JUAN CARLOS DE JESÚS SÁNCHEZ ROMERO y Otros.
Expediente 136/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 12 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 136/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 29/04/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- JUAN CARLOS DE JESÚS SÁNCHEZ ROMERO y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS AL QUEJOSO: JUAN CARLOS DE JESÚS SÁNCHEZ ROMERO, EL ACUERDO QUE DICE: Del estado procesal que guarda este asunto y la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el término concedido a las partes quejosa y tercera interesada, para que manifestaran lo que a su interés conviniera, en relación con el cumplimiento dado a la sentencia de amparo; en consecuencia, se procede a analizar si conforme con las constancias remitidas por la autoridad responsable, la sentencia de amparo está cumplida. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Para el indicado análisis, debe tomarse en cuenta lo siguiente: El acto reclamado se hizo consistir en la resolución de doce de diciembre de dos mil catorce, dictada en el juicio ordinario civil 697/2014/I del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Coatepec, Veracruz, en la que se redujo la pensión alimenticia provisional decretada en favor de la parte quejosa, del diez al cinco por ciento de los ingresos económicos que recibía la parte demandada aquí tercera interesada. II) En sentencia de diecisiete de marzo de dos mil quince, se concedió el amparo para el efecto de que el Juez responsable dejara insubsistente la resolución reclamada y, con plenitud de jurisdicción, dictara otra, en que subsanara los vicios formales que la afectaban, para lo cual debía hacer lo siguiente: Explicara por qué consideró que con la aportación de ambos deudores alimentarios, consistente en siete pesos diarios aportados por el padre del quejoso, y cinco por ciento mensual del sueldo y demás prestaciones de la demandada, respectivamente, era suficiente para que el quejoso cubriera el costo de sus alimentos y estudios. Tomara en cuenta el principio de proporcionalidad que rige en materia de alimentos, es decir, la posibilidad del que debe darlos y la necesidad del que debe recibirlos, pues como lo manifestó la parte quejosa, el Juez responsable omitió fijar los ingresos económicos que percibía la reclamante y justificar si ésta acreditó la afectación que la pensión provisional decretada le causaba, debido a que de manera dogmática determinó que era procedente la reducción de la pensión alimenticia del diez al cinco por ciento; y. Estableciera las razones que sostuvieron la determinación anterior; es decir, precisara cómo arribó a la conclusión de que el porcentaje otorgado y no otro, era el proporcional en relación con las circunstancias particulares de las partes. III) En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en Coatepec, Veracruz, remitió copia certificada de la resolución de catorce de abril del dos mil quince, (fojas 45 a 50), dictada en el juicio ordinario civil 697/2014/I de su índice. IV) Con dichas constancias, remitidas en cumplimiento a la sentencia de amparo por la autoridad responsable, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 51). V) Previo análisis de las constancias de autos, se concluye respetuosamente que la ejecutoria de amparo está cumplida, debido a que de las documentales remitidas por el Juez responsable, se advierte lo siguiente: Dejó insubsistente la resolución de doce de diciembre de dos mil catorce, dictada en el juicio ordinario civil 697/2014/I de su índice (foja 45); y, Con plenitud de jurisdicción, dictó la resolución de catorce de abril del dos mil quince, en la que explicó por qué consideró que con la aportación de ambos deudores alimentarios, consistente en siete pesos diarios aportados por el padre del quejoso, y cinco por ciento mensual del sueldo y demás prestaciones de la demandada, respectivamente, era suficiente para que el quejoso cubriera el costo de sus alimentos y estudios; de igual forma, tomó en cuenta el principio de proporcionalidad que rige en materia de alimentos, es decir, la posibilidad del que debe darlos y la necesidad del que debe recibirlos, y estableció las razones que sostuvieron la determinación de que era procedente la reducción de la pensión alimenticia del diez al cinco por ciento, en relación con las circunstancias particulares de las partes; por lo que, redujo la pensión alimenticia provisional del diez al cinco por ciento, del sueldo y otras prestaciones que percibe la tercera interesada María Guadalupe Sánchez García como jubilada del ISSSTE. Bajo las circunstancias narradas, PROCEDE DECLARAR CUMPLIDA la sentencia dictada en este asunto y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como concluido. En ese contexto, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de depuración, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por otra parte, al resultar innecesario conservar las copias certificadas del juicio ordinario civil 697/2014/I, que el Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en Coatepec, Veracruz, remitió en justificación a su informe de ley, la cual obra en un tomo por separado; devuélvase al Juez responsable, solicitándole atentamente que una vez que obren en su poder, acuse el recibo correspondiente.
- Principal
Del estado procesal que guarda este asunto y la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el término concedido a las partes quejosa y tercera interesada, para que manifestaran lo que a su interés conviniera, en relación con el cumplimiento dado a la sentencia de amparo; en consecuencia, se procede a analizar si conforme con las constancias remitidas por la autoridad responsable, la sentencia de amparo está cumplida. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Para el indicado análisis, debe tomarse en cuenta lo siguiente: El acto reclamado se hizo consistir en la resolución de doce de diciembre de dos mil catorce, dictada en el juicio ordinario civil 697/2014/I del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Coatepec, Veracruz, en la que se redujo la pensión alimenticia provisional decretada en favor de la parte quejosa, del diez al cinco por ciento de los ingresos económicos que recibía la parte demandada aquí tercera interesada. II) En sentencia de diecisiete de marzo de dos mil quince, se concedió el amparo para el efecto de que el Juez responsable dejara insubsistente la resolución reclamada y, con plenitud de jurisdicción, dictara otra, en que subsanara los vicios formales que la afectaban, para lo cual debía hacer lo siguiente: Explicara por qué consideró que con la aportación de ambos deudores alimentarios, consistente en siete pesos diarios aportados por el padre del quejoso, y cinco por ciento mensual del sueldo y demás prestaciones de la demandada, respectivamente, era suficiente para que el quejoso cubriera el costo de sus alimentos y estudios. Tomara en cuenta el principio de proporcionalidad que rige en materia de alimentos, es decir, la posibilidad del que debe darlos y la necesidad del que debe recibirlos, pues como lo manifestó la parte quejosa, el Juez responsable omitió fijar los ingresos económicos que percibía la reclamante y justificar si ésta acreditó la afectación que la pensión provisional decretada le causaba, debido a que de manera dogmática determinó que era procedente la reducción de la pensión alimenticia del diez al cinco por ciento; y. Estableciera las razones que sostuvieron la determinación anterior; es decir, precisara cómo arribó a la conclusión de que el porcentaje otorgado y no otro, era el proporcional en relación con las circunstancias particulares de las partes. III) En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en Coatepec, Veracruz, remitió copia certificada de la resolución de catorce de abril del dos mil quince, (fojas 45 a 50), dictada en el juicio ordinario civil 697/2014/I de su índice. IV) Con dichas constancias, remitidas en cumplimiento a la sentencia de amparo por la autoridad responsable, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 51). V) Previo análisis de las constancias de autos, se concluye respetuosamente que la ejecutoria de amparo está cumplida, debido a que de las documentales remitidas por el Juez responsable, se advierte lo siguiente: Dejó insubsistente la resolución de doce de diciembre de dos mil catorce, dictada en el juicio ordinario civil 697/2014/I de su índice (foja 45); y, Con plenitud de jurisdicción, dictó la resolución de catorce de abril del dos mil quince, en la que explicó por qué consideró que con la aportación de ambos deudores alimentarios, consistente en siete pesos diarios aportados por el padre del quejoso, y cinco por ciento mensual del sueldo y demás prestaciones de la demandada, respectivamente, era suficiente para que el quejoso cubriera el costo de sus alimentos y estudios; de igual forma, tomó en cuenta el principio de proporcionalidad que rige en materia de alimentos, es decir, la posibilidad del que debe darlos y la necesidad del que debe recibirlos, y estableció las razones que sostuvieron la determinación de que era procedente la reducción de la pensión alimenticia del diez al cinco por ciento, en relación con las circunstancias particulares de las partes; por lo que, redujo la pensión alimenticia provisional del diez al cinco por ciento, del sueldo y otras prestaciones que percibe la tercera interesada María Guadalupe Sánchez García como jubilada del ISSSTE. Bajo las circunstancias narradas, PROCEDE DECLARAR CUMPLIDA la sentencia dictada en este asunto y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como concluido. En ese contexto, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de depuración, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por otra parte, al resultar innecesario conservar las copias certificadas del juicio ordinario civil 697/2014/I, que el Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en Coatepec, Veracruz, remitió en justificación a su informe de ley, la cual obra en un tomo por separado; devuélvase al Juez responsable, solicitándole atentamente que una vez que obren en su poder, acuse el recibo correspondiente.
- Principal
Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en Coatepec, Veracruz, a través del cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo remite copia certificada de la resolución de catorce de abril del año en curso, dictada en el juicio ordinario civil 697/2014/I de su índice; por tanto, a efecto de estar en aptitud de acordar lo conducente en este asunto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes quejosa y tercera interesada por el plazo de TRES DÍAS, legalmente computado, con las constancias que obran en autos, a fin de que manifiesten lo que a su interés convenga en relación con el cumplimiento de la sentencia de amparo; en la inteligencia que transcurrido el plazo otorgado, con desahogo de la vista o sin éste, se dictará la resolución que corresponda acerca del cumplimiento de la sentencia de amparo, de acuerdo con las constancias de autos, en tanto que el cumplimiento de la sentencia es de orden público.
- Principal
De la certificación Secretarial de cuenta, se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, dentro del término legalmente establecido; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA LA SENTENCIA dictada en este juicio, en la que se concedió el amparo solicitado, para todos los efectos legales. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, en relación con su artículo 3° transitorio, requiérase a la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en Coatepec, Veracruz; para que en el término de TRES DÍAS, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, justifique haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo o, en su caso, comunique las medidas que adopte con tal finalidad o el impedimento legal que tenga para hacerlo; apercibido que de no cumplir se le impondrá una multa por el equivalente de CIEN A MIL días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en términos de los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, y se continuará con el procedimiento establecido en el artículo 192 de la citada Ley, que dispone lo siguiente: "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico.
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