Juan Carlos Corona Torres

Expediente 2/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
2/2017
Año
2017
Actuaciones
10
Última actuación
30/03/2017

Partes del expediente

  • Juan Carlos Corona Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; treinta de marzo de dos mil diecisiete. Por recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, mediante el cual solicita que le sean remitidas copias certificadas de lo siguiente: Papeleta Demanda Sentencia Atento a lo anterior, remítanse a la autoridad oficiante las copias que refiere para los efectos legales que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; dieciséis de marzo de dos mil diecisiete. La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no recurrió la sentencia dictada el veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, por la cual se sobreseyó en este asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha adquirido firmeza procesal para todos los efectos legales conducentes y las anotaciones correspondientes háganse en el Libro de Gobierno. Por otra parte, del estado procesal de autos se advierte que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: 1. Este expediente es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso II, del Acuerdo General Conjunto referido), pues se sobreseyó en este asunto. 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna, que autoriza, firma y da fe.

  3. Principal

    III. Visto para resolver el juicio de amparo indirecto 2/2017-III; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el dos de enero de dos mil diecisiete, en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Maricela Torres Vilchis en su carácter de mandataria de Juan Carlos Corona Torres, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que se mencionan a continuación: "III. AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES: Delegado en el Estado de México del Registro Agrario Nacional. IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN RECLAMADA: Omisión de respuesta a la petición de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis." SEGUNDO. Derechos humanos violados. El quejoso señaló como derechos humanos violados, los protegidos por el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (foja 4). TERCERO. Trámite del amparo. Recibida la demanda en este juzgado de Distrito, se registró con el juicio de amparo indirecto 2/2017-III, por auto de tres de enero de dos mil diecisiete (foja 12), se admitió; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público Federal adscrito; y, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional. Por auto de doce de enero de dos mil diecisiete, se previno al quejoso para que en el término de quince días computados legalmente manifestara si era su deseo señalar como acto reclamado la contestación que recayó al escrito de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, presentado el veintinueve del mismo mes y año, ante el Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de México; sin embargo, al no haber hecho manifestación al respecto, se ciñó la litis a lo planteado inicialmente. Acontecido lo anterior, la audiencia constitucional se llevó a cabo en términos del acta que antecede y que forma parte de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 1, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que se reclaman omisiones atribuidas a autoridades administrativas, con residencia dentro de la jurisdicción donde este juzgado de Distrito ejerce su competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es conveniente precisar que el acto reclamado se hace consistir en: La omisión de dar contestación al escrito de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, presentado el veintinueve del mismo mes y año, ante el Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de México. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de México, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto que se le reclama. Con independencia de la negativa, el suscrito no deja de advertir que de su informe justificado se advierte que manifestó que el siete de octubre de dos mil dieciséis, emitió una respuesta al quejoso en relación a su solicitud sobre la calificación registral de la solicitud de transmisión de derechos agrarios por sucesión, en el expediente 15160021195; lo que implica la existencia del acto que se reclama, sin que, sea dable analizar en este apartado, si dicho acto es trasgresor de la garantía contenida en el artículo 8º constitucional, pues ello, será materia en su caso, del análisis del fondo del asunto, en el apartado correspondiente. Lo anterior, se corrobora con las constancias que acompañó a su informe justificado consistente en la calificación registral de siete de octubre de dos mil dieciséis, mediante la cual da contestación a la petición formulada por el quejoso, relativa a la calificación registral de la solicitud de transmisión de derechos agrarios con número de expediente 15160021195; a las cuales por ser documentos públicos, se les concede valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°. Los razonamientos vertidos encuentran apoyo en la tesis publicada en la página 391, del Tomo XIV, de julio de mil novecientos noventa y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación, de la Octava Época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que establece: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación deben analizarse las causales de improcedencia, cuyo estudio es preferente conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Este juzgador considera que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado atribuido al Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de México, consistente en la omisión de dar contestación al escrito veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, presentado el veintinueve del mismo mes y año; pues de las constancias que obran en autos se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado. En efecto, la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Por tanto tenemos que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61, de la ley de la materia, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Al respecto, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, se pronunció en la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, Tomo IX, Junio de 1999, visible a folio 38, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que en su epígrafe señala: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Y esto es lo que acontece en el caso particular, pues el acto del que se duele el quejoso es la omisión del Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de México, de dar contestación a su escrito de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, presentado el veintinueve siguiente. Sin embargo, de las constancias que remitió la responsable, a las cuales se les otorgó valor probatorio, por cumplir con los requisitos que deben reunir los documentos públicos, se advierte que el siete de octubre de dos mil dieciséis, emitió una respuesta al quejoso en relación a su solicitud en relación a la calificación registral de la solicitud de transmisión de derechos agrarios por sucesión, en el expediente 15160021195, siendo una calificación negativa. Razón por la cual, se estima que la autoridad responsable ya dio cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 8º Constitucional, pues dio contestación por escrito a la petición que le fue formulada, con la cual se le dio vista por auto de doce de enero de dos mil diecisiete a fin de que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo respecto de tal respuesta sin que lo hiciera. Por lo cual, es evidente la actualización de la causal de improcedencia en el juicio de garantías, pues la omisión de la que se duele el quejoso dejó de existir, con los mismos efectos que si se le hubiera concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, ya que se emitió respuesta al quejoso en relación a su solicitud en relación a la calificación registral de la solicitud de transmisión de derechos agrarios por sucesión, en el expediente 15160021195, siendo una calificación negativa Efectivamente, la conducta omisiva ejercida por la responsable, que motivó la promoción del juicio de amparo, cesó al haber emitido respuesta en relación a la solicitud de quejoso relativa a la calificación registral de la solicitud de transmisión de derechos agrarios por sucesión, en el expediente 15160021195, siendo una calificación negativa, dando respuesta con ello a su escrito de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, presentado el veintinueve siguiente ante el Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de México, con lo que se cumplen las obligaciones previstas en el artículo 8º Constitucional. De ahí que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no lesiona la esfera jurídica del quejoso ni lo hará, al haber dejado de existir, por una determinación expresa de la autoridad omisa, pues aún y cuando no se advierte que haya llevado a cabo la notificación correspondiente, lo cierto es que el quejoso tuvo conocimiento de la respuesta dada a su petición por la autoridad responsable; pues incluso se le requirió para que manifestara si era su deseo ampliar su demanda respecto a la respuesta en este juicio, sin que lo hiciera. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 205/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 164/2008, visible en la página 605, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, Novena Época, del rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." Por lo cual, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio respecto a dicho acto de autoridad, de conformidad con lo establecido en el numeral 63, fracción V, de la ley en cita. Por lo expuesto, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías, promovido por Juan Carlos Corona Torres, por conducto de su mandataria Maricela Torres Vilchis, contra la autoridad y el acto precisados en los considerandos segundo y tercero, por las razones expuestas en el considerando cuarto de la presente determinación. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Breyman Labastida Martínez Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna, que autoriza, firma y da fe.

  4. Principal

    III.Toluca, Estado de México; veintitrés de febrero de dos mil diecisiete. Por recibido el escrito de cuenta, a través del cual Maricela Torres Vilchis, mandataria de Juan Carlos Corona Torres, solicita se le requiera a la autoridad responsable copias certificadas del expediente recaído a la solicitud 15160021195. Atento a lo anterior, con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos y dígasele a la parte quejosa que las constancias remitidas por el Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de México, son suficientes para resolver el presente juicio de amparo. Por otra parte, respecto a la solicitud al diferimiento, dígasele a la promovente que una vez que llegue la fecha de la audiencia constitucional se acordara lo conducente. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Israel Díaz Reyna, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por licencia del titular, en terminos del articulo 43 de la Ley Organica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa con la Secretaria Irma Zoraida Campos Navarro que autoriza, firma y da fe.

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