Juan Carlos Cordero Alvarado
Expediente 729/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 729/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juan Carlos Cordero Alvarado
Actuaciones
- Principal
Se declara que ha causado estado la determinación en que se desechó de plano la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de quince de diciembre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, en virtud de que se desechó la demanda de amparo. archívese y remítase al lugar de su guarda.
- Principal
Se reanudan plazos y términos. De autos, y conforme a las circulares CAP/3/2020, de veinte de diciembre de dos mil veinte, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021, SECNO/9/2021, SECNO/10/2021 y SECNO/12/2021 de ocho, dieciséis y veintitrés de enero, así como seis, trece y veinte de febrero de dos mil veintiuno, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal determinó suspender los plazos y términos del periodo comprendido del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, del doce al dieciocho y del diecinueve al veinticinco, todos de enero de dos mil veintiuno, del veintiséis de enero al nueve de febrero, del diez al quince, del dieciséis al veintidós, todos de febrero del año en curso, así como del veintitrés de febrero al uno de marzo de la presente anualidad, regresando al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID 19), con el objetivo de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus. Posteriormente, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal emitió la circular SECNO/13/2021, de veintisiete de febrero pasado, que establece un breve régimen de transición para los órganos jurisdiccionales ubicados en los Circuitos Judiciales de Guerrero y Guanajuato, consistente en que los días dos y tres de marzo de dos mil veintiuno, será aplicable el esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I a IV del Acuerdo General 13/2020, periodo durante el cual se suspenden plazos y términos. La referida circular SECNO/13/2021 estableció que a partir del cuatro de marzo de dos mil veintiuno, el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal mediante el Acuerdo General 1/2021, con relación al periodo de vigencia; por tanto, lo procedente es reanudar los plazos y términos en el presente asunto. Se ordena notificación de auto a la parte quejosa. Del estado procesal que guardan los presentes autos, se comisiona al actuario de la adscripción para que una vez notificado el presente proveído, notifique el acuerdo de quince de diciembre del año pasado, en los términos indicados en el mismo, para que la parte quejosa tenga conocimiento de dicho proveído.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 15 DE DICIEMBRE DE 2020, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "León, Guanajuato; quince de diciembre de dos mil veinte. Parte quejosa. Juan Carlos Cordero Alvarado. II. Autoridad responsable. Magistrado de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, residente en Guanajuato, capital y otra autoridad. III. Registro en libro de gobierno. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo, con el número 729/2020-IV, y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. IV. fijación de la litis. Ahora bien, vista la demanda de amparo presentada se advierte que la parte quejosa reclama: La resolución de treinta de noviembre de dos mil veinte, dictada por la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, dentro del toca 429/2020, de su índice, mediante la cual, confirma la interlocutoria de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, a través de la cual el Juez Decimotercero Civil de Partido de esta ciudad, declaró improcedente el incidente de falta de personalidad planteado por el impetrante del amparo, en la etapa de ejecución de sentencia del juicio ordinario civil C373/2016, de su índice. V. Improcedencia de la demanda de amparo. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que, al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. Además, es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, la suscrita estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior.". Ahora, la transcripción de las porciones normativas antes transcritas revela que tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, por regla general, el juicio de amparo debe intentarse contra la última resolución dictada en dicha etapa, lo cual implica que las decisiones intermedias ahí pronunciadas no pueden ser impugnadas en la vía constitucional, puesto que las violaciones que pudieran cometerse durante el trámite de esa fase que causen una afectación en la esfera jurídica del gobernado pueden ser reclamadas en la misma demanda de amparo que, en todo caso, se llegue a promover contra la aludida última determinación que se dicte en ella, entendiendo por "última resolución", la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. En efecto, es menester indicar que la redacción de la ley vigente limita de manera precisa lo que se debe entender como última resolución, utilizando la palabra "sólo" para referirse a un catálogo limitativo, no enunciativo, de tres supuestos que deben considerarse como la "última resolución", en los procedimientos de ejecución. La razón de lo anterior, es limitar la viabilidad del juicio biinstancial, evitando así que los gobernados abusen del ejercicio de esta acción constitucional y, por ende, que se entorpezca la ejecución de las sentencias, ya que se considera una cuestión de orden público que éstas produzcan materialmente sus efectos jurídicos, por lo que ese proceso ni siquiera puede ser interrumpido por la parte que haya resultado vencedora en la controversia natural. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, la determinación emitida el treinta de noviembre de dos mil veinte, en el toca 429/2020, únicamente confirmó la interlocutoria de veinticuatro de septiembre del mismo año, dictada por el Juez Décimo Tercero Civil de Partido de esta ciudad, en la que declaró improcedente el incidente de falta de personalidad promovido por el quejoso dentro de la etapa de ejecución de sentencia de juicio ordinario civil C373/2016; por tanto, no constituye la última resolución dictada en ejecución de sentencia del juicio de origen, en razón de que no determina su cumplimiento o la imposibilidad para ello. Por tanto, deviene innegable que la determinación reclamada por el quejoso, se suscitó en el periodo de ejecución de sentencia del juicio de origen, por lo que sólo podrá ser impugnado al controvertir en amparo la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, donde podrá reclamar las violaciones suscitadas durante toda la fase de ejecución de sentencia y que lo hubiere dejado sin defensa, pues tal determinación, no implica una decisión que involucre aprobar o reconocer el cumplimiento total de lo sentenciado, como ya quedó previamente establecido, pues aún no se ha emitido la resolución en la que se apruebe o reconozca el cumplimiento total de la sentencia. Incluso, la resolución de la cual se aqueja la parte quejosa, tampoco declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, y menos aún ordena el archivo definitivo del expediente en que se tramita el juicio de origen; resultando así inconcuso que sólo podrá ser impugnada al controvertir en amparo, la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, en la que, como ya se dijo, podrá reclamar las violaciones suscitadas durante toda la fase de ejecución del sentencia, y que la hubieren dejado sin defensa, y que además hubiesen trascendido al resultado de la referida última resolución. Se asevera lo anterior, pues se insiste, las actuaciones que se realicen en la etapa de ejecución de sentencia están encaminadas a lograr la eficacia de la cosa juzgada, por lo que sólo procede el juicio de amparo contra la última resolución dictada en esta etapa, entendiéndose como "última resolución", sólo las expresamente indicadas en la Ley de Amparo, y no otras diferentes, como las que se combaten en el presente juicio. En razón de que es acorde a las disposiciones de la nueva legislación de amparo, se cita como aplicable al caso, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable bajo el número P./J. 32/2001, visible en página 31, del Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA." Por tanto, como en la especie la determinación reclamada sólo es un acto en el trámite del periodo de ejecución de la sentencia, esto es, no constituye un acto emitido en dicha fase que afecte de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, ni se trata de la determinación en la que se aprueba o se reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, la cual como última, en todo caso sí podría ser impugnada mediante el juicio de control constitucional, al actualizar supuesto a que se refiere el artículo 107, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales; demanda en la cual podrá reclamar las demás violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa, como la que en el caso se alega. Atento a lo anterior, debe decirse que la demanda de que se trata resulta notoriamente improcedente, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el dispositivo 107, fracción IV, segundo párrafo, ambos de la Ley de Amparo; por lo que atento a lo que señala el numeral 63, fracción V y 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. VI. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda, y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juventino Cordero Alvarado y Luis Felipe Rodríguez Vázquez, en virtud de que cuentan con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos del aludido numeral y su correlativo 24, ambos de la ley de la materia a Ana Clara Padierna Sánchez, por así haberlo solicitado. VII. Transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2º párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a su disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VIII. Se exhorta y se requiere a la parte quejosa. Por otra parte, a fin de cumplir con lo establecido en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para que, de estimarlo pertinente, transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como para que proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. IX. Se informa a las partes modelo de atención presencial basado en citas. Hágase del conocimiento de la parte quejosa que conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la atención para consulta de expedientes o comparecencias para el desahogo de audiencias o diligencias se basará en citas, las cuales podrán agendar desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. X. Notificaciones personales. En términos del artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la notificación personal que de este este auto se realice deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. XI. Acuerdos generales. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia el León, quien actúa asistida de la licenciada Norma Rojas López, Secretaria que autoriza, firma y da fe. Doy fe.
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