Juan Carlos De la Cruz Mejía
Expediente 60/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 60/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Juan Carlos De la Cruz Mejía
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veinte de febrero de dos mil diecinueve. Visto el contenido de la certificación secretaria de cuenta, del que se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que alude el artículo 98, párrafo primero en relación con el 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, sin que el quejoso Juan Carlos de la Cruz Mejía, haya interpuesto recurso de queja contra el auto de seis de febrero de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda de amparo que presentó; en tales condiciones, se declara que el mismo ha causado estado para todos los efectos legales procedentes, conforme a los dispuesto en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2°. En mérito de lo anterior, hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Finalmente, se deja a disposición del solicitante del amparo antes nombrado, los documentos que anexó a la demanda de garantías que dio origen al presente juicio. En el entendido que de no hacerlo, dentro del plazo de noventa días, las documentales podrán ser destruidas junto con el expediente; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo primero, último párrafo del multicitado Acuerdo General Conjunto 1/2009. Notifíquese en términos de ley. MESA IV-B
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, seis de febrero de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Juan Carlos de la Cruz Mejía, por derecho propio, contra actos del Agente Comercial de Zona de la Comisión Federal de Electricidad y del Jefe de Atención a Clientes de la Comisión Federal de Electricidad, ambos con residencia en Puerto Escondido, Oaxaca, fórmese el expediente respectivo, regístrese en el libro de gobierno que corresponda con el número de juicio de amparo 60/2019 y háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En atención al contenido de la demanda de amparo que nos ocupa, resulta importante resaltar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Sobre tal aspecto, es menester precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. De tal modo que, aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto, resulta aplicable el criterio jurisprudencial del tenor literal siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Bajo ese tenor, en el presente caso, el impetrante del amparo hace consistir el acto materia de este asunto, esencialmente, en la ejecución de la orden verbal de corte de suministro de energía eléctrica realizado en el inmueble ubicado en Avenida Oaxaca s/n, entre 1ª Norte y 2ª Norte, frente Hotel Valentinos, Sector Reforma en Puerto Escondido, Oaxaca, atribuido a Agente Comercial de Zona de la Comisión Federal de Electricidad y del Jefe de Atención a Clientes de la Comisión Federal de Electricidad, ambos con residencia en Puerto Escondido, Oaxaca. Así las cosas, este juzgador estima que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, porque las autoridades integrantes de la Comisión Federal de Electricidad no tienen el carácter de autoridades responsables para efectos del juicio de amparo. Se pondera de tal forma, tomando en consideración que del análisis sistemático de los preceptos antes citados, se desprende que la procedencia del juicio de amparo exige que se impugnen actos que provengan de autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, pero no sólo que actúe con ese carácter, sino que en forma individualizada, por medio de facultades decisorias y con base en disposiciones legales o de hecho, imponga obligaciones, modifique las existentes o limite los derechos de los particulares; es decir, que trastoque los derechos humanos de éstos. Asimismo, que tiene el carácter de autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Tema sobre el cual tiene aplicación al caso, la jurisprudencia del tenor siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Asimismo, el criterio orientador siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." En tanto que, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustenta el criterio relativo a que si bien había establecido que los contratos de suministro de energía eléctrica son de naturaleza administrativa; empero, de una nueva reflexión sobre el tema condujo a interrumpir dicho criterio, para determinar que de la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, se advierte que las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares, son de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste, deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al artículo 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, así como que cuando sólo se afecten intereses particulares, a elección del actor, podrán conocer de aquéllas los jueces y tribunales del orden común. Lo anterior, se encuentra inserto en la Jurisprudencia PC.VII.A. J/2 A (10a.), emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, visible en la página 1550 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Tomo III, Décima Época, junio de dos mil quince, registro 2011842, que establece: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LA NEGATIVA A DEVOLVER CANTIDADES PAGADAS CON MOTIVO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON IMPUGNABLES EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL [INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS AISLADA 2a. CVII/2014 (10a.) (*)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en criterio mayoritario, determinó en la tesis aludida que los contratos de suministro de energía eléctrica son de naturaleza administrativa. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a interrumpir dicho criterio, para determinar que de la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, se advierte que la negativa a devolver cantidades pagadas con motivo de dicho servicio es una cuestión de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de este tipo de actos deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, así como que cuando sólo se afecten intereses particulares, a elección del actor, podrán conocer de aquéllas los Jueces y tribunales del orden común." Bajo ese contexto, este juzgador con el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia citada, relativo a que, cuando se esté ante una controversia que involucre cuestiones inherentes a derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad a los particulares es de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil, por ende, es evidente que los actos reclamados, no son materia de control mediante el juicio de amparo, al no ser actos de autoridad, sino derivados de una relación contractual, al existir la relación de coordinación entre el aludido organismo y el usuario del servicio. Para mayor abundamiento, es menester traer a colación que, en la ejecutoria que resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 198/2017, se determinó que no se debe descartar la eventualidad de que Comisión Federal de Electricidad lleve a cabo actos no pactados o que excedan el contrato de suministro básico con el usuario final y ser objeto de violaciones a derechos humanos que pudieran llegar a equipararla con una autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto, o bien, en el supuesto de amparo contra leyes, por su aplicación. Sin embargo, en el caso, se estima que los actos reclamados en esta instancia no se ubican en esos supuestos de excepción, pues del contexto de la demanda no se advierte que se aleguen cuestiones inherentes a la negativa injustificada de celebrar contrato de suministro eléctrico, como violación al derecho humano de vivienda consagrado en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Además, tampoco se advierte que con la ejecución del acto reclamado se comprometan los derechos humanos protegidos constitucional y convencionalmente, ni que con alguna suspensión o corte de energía se ponga en evidente riesgo la vida, la salud o la seguridad de la parte quejosa ni que ésta se encuentre en una situación vulnerable, en razón de que de los antecedentes narrados por el solicitante de amparo en su demanda, se advierte que el acto del que se duele consistente en el corte de suministro de energía eléctrica, no obstante haber pagado el importe correspondiente, tuvo impacto en el aire acondicionado instalado en su negocio de artículos de playa en el domicilio que refiere, lo que implica inconvenientes por el calor de acuerdo con el lugar en que se ubica, es decir, no se le está impidiendo realizar su actividad comercial cotidiana; de donde se colige, que el acto reclamado deriva del incumplimiento de la relación contractual de una de las partes, respecto de la prestación del servicio de energía eléctrica, celebrado entre el solicitante del amparo y Comisión Federal de Electricidad, pues no pasa inadvertido para este juzgador de amparo, que la parte quejosa en su escrito de demanda anexó, entre otros documentos, el comprobante de pago del citado servicio de electricidad, respecto de lo cual aduce, aun así le fue cortado el suministro de energía eléctrica; por tanto, la circunstancia planteada por el promovente, es de carácter comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes del contrato de servicios, se deben dilucidar en una vía diversa al amparo. En ese contexto, resulta aplicable en lo conducente la Jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.), que derivo de la citada contradicción 198/2017 y que aprobó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 532, Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con el registro 2016656, que establece: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo." Así como los diversos criterios jurisprudenciales PC.XV.J/1A (10a.), Registro 164144 y 2a./J.113/2010, Registro 2005314, sustentadas, en su orden, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 365, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Agosto de 2010, Novena Época, y por el Pleno del Decimosexto Circuito, consultable en la página 2125, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Enero de 2014, Tomo III, Décima Época, de rubros y textos siguientes: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL CORTE O SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO ES ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. De una nueva reflexión, esta Segunda Sala concluye que el corte o suspensión del fluido de energía eléctrica contratado, por falta de pago oportuno, no puede ser considerado, por esa sola circunstancia, un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Esto, porque tratándose de las relaciones contractuales, es común que se pacte que la parte que se vea perjudicada por el incumplimiento de su contraparte deje de otorgar las prestaciones a su cargo, lo cual se debe a que, por regla general, los contratos se rigen por la voluntad de las partes, así como por la bilateralidad, lo que genera que el incumplimiento de alguna de ellas actualice el derecho de la otra a no cumplir con la obligación a su cargo mientras subsista la falta de cumplimiento del acuerdo de voluntades. Por tanto, el corte del suministro de la energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad no genera que la relación contractual entre el usuario y dicho organismo se transforme en acto de autoridad." "IMPROCEDENCIA NOTORIA Y MANIFIESTA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. SE ACTUALIZA AL DEMANDARSE EL AMPARO CONTRA EL CORTE DE SUMINISTRO ELÉCTRICO O LA SUSPENSIÓN Y LOS AVISOS RECIBO QUE EXPIDE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el juez federal está facultado para desechar una demanda de amparo cuando advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; entendiéndose por éste aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, sería imposible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sobre esa base, constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la existencia de las jurisprudencias 2a./J. 112/2010 y 2a./J. 113/2010, emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en las páginas 364 y 365, respectivamente, Tomo XXXII, Agosto de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubros: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL AVISO RECIBO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUSIVE CUANDO CONTENGA UNA ADVERTENCIA DE CORTE DEL SERVICIO, NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO." y "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL CORTE O SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", en las que se define que el cobro, aviso, corte de energía e incluso clausura del medidor, atribuidos a la Comisión Federal de Electricidad, no conforman actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, habida cuenta que la aplicación de esos criterios jurisprudenciales es obligatoria en términos de los artículos 215, 216, 217 y Sexto transitorio de la ley de la materia, en tanto que no se oponen a las disposiciones insertas en la Ley de Amparo vigente; de modo que resulta suficiente la aplicación de los criterios definidos, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia, en supuestos en los que se señalen como actos reclamados aquellos a que se contraen la tesis jurisprudenciales de trato." Lo anterior, en tanto que nuestro Máximo Tribunal, en el marco de un contrato de suministro de energía eléctrica, habla de derechos y obligaciones entre las partes, en el caso, entre la Comisión Federal de Electricidad y el particular; y no de una relación de supra a subordinación, pues sitúa al organismo de que se trata, en la celebración de un contrato como persona moral, sujeto de derechos y obligaciones y no con el carácter de autoridad. Ahora bien, de la demanda de amparo como ya se dijo se advierte que la parte quejosa señaló como actos reclamados el corte del suministro de energía eléctrica realizado en el inmueble ubicado en Avenida Oaxaca s/n, entre 1ª Norte y 2ª Norte, frente Hotel Valentinos, Sector Reforma en Puerto Escondido, Oaxaca. En efecto, del capítulo de antecedentes y conceptos de violación se observa que la parte quejosa acude a la presente instancia en su carácter de consumidor del Servicio de Energía Eléctrica, servicio que actualmente presta la Comisión Federal de Electricidad, en razón del decreto de extinción de la compañía de Luz y Fuerza del Centro, de once de febrero de dos mil cuatro, pues la citada en primer término se subrogó en los derechos y obligaciones de la citada compañía. Por tanto, este juzgador estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, porque es evidente que las autoridades señaladas como responsables no tienen el carácter de autoridades responsables para el presente juicio de amparo, dado que el acto que se les reclama, deriva del contrato de suministro de energía eléctrica que la citada comisión proporciona a los particulares en un plano de igualdad, esto es, como un ente sujeto derechos y obligaciones; y no, con el carácter de autoridad. Cabe señalar que con la determinación alcanzada, el quejoso no queda sin defensa, pues existen medios ordinarios por los cuales puede hacer valer sus derechos, lo cual atiende a lo que establece el artículo 17 de la Constitución Federal que prevé el derecho a la tutela jurisdiccional, entendido como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. En efecto, el acceso a la administración de justicia, prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sí es observado por el Estado, pues las controversias derivadas de los derechos y obligaciones derivadas del contrato de prestación del servicio de energía eléctrica son impugnables en la vía ordinaria mercantil. Por tanto, el hecho de que el juicio de amparo indirecto sea improcedente, en el caso concreto, no implica que no exista una vía idónea y tribunales competentes ante los cuales el particular pueda acudir a hacer valer sus derechos y plantear su reclamo, como en la especie lo es, la vía ordinaria mercantil, por tratarse de cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones que se derivan de la relación de coordinación por el suministro de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la misma legislación, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Juan Carlos de la Cruz Mejía, por derecho propio, contra actos del Agente Comercial de Zona de la Comisión Federal de Electricidad y del Jefe de Atención a Clientes de la Comisión Federal de Electricidad, ambos con residencia en Puerto Escondido, Oaxaca, por notoriamente improcedente. De conformidad con lo previsto en el artículo 27 de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este recinto judicial y autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Oscar Fuentes Osogobio y Rigoberto Hernández Sandoval, y únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona, por así haberlo solicitado. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General e Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese en términos de ley. IV-B
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