Juan Carlos Choy Chang
Expediente 546/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 546/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Juan Carlos Choy Chang
Actuaciones
- Principal
Téngase por recibido el oficio número 6019/2019, signado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, mediante el cual informa que quedó firme el auto de nueve de julio pasado, dictado en el Amparo en revisión 272/2019, de su índice, por el cual se declaró improcedente el recurso de revisión interpuesto por el quejoso Juan Carlos Choy Chang, contra el proveído que desechó de plano la demanda que dio origen a los presentes autos; por consiguiente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, conforme al artículo segundo de la Ley de Amparo, se declara que el auto de diecisiete de junio del año en curso, HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, acúsese el recibo de estilo correspondiente; háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agréguese el cuaderno de antecedentes, para lo cual se ordena el desglose de las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedes formado en sustitución de los autos originales, para que obren en el presente asunto en el orden cronológico en que aparecen y se ordena la destrucción de las constancias que obran en copia simple a fin de que no se dupliquen de manera innecesaria en este asunto y archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse desechado de plano la demanda que dio origen a los presentes autos, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo, lo cual se llevará a cabo con posterioridad al CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Por otro lado, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.
- Principal
Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado electrónicamente por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, a través del cual hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional, que se desechó por improcedente el recurso de revisión interpuesto por el quejoso Juan Carlos Choy Chang, en contra del auto de diecisiete de junio de dos mil diecinueve, que desechó la demanda de amparo con la que se formó el presente expediente; al respecto, agréguese para que obre como corresponda y estese en espera de que se decrete firme el auto de nueve de julio de la presente anualidad, dictado en el expediente 272/2019, de su índice, de igual forma, remita los originales del juicio de amparo del que se deriva el presente cuaderno de antecedentes, a efecto de proveer lo que en derecho corresponda.
- Principal
Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por el quejoso Juan Carlos Choy Chang, a través del cual interpone recurso de revisión en contra del auto de diecisiete de junio del año en curso, por el que fue desechada de plano la demanda de amparo; al respecto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 81, 88 y 89 de la ley de la materia, fórmese cuaderno de antecedentes y remítanse los autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico por lista de acuerdos al quejoso, la determinación que dice: Vista la demanda de amparo promovida por Juan Carlos Choy Chang, contra los actos que reclama a la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 546/2019-IIB. Al respecto, se acuerda: ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD"; y la tesis al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO"; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que el solicitante de amparo expuso los hechos, bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenidos siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA.- El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". PRECISIÓN Y NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. En el caso, del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que el acto reclamado consiste en: La resolución interlocutoria de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, dictada dentro de los autos del expediente 1186/19-13-01-9, del índice de la responsable, mediante la cual se condiciona al quejoso para que garantice el interés fiscal por la cantidad de un millón doscientos sesenta y siete mil cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional ($1,267,400.00), a fin de que surta efectos la suspensión definitiva en contra de la multa impuesta por el Área de Auditoria, Quejas y de Responsabilidades del Órgano Interno de Control del Instituto Mexicano del Seguro Social. FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA ANTE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 113 de la Ley de Amparo, que a letra dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El dispositivo transcrito establece que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de garantías y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." INTERPRETACIÓN DE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Del análisis de lo anterior, este Juzgado de Distrito considera que se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]" En efecto, la porción normativa antes transcrita revela la causal de improcedencia conocida en la práctica judicial como el principio de definitividad en el juicio de amparo. Ahora bien, en términos generales, respecto a este principio debe considerarse que la premisa fundamental en la que se sostiene el propósito de garantizar la eficacia del juicio de amparo, de acuerdo a su naturaleza y objetivo, radica en que la procedencia de la acción no es irrestricta. De tal suerte que el principio de definitividad implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad, traduciéndose de esta manera en la obligación impuesta al demandante de la acción constitucional de agotar, previamente a recurrir a la instancia constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera tener efectos de revocación o modificación del acto que el quejoso estima que afecta su esfera jurídica. Consideraciones que encuentran apoyo en los criterios siguientes: La tesis de jurisprudencia número I.6o.C. J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." Y, la tesis número VI.2o.C.190 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, del rubro siguiente: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA." Así, una vez que se ha señalado la razón jurídica de la existencia del principio de definitividad, cabe destacar que la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, también alude a título de excepción, que no será necesario agotar algún recurso, juicio o medio de defensa legal en las hipótesis que dicho precepto normativo prevé, lo que obliga a revisar con detenimiento la naturaleza del acto tildado de inconstitucional. En este orden, tenemos que los actos que por esta vía combate la parte quejosa no encuadran en ninguna de las tres hipótesis de excepción contemplados en el numeral que contempla la causal de improcedencia invocada en el presente auto, al consistir en la resolución de veintiuno de agosto de dos mil diecisiete y la diversa de veinticuatro de agosto siguiente, es incuestionable que tales actuaciones no son de aquellas que importen peligro en la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Así pues, precisado por qué la parte quejosa no se encuentra dentro de alguna de las hipótesis de excepción para no agotar el principio de definitividad y como consecuencia hacer procedente la demanda de amparo que somete a consideración de este Juzgado de Distrito, es importante hacer referencia a los antecedentes que bajo protesta de decir verdad manifiesta la parte quejosa de los que sobresale lo siguiente: 1. El amparista promovió ante la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en esta ciudad, juicio contencioso administrativo en el cual demandó de la ahora autoridad tercera interesada, Área de Auditoría, Quejas y de Responsabilidades del Órgano Interno de Control del Instituto Mexicano del Seguro Social, la nulidad de la determinación de trece de febrero de dos mil diecinueve, dictada en el expediente administrativo 01/2017,en la cual se le impuso una sanción administrativa consistente en la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el sevicio público por el periodo de tres meses y una sanción económica de un millón doscientos sesenta y siete mil cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional ($1,267,400.00), asunto que fue registrado bajo el número 1186/19-13-01-9. 2. Con fecha dos de abril de dos mil diecinueve, la Sala responsable, concedió la suspensión en contra de la ejecución de la indicada multa. 3. Mediante resolución interlocutoria de diecisiete de mayo del año en curso, la Sala concedió la suspensión definitiva, para lo cual condicionó su efectividad, una vez que el ahora quejoso garantice el interés fiscal. De lo anteriormente señalado, se evidencia que el acto reclamado que la parte quejosa señala lo hace consistir en la resolución que resuelve sobre la medida cautelar por él solicitada dentro del expediente 1186/19-13-01-9, de fecha diecisiete de mayo de dos mil diecinueve. Ahora, el artículo 62 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su primer párrafo, dice: "ARTÍCULO 62. Las resoluciones que concedan, nieguen, modifiquen o revoquen cualquiera de las medidas cautelares previstas en esta Ley, podrán ser impugnadas mediante la interposición del recurso de reclamación ante la Sala Regional que corresponda. [.]" Como puede leerse de la interpretación sistemática del artículo transcrito, se colige en lo que aquí interesa, que las resoluciones que concedan, nieguen, modifiquen o revoquen cualquier medida cautelar, podrá ser impugnada mediante recurso de reclamación. Por tanto, como se señaló en los párrafos que preceden, contraria a su apreciación, por esta instancia constitucional, se pretende reclamar las resoluciones de los incidentes de medidas cautelares solicitadas por el amparista, respecto de las cuales, como lo señala el primer párrafo del artículo 62 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, procede el recurso de reclamación, medio de impugnación que previo a instar la acción constitucional, necesariamente debió recurrir. Por ende, si la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece el recurso de reclamación, es evidente que el mismo debe ser agotado antes de acudir al juicio de amparo, por estar justificado en una ley en sentido formal y material, lo cual cumple con la condición de improcedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.17o.A.25 A del rubro y texto siguiente: "RECURSO DE RECLAMACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías será improcedente contra las resoluciones respecto de las cuales la ley conceda algún recurso o medio de defensa. Asimismo, del artículo 62 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se colige que las resoluciones que concedan o nieguen la suspensión definitiva, dictadas por alguna de las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pueden ser impugnadas a través del recurso de reclamación. En congruencia con lo anterior, el particular se encuentra obligado a agotar dicho medio de defensa previo a promover el juicio de amparo, sin que obste que el precepto en cita disponga que las resoluciones "podrán" ser impugnadas, pues ello no implica que sea potestativo para el gobernado, ya que tal optatividad debe entenderse como la posibilidad de elegir entre recurrir o no la resolución respectiva, mas no que pueda elegir entre la vía ordinaria de defensa y la extraordinaria del amparo. Tampoco constituye obstáculo el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya determinado que el artículo 28 de la ley en cita exija mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, pues dicho criterio rige para la interposición del juicio de nulidad y no de un recurso intermedio dentro de dicho juicio, como lo es la reclamación; máxime que, al haberse optado por la vía ordinaria, al promover el juicio de nulidad, el particular quedó sujeto a ella, con todas sus consecuencias hasta que agote totalmente la secuencia de medios ordinarios de defensa." Ello, sin que se demuestre que la parte quejosa se encuentre en la hipótesis de excepción para la procedencia del juicio de amparo estipulada en el último párrafo del inciso e), fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en el que se establece que cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; lo anterior, toda vez que artículo 62, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no requieren de una interpretación adicional que la literal para establecer que previo a instar la acción constitucional la parte quejosa debió haber agotado el recurso de reclamación contra los actos aquí combatidos. Consideraciones que sustentan la tesis de jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL." En conclusión, al no darse los supuestos de procedencia para el juicio de amparo indirecto pues, como ya se dijo, la parte quejosa no agotó el principio de definitividad, por consiguiente, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Juan Carlos Choy Chang. INTERPRETACIÓN DE UNA DIVERSA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Asimismo, el suscrito Juzgador estima que también se actualizaría la diversa causa de improcedencia prevista en el articulo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; [.]" Precepto del que se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos dada la existencia de una manifestación de voluntad que entrañe dicho consentimiento; entendiéndose por tal, aquellos contra los que no existe oposición o incluso, que se realice alguna manifestación del afectado que permita establecer de manera clara y concreta, que se está de acuerdo con el acto determinado. En efecto, dicha causal tiene su razón en la necesidad de dar seguridad jurídica al orden social, pues si existiendo un acto autoritario que afecta a un particular gobernado en su haber jurídico, y éste realiza alguna manifestación que permita establecer de manera clara y precisa su consentimiento, nace en su perjuicio una presunción legal en el sentido de que está conforme con el acto autoritario y éste adquiere firmeza jurídica y se torna inexigible. Así, para que exista ese consentimiento por una manifestación que así lo entrañe, respecto del acto reclamado para efectos del amparo, es menester que concurra alguna circunstancia que sí permita establecerlo, como en el caso acontece, puesto que como se desprende de los autos del juicio de amparo que ahora se resuelve, el aquí promovente expresó su conformidad con el acto que ahora se reclama, precisamente mediante escrito de tres de junio de dos mil diecinueve, a través del cual ofreció ante la autoridad responsable, en calidad de garantía del interés fiscal, el inmueble ubicado en el Boulevard del Río Nilo, esquina con calle del Río Pod, lote número 30, manzana 26, del Fraccionamiento Las Vigas, de la ciudad de Tapachula, Chiapas, el cual agregó en copia simple al ocurso de cuenta. En efecto, como se adelantó, el acto reclamado se hacen consistir en la resolución interlocutoria de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, dictada dentro de los autos del expediente 1186/19-13-01-9, del índice de la responsable, mediante la cual se condiciona al quejoso para que garantice el interés fiscal por la cantidad de un millón doscientos sesenta y siete mil cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional ($1,267,400.00), a fin de que surta efectos la suspensión definitiva en contra de la multa impuesta por el Área de Auditoria, Quejas y de Responsabilidades del Órgano Interno de Control del Instituto Mexicano del Seguro Social Sin embargo, como se ha establecido, dichos actos han sido consentidos, dada la manifestación de la quejosa que entraña la voluntad de su aceptación. Se afirma lo anterior, puesto que, del análisis de la demanda en específico del punto tercero del capítulo de antecedentes bajo protesta de decir verdad afirma que presentó ante la Sala responsable un escrito mediante el cual garantizó el interés fiscal, ofreciendo el bien inmueble ubicado en el Boulevard del Río Nilo, esquina con calle del Río Pod, lote número 30, manzana 26, del Fraccionamiento Las Vigas, de la ciudad de Tapachula, Chiapas; manifestaciones vertidas por la propia promovente en su libelo Constitucional, a las que se les otorga valor pleno como CONFESIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención a la jurisprudencia 2a./J. 50/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 64, Tomo XVI, julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "AMPARO CONTRA LEYES. EL MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE SU IMPROCEDENCIA, PUEDE SUSTENTARSE EN LA CONFESIÓN DEL QUEJOSO DE QUE NO RECLAMA EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN SINO UNO POSTERIOR." En efecto, del citado escrito, se advierte que el aquí promovente plasmo su voluntad a través de su firma en la que manifestó "[.] Que en atención a la resolución de fecha 17 de mayo de dos mil diecinueve, así como al aviso electrónico de notificación enviado al suscrito a través de las direcciones de correo electrónico proporcionadas para tal efecto el día 24 de mayo de 2019, vengo dentro del término concedido a ofrecer como garantía del interés fiscal a exhibir la garantía del interés fiscal la cual hago consistir en el inmueble ubicado en el boulevard del Río Nilo, Esquina con calle del Río Pod, lote número 30, manzana 26, del Fraccionamiento las Vigas de la Ciudad de Tapachula, Chiapas [.]"; de lo que se sigue que existe una manifestación de voluntad que entraño en consentimiento de aquél escrito aceptando garantizar el interés fiscal, a fin de que surta efectos la suspensión definitiva que le fue concedida dentro de los autos del juicio de origen, esto es, lo que ahora constituye los actos reclamados en esta instancia Constitucional. Resulta aplicable en lo conducente la jurisprudencia número 2a./J. 8/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 626, Libro 51, Febrero de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2016215, que a la letra dice: "CONSENTIMIENTO EXPRESO O POR MANIFESTACIONES DE VOLUNTAD QUE LO ENTRAÑEN. NO SE ACTUALIZA EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR EL PATRÓN CONTRA UN LAUDO RESPECTO DEL CUAL PREVIAMENTE HUBIERA CUMPLIDO SÓLO ALGUNA O ALGUNAS DE LAS PRESTACIONES A QUE FUE CONDENADO. El artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo -equivalente al 73, fracción XI, de la abrogada-, establece que el juicio de amparo es improcedente "contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento", lo que se produce cuando, respecto del acto reclamado, el interesado expresa un allanamiento, anuencia o conformidad de manera verbal, por escrito o por signos inequívocos, pero que sea indudable y completo, es decir, debe revelar de manera evidente que se ha conformado con la decisión y consecuencias integrales que implican el acto de autoridad reclamado. Así, el hecho de que, ante un laudo que condene respecto de diversas prestaciones, el patrón cumpla sólo alguna o algunas de esas condenas -quedando pendientes de solucionar o solventar otras- no conlleva el consentimiento del laudo y, por ende, la improcedencia del juicio de amparo en su contra, pues el cumplimiento de una condena sólo se vincula con la decisión que al respecto y de manera destacada haya emitido la autoridad jurisdiccional del trabajo, pero no puede relacionarse con el resto de las prestaciones a que hubiere sido condenado, por lo que esa conducta no debe calificarse como una manifestación clara e inequívoca de que haya consentido el laudo, es decir, de que está conforme con la totalidad de los pronunciamientos en él contenidos, ya que, se insiste, quedan pendientes de solventar las condenas que no fueron objeto de cumplimiento." (Lo subrayado es nuestro). Del mismo modo, sobre el particular tiene aplicación, por identidad jurídica sustancial, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 14, que aparece publicada en la página 11, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que reza: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." En tal circunstancia, se actualiza en la especie de manera notoria, la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En efecto, lo anterior de manera alguna irroga perjuicio al derecho fundamental de acceso a una tutela judicial efectiva contemplada en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder ante los órganos correspondientes. Luego, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de las pretensiones de las partes que promueven un determinado juicio de amparo no constituye, en sí mismo, una violación al principio pro persona o pro homine contemplado en el segundo párrafo del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, brindar una protección más amplia a las personas cuyo ámbito de protección deberá interpretarse conforme a las normas relativas a derechos humanos a la luz de nuestro texto Constitucional y los tratados internacionales en que el estado mexicano sea parte, favoreciéndolos en todo momento, ya que en todo procedimiento llevado ante las autoridades competentes existen ciertos requisitos de procedencia en el orden interno de los Estados en el que se deben ciertas garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Al respecto, se cita la tesis 1a. CCLXXVI/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO." Asimismo, cobra aplicación por identidad de razón jurídica, la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 22/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que señala en su escrito de demanda; y como autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Norma Luz Hernández Lima, Patricia Lugo Rodríguez y Leticia Subiaur Acosta, quienes acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, los tres primeros, cuentan con su respectivos registros 64667, 32941 y 42487; por otra parte, téngase únicamente como autorizados en términos restringidos a Yarenis Ramírez Muñoz y Fernando Santos García, toda vez que no se encuentran registrados en el aludido sistema, ni presentaron el documento con el cual acrediten la respectiva personalidad. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · 5,534 expedientes
- Juan Carlos Alegria Morales692/2018
- Juan Carlos Alegría Morales420/2018
- Juan Carlos Carrasco Islas458/2021
- Juan Carlos Castillo Vázquez874/2019
- Juan Carlos Castillo Vázquez860/2019
- Juan Carlos Chávez Quiroz564/2022
- Juan Carlos de Luna Díaz369/2019
- Juan Carlos Flores Sánchez398/2022
- Juan Carlos Gómez Santes895/2023
- Juan Carlos Gómez Santos638/2022
- Juan Carlos González Elias780/2022
- Juan Carlos Hernández Álvarez146/2022