Juan Carlos Cuevas Bernardino

Expediente 1298/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 16 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1298/2023
Año
2023
Actuaciones
16
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Juan Carlos Cuevas Bernardino

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguense a los presentes autos para que obre como corresponda, el oficio 3453/2023, signado por la Jueza Séptimo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que en autos de las diligencias de jurisdicción voluntaria 427/2023 de su índice, se llevó a cabo la audiencia preliminar. Circunstancia de la cual, este órgano jurisdiccional queda enterado para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  2. Principal

    RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintitrés de agosto de dos mil veintitrés ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, y recibido el día veinticuatro siguiente en este Órgano de Control Constitucional, compareció ********************, por su propio derecho, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que atribuye a las siguientes autoridades:****** SEGUNDO. Admisión de la demanda. Previo cumplimiento dado al requerimiento de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, por auto de cinco de septiembre de la misma anualidad se admitió a trámite la demanda, la cual quedó previamente registrada bajo el número 1298/2023-III-B, se pidió a las autoridades señaladas como responsables sus informes justificados, se dio la intervención que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión de actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se tiene que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables: La falta de emplazamiento a las diligencias de jurisdicción voluntaria promovidas por ********************. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados a las siguientes autoridades: 1. Juzgado Primero de Oralidad Familiar turno matutino, del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán (registro 14387). 2. Juzgado Primero de Oralidad Familiar turno vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán (registro 14358) 3. Juzgado Segundo de Oralidad Familiar turno matutino, del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán (registro 14348). 4. Juzgado Segundo de Oralidad Familiar turno vespertino, del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán (registro 14286). 5. Juzgado Tercero de Oralidad Familiar turno matutino, del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán (registro 14347). 6. Juzgado Tercero de Oralidad Familiar turno vespertino, del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán (registro 14301). 7. Juzgado Cuarto de Oralidad Familiar turno matutino, del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán (registro 14509). 8. Juzgado Quinto de Oralidad Familiar turno matutino, del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán (registro 14340). 9. Juzgado Sexto de Oralidad Familiar turno matutino, del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán (registro 14414). Pues así lo manifestaron expresamente al rendir su respectivo informe justificado, sin que la parte quejosa hubiese desvirtuado dicha negativa con prueba en contrario. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en el presente juicio, por falta de materia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y la tesis jurisprudencial número 284, visible en la página 236, del Tomo VI, referente a la Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, visible con el número de registro 917818, mismo Apéndice, bajo el rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." CUARTO. Certeza de los actos. Son ciertos los actos reclamados a la Juez Séptimo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado (registro 14582), con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, lo que además se corrobora con las constancias que acompañó al mismo. En tal virtud deberán tenerse por existentes al tenor de lo señalado en la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 231, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." QUINTO. Análisis de la causal de improcedencia. Por cuestión de técnica jurídica, previamente al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, es preciso examinar la causal de improcedencia que invoca la tercero interesada ********************, pues de ser fundada, sería ocioso analizar las cuestiones de fondo planteadas en el juicio. Consecuentemente, por ser la improcedencia de la acción de amparo cuestión de orden público cuyo estudio puede efectuarse de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, con mayor razón procede llevarlo a cabo cuando así lo solicite alguna de las partes en el juicio de amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dice: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En este orden, la tercero interesada, hace valer la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;.". Tal argumento resulta infundado, si se tiene presente que el acto reclamado se hizo consistir en la falta de emplazamiento a las diligencias de jurisdicción voluntaria con tramitación especial, promovidas por ********************, a fin de que se decreten alimentos provisionales a favor de su hija menor, registradas con el número ********************, del índice del Juzgado Séptimo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, porque según afirma el quejoso, no fue llamado a comparecer al procedimiento y por ello no pudo hacer valer sus derechos en el mismo, vulnerándose de esa forma su derecho fundamental de audiencia. De ahí que al reclamar dicha falta de emplazamiento, y advertirse que es la persona respecto de la cual se piden alimentos provisionales a favor de la menor involucrada; es inconcuso que sí tiene interés jurídico para impugnar, lo que su consideración constituye una violación a su derecho de audiencia. En atención a las consideraciones expresadas, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia citada por la tercero interesada. SEXTO. Inexistencia de causas de improcedencia. Al no advertirse la actualización de alguna otra causal de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, se procede efectuar el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación. Resultan infundados los conceptos de violación expuestos por el quejoso, motivo por el cual deberá negársele el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. Ante todo, resulta pertinente precisar, que el presente asunto se resolverá en relación al derecho fundamental de audiencia que el impetrante del amparo aduce le fue transgredido con la falta de llamamiento a las diligencias de jurisdicción voluntaria de tramitación especial promovidas por ********************, ante el Juez Juzgado Séptimo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado; por tanto la litis en el presente asunto se centrará en analizar tal aspecto, pues incluso del estudio de los conceptos de violación se advierte que el quejoso hace derivar las violaciones que imputa al acto reclamado de esa cuestión únicamente; además de que ello es lo único que señaló como acto reclamado. Como conceptos de violación, el solicitante del amparo aduce esencialmente, que se conculcan en su perjuicio sus derechos fundamentales de audiencia, debido proceso, legalidad y seguridad jurídica, consagrados en los artículos 1, 14, y 16 Constitucionales, y 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, por su falta de llamamiento al procedimiento natural, lo cual provocó que las diligencias de jurisdicción voluntaria se siguieran sin respetarse las formalidades esenciales del procedimiento previstas en la ley, y sin haber sido oído y vencido en juicio. Tales argumentos, como se dijo, son infundados, por las consideraciones siguientes: El trámite de la jurisdicción voluntaria, se encuentra contemplado en el Libro Cuarto, Título Primero, Capítulo Primero, del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, cuyos artículos disponen: "Jurisdicción voluntaria Artículo 672. La jurisdicción voluntaria comprende todos los actos en que por disposición de la ley o por solicitud de los interesados, se requiere la intervención del juez, sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre partes determinadas. Objeto de la intervención del juez Artículo 673. La intervención del juez tiene por objeto, cuando ello sea conveniente, demostrar la existencia de hechos o actos que han producido o que están destinados a producir efectos jurídicos y de los cuales no derive perjuicio a persona conocida. Así como también para regular con certeza las situaciones jurídicas, en aquellos casos en que exista incertidumbre. Tramitación ante notario público Artículo 674. Los procedimientos de jurisdicción voluntaria pueden tramitarse también ante notario público con sujeción a las disposiciones de este Código, las establecidas en la Ley del Notariado del Estado y demás disposiciones legales aplicables. Lo dispuesto en el párrafo anterior, no aplica en los casos en los que según lo dispuesto en este Código, en otras leyes o en tratados o convenciones internacionales, se requiera la intervención de la autoridad judicial o de cualquier otra clase de autoridades o de aquellos otros procedimientos que deban iniciarse mediante la presentación de una demanda, independientemente de que exista o no controversia. Requisitos del escrito de promoción Artículo 675. El escrito con el que se promueva un procedimiento de jurisdicción voluntaria, además de las formalidades que exige este Código en el Libro Primero, debe contener los siguientes requisitos: I. El juez ante el que se promueve; II. El nombre del interesado y el domicilio que señale para oír notificaciones; II. El nombre y domicilio de las personas que, en su caso, deban ser citadas; IV. Los hechos en que el interesado funde su solicitud; V. Los fundamentos de derecho, y VI. La información, la constancia, o la práctica del acto que solicite el interesado. Solicitud del procedimiento de jurisdicción voluntaria Artículo 676. Las solicitudes relativas a jurisdicción voluntaria se deben formular por escrito, bajo formal protesta de decir verdad, ante el juez competente. Tramitación de las diligencias de jurisdicción voluntaria Artículo 677. Los procedimientos de jurisdicción voluntaria se deben tramitar en las audiencias previstas en este Libro, cumpliendo con las mismas formalidades que las exigidas en este Código para su celebración. Intervención de niñas, niños y adolescentes Artículo 678. Si en el procedimiento deben intervenir niñas, niños o adolescentes, el juez puede citarlos para escuchar sus opiniones, siempre que estén en condiciones de formarse un juicio propio. Citación de personas a la audiencia Artículo 679. Cuando fuere necesaria la presencia de alguna persona, se le debe citar conforme a derecho, advirtiéndole en la citación que las actuaciones se encuentran por tres días en la secretaría del tribunal para que se imponga de ellas. Igualmente se le debe dar a conocer el día y hora de la audiencia en la cual sea necesaria su presencia. Intervención del Ministerio Público y de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia Artículo 680. Se debe oír al Ministerio Público y en su caso a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, cuando: I. La solicitud afecte los intereses públicos; II. Se refiera a la persona o bienes de niñas, niños, adolescentes o personas incapaces, o III. El procedimiento tenga relación con los derechos o bienes de un ausente. Admisión de medios de prueba Artículo 681. Sin necesidad de citación, siempre y cuando sea conducente y no sean contrarias al derecho y a la moral, se deben admitir cualquier documento que se presente, perfeccionar las testimoniales que se ofrezcan e igualmente las justificaciones que se exhiban. Oposición a la solicitud Artículo 682. Si a la solicitud promovida se opone alguno que tenga personalidad para hacerlo, el asunto se debe hacer contencioso y sujetarse al procedimiento que corresponda para la jurisdicción contenciosa, con excepción de los alimentos provisionales. Posibilidad de revocación de las providencias Artículo 683. Las medidas provisionales que se dicten en los asuntos de jurisdicción voluntaria, pueden ser revocables, salvo los casos en que la ley disponga otra cosa." Por otra parte, el Título Segundo, Capítulo Primero, del mismo ordenamiento legal, respecto de los alimentos, establece: Requisitos para solicitar alimentos provisionales Artículo 705. Para decretar alimentos provisionales a quien tenga derecho de exigirlos, se necesita: I. Exhibir el testamento, el contrato o la ejecutoria en que conste la obligación, o el certificado que acredite el parentesco, el matrimonio o concubinato; II. Justificar aproximadamente, cuando menos, el caudal del que deba darlos, y III. Acreditar la necesidad que haya de los alimentos provisionales. Facultad del juez de solicitar informes Artículo 706. Una vez admitida la solicitud, previamente el juez debe solicitar los informes y realizar los demás trámites administrativos que considere necesarios. Para realizar lo anterior, el juez tiene la facultad de apercibir y de aplicar algún o algunos medios de apremio que señala este Código a las entidades, dependencias, instituciones públicas o privadas y demás particulares, en el caso de que no le rindan los informes respectivos, en el plazo de ocho días hábiles. Convocatoria para la audiencia Artículo 707. Recibidos los informes y demás datos requeridos el juez debe convocar al interesado a la audiencia preliminar. Recepción de pruebas y resolución de la solicitud Artículo 708. En la audiencia preliminar el juez debe recibir y, en su caso admitir, las pruebas necesarias para acreditar lo establecido en las fracciones II y III del artículo 705 de este Capítulo. Admitidas todas las justificaciones necesarias, el juez debe ordenar el desahogo de las pruebas que lo necesiten y una vez desahogadas, emitir la resolución correspondiente en esta misma audiencia. Fijación de los alimentos Artículo 709. Siempre que considere fundada la solicitud, el juez debe: I. Fijar los alimentos provisionales; II. Dictar la sentencia, y III. En la sentencia, mandar que sean abonados por meses anticipados. Ejecución de la sentencia Artículo 710. La sentencia que emita el juez es de ejecución inmediata y, aún cuando sea apelada, el acreedor alimentista debe continuar percibiendo los alimentos sin necesidad de dar fianza. Aumento o disminución de los alimentos Artículo 711. Con base en lo resuelto en este procedimiento de jurisdicción voluntaria, el acreedor o el deudor alimentario pueden tramitar, en caso de ser necesario, todo aumento o disminución de la suma señalada por el juez para los alimentos, cuando resulte insuficiente para el acreedor o excesiva para el deudor. Durante la tramitación de este procedimiento, el obligado debe seguir con el pago de las pensiones alimenticias decretadas. Controversia por el aumento o disminución de alimentos Artículo 712. Cuando exista controversia por el monto del pago de alimentos que establezca el juez, de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior, el asunto se debe resolver en la vía contenciosa. Incidente de aumento o reducción de pensión alimenticia Artículo 713. El procedimiento referido en el artículo anterior, debe ser promovido con el anexo del registro de la audiencia en donde se haya tramitado el procedimiento de jurisdicción voluntaria, con las pruebas conducentes y mediante el ofrecimiento de las que requieran perfeccionarse, para lo cual el juez debe tramitar y resolver en términos de lo establecido en el Libro Segundo de este Código." Los preceptos legales transcritos revelan que las diligencias de jurisdicción voluntaria, son actos que requieren la intervención del juez sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre partes; que si a la solicitud se opusiere parte legítima, el negocio se hará contencioso y se sujetará a los trámites establecidos para el juicio que corresponda; que el juez puede variar o modificar las providencias que dicte, siempre que no tengan fuerza de definitivos o que no se hubiera interpuesto recurso alguno a no ser que se demuestre que cambiaron las circunstancias que afectan el ejercicio de la acción; y del capítulo de los alimentos se observa que el juez los fijará a petición del acreedor, sin audiencia del deudor y mediante la información que estime necesaria. Asimismo, el artículo 14 constitucional en la que se consagra el derecho fundamental de audiencia, prevé: "A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho." Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado en el sentido de diferenciar lo que son los actos privativos que prevé el artículo 14 Constitucional, respecto de los actos de molestia contenidos en el diverso 16; y mediante tesis de jurisprudencia sentó las bases para distinguir unos de otros, pues dijo que los primeros, son aquellos que cumpliendo los requisitos precisados en el propio artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado; mientras que los actos de molestia, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Lo anterior, se puede apreciar en la tesis de Jurisprudencia número P./J. 40/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, del tomo IV, Julio de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 200080, cuyo texto y rubro son: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional." Como puede observarse, los actos a que se refiere el artículo 14 Constitucional, lo son aquellos que privan al sujeto de sus bienes, propiedades, posesiones o derechos, con carácter definitivo; característica de la cual no gozan las de tipo provisional, como lo son las medidas precautorias emitidas dentro de un procedimiento, pues aunque en el acto también puede producir o generar una restricción, ésta no lo es en forma definitiva, que es precisamente a la que se refiere la norma. Tiene aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia número P./J. 21/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 18, del tomo VII, Marzo de 1988, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 196727, que dice: "MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de previa audiencia, establecida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos los que en sí mismos persiguen la privación, con existencia independiente, cuyos efectos son definitivos y no provisionales o accesorios. Ahora bien, las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves; y cuyo objeto es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino también del interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica; por lo que debe considerarse que la emisión de tales providencias no constituye un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes; consecuentemente, para la imposición de las medidas en comento no rige la garantía de previa audiencia." De conformidad con lo aquí expuesto y con los preceptos transcritos, se reitera lo infundado de los conceptos de violación, ya que tales preceptos relativos a las medidas simplemente precautorias o de carácter provisional, encaminadas al aseguramiento de bienes para garantizar el éxito de una reclamación, o a satisfacer de manera provisional una necesidad que, por su naturaleza misma, es de inaplazable atención, no conceden a favor del deudor alimentario el derecho fundamental de audiencia previa a la fijación de la pensión alimenticia, y no por ello son violatorios del artículo 14 Constitucional, pues los actos de privación que este precepto condiciona al otorgamiento previo del referido derecho de audiencia, son aquellos que tienen el carácter de definitivos e irreparables, lo que no ocurre en el caso particular. En este contexto, la afectación provisional del patrimonio del deudor alimentario, se justifica plenamente si se considera que la necesidad de percibir alimentos, por su propia naturaleza, tiene un rango especial dentro del derecho familiar, y por tanto, requiere de disposiciones adecuadas que permitan su pronta satisfacción, pues carecería de sentido el condicionar en todo caso su otorgamiento a un procedimiento previo en el que el deudor pudiera hacer valer recursos o medios legales de defensa que por su tramitación, en muchos casos prolongada, haciendo inoportuna la atención de esa necesidad, que en sí misma implica la subsistencia de la persona. Por otro lado, basta atender el texto de los artículos 682 y del 705 al 713 del propio Código Procesal Familiar de la entidad, para concluir por una parte, que atendiendo a la finalidad y naturaleza propia de las diligencias de jurisdicción voluntaria, no se encuentra previsto que se le llame a las mismas previo al dictado de la resolución que corresponda, al deudor alimentario, pues precisamente ante la urgencia de asegurar los alimentos y evitar que se ponga en estado de insolvencia el deudor es que se encuentra previsto en la ley la tramitación de la fijación de una pensión alimenticia provisional mediante esa vía; la cual no es contenciosa y por tanto no existe obligación legal alguna de llamar a quien se verá afectado con la misma; otorgándole su derecho a inconformarse con lo ahí decidido hasta después de dictada la resolución correspondiente, esto es, el deudor puede, si estima que le afecta apelar la sentencia, o bien, controvertir en juicio contradictorio el derecho del acreedor solicitante, o solicitar la reducción de la cuantía de los alimentos. Es decir, que sí se otorga al deudor alimentario oportunidad de ser oído, aunque con posterioridad a la fijación de la pensión alimenticia provisional, puesto que, como se dijo, puede contradecir el derecho del acreedor o reclamar la reducción de la pensión fijada, sin perder de vista que esa determinación sólo tiene el carácter de provisional según se encuentra así dispuesto en la legislación familiar relativa. En este orden de ideas, resulta inconcuso que en los alimentos provisionales al tratarse de una medida precautoria, no rige el derecho fundamental de audiencia previa previsto por el artículo 14 Constitucional, y por consecuencia, no existe la vulneración de que se duele la parte quejosa en el presente juicio, pues no existe obligación de la autoridad de notificarle, sino hasta que emita su resolución, lo que a la fecha no ha acontecido. Se invoca por analogía, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Tomo I, página 142 del Apéndice 2000, Séptima Época, con número de registro 233012, que dice: "ALIMENTOS PROVISIONALES. LOS ARTÍCULOS 1291 AL 1299 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE MICHOACÁN VIGENTE DESDE EL 1o. DE MARZO DE 1965, NO VIOLAN EL ARTICULO 14 CONSTITUCIONAL. Del análisis de los artículos 1291 al 1299 del Código de Procedimientos Civiles de Michoacán, se observa que si bien es cierto que no conceden en favor del deudor alimentario la garantía de audiencia previa a la fijación de la pensión alimenticia provisional, también lo es que no por ello violan lo dispuesto por el artículo 14 constitucional, pues los actos de privación que este precepto condiciona al otorgamiento previo de la garantía de audiencia, son aquellos que tienen el carácter de definitivos e irreparables, pero en manera alguna prohíbe el que en un ordenamiento legal se establezcan medidas simplemente precautorias o de carácter provisional, encaminadas al aseguramiento de bienes para garantizar el éxito de una reclamación, o a satisfacer provisionalmente una necesidad que, por su naturaleza misma, es de inaplazable atención. Además, la fijación de la pensión alimenticia provisional y su consecuente aseguramiento de bienes del deudor alimentario, no es una medida arbitraria y carente de fundamento, pues de lo dispuesto por los artículos antes citados se colige con facilidad que la resolución en la que se determina el pago de los citados alimentos provisionales, sólo puede dictarse cuando quien lo exige ha acreditado cumplidamente el título en cuya virtud lo pide, aportando, si es por razón de parentesco, las actas del Registro Civil respectivas, o bien la sentencia ejecutoria, el testamento o el contrato elevado a escritura pública en el que conste la obligación alimenticia. Asimismo, es necesario convenir que la afectación provisional del patrimonio del deudor alimentario, se justifica plenamente si se tiene en cuenta que la necesidad de percibir alimentos, por su propia naturaleza, tiene un rango especial dentro del derecho familiar, y por tanto, requiere de disposiciones adecuadas que permitan su pronta satisfacción, pues carecería de sentido el condicionar en todo caso su otorgamiento a un procedimiento previo en el que el deudor pudiera hacer valer recursos o medios legales de defensa que por su tramitación, en muchos casos prolongada, harían inoportuna la atención de esa necesidad, que en sí misma implica la subsistencia de la persona. Por otro lado, basta atender al texto de los artículos 1298 y 1299 para concluir que el deudor puede, si estima que se le afecta sin motivo legal, controvertir en juicio sumario el derecho del acreedor solicitante, o bien reclamar en la vía incidental la reducción de la cuantía de los alimentos. Es decir, que si se da al deudor alimentario oportunidad de ser oído, aunque con posterioridad a la fijación de la pensión alimenticia provisional, puesto que, como se acaba de indicar, puede contradecir el derecho del acreedor o reclamar la reducción de la pensión. No está por demás agregar que el hecho de que la sentencia que se dicta en el cuestionado procedimiento de jurisdicción voluntaria es de carácter declarativo, de ninguna manera puede servir de base para demostrar la inconstitucionalidad, ya que la circunstancia de que el fallo dictado en un procedimiento cualquiera sea de los llamados constitutivos, de condena o simplemente declarativos, no implica que por ello se viole, en perjuicio del demandado, la garantía de audiencia previa al acto de privación definitivo, pues esto únicamente se presenta cuando una autoridad priva o establece un procedimiento para privar definitivamente de sus bienes a la persona, sin antes oírla." Así como la tesis del Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 21, del Tomo 163-168, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 249988, que indica: "ALIMENTOS PROVISIONALES, EN LA FIJACION DE LOS, NO DEBE OIRSE AL OBLIGADO (LEGISLACION DEL ESTADO DE PUEBLA). El artículo 151 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla faculta al Juez natural para fijar el importe de las pensiones alimenticias provisionales sin que para ello deba ser oído a quien se le reclaman los alimentos; es decir, es categórico en cuanto a la designación de la pensión provisional de alimentos ajustándose sólo a lo dispuesto por el artículo 550 del propio ordenamiento y, por ende, no se lesiona la garantía de audiencia del quejoso al no tomar en cuenta su promoción para fijar dicha pensión alimenticia." En consecuencia, al resultar infundados los conceptos de violación expresados por el quejoso, lo procedente es negarle el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitó. OCTAVO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. NOVENO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. DÉCIMO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, respecto de los actos reclamados de las autoridades precisadas en el considerando tercero, por los motivos expuestos en el mismo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, contra los actos que reclama de la Juez Séptimo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; por los motivos expuestos en el considerando séptimo de este fallo. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando octavo de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando octavo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que mediante Circular 28/2023, de diecinueve de octubre del año en curso, se informó que en sesión extraordinaria de esa data, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, declaró inhábiles los días del dieciséis al veinticuatro de octubre en curso, con motivo de las manifestaciones llevadas a cabo por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos; así como a los avisos de suspensión de labores, emitidos por el Coordinador de Juezas y Jueces de Distrito del Decimocuarto Circuito y el Coordinador de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en el Estado de Yucatán, en el que por causas de fuerza mayor, con motivo del paro de labores se suspendieron los términos judiciales y se declararon inhábiles los días del veinticinco al veintinueve de octubre de dos mil veintitrés. Ahora bien, toda vez que la audiencia constitucional de este asunto se encontraba programada para el día diecinueve de octubre en curso, no fue posible su celebración; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON TRECE MINUTOS DEL DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firmó el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria del Juzgado que autorizó y dio fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. ********************Visto lo de cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos, el escrito signado por ********************, en su carácter de tercera interesada en el presente asunto, con el cual se apersona al presente juicio; y en atención a su contenido, se acuerda:********************Con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, hágase relación de las manifestaciones que se realizan a manera de alegatos en el ocurso de cuenta, al celebrarse la referida audiencia constitucional en el presente asunto.********************Asimismo, se tiene como domicilio de la citada tercera interesada, para oír y recibir notificaciones, el que se señala para tal fin; y como sus autorizados, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Iván Nicolás Rodríguez Peniche, mientras que en forma restringida, con las limitantes que establece la parte final del citado precepto, a********************y ********************, hasta en tanto acrediten estar debidamente autorizados para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho.********************Para lo cual, los autorizados restringidos, deberán no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se le otorgue dicha autorización, sino proceder a su registro en los términos establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.********************Finalmente, por cuanto a su petición de que se autorice el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias que integran el expediente relativo al presente juicio, indíquese a la ocursante que deberá estarse a lo acordado en proveído de veinticinco de agosto último.********************Notifíquese y cúmplase.*

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