Juan Carlos de Jesús del Ángel

Expediente 373/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
373/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
30/08/2023

Partes del expediente

  • Juan Carlos de Jesús del Ángel

Actuaciones

  1. Principal

    "...Agréguese el oficio signado por el Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en Papantla, Veracruz, remitido vía correo electrónico institucional, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 352/2023 -número de orden 600/2013- de este juzgado. Constancia a la que se le concede valor probatorio pleno conforme lo dispuesto por el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y por analogía del criterio jurisprudencial emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dese de baja la comunicación oficial de referencia, háganse las notaciones correspondientes el expediente electrónico. En esas condiciones, se tiene por notificado al quejoso ********************, del proveído de veintiuno de junio del año en curso, desde el día de su notificación ante el personal actuante del juzgado auxiliar, esto es, veinticinco de los cursantes. En es sentido, estese a la espera de que transcurra el término de ley para declarar la firmeza de dicho auto..."

  2. Principal

    "...Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el proveído de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, que tuvo por desechada la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado. Por lo anterior, en términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, ARCHÍVESE el presente como asunto concluido; y, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV, del citado Acuerdo; este asunto se clasifica como destruible, pues se DESECHÓ la demanda de amparo..."

  3. Principal

    "...Agréguese el oficio signado vía electrónica por la Secretaria del Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 143/2023 -número de orden 601/2023- de este juzgado, enviado para notificar al quejoso el proveído de veintiuno de junio del año en curso. Dese de baja la comunicación oficial devuelta y háganse las anotaciones en el expediente electrónico. Ahora, toda vez que la notificación al tercero interesado fue realizada el dieciséis de los cursantes, estese en espera de que transcurra el plazo correspondiente para declarar la firmeza del auto notificado..."

  4. Principal

    ".En Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Visto el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Veracruz, con sede en Villa Aldama, y anexo, al que acompaña los autos originales del amparo 173/2023 de su índice, del que se advierte que el titular de su adscripción se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda promovida por***contra actos del Director del Centro Penitenciario de Papantla, Veracruz, y otra autoridad, por violación a los artículos 1, 14, 17 y 20 constitucionales. En ese sentido, se ordena formar expediente y anotar su ingreso en el libro de gobierno de este órgano jurisdiccional bajo el número 373/2023-III-A. Ahora, en atención a las manifestaciones de la titular del juzgado declinante, con fundamento en los artículos 36 y 47 de la Ley de Amparo, este juzgado acepta la incompetencia; por tanto, acúsese recibo de estilo..DESECHAMIENTO..Asimismo, el quejoso manifestó estar recluido en el Centro de Reinserción Social de Papantla, Veracruz, con motivo de una sentencia dictada en su contra dentro de un proceso penal que se encuentra en apelación bajo el toca *** respecto de lo cual solicitó entrevistarse con su defensor particular sin que se le hubiese permitido..Al respecto, los artículos 9, fracciones II, IX y XII, 25, fracción I, 30, 107 al 115, 122, 130 y 131 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establecen un procedimiento administrativo, relativo a las peticiones de las personas privadas de su libertad, atinente a la afectación de sus condiciones de vida digna y segura de reclusión, entre las que se encuentran: efectuar peticiones o quejas por escrito, y en casos urgentes, por cualquier medio de las instancias correspondientes (artículo 9, fracción IX, de la Ley Nacional de Ejecución Penal). De igual manera, la citada Ley Nacional de Ejecución Penal dispone que las peticiones referentes a la afectación de derechos en reclusión, deben efectuarse por escrito sin formalidad ante el Director del Centro en que se encuentren recluidos, en el entendido que en el escrito se podrá aportar información que se considere pertinente con el objeto de atender las condiciones de vida y seguridad en reclusión. Asimismo, la aludida ley establece la forma que deben sustanciarse las peticiones, esto es: Una vez recibida la petición, la autoridad penitenciara dentro de las veinticuatro horas siguientes, la admitirá e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa; dicha determinación debe notificarse de forma personal al promovente.De igual manera, el interno también tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la autoridad judicial. Aunado a lo anterior, debe decirse que la Ley Nacional de Ejecución Penal contempla peticiones relativas a casos urgentes, entre otras, aquellas relativas a cuando se encuentre en riesgo la vida e integridad física del interno; casos en los cuales, la citada Ley establece que la persona privada de la libertad podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En el caso, como se dijo, el quejoso reclama de las autoridades penitenciarias del Centro de Reinserción Social de Papantla, Veracruz, la incomunicación de quejoso, que se traduce en la imposibilidad física de que pueda entrevistarse y platicar con su abogado defensor. De tal manera su motivo de inconformidad se reduce a una cuestión administrativa que debe ser resulta en el ámbito del centro de reclusión donde se encuentra y bajo las reglas establecidas para ese centro carcelario de alta seguridad..En consecuencia, es evidente que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia referida, pues la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a solicitar el amparo y protección de la justicia federal respecto del actuar de las autoridades responsables en no permitir a su defensor ingresar y comunicarse con él; y, no se advierte que haya agotado los procedimientos antes descritos. Es así, debido a que el quejoso debe agotar, previo a las disposiciones de la acción constitucional, todas las jurisdicciones y competencias a virtud del ejercicio del recurso ordinario tendente a obtener la atención que pretende se le otorgue en el Centro de su reclusión, sin que exista limitación en cuanto a la cantidad de veces que puede hacer valer peticiones administrativas o controversias judiciales, como se aprecia de los preceptos que han quedado trascritos. Máxime, que de estimarlo en caso urgente, el quejoso puede acudir directamente ante el juez de Ejecución, sin necesidad de petición administrativa previa. Lo anterior es así, pues con motivo de la entrada en vigor el diecinueve de junio de dos mil once, de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, y en la Ley Nacional de Ejecución Penal, se generó un cambio sustancial en el sentido de que actualmente, además de la intervención primaria de las autoridades administrativas en cuanto a la supervisión de los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y los eventos acontecidos durante el internamiento de los imputados y el cumplimiento de las sentencias, también están involucrados particularmente los jueces de Ejecución en Materia Penal, tanto en el ámbito federal como local, quienes deberán asegurar el cumplimiento de las penas y controlar las diversas situaciones que puedan producirse, así como las decisiones que sobre dicha ejecución pueda adoptar la administración penitenciaria..Ante ello, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 113 y 61, fracción XX, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Juan Carlos de Jesús del Ángel, por los actos que corresponden al presente juicio. Finalmente, debe decirse que la actualización de la causal de improcedencia en estudio, no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia reconocidos en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, se podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia.."

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