Juan Carlos Cortez Vargas
Expediente 394/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 394/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Juan Carlos Cortez Vargas
Actuaciones
- Principal
- causa estado - Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de dos de abril de dos mil dieciocho, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer; por tanto, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo. En cumplimiento a la fracción I, del artículo vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, se establece que este expediente es destruible. Asimismo, se hace constar que no obran documentos originales. Finalmente, de conformidad con el segundo párrafo del punto Décimo Primero, en relación con el último párrafo del punto Vigésimo Primero, ambos del Acuerdo General antes mencionado, al advertirse que el presente juicio no actualiza alguno de los supuestos previstos en el último de los puntos indicados, ni se observa que se trate de archivo de carácter histórico o se haya emitido alguna resolución de trascendencia jurídica, política, social o económica; por tanto, el presente asunto no es de relevancia documental.(III)
- Principal
Vistos los autos del presente juicio de amparo se advierte que: 1. El veintiocho de marzo del año en curso, se recibió la demanda de amparo promovida por Brenda Ariel Valenzuela Camarena, a promover demanda de amparo en favor de Juan Carlos Cortez Vargas, contra actos del Juez Municipal en turno adscrito a la Dirección de Justicia Municipal del Complejo de Seguridad Pública Municipal (C4) y otras autoridades, en el que reclamó la detención e incomunicación del quejoso del mencionado Juan Carlos Cortez Vargas. 2. Dicha demanda fue registrada con el número 394/2018-III, se concedió la suspensión de plano respecto de los actos de incomunicación, tortura y cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como respecto de los ataques a la libertad fuera de procedimiento. 3. En razón actuarial de veintiocho de marzo de dos mil dieciocho (foja 17), el actuario adscrito se constituyó en las instalaciones del Complejo de Seguridad Pública Municipal (C-4), específicamente en el área de los separos de la Dirección de Justicia Municipal, de esta ciudad, donde fue atendido por la Juez Calificador, quien le informó que Juan Carlos Cortez Vargas sí había estado detenido, pero el veintiocho del mencionado mes y año fue puesto en libertad, al haber pagado la multa impuesta. 4. En oficio recepcionado en este juzgado el dos de abril del año de curso, el que se agrega para que obre como corresponda, la autoridad responsable Juez Municipal en turno adscrito a la Dirección de Justicia Municipal, rindió informe con relación a la suspensión de plano y de la documental que anexa -copia certificada de boleta de libertad- se advierte que el directo quejoso Juan Carlos Cortez Vargas, fue puesto en libertad el veintiocho de marzo de este año, a las 19:30 horas, al haber pagado la multa que le fue impuesta. Narrados los antecedentes de mérito, conviene citar el artículo 15 de la Ley de Amparo que dice: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona." Puntualizados los antecedentes, y con apoyo en el artículo transcrito, se concluye que ha lugar a tener por no presentada la demanda, ya que no puede seguir en movimiento la actividad jurisdiccional federal, como controlador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precisamente por la falta de la voluntad del promovente, aunado a que existen datos objetivos que evidencian que el directo quejoso fue puesto en libertad. Esto es así, dado que no hay instancia de parte agraviada y menos la existencia de agravio personal y directo, ante la situación jurídica actual que impera en el aludido quejoso -está en libertad-. No está por demás señalar, que si bien el artículo 15 de la Ley de Amparo, establece que si a pesar de las medidas tomadas no se hubiere podido lograr la comparecencia del quejoso, después de que se haya resuelto sobre la suspensión definitiva, se mandará suspender el procedimiento en lo principal, comunicándose los hechos al Ministerio Público; sin embargo, en la situación particular, tal hipótesis no opera, pues de acuerdo a los antecedentes narrados, el directo quejoso está en libertad.
- Principal
Se notifica por lista a la quejosa, proveído de veintidós de marzo dos mil dieciocho... En tales condiciones este Juzgado considera que se ha restituido a la parte agraviada en el goce del derecho violado, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Por tanto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y tercero, del ordenamiento legal invocado, se declara cumplida la ejecutoria en su totalidad, sin exceso ni defectos en la misma. Dése aviso a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, envíese al archivo. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina lo siguiente: 1. El expediente principal es depurable de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV, del artículo vigésimo primero, en razón de que el uno de diciembre de dos mil dieciséis, se sobreseyó, por otra parte se negó y por otro lado se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; virtud a ello, en su oportunidad deberá conservarse dicha resolución y la demanda. 2. El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión, es depurable, en términos de la fracción III, segundo párrafo del artículo vigésimo primero, del referido ordenamiento legal, por interlocutoria de veintiuno de junio de dos mil dieciséis, se negó y por otra parte se concedió la suspensión definitiva, virtud a ello, en su oportunidad deberá conservarse dicha resolución. 3. El duplicado del incidente de suspensión de referencia es destruible en términos del artículo vigésimo, fracción III, del citado ordenamiento, señalándose como fecha probable para tal efecto, el día veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho. 4. El cuaderno de antecedentes formado con motivo del envío de los autos a revisión es destruible en términos del artículo vigésimo fracción I, señalando como fecha probable de destrucción el veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho; mientras tanto, guárdese en el archivo de este Juzgado en el legajo correspondiente; previo desglose de las actuaciones posteriores al envío de los autos al referido Tribunal Colegiado, las cuales deberán integrarse al expediente principal para que obren como corresponda. Asimismo, se hace constar que no obran documentos originales. Finalmente, de conformidad con el segundo párrafo del punto Décimo Primero, en relación con el último párrafo del punto Vigésimo Primero, ambos del Acuerdo General antes mencionado, al advertirse que el presente juicio no actualiza alguno de los supuestos previstos en el último de los puntos indicados, ni se observa que se trate de archivo de carácter histórico o se haya emitido alguna resolución de trascendencia jurídica, política, social o económica; por tanto, el presente asunto no es de relevancia documental.(IV)
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