Juan Carlos Cortés Acoltzi

Expediente 121/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 9 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
121/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
24/04/2019

Partes del expediente

  • Juan Carlos Cortés Acoltzi

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del auto de seis de marzo de dos mil diecinueve (fojas 38 a 42), mediante la cual se determinó sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, promovido por Juan Carlos Cortés Acoltzi, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Se ordena archivo y destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes tanto en el libro de gobierno, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral Vigésimo Primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez que transcurra el plazo de cinco años que dispone el referido artículo Vigésimo Primero. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, tanto el expediente principal como el cuaderno incidental original, deberán transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión se negó la medida provisional y definitiva solicitada, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo Vigésimo Primero, fracción III, del mismo Acuerdo, por tanto, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el citado plazo de cinco años que prevé el numeral en cita. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral Vigésimo, fracción III, de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Devolución de documentos Por otra parte, no es necesario requerir a las partes para la devolución de los documentos originales al no obrar éstos en autos.

  2. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de seis de marzo de dos mil diecinueve: Apizaco, Tlaxcala, seis de marzo de dos mil diecinueve. Autoridad remite constancias. Agréguese el oficio signado por la Presidente y Representante de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala; por medio del cual remite copia certificada del convenio voluntario celebrado por el aquí quejoso como a la tercera interesada de uno de marzo de dos mil diecinueve, en su modalidad de cumplimiento del laudo de once de marzo de dos mil catorce. Se decreta sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, de las constancias remitidas por la Presidente y Representante de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, se advierte que las partes tanto el aquí quejoso como la tercera interesada, celebraron convenio voluntario de uno de marzo de dos mil diecinueve, en su modalidad de cumplimiento del laudo de once de marzo de dos mil catorce, dictado en el expediente laboral C.D.T. 512/2012-4; teniéndose por recibido en esta data, copia certificada de las constancias con las que acredita dicha circunstancia, documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. Así entonces, del contenido de las constancias que anexa, se advierte que el quejoso ha consentido tácitamente la resolución interlocutoria de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, que declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones, derivado del juicio laboral C.D.T. 512/2012-4 y su ejecución reclamadas que dieron origen al presente juicio. En ese tenor, debe destacarse que del análisis de las documentales aportadas por la autoridad oficiante, se advierte que exhibió copia certificada del convenio voluntario de uno de marzo de dos mil diecinueve, en su modalidad de cumplimiento del laudo de once de marzo de dos mil catorce, dictado en el expediente laboral C.D.T. 512/2012-4, de su índice, de las que se desprende que el uno de marzo del año en curso, se celebró convenio voluntario en su modalidad de cumplimiento de laudo, con el que las partes desean dar por concluido el asunto de origen. En dicho convenio se aprecia que Juan Carlos Cortés Acoltzi, se comprometió a pagar la cantidad de $1,217,456.90 (Un millón doscientos diecisiete mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos 90/100 M.N.); por concepto de condena y salarios caídos, en donde la parte actora manifestó haber recibido la cantidad de $967,456.90 (Novecientos sesenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos 90/100 M.N), por parte del demandado, restando únicamente la cantidad de $250,000.00; (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.); en ese acto la parte demanda hizo entrega a la actora por la cantidad de $100.000.00, (Cien mil pesos 00/100 m.n.) en efectivo; restando la cantidad de $150.000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 m.n.), de la cual se advierte que el aquí quejoso se comprometió depositar dicha cantidad ante la responsable el día cuatro de junio de dos mil diecinueve; evidenciándose así el total consentimiento del quejoso al someterse a dicho convenio en cumplimiento del laudo dictado por la responsable y dar por terminado el asunto. Lo expuesto pone de relieve que en el caso, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, al celebrarse el convenio voluntario de uno de marzo de dos mil diecinueve, en su modalidad de cumplimiento del laudo de once de marzo de dos mil catorce, dictado en el expediente laboral C.D.T. 512/2012-4, en donde las partes de sometieron a dicho convenio; circunstancia que impone sobreseer el juicio fuera de la audiencia de ley. Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente el quejoso, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Cobra aplicación al razonamiento expuesto, la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, correspondiente a Marzo de 2003, Novena Época, cuyo contenido se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. En ese sentido, tal como se precisó, de oficio se advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento;" De la transcripción del citado numeral, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos que la parte quejosa hubiere consentido expresamente o por manifestaciones de su voluntad que impliquen dicho consentimiento. Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para que se actualice esta causa de improcedencia resulta necesario que se cumplan con las siguientes condiciones. Que el acto reclamado exista. Que dicho acto cause un agravio al quejoso. Que el impetrante del amparo se haya conformado con el acto impugnado o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 139-144, primera parte, séptima época, página trece, cuyos rubro y texto son: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad." En similares términos se pronunció la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, al establecer la jurisprudencia 2a./J.148/2006, que en la parte considerativa de la ejecutoria correspondiente, señaló: (.) El criterio referido señala que un acto se considera consentido expresamente, para efectos de la improcedencia del juicio de amparo, cuando se cumplan tres requisitos, a saber: a) Que el acto reclamado exista, pues no podría expresarse el consentimiento de un acto que no se conoce y que, por lo mismo, no se hayan ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar de eso, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad. (.) b) Que el acto cause un agravio al quejoso, pues si no fuera así, aunque el quejoso estuviera conforme con aquél, ninguna relevancia tendría para la promoción del amparo que, desde luego, no sería intentado. (.) c) Que el quejoso se haya conformado con el acto reclamado o haya realizado manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. En este sentido, puede decirse que se consiente expresamente un acto o una ley cuando el particular realiza una conducta de manera espontánea que se apoye en dicho acto o ley, es decir, cuando se produce una conducta concreta con la que se está cumpliendo una orden de autoridad o se está sometiendo a los supuestos normativos de un ordenamiento." (Lo destacado es propio) En el caso, respecto de los actos precisados se actualiza la causa de improcedencia aludida porque se satisfacen los tres requisitos mencionados. Lo anterior, porque respecto al primero de ellos, se acreditó las documentales que anexó la autoridad responsable a su informe justificado, de la que se advierte la existencia de los actos reclamados (fojas 211 a 217 del anexo). La segunda condición también se cumple, porque con la resolución combatida se declaró improcedente la incidencia promovida de la parte quejosa, lo cual es contrario a sus intereses y pretensiones. Finalmente, el tercer requisito se satisface porque de las constancias anexas al oficio de cuenta, remitidas por la responsable, se desprende la copia certificada del convenio voluntario de uno de marzo de dos mil diecinueve, en su modalidad de cumplimiento del laudo de once de marzo de dos mil catorce, dictado en el expediente laboral C.D.T. 512/2012-4, de su índice, con la cual, es evidente que la parte quejosa consintió tácitamente los actos aquí reclamados. Esto es así, pues la parte quejosa esencialmente se inconforma de que no le fue legalmente notificado el laudo de once de marzo de dos mil catorce, por lo que promovió el incidente respectivo, el cual le fue declarado improcedente, entonces, si con el convenio referido en el párrafo que antecede expresó su voluntad de dar cumplimiento a dicho laudo, es inconcuso que su actuar entraña el consentimiento tácito de los actos aquí reclamados. En tal virtud, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en el diverso numeral 63 fracción V, de la ley de la materia, pues a ningún fin práctico conduciría admitir y desahogar pruebas que de modo alguno puedan desvirtuar la causa de improcedencia y esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, pues lo único que traería consigo es retardar la impartición de justicia, lo que es contrario a lo que establece al artículo 17 de la Constitución Federal. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio constitucional respecto del acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL TRECE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE (foja 30 vuelta); por tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Jorge Vallejo Rivera, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte tercera interesada, el contenido del proveido de seis de marzo de dos mil diecinueve: Apizaco, Tlaxcala, seis de marzo de dos mil diecinueve. Autoridad remite constancias. Agréguese el oficio signado por la Presidente y Representante de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala; por medio del cual remite copia certificada del convenio voluntario celebrado por el aquí quejoso como a la tercera interesada de uno de marzo de dos mil diecinueve, en su modalidad de cumplimiento del laudo de once de marzo de dos mil catorce. Se decreta sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, de las constancias remitidas por la Presidente y Representante de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, se advierte que las partes tanto el aquí quejoso como la tercera interesada, celebraron convenio voluntario de uno de marzo de dos mil diecinueve, en su modalidad de cumplimiento del laudo de once de marzo de dos mil catorce, dictado en el expediente laboral C.D.T. 512/2012-4; teniéndose por recibido en esta data, copia certificada de las constancias con las que acredita dicha circunstancia, documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. Así entonces, del contenido de las constancias que anexa, se advierte que el quejoso ha consentido tácitamente la resolución interlocutoria de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, que declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones, derivado del juicio laboral C.D.T. 512/2012-4 y su ejecución reclamadas que dieron origen al presente juicio. En ese tenor, debe destacarse que del análisis de las documentales aportadas por la autoridad oficiante, se advierte que exhibió copia certificada del convenio voluntario de uno de marzo de dos mil diecinueve, en su modalidad de cumplimiento del laudo de once de marzo de dos mil catorce, dictado en el expediente laboral C.D.T. 512/2012-4, de su índice, de las que se desprende que el uno de marzo del año en curso, se celebró convenio voluntario en su modalidad de cumplimiento de laudo, con el que las partes desean dar por concluido el asunto de origen. En dicho convenio se aprecia que Juan Carlos Cortés Acoltzi, se comprometió a pagar la cantidad de $1,217,456.90 (Un millón doscientos diecisiete mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos 90/100 M.N.); por concepto de condena y salarios caídos, en donde la parte actora manifestó haber recibido la cantidad de $967,456.90 (Novecientos sesenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos 90/100 M.N), por parte del demandado, restando únicamente la cantidad de $250,000.00; (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.); en ese acto la parte demanda hizo entrega a la actora por la cantidad de $100.000.00, (Cien mil pesos 00/100 m.n.) en efectivo; restando la cantidad de $150.000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 m.n.), de la cual se advierte que el aquí quejoso se comprometió depositar dicha cantidad ante la responsable el día cuatro de junio de dos mil diecinueve; evidenciándose así el total consentimiento del quejoso al someterse a dicho convenio en cumplimiento del laudo dictado por la responsable y dar por terminado el asunto. Lo expuesto pone de relieve que en el caso, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, al celebrarse el convenio voluntario de uno de marzo de dos mil diecinueve, en su modalidad de cumplimiento del laudo de once de marzo de dos mil catorce, dictado en el expediente laboral C.D.T. 512/2012-4, en donde las partes de sometieron a dicho convenio; circunstancia que impone sobreseer el juicio fuera de la audiencia de ley. Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente el quejoso, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Cobra aplicación al razonamiento expuesto, la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, correspondiente a Marzo de 2003, Novena Época, cuyo contenido se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. En ese sentido, tal como se precisó, de oficio se advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento;" De la transcripción del citado numeral, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos que la parte quejosa hubiere consentido expresamente o por manifestaciones de su voluntad que impliquen dicho consentimiento. Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para que se actualice esta causa de improcedencia resulta necesario que se cumplan con las siguientes condiciones. Que el acto reclamado exista. Que dicho acto cause un agravio al quejoso. Que el impetrante del amparo se haya conformado con el acto impugnado o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 139-144, primera parte, séptima época, página trece, cuyos rubro y texto son: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad." En similares términos se pronunció la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, al establecer la jurisprudencia 2a./J.148/2006, que en la parte considerativa de la ejecutoria correspondiente, señaló: (.) El criterio referido señala que un acto se considera consentido expresamente, para efectos de la improcedencia del juicio de amparo, cuando se cumplan tres requisitos, a saber: a) Que el acto reclamado exista, pues no podría expresarse el consentimiento de un acto que no se conoce y que, por lo mismo, no se hayan ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar de eso, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad. (.) b) Que el acto cause un agravio al quejoso, pues si no fuera así, aunque el quejoso estuviera conforme con aquél, ninguna relevancia tendría para la promoción del amparo que, desde luego, no sería intentado. (.) c) Que el quejoso se haya conformado con el acto reclamado o haya realizado manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. En este sentido, puede decirse que se consiente expresamente un acto o una ley cuando el particular realiza una conducta de manera espontánea que se apoye en dicho acto o ley, es decir, cuando se produce una conducta concreta con la que se está cumpliendo una orden de autoridad o se está sometiendo a los supuestos normativos de un ordenamiento." (Lo destacado es propio) En el caso, respecto de los actos precisados se actualiza la causa de improcedencia aludida porque se satisfacen los tres requisitos mencionados. Lo anterior, porque respecto al primero de ellos, se acreditó las documentales que anexó la autoridad responsable a su informe justificado, de la que se advierte la existencia de los actos reclamados (fojas 211 a 217 del anexo). La segunda condición también se cumple, porque con la resolución combatida se declaró improcedente la incidencia promovida de la parte quejosa, lo cual es contrario a sus intereses y pretensiones. Finalmente, el tercer requisito se satisface porque de las constancias anexas al oficio de cuenta, remitidas por la responsable, se desprende la copia certificada del convenio voluntario de uno de marzo de dos mil diecinueve, en su modalidad de cumplimiento del laudo de once de marzo de dos mil catorce, dictado en el expediente laboral C.D.T. 512/2012-4, de su índice, con la cual, es evidente que la parte quejosa consintió tácitamente los actos aquí reclamados. Esto es así, pues la parte quejosa esencialmente se inconforma de que no le fue legalmente notificado el laudo de once de marzo de dos mil catorce, por lo que promovió el incidente respectivo, el cual le fue declarado improcedente, entonces, si con el convenio referido en el párrafo que antecede expresó su voluntad de dar cumplimiento a dicho laudo, es inconcuso que su actuar entraña el consentimiento tácito de los actos aquí reclamados. En tal virtud, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en el diverso numeral 63 fracción V, de la ley de la materia, pues a ningún fin práctico conduciría admitir y desahogar pruebas que de modo alguno puedan desvirtuar la causa de improcedencia y esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, pues lo único que traería consigo es retardar la impartición de justicia, lo que es contrario a lo que establece al artículo 17 de la Constitución Federal. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio constitucional respecto del acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL TRECE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE (foja 30 vuelta); por tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Jorge Vallejo Rivera, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte tercera interesada, el contenido de los proveidos de quince de febrero y el diverso de cuatro de marzo ambos de dos mil diecinueve: Radicación de demanda de amparo. Vista la demanda que promueve Juan Carlos Cortés Acoltzi, contra actos del Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 121/2019-I. Admisión de demanda. En atención a que la demanda satisface los requisitos que establecen los numerales 108 y 110 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 fracciones VII y XV, de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 35, 37, 107, 112, 115 y 116 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo propuesta. Audiencia constitucional. Se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL TRECE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Incidente de suspensión. Ahora bien, en atención a que se solicita la suspensión del acto reclamado, con copia certificada del presente acuerdo, así como copia de la demanda, fórmese por separado y por duplicado el incidente de suspensión. Intervención del Agente del Ministerio Público de la Federación. Dese la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, corriéndole traslado con copia simple del escrito inicial de demanda, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 5° de la Ley de Amparo. Tercera interesada. Asimismo, conforme a lo establecido por el artículo 5° fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo vigente, se tiene como tercera interesada a: Ma. de los Ángeles Méndez Velázquez, con domicilio en calle Adolfo López Mateos, número dieciséis "A" de la colonia Adolfo López Mateos, ciudad de Tlaxcala, Tlaxcala. Agréguese los oficios signados por la Presidente y Representante de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala y Secretaría General adscrita a la misma; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se les tiene por rendido su respectivo informe justificado. Con el contenido de los informes de mérito, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, y manifiesten lo que a su derecho convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de hacer relación de los mismos al celebrarse la audiencia constitucional. Se ordena emplazamiento de tercera interesada Ahora bien, se advierte que el veintiuno de febrero del año en curso, se reservó lo conducente al emplazamiento a la tercera interesada Ma. de los Ángeles Méndez Vázquez, hasta en tanto obraran las constancias del expediente que deriva el acto reclamado, lo cual se acredita con las constancias remitidas por la responsable, ahora bien se advierte un diverso domicilio de la tercera interesada: Ma. de los Ángeles Méndez Vázquez, con domicilio ubicado en calle la Unión, número dos, Colonia San Gabriel Cuahutla, Tlaxcala, Tlaxcala. En consecuencia, se comisiona a uno de los actuarios adscritos a este juzgado para que se constituya en el domicilio de Ma. de los Ángeles Méndez Vázquez, a efecto de que con copia simple de la demanda de amparo, auto admisorio y el presente proveído, emplace a dicha tercera interesada y le haga saber que se encuentran señaladas las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL TRECE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio y el derecho que tiene de apersonarse a juicio si a su interés conviene. Asimismo, le requiera para que en el mismo acto de la diligencia, o dentro del plazo de tres días, señale domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones ante este juzgado en la zona metropolitana Apizaco-Tlaxcala, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes se realizaran en el domicilio donde sea emplazada. Pruebas de las autoridades responsables Ténganse como prueba de la autoridad la Presidente y Representante de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, las documentales que anexa, a su oficio de cuenta, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en la audiencia constitucional, en términos del numeral 143, segundo párrafo de la Ley de Amparo. Ahora bien, tomando en consideración lo voluminoso de las constancias remitidas por la Presidente y Representante de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, para su mejor manejo y estudio, las mismas correrán por cuerda separada debidamente identificadas como ANEXO I, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.

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