Juan Carlos Cruz Margarito

Expediente 397/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 13 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
397/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
28/09/2022

Partes del expediente

  • Juan Carlos Cruz Margarito
  • Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Doce

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    MESA VII. Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de quince días que prevé el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de inconformidad contra el acuerdo de veintiuno de junio pasado, que tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo en el presente juicio, sin que hayan hecho valer medio de impugnación alguno. En consecuencia, se declara firme dicho auto, por tanto, como se ordenó en el acuerdo de veintiuno de junio del año en curso, con fundamento en el ordinal 214 de la Ley de Amparo, interpretado en contrario sensu, archívese el presente expediente por ser asunto concluido. (....)

  2. Principal

    MESA VII. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, EL AUTO DE VEINTIUNO DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo otorgado a las partes en proveído de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, a efecto de que hicieran las manifestaciones que estimaran pertinentes en torno al cumplimiento del fallo amparador, feneció, sin que se recibiera expresión al respecto; ahora bien, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a resolver si la sentencia concesoria se encuentra cumplida. (...) En tales condiciones, se tiene que en sentencia engrosada el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, por una parte se sobreseyó en el juicio y, por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; sentencia que causó ejecutoria por auto de dos de marzo del año en cita. La protección constitucional concedida, fue para los siguientes efectos: "1. Celebre una audiencia en la que, en presencia de las partes procesales, inquiera al auxiliar de sala o funcionario designado para tal efecto, sobre si se llevó o no a cabo el proceso de registro de quien se ostentó como defensor público del quejoso, en la audiencia de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, al tenor de lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y descrito en la presente ejecutoria; lo anterior, para verificar si se satisfizo el ejercicio de defensa en favor de ****. 2. En el supuesto de que no se hubiera realizado lo señalado en el punto que antecede, o bien, no se pueda tener certeza de ello al haber sido desahogados tales actos procesales ante diverso juzgador, deberá dejar insubsistentes ese acto procesal [audiencia inicial], así como las decisiones emitidas en esa diligencia reclamada en esta instancia constitucional, esto es, vinculación a proceso; para lo cual, deberá proveer lo conducente con plena observancia a los derechos humanos del imputado, destacando el de defensa adecuada, de lo que deberá dejar constancia fehaciente. 3. En el supuesto de que sí se hubiera llevado a cabo debidamente el procedimiento de registro de quien se ostentó como defensor privado del promovente, deberá así expresarlo en la audiencia respectiva, a fin de que obre constancia de dicha circunstancia en el registro de audio y video relativo, esto es, deberá puntualizar cuál fue la normatividad con que se cumplió al momento de registro y la documentación que fue exhibida para esos fines, con las que se confirma y garantiza la identidad de quien haya presentado la cédula profesional. 4. Solo que de manera exacta se haya acatado plenamente lo descrito en el ordinal que antecede, la resolución decretada en audiencia de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, combatida a través de este juicio constitucional, prevalecerá surtiendo efectos legales, por lo que se deberá continuar con la secuela procesal. Consecuentemente, en auto de dos de marzo de dos mil veintidós, se requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento al fallo protector. En ese sentido, del examen de las documentales y disco versátil digital que acompañó la autoridad responsable en apoyo al cumplimiento de la ejecutoria que se le ordenó y las cuales adquieren valor probatorio de conformidad con los normativos 129, 197, 202, 207, 210 A y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2, y de conformidad con la jurisprudencia: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL, Y DEBEN DE TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL" de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.1 Así, se advierte que la Juez de Control responsable llevó a cabo lo siguiente: 1) A las once horas con treinta y un minutos del diez de marzo de dos mil veintidós, celebró el inicio de la audiencia en la que decretó un receso -solicitó la intervención de un defensor público que asistiera al imputado- y continúo minutos después, en la que hizo constar la presencia del agente del Ministerio Público, el asesor jurídico público, defensor público y el imputado. 2) El defensor público manifestó haber llevado a cabo su registro el nueve de marzo de dos mil veintidós; la juez requirió al asistente de sala para que le informara el motivo por el que se generó esa audiencia, respondiéndole aquél que era para acatar el fallo protector en el que se ordenó que en presencia de las partes procesales, se requiriera al auxiliar de sala para que informara si en la audiencia inicial de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, se llevó a cabo o no el proceso de registro de quien se ostentó como defensor del imputado en aquella diligencia, como se exige en la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para de esa forma constatar si se cumplió el ejercicio de defensa en favor de aquél, de no haber ocurrido así, o no se tenga la certeza de ello, deberá dejar insubsistente la audiencia inicial así como el auto de vinculación a proceso decretado. En ese sentido, dicha juzgadora estimó que la audiencia de veintiuno de mayo referida se llevó a cabo en una sede judicial diferente a la que en ese momento atendía el asunto, por lo que no se tenía la certeza de que el registro de la defensa aludida, hubiese o no cumplido con los requisitos exigidos para tal efecto; por tanto, determinó dejar insubsistente todo lo resuelto en la audiencia de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, luego verificó el procedimiento de registro de cédula profesional llevado a cabo por el defensor público ahí presente, siendo informada por el auxiliar de sala que se habían satisfecho los requisitos de identidad personal y profesional exigidos para tal efecto, así tuvo garantizada la defensa adecuada del imputado y requirió al multicitado defensor para que protestara el cargo que previamente le fue conferido por el imputado, enseguida lo cumplió y la juez responsable dio el uso de la palabra al agente del Ministerio Público quien solicitó se le permitiera formular imputación (tiempo de reproducción 11:03:38 a 12:13:45). En las relatadas circunstancias, es incuestionable que el FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. Se afirma lo anterior, ya que la autoridad responsable, en estricto acatamiento a los lineamientos precisados por este juzgado de amparo, el diez de marzo de dos mil veintidós, celebró una audiencia en la que estuvieron las partes procesales -agente del Ministerio Público, asesor jurídico público, defensor público y el imputado-, indagó si en la audiencia inicial de veintidós de mayo de dos mil veintiuno, la persona que se ostentó como defensor del imputado *****, llevó a cabo el registro de su cédula profesional ante la autoridad correspondiente y cumpliendo los requisitos exigidos para ello, por lo que al no tener la certeza - por las razones que esgrimió -, con acierto, determinó dejar insubsistente todo lo actuado en aquella audiencia incluido el auto de vinculación a proceso decretado a CRUZ MARGARITO y continúo con el trámite de esa diligencia hasta resolver la situación jurídica del imputado -auto de vinculación a proceso- y dictó la medida cautelar correspondiente - prisión preventiva oficiosa-. Por tanto, la determinación adoptada por la autoridad responsable, es congruente con los efectos de la ejecutoria, pues en ella expuso las razones jurídicas que le llevaron a resolver de esa manera. En esas condiciones, conforme lo prevé el numeral 196 de la ley de la materia, se ordena archivar este asunto como concluido. Se determina que este expediente es susceptible de DEPURACIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el inciso b) de la fracción I del ordinal 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, ya que se concedió la protección constitucional; por lo que en su momento únicamente se dejaran para su conservación la demanda de amparo, la resolución recurrida y la sentencia que puso fin al juicio, así como esta determinación, y se destruirán el resto por considerar que no tienen relevancia documental para su conservación. Asimismo, como lo dispone el último párrafo del citado artículo, una vez que transcurran tres años y terminado el proceso de depuración, deberá transferirse el expediente a los depósitos documentales de la Dirección General de Archivo y Documentación. De igual manera, como lo dispone el precepto 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno. Finalmente, la decisión que precede, en modo alguno restringe el derechos de las partes de inconformarse en contra de esta determinación, ya que de acuerdo a lo previsto en el artículo 201, fracción I de la Ley de Amparo, están en aptitud de hacer valer el recurso de inconformidad, ajustándose al trámite previsto en el numeral 202 del referido ordenamiento legal."

  3. Principal

    MESA VII.- Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo otorgado a las partes en proveído de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, a efecto de que hicieran las manifestaciones que estimaran pertinentes en torno al cumplimiento del fallo amparador, feneció, sin que se recibiera expresión al respecto; ahora bien, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a resolver si la sentencia concesoria se encuentra cumplida... En las relatadas circunstancias, es incuestionable que el FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO... En esas condiciones, conforme lo prevé el numeral 196 de la ley de la materia, se ordena archivar este asunto como concluido...

  4. Principal

    MESA I Agréguense los oficios signados por el Juez de Trámite y Subdirector, ambos de la Unidad de Gestión Judicial Dos del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, mediante los cuales, el primero remite la constancia de audiencia inicial de diez de marzo actual, y el segundo un disco versátil digital que contiene los registros de audio y video de esta, lo anterior en acatamiento a la sentencia de amparo. Al respecto, resguárdese el disco enviado y en el momento procesal oportuno, provéase lo relativo a su devolución. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, de la Ley de Amparo, se ordena dar vista por el plazo de tres días a la parte quejosa y terceros interesados, con dicho oficio y anexos, lo anterior, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, en el entendido que de no hacerlo, se resolverá sobre el acatamiento del fallo protector con base en las constancias de autos.

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