el Punto Vigésimo, inciso I del acuerdo general conjunto de mérito 6. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con , Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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