Juan Carlos Constantino Rodríguez

Expediente 1423/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1423/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
25/01/2019

Partes del expediente

  • Juan Carlos Constantino Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticinco de enero de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes, el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad. Atento a su contenido, téngase a la autoridad oficiante remitiendo la literalidad del proveído de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, dictado dentro del juicio de amparo ****, mediante el cual informa que aceptó la competencia declinada y se avocó al conocimiento del presente asunto. Por tanto, al no existir acuerdo pendiente que proveer, ni diligencia pendiente por desahogar, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 214 de la Ley de la Materia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se ordena archivar el presente cuaderno de antecedentes, como asunto totalmente concluido. Ahora, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, pues se trata de un cuaderno de antecedentes; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tres de diciembre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes, el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad. Atento a su contenido, téngase a la autoridad oficiante remitiendo la literalidad del proveído de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, mediante el cual acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo que dio origen al presente cuaderno de antecedentes, registrándolo con el número xxx. Asimismo, se observa que dicho órgano jurisdiccional se reservó proveer respecto a la aceptación de la competencia planteada, hasta en tanto cuente con las constancias necesarias para ello, por lo que estése en espera de lo que resuelva. Notifíquese.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de las autoridades señaladas como: 1. Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal, Zona 01, del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. 2. Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Región Uno para la Atención de Delitos no Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1423/2018-4-A. ACTO RECLAMADO "IV.- ACTO RECLAMADO: DE LA ORDENADORA: La resolución de fecha ocho de noviembre de dos mil dieciocho, dictada por la Sala responsable en los autos del toca de apelación ***, mediante el cual confirmo la determinación de trece de septiembre de dos mil dieciocho, emitida en los autos de la causa penal ***, por el JUEZ DE CONTROL Y TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO REGION UNO PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS NO GRAVES DE LOS DISTRITOS JUDICIALES DE CHIAPA, CINTALAPA Y TUXTLA, con residencia en el Centro de Readaptación Social denominado El Canelo, del Municipio de Acala, Chiapas, por la que sobreseyó el caso a favor del ofendido ***, a causa del desistimiento de la acción penal por el fiscal del ministerio público adscrito a la fiscalía de Distrito Metropolitano. DE LA EJECUTORA: la ejecución del acto reclamado." INCOMPETENCIA Ahora, este Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, se considera legalmente incompetente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción V, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal . Al respecto, conviene trascribir el contenido de los artículos 170 y 34 de la Ley de Amparo, que en materia de competencia por razón de territorio, establecen: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. (..)". "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. (.).". De los preceptos transcritos se desprende que el amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o durante el procedimiento, y con ello se afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, así como contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. De lo anterior se destaca que el amparo directo puede promoverse contra resoluciones que pongan fin al juicio, entendiéndose por éstas las que sin decidirlo en lo principal lo dan por concluido. Robustece lo anterior, la tesis número III.3o.(III Región) 4 A (10a.) , sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, de rubro siguiente: "AMPARO DIRECTO. SU PROCEDENCIA CONFORME A LOS SUPUESTOS LEGALES PREVISTOS EN LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 170 DE LA NUEVA LEY DE AMPARO. Para efectos de la ley de amparo, el juicio comienza con la presentación de la demanda. Entonces, las resoluciones que se dicten con posterioridad a la presentación de una demanda, con independencia de la materia, se entenderán dictadas en el juicio. En ese orden de ideas, la resolución de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, por la que confirmó la determinación de trece de septiembre de dos mil dieciocho, emitida en los autos de la causa penal ***, por el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Región Uno, para la Atención de Delitos no Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, en la que emitió el sobreseimiento de la aludida causa penal; constituye una resolución que pone fin al juicio en términos del artículo 170 de la Ley de Amparo, al no existir otro medio ordinario de defensa al alcance del gobernado, por tanto, en su contra procede el juicio de amparo directo. De lo anterior se colige que el acto reclamado es una resolución que puso fin al juicio, puesto que se trata de aquella, que confirmó el auto en el que se determinó el sobreseimiento de la causa penal ***. De ahí, que después de dicha resolución, la cual da firmeza al diverso sobreseimiento, no existe actuación pendiente o posterior que pueda tener lugar en el citado expediente. Por ello, la competencia para conocer de la demanda de que se trata, se surte en favor del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, en turno; a través del juicio uninstancial; por tanto, con fundamento en el citado artículo 47 de la Ley de Amparo este Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas se declara legalmente incompetente para conocer de la aludida demanda, por lo que se ordena remitir el original de la misma y sus copias, al Tribunal Colegiado antes citado, para los efectos legales a que haya lugar, previo cuaderno de antecedentes que con copia del escrito inicial de demanda se deje en este juzgado. Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad de razón, la tesis I.1o.P.26 P (10a.) , emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA POR PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. LA DETERMINACIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE LO CONFIRMA, CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN ANÁLOGA A UNA SENTENCIA DEFINITIVA QUE PONE FIN AL PROCEDIMIENTO SIN RESOLVERLO EN LO PRINCIPAL, POR LO QUE EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. Si bien la determinación de segunda instancia que confirma el sobreseimiento de la causa por prescripción de la acción penal, decretado por el Juez de primer grado, no constituye una sentencia definitiva, lo cierto es que se trata de una resolución análoga que pone fin al procedimiento sin resolverlo en lo principal, pues adquiere la calidad de sentencia absolutoria con categoría de cosa juzgada, respecto de la cual, la normatividad aplicable no prevé ningún recurso ordinario por el cual pueda ser modificada o revocada. Por tanto, en su contra procede el juicio de amparo directo, en términos de los artículos 107, fracciones III, inciso a), párrafos primero y tercero y V, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170 de la Ley de Amparo, cuyo conocimiento corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito. Máxime que, al tratarse de una sentencia absolutoria con valor de cosa juzgada, conforme al artículo 667 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, el ofendido tiene legitimación para controvertir -vía amparo directo- la sentencia que absuelve al acusado, para conferirle la oportunidad de acreditar el derecho a obtener la reparación del daño." Asimismo, resulta aplicable por las razones que la sustentan la diversas tesis I.1o.P.111 P (10a.) , emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cuyo rubro y texto a la letra dicen: "AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO. LA DETERMINACIÓN QUE LO CONFIRMA SIN DECRETARSE EL SOBRESEIMIENTO EN LA CAUSA NO CONSTITUYE UNA SENTENCIA DEFINITIVA NI PONE FIN AL JUICIO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De acuerdo con los artículos 107, fracciones III, inciso a) y V, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 33, fracción II, 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, los Tribunales Colegiados de Circuito son legalmente competentes para conocer de los juicios de amparo directo en los que se reclamen laudos o sentencias definitivas que deciden el juicio en lo principal y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan algún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas o revocadas, o contra resoluciones que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido, sin que proceda contra ellas recurso alguno. Por tanto, si el acto reclamado es el auto que confirmó la no vinculación al proceso, no se actualiza ninguna de las hipótesis referidas, es decir, no encuadra en una sentencia definitiva ni tampoco en una resolución que haya puesto fin al juicio, pues no se decretó el sobreseimiento en la causa de acuerdo con los artículos 319, 328 y 329 del Código Nacional de Procedimientos Penales, aunado a que el Ministerio Público no está impedido para continuar con la investigación y, posteriormente, formular de nueva cuenta la imputación." También, es conveniente citar, la jurisprudencia P./J. 40/97 , emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada en sentido contrario, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. ÉSTE, EN NINGÚN CASO, DEBE DESECHARLA, SINO DECLARAR SU INCOMPETENCIA Y REMITIRLA AL JUZGADO DE DISTRITO CORRESPONDIENTE." Por otra parte, solicítese el acuse de recibo correspondiente, en el que informe sobre la aceptación o no de la competencia planteada; fórmese cuaderno de antecedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Asimismo, con fundamento en el artículo 12, de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado en términos amplios a ***, y en términos restringidos del referido numeral a *** ya que no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en el entendido que una vez que cumpla con tal requisito, podrá solicitar que se acuerde lo conducente, y la diversa persona que señala, en los términos antes precisados, por así haberlo solicitado expresamente. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C , sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

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