Juan Carlos Cifuentes Umaña
Expediente 1179/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1179/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Juan Carlos Cifuentes Umaña
Actuaciones
- Principal
II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dos de diciembre de dos mil veintiuno. Visto que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto del dieciséis de noviembre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por **********, por derecho propio, con fundamento en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme ese proveído. En ese sentido, toda vez que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos del artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Lo anterior en atención a que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Además, no tiene relevancia documental para ser resguardado conforme al artículo 15 del acuerdo antes mencionado. Notifíquese, mediante lista electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de María del Carmen García Monjaraz, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
VI. VISTOS para resolver el Incidente de cumplimiento sustituto para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de amparo 1518/2017-II, que se tramitó dada la imposibilidad manifestada por la apoderada de la autoridad responsable Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS) y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Mediante escrito presentado el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, se recibió la demanda de amparo promovida por **********, representante legal de *********, sociedad anónima de capital variable, por violación a los derechos humanos contenidos en los artículos 1o., 5o., 14, 16, 17 y 27 constitucionales, contra actos de las siguientes autoridades: "1. Congreso del Estado Libre y Soberano de México; 2. Gobernador del Estado Libre y Soberano de México; 3. Secretario General de Gobierno del Estado de México; 4. Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de México; 5. Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de México; 6. Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS) (antes Comisión para la Regulación del Suelo del Estado de México); 7. Director General del Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México; 8. Carlos Mendoza Escobar, Valuador adscrito al Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México;" A quienes reclamó: "a) El Código Financiero del Estado de México y Municipios, por cuanto hace a la inconstitucionalidad de su artículo 176, con todas sus modificaciones, adiciones y reformas a la fecha, publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de México de 09 de marzo de 1999, entrando en vigor 08 de abril siguiente, con motivo de su primer acto concreto de aplicación. Dicha norma general se reclama de las autoridades responsables precisadas, en los siguientes términos: -Del Congreso del Estado Libre y Soberano de México, por cuanto, a su aprobación y expedición, como resultado de su facultad legislativa, en Términos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. -Del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de México, por cuanto a su iniciativa, promulgación y publicación, así como por cuanto a su abstención de formulación de observaciones a tal ordenamiento, conforme a lo previsto por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. -Del Director General del Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México (IGECEM), por cuanto a la aplicación directa en perjuicio de la sociedad quejosa, del artículo señalado tildado de inconstitucional, a través del Avalúo Catastral Referido, de 31 de julio de 2017, también reclamado. De Carlos Mendoza Escobar, Valuador adscrito al Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México, por cuanto a la aplicación directa en perjuicio de la sociedad quejosa, del artículo señalado tildado de inconstitucional, a través del Avalúo Catastral referido, de 31 de julio de 2017, también reclamado. b) El avalúo catastral referido, de 31 de julio del 2017, folio 1700080065, notificado a la sociedad quejosa el pasado 24 de agosto de 2017, relativo al predio y/o inmueble propiedad de la quejosa, ubicado en Carretera Atizapán-Nicolás Romero Sin número, Rancho El Gavilán o San Ildefonso, Colonia San Ildefonso, Municipio de Nicolás Romero, México, con clave catastral 099 01 010 00 00 0000, emitido dentro del Procedimiento Administrativo de Expropiación derivado del Decreto Expropiatorio de 21 de octubre de 1992, expedido por el Ejecutivo del Estado de México, publicado en la gaceta de gobierno de dicha entidad, el 10 de febrero de 1993, que determina indebidamente tanto el valor catastral referido por $60,090,164.71(sesenta millones noventa mil ciento sesenta y cuatro 71/100 M.N.), que se tomará en cuenta para el pago a la sociedad quejosa, del monto de la indemnización que en derecho le corresponde, como que para el Avalúo Físico correspondiente, determina arbitrariamente sin fundamentación ni motivación de ninguna clase, que el factor aplicado es de 0.53065 y que tienen un coeficiente de mérito/demérito (no lo precisa ni determina), de 0.53065, lo que da un valor parcial de $435,593,807.52 (cuatrocientos millones treinta y cinco mil quinientos noventa y tres ochocientos siete 52/100 M.N.), cantidad la cual le debe ser cubierta a la sociedad quejosa, debidamente actualizada hasta la fecha de pago de la indemnización por expropiación, en debida aplicación del artículo 6°, fracción II de la Ley del impuesto Sobre la Renta (antes artículo 7-II), conforme al cual para determinar el valor de un bien al término de un periodo, se utilizará el factor de actualización que se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), del mes más reciente del periodo, entre el citado índice correspondiente al mes más antiguo de dicho periodo, como lo ha establecido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual se desarrollará en los conceptos de violación correspondientes. Dicho acto se reclama conjuntamente de las autoridades responsables precisadas, en los términos siguientes: - Del director general del Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México (IGECEM), la emisión conjunta del inconstitucional avalúo catastral referido reclamado. - De Carlos Mendoza Escobar, Valuador adscrito al Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México la emisión conjunta del inconstitucional avalúo catastral referido reclamado. c) La falta de cumplimiento por parte de las autoridades responsables de su obligación constitucional, convencional y legal de pagar a la sociedad quejosa de manera inmediata el valor monetario conforme a la ley, al que tiene derecho, en concepto de indemnización, con motivo del decreto expropiatorio de 21 de octubre de 1992, del inmueble de su titularidad conocido como Rancho El Gavilán o San Ildefonso, ubicado en el Municipio de Nicolás Romero, Estado de México, publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México de 10 de febrero de 1993, obligación que se establece en los artículos 27, segundo párrafo y fracción VI, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 209 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (en su texto vigente a la fecha de dicha expropiación); 5°, 6°, 11 y 21 de la Ley Reglamentaria del artículo 209 de la Constitución Política Local (Estado de México); y, tercero del propio decreto expropiatorio de 21 de octubre de 1992. Tal cumplimiento de pago por indemnización, deberá ser cubierto a la sociedad quejosa, mediante cantidad monetaria debidamente actualizada hasta la fecha de pago de la indemnización por expropiación, en debida aplicación del artículo 6°, fracción II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (antes artículo 7-II), conforme al cual para determinar el valor de un bien al término de un periodo, se utilizará el factor de actualización que se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), del mes más reciente del periodo, entre el citado índice correspondiente al mes más antiguo de dicho periodo, como lo ha establecido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual se desarrollará en los conceptos de violación correspondientes. Dichos actos se reclaman de las autoridades responsables Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de México, Secretario General de Gobierno del Estado de México; Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de México; Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de México; Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS). d) Todas y cada una de las consecuencias y efectos de los anteriores actos reclamados, precisándose de manera enunciativa y no limitativa, el siguiente: -La falta de atención, para efectos de la correcta elaboración del avalúo catastral referido que sirva de base para pagar a la sociedad quejosa la indemnización a la que tiene derecho con motivo de la expropiación de un inmueble de su titularidad, del valor catastral o valor fiscal de del inmueble que aparece señalado en la oficina fiscal o recaudadora respectiva del Departamento de Catastro Municipal de la Subtesorería de Ingresos, de la Tesorería Municipal, del Ayuntamiento Constitucional de Nicolás Romero, Estado de México, conforme al comprobante de pago del impuesto predial del ejercicio fiscal 2017, de 23 de agosto de 2017, con cuenta 80058, y serie de certificado emisor número 00001000000303533265, así como las certificaciones contenidas en oficio número STI/CNAIP/553/2017, de 1° de septiembre del 2017 y folio CAT-CLAVE-00956/2017, de 04 de septiembre del 2017, así como a lo dispuesto por el artículo 2°, fracción I del Reglamento del Título Quinto del Código Financiero del Estado de México y Municipios, denominado "Del Catastro". -La determinación arbitraria, sin fundamentación ni motivación de ninguna clase, en la parte del Avalúo Físico, del avalúo catastral referido reclamado de 31 de julio de 2017, de que el factor aplicado es de 0.53065 y que tiene un coeficiente de mérito/demérito (no lo precisa ni determina), de 0.53065, lo que da un valor parcial de $435,593,807.52 (cuatrocientos millones treinta y cinco mil quinientos noventa y tres ochocientos siete 52/100 M.N.)." SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por cuestión de turno tocó conocer de la demanda de amparo al Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de México, quien admitió a trámite la demanda y el dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, determinó remitirla a este juzgado, a efecto de aprovechar el conocimiento previo derivado de la tramitación del diverso juicio 1142/2002; en auto del veinte de octubre siguiente, este juzgado se avocó al conocimiento del asunto, convalidó las actuaciones en las que previamente se ordenó solicitar a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, dar la intervención legal correspondiente a la Agente del Ministerio Publico de la Federación adscrita y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. AMPLIACIÓN DE DEMANDA. El veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, se tuvo por ampliada la demanda respecto del acto señalado por la parte quejosa como el avalúo catastral del treinta y uno de junio de dos mil diecisiete, folio 1700080065, en su versión complementada por cuanto hace a su fundamentación y motivación. CUARTO. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. El veintiséis de octubre de dos mil dieciocho se llevó a cabo la audiencia constitucional, dictándose la sentencia correspondiente el treinta y uno de octubre del mismo año, en la que se sobreseyó el asunto. QUINTO. RECURSO DE REVISIÓN. La parte quejosa promovió recurso de revisión, del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, bajo el número 380/2018, quien determinó en sesión del veinticinco de abril de dos mil diecinueve, revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo a la moral quejosa, determinación que fue aclarada el veintiuno de mayo del mismo año, siendo los efectos de la concesión para que las autoridades responsables: "a) Dejen sin efectos el avalúo del treinta y uno de julio de dos mil diecisiete. b) Emitan otro avalúo en el que se considere como valor catastral para el año dos mil diecisiete el registrado en la oficina correspondiente, el cual ascendía a la cantidad de $970'647,844.70 (novecientos setenta millones seiscientos cuarenta y siete mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos 70/100 moneda nacional). c) En el valor catastral no se considere factor de demérito alguno que no estuviera contemplado bajo las normas vigentes en la fecha del acto administrativo de expropiación, es decir, en el año de mil novecientos noventa y dos. d) Calculen el valor catastral referido de la parte de la superficie expropiada al mes de febrero de mil novecientos noventa y tres. e) Actualicen el valor catastral de la superficie expropiada conforme al artículo 6º, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. f) Procedan al pago de la cantidad de dinero por concepto de indemnización correspondiente a la expropiación realizada." QUINTO. REQUERIMIENTOS DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Mediante acuerdos del diez de mayo, nueve de julio, catorce de agosto, veintisiete de septiembre, siete de octubre, veintinueve de noviembre todos los anteriores de dos mil diecinueve; trece de marzo, veintitrés de octubre, ocho de diciembre, los anteriores de dos mil veinte; veintiuno de abril, veinticinco de mayo, quince de junio, dos de julio, veintisiete de septiembre, y siete de octubre, los anteriores del dos mil veintiuno, se requirió a las autoridades responsables para que, dieran cumplimiento a la referida ejecutoria. Requerimientos anteriores que fueron realizados de manera genérica, dado que solo se requirió a las autoridades responsables dieran cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos; excepto los señalados con fecha veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, ya que en éste acuerdo se determinó que las responsables, no habían informado sobre la totalidad del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, pese a haberles realizado múltiples requerimientos, motivo por el cual en dicho acuerdo se requirió nuevamente cumplimiento a las autoridades reiterándose y precisando los efectos de la ejecutoria de amparo que debían cumplirse; requerimiento que se realizó nuevamente de manera específica el veintitrés de octubre de dos mil veinte, veintiuno de abril, veinticinco de mayo (solo a la perito valuador (designada en sustitución del perito valuador fallecido); siete de octubre, estos últimos de dos mil veintiuno. SEXTO. TRAMITACIÓN DEL INCIDENTE DE CUMPLIMIENTO SUSTITUTO. Después de realizar múltiples requerimientos a la ejecutoria de amparo a las autoridades responsables, sin que hubieran dado cumplimiento en su totalidad al mismo, mediante acuerdo del doce de julio de dos mil veintiuno se tuvo al Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Estado de México, en representación de esa Secretaría, informando que dicha autoridad ha realizado pláticas conciliadoras formales con la parte quejosa, a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Posteriormente en acuerdo del cuatro de octubre de este año, se tuvo al apoderado de la moral quejosa, informado que las pláticas conciliatorias no tuvieron resultado favorable, por lo que el siete de octubre siguiente, se requirió nuevamente el debido cumplimiento a las autoridades responsables a la ejecutoria de amparo. Mediante acuerdo del quince de octubre de este año, se tuvo a la apoderada de la autoridad responsable Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS), interponiendo incidente de cumplimiento sustituto, dándose el trámite correspondiente y el cinco de noviembre de dos mil veintiuno, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental; incidente respecto del cual manifestaron su conformidad y adherirse el Gobernador del Estado de México, Secretario General de Gobierno y Secretario de Justicia y derechos humanos, del Gobierno del Estado de México por conducto de su representante legal, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, por conducto del Procurador Fiscal, manifestando su conformidad con la sustanciación del incidente de cumplimiento sustituto solicitado por el Instituto mexiquense de la vivienda social adhiriéndose a los argumentos consideraciones y propuestas plasmadas y haciendo suyas las pruebas ofrecidas por dicho Instituto. SÉPTIMO. CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA INCIDENTAL. Cumplido el trámite del presente incidente, el once de noviembre de este año, tuvo verificativo la audiencia incidental en términos del acta que antecede, y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este juzgado, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 66, 67 y 205 de la Ley de Amparo, por tratarse de un incidente de cumplimiento sustituto para dar cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio constitucional. SEGUNDO. ESTUDIO DEL ASUNTO. Se estima infundado el incidente de cumplimiento sustituto hecho valer por la apoderada de la autoridad responsable Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS), para dar cumplimiento sustituto a la ejecutoria dictada en este juicio constitucional, bajo el argumento de que el fallo protector perjudica gravemente al conjunto de habitantes que residen y laboran en el Estado de México, aún sobre el bien económico o monetario que pudiera percibir la parte quejosa; resultado no posible sin proporción y menoscabo el dar cumplimiento a la sentencia en los términos dictados, por ende, encontrarse imposibilitada materialmente para dar cumplimiento. Ahora bien, los anteriores argumentos son infundados, atento a lo siguiente. Los artículos 204 y 205 de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 204. El incidente de "cumplimiento sustituto tendrá por efecto "que la ejecutoria se dé por cumplida "mediante el pago de los daños y "perjuicios al quejoso". "Artículo 205. El cumplimiento "sustituto podrá ser solicitado por "cualquiera de las partes o decretado de "oficio por la Suprema Corte de Justicia "de la Nación, en los casos en que: "I. La ejecución de la sentencia "afecte gravemente a la sociedad en "mayor porción a los beneficios que "pudiera obtener el quejoso; o "II. Por las circunstancias materiales "del caso, sea imposible o "desproporcionadamente gravoso restituir "las cosas a la situación que guardaban "con anterioridad al juicio. "La solicitud podrá presentarse, "según corresponda, ante la Suprema "Corte de Justicia de la Nación o por "conducto del órgano jurisdiccional a "partir del momento en que cause "ejecutoria la sentencia. "El cumplimiento sustituto se "tramitará incidentalmente en los términos "de los artículos 66 y 67 de esta Ley. "Declarado procedente, el órgano "jurisdiccional de amparo determinará la "forma y cuantía de la restitución. "Independientemente de lo "establecido en los párrafos anteriores, el "quejoso y la autoridad responsable "pueden celebrar convenio a través del "cual se tenga por cumplida la ejecutoria. "Del convenio se dará aviso al órgano "judicial de amparo; éste, una vez que se "le compruebe que los términos del "convenio fueron cumplidos, mandará "archivar el expediente". Asimismo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que de conformidad con el artículo 107, fracción XVI, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del seis de junio de dos mil once, y que entró en vigor el cuatro de octubre de ese año, el cumplimiento de la sentencia de amparo de forma sustituta procede cuando: 1) la parte quejosa lo solicite; 2) el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo decrete de oficio; o, 3) las partes establezcan un convenio, sancionado ante el propio órgano jurisdiccional, a través del cual se tenga por cumplido el fallo protector. Asimismo, dicho precepto constitucional prevé dos formas a través de las cuales la sentencia de amparo podrá cumplirse de manera distinta a lo previsto en la propia resolución: 1) mediante el incidente de pago de daños y perjuicios al quejoso; o, 2) a través del convenio referido. La razón que subyace a esta figura es que las sentencias de amparo siempre deben cumplirse, pues precisamente, ante la inconveniencia de ello o su imposibilidad, el Constituyente dispuso que puedan cumplirse de manera sustituta en los supuestos y las formas antes precisados. Lo anterior quedó plasmado en la tesis P. II/2016 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quinientos cincuenta y nueve, del Libro 33, Agosto de 2016, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro: "CUMPLIMIENTO SUSTITUTO DE "LAS SENTENCIAS DE AMPARO. "SUPUESTOS Y FORMAS EN LOS "CUALES PROCEDE DECRETARLO". De lo anterior se tiene que la razón que subyace a la figura de cumplimiento sustituto es que las sentencias de amparo siempre deben cumplirse, pues precisamente, ante la inconveniencia de ello o su imposibilidad, el Constituyente dispuso que puedan cumplirse de manera sustituta en los supuestos y las formas antes precisados. Ante lo cual, la determinación de cumplimiento sustituto debe fundarse en un análisis de la sentencia de amparo que corresponda estrictamente a su sentido y alcance, así lo ha manifestado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. XL/2014 (10a.), visible en la página doscientos, del Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época que establece: "CUMPLIMIENTO SUSTITUTO DE "LA SENTENCIA DE AMPARO. ES "IMPROCEDENTE CUANDO EXISTE "IMPOSIBILIDAD DE RESTITUIR AL "QUEJOSO EN LOS DERECHOS "OBJETO DEL ACTO RECLAMADO, "CUYA TITULARIDAD ERA INCIERTA "CON ANTERIORIDAD A LA VIOLACIÓN "DEL DERECHO FUNDAMENTAL "AFECTADO (LEGISLACIÓN VIGENTE "HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013)".- El "juicio de amparo no es un derecho de "acción procesal ordinaria, pues a través "de su promoción no se persigue motivar "la actividad jurisdiccional del Estado para "la declaración de un derecho incierto de "los particulares; así, como medio de "control constitucional, el juicio de amparo "no protege los intereses que en el acto "jurisdiccional ordinario se han dejado a "los tribunales comunes. En tal virtud, la "determinación de cumplimiento "sustituto debe fundarse en un análisis "de la sentencia de amparo que "corresponda estrictamente a su "sentido y alcance y, por tanto, debe "dejarse sin efectos la interlocutoria que "haya ordenado el cumplimiento sustituto "de la sentencia de amparo por haber "considerado que existía imposibilidad "para restituir al quejoso en los derechos "objeto del acto reclamado, cuya "titularidad era incierta e indefinida con "anterioridad a la violación del derecho "fundamental afectado por el acto "reclamado, pues de lo contrario, esto es, "de conceder al quejoso el cumplimiento "sustituto, se reconocería su derecho "personal o real, extendiendo así la "protección del juicio de amparo en "perjuicio de particulares, lo que debe "verificarse a través de los medios legales "conducentes y no por virtud de una "sentencia de amparo". Bajo ese contexto se tiene que, en el caso mediante resolución del veinticinco de abril de dos mil diecinueve, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en el recurso en revisión 380/2018, revocó la sentencia recurrida y concedió el amparo a la moral quejosa, determinación que fue aclarada el veintiuno de mayo del mismo año, para que las autoridades responsables: "a) Dejen sin efectos el avalúo del treinta y uno de julio de dos mil diecisiete. b) Emitan otro avalúo en el que se considere como valor catastral para el año dos mil diecisiete el registrado en la oficina correspondiente, el cual ascendía a la cantidad de $970'647,844.70 (novecientos setenta millones seiscientos cuarenta y siete mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos 70/100 moneda nacional). c) En el valor catastral no se considere factor de demérito alguno que no estuviera contemplado bajo las normas vigentes en la fecha del acto administrativo de expropiación, es decir, en el año de mil novecientos noventa y dos. d) Calculen el valor catastral referido de la parte de la superficie expropiada al mes de febrero de mil novecientos noventa y tres. e) Actualicen el valor catastral de la superficie expropiada conforme al artículo 6º, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. f) Procedan al pago de la cantidad de dinero por concepto de indemnización correspondiente a la expropiación realizada." Requiriéndose en ese mismo auto a las autoridades responsables para que dieran cumplimiento, apercibiéndoseles qué de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondría a la omisa una multa de cien unidades de medida y actualización y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Después de múltiples requerimientos de cumplimiento y que las autoridades responsables se mantuvieron informando gestiones tendentes a ello, y mediante acuerdo del veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional estableció que: ". el Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Información e Investigación, Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México en representación del Director General y del Valuador adscrito al citado instituto (mediante oficio con registro 7054), manifestó que se dejó sin efectos el avalúo del treinta y uno de julio de dos mil diecisiete y se emitió otro con folio 1900030004, del doce de junio de dos mil diecinueve, firmado por el valuador Carlos Mendoza Escobar y el Director de Catastro de ese Instituto; de esa manera quedó cumplido el punto a) de los efectos de la concesión del amparo. Sin que los demás puntos hubieran sido satisfechos, dado el doce de junio de dos mil diecinueve, el valuador Carlos Mendoza Escobar y el Director de Catastro del Instituto de Información e Investigación, Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México emitieron un nuevo avalúo (folio 1900030004), en el que determinaron como valor catastral del inmueble expropiado al treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, la cantidad de $332'000,343.90 (trescientos treinta y dos millones trescientos cuarenta y tres pesos 90/100 moneda nacional) y como valor referido al mes de febrero de mil novecientos noventa y tres, la cantidad de $45'566,762.47 (cuarenta y cinco millones quinientos sesenta y seis mil setecientos sesenta y dos pesos 47/100 moneda nacional). Considerando los factores siguientes: FRACCIÓN UNIDAD VALOR UNITARIO A FEBRERO 1993 COEFICIENTE DE MERITO/DEMERITO VALOR PARCIAL A FEBRERO 1993 ÚNICA 552,769.99 98.35 0.83818 $45,566,762.47 Valor del terreno $45,566,762.47 Además, consideraron: "El valor catastral actualizado para el presente avalúo, es de $332,000,343.90 (Trescientos treinta y dos millones trescientos cuarenta y tres pesos 90/100 M.N). El cual se realizó conforme a la liquidación de adeudo de impuesto predial, de fecha 02 de agosto de 1995, emitida por la Tesorería Municipal de Nicolás Romero, Estado de México, en la que señalan un Valor Catastral por metro cuadrado de terreno de $153.60 (ciento cincuenta y tres pesos 60/100 M.N), al cual se le aplicó el factor de retrospección del INPC para calcularlo a febrero de 1993 y posteriormente se determinó el Valor Catastral a julio de 2017 aplicando el factor resultante del INPC". Sin embargo, la base del valor catastral para dos mil diecisiete, del terreno de 591,366.00 metros cuadrados es por la cantidad de $970'647,844.70 (novecientos setenta millones seiscientos cuarenta y siete mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos 70/100 moneda nacional); de ahí que si se toma en consideración que la parte expropiada del terreno es equivalente a 552,769.99, se tiene que el valor catastral de la parte expropiada debe ser la cantidad de $820'863,435.15 (ochocientos veinte millones ochocientos sesenta y tres mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 15/100 moneda nacional), cantidad de la cual se debe partir para determinar el valor catastral de la parte expropiada del inmueble relativo, a la que en su caso debiera aplicarse el factor de demérito que pudiera estar vigente en el año mil novecientos noventa y dos. El valor unitario de suelo determinado en el primer avalúo es de $1,485.00 (mil cuatrocientos ochenta y cinco 00/100 moneda nacional) por metro cuadrado, mismo que difiere con el nuevo avalúo en el que determina que es por $153.60 (ciento cincuenta y tres pesos 60/100 moneda nacional) y de acuerdo a lo ordenado por el Tribunal de alzada, se otorgó el amparo para que se pronunciara respecto al valor de demérito, no así sobre el valor catastral. Aunado a lo anterior, el valor de demérito que aplicó la autoridad es contrario a lo señalado por sentencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en el que indicó que el factor de demérito aplicado en la valuación, fue creado con posterioridad al acto de expropiación; por ende, no es aplicable al caso de una expropiación de un inmueble realizada en mil novecientos noventa y dos; en consecuencia la expropiación no puede ser indemnizada en razón de situaciones que acontecieron con posterioridad. Ahora bien, las autoridades encargadas de realizar el pago han señalado en resumen que no están obligadas a lo imposible, debido a que el avalúo emitido no ha sido aprobado por este juzgado; sin embargo, de los comunicados rendidos por éstas, no se advierten gestiones tendientes a acatar lo ordenado por la alzada. En ese panorama, es evidente que las autoridades responsables no han acatado la sentencia de amparo dictada en el presente sumario constitucional, pues en el nuevo avalúo se partió de la base de $332'000,343.90 (trescientos treinta y dos millones trescientos cuarenta y tres pesos 90/100 moneda nacional), debiendo hacerlo de la cantidad de $820'863,435.15 (ochocientos veinte millones ochocientos sesenta y tres mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 15/100 moneda nacional)." Por lo anterior, se continuó realizando múltiples requerimientos a las autoridades responsables, para que dieran cabal cumplimiento al fallo protector, así y después y diversos recursos de quejas sustanciados con motivo de dichos medios de impugnación hechos valer por las autoridades responsables en contra de diversos acuerdos de requerimientos de cumplimiento, los cuales fueron declarados infundados por el Tribunal Colegiado que conoció de ellos; previa sustitución del perito valuador Carlos Mendoza Escobar dado su fallecimiento, designándose a Yvette Anahí Andrade Martínez; así como el pago previo que realizó la moral quejosa por la cantidad de $141,018.52 (ciento cuarenta y un mil dieciocho pesos 52/100 moneda nacional), por concepto de servicio catastral a efecto de que se pudiera hacer entrega del nuevo avalúo catastral, fue hasta que con el oficio con registro interno 6200 que el representante del Director General del Instituto de Información Investigación, Geografía, Estadística y Catastral del Estado de México, así como de Yvette Anahí Andrade Martínez, valuadora adscrita a ese Instituto remitió en el evaluó catastral Folio 2100160007 de uno de junio de dos mil veintiuno, con el cual se dio vista a las partes; manifestando su conformidad la parte quejosa mediante escrito con registro interno 6509. Ahora, como ya se indicó, los efectos de la concesión del amparo fue que: "1. Se dejara sin efectos el avalúo del treinta y uno de julio de dos mil diecisiete (lo que ya aconteció). 2. Se emitirá en su lugar un nuevo avaluó en el que se considerara como valor catastral para el año dos mil diecisiete el registrado en la oficina correspondiente, el cual ascendía a la cantidad de $970'647,844.70 (novecientos setenta millones seiscientos cuarenta y siete mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos 70/100 moneda nacional); el cual ya obra en autos. 3. Que en el valor catastral no se considerara factor de demérito alguno que no estuviera contemplado bajo las normas vigentes en la fecha del acto administrativo de expropiación, es decir, en el año de mil novecientos noventa y dos. 4. Que se calculara el valor catastral referido de la parte de la superficie expropiada al mes de febrero de mil novecientos noventa y tres. 5. Que se actualizara el valor catastral de la superficie expropiada conforme al artículo 6º, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y, 6. Se procediera al pago de la cantidad de dinero por concepto de indemnización correspondiente a la expropiación realizada." Luego entonces si la concesión del amparo fue para que se emitiera un nuevo avalúo en el que se considerara como valor catastral para el año dos mil diecisiete el registrado en la oficina correspondiente, en el que no se considerara factor de demérito alguno que no estuviera contemplado bajo las normas vigentes en la fecha del acto administrativo de expropiación (año de mil novecientos noventa y dos); que el mismo se calculara de la parte de la superficie expropiada al mes de febrero de mil novecientos noventa y tres, debiendo actualizarse dicho valor catastral de la superficie expropiada conforme al artículo 6º, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, debe decirse que el incidente de cumplimiento sustituto deviene improcedente, pues dicha figura se actualiza cuando sea de imposible o desproporcionadamente gravoso restituir las cosas a la situación que guardaban con anterioridad al juicio. Lo cual no acontece en la especie, pues una vez que se contó en autos con el avalúo catastral actualizado al mes de mayo de dos mil veintiuno por la cantidad de $971,019,895.51 (novecientos setenta y un millones diecinueve mil ochocientos noventa y cinco pesos 51/100 moneda nacional), y previo requerimiento realizado por este órgano jurisdiccional a las autoridades responsables a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el Procurador Fiscal de la Secretaría De Finanzas del Gobierno del Estado de México en representación de dicha dependencia y el representante del Gobernador, Secretario General de Gobierno y Secretario de Justicia y Derechos Humanos todos del Gobierno del Estado de México, refirieron que se encontraban conformes con el avalúo catastral Folio 2100160007 de uno de julio de dos mil veintiuno, emitido por Ivette Anahí y Andrade Martínez valuadora adscrita al Instituto de Formación e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México. De igual manera dichas autoridades al igual que la representante legal del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social y la parte quejosa, informaron a este órgano jurisdiccional que se encontraban en pláticas conciliatorias, pero al no tener resultado favorable, mediante oficio con registro interno 11307, la apoderada legal de la autoridad responsable del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, promovió incidente de cumplimiento sustituto respecto a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, bajo el argumento como se indicó anteriormente, de que el fallo emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, perjudica gravemente al conjunto económico o monetario que puede percibir la parte quejosa, resultando no posible sin proporción y menoscabo, el dar cumplimiento a la sentencia en los términos dictados, por ende dicha autoridad manifiesta la imposibilidad material con la que cuenta para dar cumplimiento a la misma solicitando la apertura del incidente de cumplimiento sustituto. Descansando dicho argumento única y exclusivamente en el Presupuesto de Egresos del Estado de México para el ejercicio fiscal del 2021, asciende a $303,120,223,774.00 (trescientos tres millones, ciento veinte mil doscientos veintitrés, setecientos setenta y cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional), adjuntando diversas tablas con las que ejemplifica la distribución de este. De igual manera refiere que derivado de la pandemia las medidas de austeridad se duplicaron, por lo que el gasto operativo se redujo en el año 2021 en un 5.6 por ciento real adicional al corte que hubo en el año 2020. De ahí indica que no se encuentra en posibilidad de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo al no contar con los recursos necesarios para solventar el pago de $971,019,895.51 (nueve millones diecinueve mil ochocientos noventa y cinco pesos 51/100 moneda nacional), sin alterar el bienestar colectivo y social de la población del Estado de México sus trabajadores pensionados y sobre todo se dejaría sin recursos para llevar a cabo los programas de apoyo social y de infraestructura dentro de este territorio; y de realizar el pago de la indemnización por la referida cantidad la sentencia es equivalente a disminuir el presupuesto de los siguientes programas lo cual tendría un grave efecto de los servicios obligaciones y responsabilidades que tiene un ente de Gobierno con su población. Sin embargo, este órgano jurisdiccional contrario a la manifestado por la autoridad responsable incidentista, no advierte que se encuentre realmente imposibilitada para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo por no contar con los recursos necesarios para solventar el pago de $971,019,895.51 (nueve millones diecinueve mil ochocientos noventa y cinco pesos 51/100 moneda nacional), sin alterar el bienestar colectivo y social de la población del Estado de México, lo anterior en razón de que no se advierte que las autoridades responsables haya realizado o llevado a cabo acciones tendentes o pertinentes con él fin de que se les dote de los recursos necesarios en la partida presupuestal o instrumentar mecanismos de acondicionamiento que integran el presupuesto previamente autorizado para encontrarse en aptitud de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Pues únicamente se limitan a indicar el no poder dar cumplimiento al fallo protector, dado lo limitado de su partida presupuestal, sin embargo, se reitera, no se advierten acciones tendentes por parte de las autoridades responsables en este caso del Instituto Mexicano de la Vivienda Social (IMEVIS), con el fin de allegarse de mayores recursos para poder dar cumplimiento al fallo protector, pues si bien se pudiera decir que sus recursos se encuentran limitados o sujetos a una partida presupuestal, también lo es o ello no significa que escuden su incumplimiento bajo el dicho argumento y refieran que alterarían el bienestar colectivo y social de la población del Estado de México, cuando de autos no se advierte que hayan llevado a cabo gestiones pertinentes que tiene a su alcance para que allegarse de los recursos necesarios para hacer pago a la moral quejosa, sin que ello implique una alteración al bienestar colectivo y social. Al margen de que para que un cumplimiento se pueda considerar que sea sustituto, debe existir una forma alternativa de pago para dar cumplimiento a la sentencia concesora, cuando no se puede cumplir en los términos establecidos, es decir que debe existir una sustitución, y en el caso en concreto, no se advierte que exista, pues la pretensión de la autoridad responsable es realizar el pago total del monto establecido en el avalúo catastral a la parte quejosa, en parcialidades, sin que ello implique una sustitución de los efectos para los cuales se concedió el amparo, razón por lo que plantea es realizar pagos diferidos en efectivo, más no así una sustitución respecto del cumplimiento al que está obligado, que en su caso dichas parcialidades puede ofrecérselas a la parte quejosa y que la misma, este en aptitud de decir si lo acepta o no, lo que pudiera dar pauta a suscribir un convenio entre las partes, sin que el pago en parcialidades o mensualidades pretendidas por la autoridad responsable implique que se actualice un cumplimento sustituto, pues se reitera dicho pago en parcialidades no se puede considerar como una sustitución del cumplimiento. Sin que pase inadvertido el hecho de que la autoridad responsable refiera que pone a disposición de la parte quejosa predios en parques industriales, mismos que previo a que éstos sean propiedad de la quejosa, los pondrá a la venta (por el lapso de tres años) a efecto de entregar el numerario obtenido a la promovente del amparo, y en caso de que la venta no se consume, será entonces cuando sean propiedad de la quejosa. De lo que se concluye que una vez que sean vendidos los predios en parques industriales que indica la autoridad responsable (de manera genérica pues no indica en donde se ubican), el capital obtenido servirá para hacer pago a la moral quejosa, con lo cual tampoco actualiza el supuesto en estudio ello, es así dado que los mismos como lo refiere es para que, previo a darlos en propiedad a la parte quejosa, se pondrán a la venta y con ese capital obtenido, se hará al pago a la quejosa. Por todo lo anterior, debe decirse que opuesto a lo que refiere la autoridad responsable en el incidente de cumplimiento sustituto, no se advierte que cuente con una alguna imposibilidad material para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, lo que se evidencia es que no ha agotado no llegado a cabo las gestiones pertinentes que tiene a su alcance para allegarse de los recursos necesarios a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en estos autos. Dado que las pruebas que oferto la autoridad responsable en nada le favorecen, dado que el Decreto número 236 relativo al Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal 2021 publicado en el periódico oficial Gaceta del Gobierno el veintiséis de enero de dos mil veintiuno, sólo prueba el Presupuesto de Egresos que fue asignado, sin que del mismo se advierta que la autoridad responsable cuente con imposibilidad material para dar cumplimiento a una sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal. De igual manera, de la instrumental de actuaciones ofertadas así como del propio escrito de solicitud del incidente de cumplimiento sustituto en específico la propuesta de pago para dar cumplimiento del sector amparo no se advierte la imposibilidad material o jurídica con la que cuente la responsable para dar cumplimiento al fallo protector, menos aún que se pueda ocasionar un perjuicio al entorno social como lo refiere la responsable incidentista. Consecuentemente, se declara infundado el incidente de cumplimiento sustituto planteado la autoridad responsable Instituto Mexicano de la Vivienda Social (IMEVIS), por conducto de su apoderada legal, respecto al cumplimiento sustituto, lo procedente es declarar infundado incidente de cumplimiento sustituto. Por lo que con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables Congreso del Estado libre y Soberado de México, Gobernador, Instituto Mexicano de la Vivienda Social (IMEVIS) y Secretario General de Finanzas, todos del Gobierno del Estado de México, para que dentro del término de tres días den cabal cumplimiento al fallo protector en cuanto al ámbito de sus competencias corresponde. Es decir, procedan al pago de la cantidad de dinero por concepto de indemnización correspondiente a la expropiación realizada, conforme al avalúo catastral folio 2100160007 de uno de junio de dos mil veintiuno, emitido por Ivette Anahí Andrade Martínez, valuadora adscrita al Instituto de Información e Investigación, Geografía, Estadística y Catastral del Estado de México, el cual asciende a la cantidad de $971,019,895.51 (novecientos setenta y un millones diecinueve mil ochocientos noventa y cinco pesos 51/100 moneda nacional). Debiendo agotar los medios que tengan a su alcance para allegarse de los recursos necesarios con el fin de que se proceda al pago de la moral quejosa. En el entendido de que subsiste el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo requerido sin causa justificada, se le Impondrá a la omisa una multa de doscientas unidades de medida y actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 258, con relación al 267 de la ley de la materia, y si continúan con desacato se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se declara infundado el incidente de cumplimiento sustituto planteado por la apoderada de la autoridad responsable Instituto Mexicano de la Vivienda Social (IMEVIS). Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa y mediante lista electrónica a las demás partes. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de María del Carmen García Monjaraz, Secretaria quien da fe, hasta el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
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