Juan Carlos de Haro Aviña
Expediente 898/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 898/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/12/2019
Partes del expediente
- Juan Carlos de Haro Aviña
Actuaciones
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a los autos con vista a las partes el informe justificado rendido por la autoridad responsable Director del Centro de Reinserción Social, en esta ciudad; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, del cual se hará nueva relación en la audiencia constitucional relativa. Por otra parte, se tienen como pruebas documentales que acompaña a su informe en términos del artículo 119 de Ley de Amparo, mismas que se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia naturaleza por no requerir forma especial para su desahogo, las cuales serán tomadas en consideración al momento de celebrarse la audiencia constitucional correspondiente.
- Incidental
R e s u e l v e Único. Se niega la suspensión definitiva que solicita **, respecto del acto reclamado consistente en la reubicación de celda del módulo C-115 al módulo A106, ordenado por razones de seguridad de la prisión en la que se encuentra recluido.
- Incidental
Visto lo de cuenta, agréguense a los autos con vista a las partes los informes previos rendidos por las autoridades responsables Director, Encargado del Área de Criminología y Comandante de Seguridad Interior, todos del Centro de Reinserción Social Ensenada, con residencia cuidad, recibidos vía correo electrónico institucional y vía ordinara; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley de Amparo, de los cuales se hará nueva relación en la audiencia incidental respectiva.
- Incidental
Vistas las copias simples de la demanda, fórmese por duplicado y separado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 898/2019, promovido por Juan Carlos de Haro Aviña, contra actos del Director del Centro de Reinserción Social Ensenada, Baja California y otras autoridades. En ese contexto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 125, 128, 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridades responsables su informe previo, que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, siguientes al que reciban el oficio en el que se les solicita, con el apercibimiento que de no hacerlo así, con fundamento en el artículo 260 fracción I, de la Ley de Amparo, se hará acreedora, a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación. Se señalan las diez horas con cuarenta y cinco minutos del diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la audiencia de este incidente. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: ? Reubicación de celda del módulo C-112 al módulo A-104, conocido como "pasillo bravo" o de castigo. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 128, fracción I de la ley de Amparo, procede al pronunciamiento sobre la suspensión provisional solicitada. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo, en virtud de que no se sigue perjuicio al orden público ni al interés social, lo procedente es conceder la suspensión provisional al quejoso Juan Carlos de Haro Aviña, para el efecto de que cese su reubicación en el módulo A-104, conocido como "pasillo bravo" o de castigo, y sea devuelto a la celda que le fue asignada para la compurgación de la pena que le corresponde. En la inteligencia que la seguridad, custodia y guarda del quejoso en el lugar en que se encuentra internado queda bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades a cuya disposición se encuentra, quienes deberán tomar todas y cada una de las medidas pertinentes para tal efecto, en atención a la naturaleza y circunstancias del asunto. La medida suspensional decretada surtirá efectos hasta en tanto se resuelva en definitiva la medida cautelar solicitada. Por otra parte, no surtirá efecto legal alguno, si en su caso está sustentada por razones de seguridad, en las prisiones, de acuerdo con las características del hecho imputado, a las circunstancias especiales del inculpado y a otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso o emerjan con fundamento en disposiciones de orden público. En el entendido de que la autoridad responsable al considerar que la reubicación del aquí quejoso se encuentra sustentado en alguna "razón de seguridad", deberá indicar que el origen de la orden de cambio de celda se llevó a cabo con el objetivo primordial de preservar la seguridad del centro penitenciario, así como que el propósito de la seguridad fue anterior a la presentación de la demanda de amparo, y que el cambio de celda fue con la finalidad de ejecutar un procedimiento administrativo sancionador carcelario. De igual manera, la medida cautelar no surtirá efectos, si se trata de actos posteriores a su concesión o si el acto reclamado procede de autoridades distintas de las señaladas como responsables, o bien su fue emitido en cumplimiento a alguna ejecutoria de amparo. En otro tenor, se tiene como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones el que precisa en su escrito de demanda y como autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Johanna Esthela Chávez Jacinto, cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales y en términos del segundo párrafo del aludido artículo a Amarani Castillo López y Rafael Verdugo Castañeda, por no contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Como lo solicita la parte quejosa, expídasele copia certificada de esta determinación, previa identificación y razón que por su recibo se asiente en autos para constancia. Ahora bien, a fin de evitar dilaciones procesales, se habilita a cualesquiera de las actuarias de este juzgado para que en días y horas inhábiles haga entrega de los oficios correspondientes y realice las notificaciones inherentes a los acuerdos que se dicten en este incidente, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo.
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