Juan Carlos Chable Mendoza
Expediente 678/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 678/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 26/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Juan Carlos Chable Mendoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el escrito signado por el directo quejoso ********************, mediante el cual nombra como sus autorizados a ******************** y ********************, en consecuencia téngase a los mismos en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por así solicitarlo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinte de junio de dos mil veintitrés. QUEDA FIRME SENTENCIA. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierten que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, en relación con el 81, fracción l, inciso e), de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo haber causado perjuicio la resolución constitucional dictada en este juicio de amparo, la hubiera recurrido. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que la expresada resolución que SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. CRITERIO DE VALORACIÓN. A fin de determinar el criterio de valoración aplicable al presente juicio de amparo, se atenderá lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, tal y como se expondrá a continuación: EXPEDIENTE PRINCIPAL. Es destruible, pues se sobreseyó en el presente juicio; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los tres años a que se refiere el artículo 20, fracción I. SELLO DE VALORACIÓN. Conforme a lo anterior, en términos del artículo 34 del acuerdo antes referido, la leyenda relativa a la valoración del expediente deberá constar mediante sello en la carátula del expediente. DEVOLUCIÓN DE LEGAJO. Toda vez que no existe objeto alguno para que siga permaneciendo en este Juzgado los legajos que se ordenaron formar en el auto de radicación de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, relativos al legajo de pruebas y dos discos en formato DVD remitidos por la Juez del Juzgado Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, junto con su informe justificado; en consecuencia, devuélvase dicha documentación a la referida autoridad, sin que sea necesario solicitar acusar el recibo correspondiente dado que de la constancia de notificación se va a desprender que se recibió dicho legajo. NOTIFICACIÓN AL FISCAL TERCERO INTERESADO. Finalmente, vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que no obra en autos constancia de notificación dirigida al Fiscal adscrito al Juzgado Primero de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en Kanasín, Yucatán, respecto la sentencia firmada el veintidós de mayo de dos mil veintitrés. En consecuencia, a fin de que dicha autoridad tenga conocimiento de la sentencia dictada en este asunto, mediante atento oficio que para tal efecto se gire, remítase copia autorizada de dicho fallo, para los efectos legales conducentes. Sin que su notificación afecte el cómputo para que quede firme la referida sentencia, dado que la parte quejosa (quien se encuentra legitimado para recurrirla) no presentó el medio de impugnación correspondiente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Se notifica por lista de estrados a la parte quejosa la sentencia de 22 de mayo de 2023 con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, mismo que refiere: Mérida, Yucatán; veintidós de mayo de dos mil veintitrés V I S T O S los autos del juicio de amparo indirecto 678/2023-III, promovido por ********************, por conducto de su defensor público ******, contra actos atribuidos a la Jueza Primero de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Segundo Distrito Judicial del Estado, con sede en Kanasín, Yucatán; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo.********************El siete de julio de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, se depositó demanda de amparo (fojas 2 a 5 del juicio de amparo) presentada por ********************, por conducto de su defensor público ****, contra actos atribuidos a la Jueza Primero de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Segundo Distrito Judicial del Estado, con sede en Kanasín, Yucatán, por considerarlo violatorio de los derechos fundamentales que precisó. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. El ocho de julio siguiente, por razón de turno, se recibió la demanda en el Juzgado Cuarto de Distrito en esta entidad; por lo cual, en auto de doce de julio siguiente, se ordenó formar expediente que se registró bajo el número 1678/2022-I y se previno a la parte quejosa a fin de que precisara cuál era el acto que reclamó. En consecuencia, la parte quejosa presentó escrito el veintiuno de julio de dos mil veintidós, en el que indicó: ".preciso que lo que se le reclama a la autoridad responsable es la negativa de excluir el acto de investigación consistente en el examen ginecológico y proctológico"; en consecuencia, mediante acuerdo de veintidós de julio posterior, se admitió a trámite; se dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados; se requirió el informe con justificación; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En la secuela procesal, se recibió el informe con justificación de la autoridad responsable. Previo emplazamiento de la parte tercera interesada víctima indirecta ******, y emplazamiento al Fiscal adscrito al Juzgado Primero de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Segundo Distrito Judicial del Estado, con sede en Kanasín, Yucatán, la audiencia constitucional se celebró el treinta de enero de dos mil veintitrés. TERCERO. Remisión de los autos a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con motivo de su apertura. Posteriormente, en cumplimiento a la medida de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, en observancia al artículo 6 del Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, contenida en el punto de acuerdo 219/2022 aprobado por la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán, remitió el presente juicio de amparo para que este Juzgado de Distrito dicte la resolución, y continúe con la eventual cumplimentación y archivo definitivo. Así, mediante auto de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, se recibió el juicio amparo 1678/2022-I del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, por lo que se formó expediente 678/2023-III, y se turnó para dictar sentencia. C O N S I D E R A N D O (.) SEXTO. Causas de improcedencia. A manera de preámbulo, cabe destacar que de los antecedentes del acto reclamado, el escrito de demanda y su aclaración, se extrae que tal como precisó la parte quejosa lo que efectivamente reclama es: La resolución de dieciséis de junio de dos mil veintidós, en la que se negó la exclusión del acto de investigación consistente en el examen ginecológico y proctológico, emitida dentro de la audiencia inicial, en la carpeta judicial **/2022, de su índice. En ese contexto, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. En cumplimiento a ello, se considera que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dichos preceptos establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (...). De los dispositivos antes señalados, se obtiene que el juicio de amparo indirecto procede, entre otros casos, contra actos intraprocesales cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos. Contrario sensu, el juicio biinstancial será improcedente contra actos intraprocesales que no revistan una ejecución de naturaleza irreparable, entendiéndose por ellos los que no los afecten materialmente. Precisado lo anterior, es posible establecer que la decisión reclamada en la cual se negó la nulidad de un dato de prueba en términos del artículo 101 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no constituye un acto de imposible reparación que haga procedente el juicio de amparo biinstancial, toda vez que, en principio, al haberse emitido durante la audiencia inicial, para que sea procedente su análisis, se debe reclamar en forma conjunta con el auto de vinculación. Es así, pues todas las decisiones intraprocesales que se van sucediendo dentro de una audiencia inicial en la que se resuelve una vinculación a proceso no es lo que causa agravio, sino precisamente el auto de vinculación que se decretó. Se afirma ello, en virtud que es cierto que durante la audiencia inicial en la que se atiende una petición de vinculación, la parte quejosa puede plantear múltiples argumentos contra el alcance probatorio de los datos de prueba en los que la Fiscalía sustenta su petición de vinculación, pero no menos cierto es que no es el análisis particular de cada argumento lo que causa una afectación de imposible reparación, sino precisamente el auto de vinculación a proceso que se llegare a dictar. De tal suerte, a pesar de que la parte quejosa fue prevenida para que precisara de forma expresa si reclamaba o no el auto de vinculación, precisó que lo que reclama a la autoridad responsable es la negativa de excluir el acto de investigación consistente en el examen ginecológico y proctológico. Por ende, su petición debe analizarse en los términos que fue planteada, pues la suplencia de la queja que opera en su favor no puede llegar al extremo de señalar actos reclamados que la parte quejosa no quiso impugnar, no obstante que se le previno para ese fin. En consecuencia, a fin de analizar la procedencia del juicio de amparo, la pretensión de la parte quejosa se debe analizar en los términos que la formuló; ello, porque está vedado alterar o modificar el acto reclamado, puesto que la suplencia de la queja sólo opera respecto de los actos expresamente reclamados. Apoya lo anterior, por no oponerse al texto vigente de la Ley de Amparo, la tesis aislada con registro 207510, emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de contenido siguiente. QUEJA, SUPLENCIA DE LA, EN MATERIA PENAL. NO PUEDE ABARCARLA ALTERACION DEL ACTO RECLAMADO IMPUTANDOSELO A UNA AUTORIDAD DIVERSA A LA SEÑALADA. (.) Derivado de lo anterior, en el caso, se considera que la negativa de excluir un dato de prueba emitida dentro de una audiencia inicial en la que también se vinculó a proceso y no se reclamó este último acto, no genera un acto de imposible reparación. Para demostrar lo anterior, es pertinente traer a colación lo resuelto en sesión de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, en el amparo en revisión 907/2016, en donde, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que para la procedencia del juicio de amparo indirecto, se debe delimitar si los actos controvertidos tienen o no la naturaleza de irreparables; estatus jurídico que alcanzarán cuando se demuestre que producen consecuencias de tal gravedad, que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no solamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Aunado a ello, deben recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. En ese sentido, la Sala destacó que, según la exposición de motivos de la reforma constitucional respectiva, una de las razones que llevaron a crear un nuevo paradigma en materia penal, fue la poca eficacia que la ciudadanía advertía en el sistema penal anterior, marcado, entre otras cosas negativas, por su lentitud y corrupción; de manera que si uno de los objetivos del legislador era que el procedimiento penal se convirtiera en una eficaz herramienta para la impartición de justicia, entonces, concluyó, se deben evitar actuaciones judiciales tendentes a obstaculizar el avance procesal de procedimiento. Ahora, resulta relevante dejar precisado que el procedimiento penal acusatorio y oral se divide, según lo dispone el Código Nacional de Procedimientos Penales, en tres etapas a saber: la de investigación, etapa intermedia y etapa de juicio oral. En ese sentido, según la Sala, la etapa intermedia o de preparación a juicio oral, se verifica ante el juez de control y tiene por objeto conocer la acusación, ofrecer y admitir o rechazar los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos y la determinación del daño causado por el delito que será materia del juicio oral. El desarrollo de esta etapa también se divide en dos partes, una escrita, que iniciará con la presentación de la acusación y comprenderá los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. La segunda es oral, que inicia con la celebración de esa audiencia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio oral. Ahora, una vez que el juez de control envíe el auto de apertura a juicio al juez o tribunal de juicio oral, cuya identidad siempre deberá ser diversa al primero de los nombrados, iniciará la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso penal. Se fijará día y la hora para la audiencia de debate donde el juez verificará la presencia del acusado y su abogado defensor, el tercero civilmente responsable, si lo hubiere, de los testigos, peritos o intérpretes que deban tomar parte en el debate y de la existencia de las cosas que deban exhibirse en él, y declarará abierto el debate. Terminado el desahogo de los medios de prueba admitidos, se emitirán los alegatos de conclusión, inmediatamente después de terminado el debate, el juez deliberará en privado y apreciará, únicamente las pruebas que fueron incorporadas y desahogadas de forma integral en el debate, según su libre convicción, conforme las reglas de la lógica, los conocimientos científicos, la sana crítica y las máximas de la experiencia. La decisión posterior versará sobre la absolución o la condena. Acto posterior, pronunciará sentencia, sin resolver la cuestión de la pena, y fijará audiencia para el debate sobre la determinación de la pena o la medida de seguridad, así como las consecuencias civiles, en caso de que sea necesario. Así, por la naturaleza misma del sistema de justicia penal, se advierte que para llegar al dictado de la resolución que resuelve la primera instancia, se debe transitar por tres etapas, la de investigación, la intermedia y la de juicio; como ya se ha analizado, cada una tiene una finalidad específica en el procedimiento, la primera, la de realizar una investigación tendente a esclarecer el hecho delictuoso con conocimiento e intervención de imputado y bajo la revisión judicial de un juez de control; la segunda, depurar los hechos, resolviendo excepciones o incidencias, revisar acuerdos probatorios, proveer sobre los medios de pruebas ofrecidos por las partes, y emitir el auto de apertura a juicio oral; mientras que la tercera implica el desahogo de los medios de prueba y el dictado de la sentencia. Por ende, cada una de las etapas del procedimiento tiene un especial objetivo el cual una vez cumplido y agotados los recursos ordinarios y extraordinarios que procedan, debe considerarse concluida. En ese orden de ideas, conforme lo ya desarrollado por la Primera Sala, la doctrina de actos de imposible reparación para los efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de una resolución que negó la exclusión de un dato de prueba en el sistema de justicia penal, implica realizar un análisis que permita decidir sobre si determinado acto judicial tiene la naturaleza de irreparable, el cual deberá efectuarse partiendo de la premisa de que son actos intraprocesales y que la procedencia del amparo indirecto está supeditado a que dicho acto genere una afectación actual a un derecho fundamental que no podrá ser reparada. Es decir, además de su naturaleza, debe atenderse si en efecto implica una violación a un derecho fundamental que de forma inmediata debe ser revisada y no supeditarlo a que el mismo pueda o no ser reparado en la sentencia que se dicte en la audiencia de juicio oral. En ese sentido, concluyó la Sala, la interrogante sobre si procede el juicio de amparo indirecto contra la determinación dictada dentro de la audiencia intermedia de un procedimiento penal acusatorio, adversarial y oral que admite medios de prueba, encuentra la siguiente respuesta: el juicio de amparo indirecto, por regla general, es improcedente contra la determinación que admite un medio de prueba, por tratarse de un acto de naturaleza intraprocesal y excepcionalmente procederá esta instancia constitucional, cuando dicha resolución de admisión de algún medio de prueba, por sí misma implique un acto de imposible reparación. En el mismo sentido, el veintitrés de junio de dos mil veintiuno, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 167/2020, determinó por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la admisión de medios de prueba y, al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente por excepción será necesario que se afecten materialmente derechos sustantivos. De este modo, en la jurisprudencia número 1a./J. 6/2021, que emanó de la contradicción citada, en su justificación, se precisó que cualquier ilegalidad o ilicitud del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque en la sentencia definitiva no se tome en cuenta, o porque se le considere sin valor jurídico, o bien porque se obtenga una sentencia favorable al quejoso. En esa tesitura, el amparo por regla general es improcedente; sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la admisión de pruebas en el auto de apertura a juicio constituye un «acto de imposible reparación», pues puede implicar cargas injustificadas, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos fundamentales independientemente del propio proceso penal y de la valoración de dichas probanzas en el juicio oral; escenario en el que el amparo sí es procedente. En ese contexto, partiendo de los parámetros ya fijados por la Primera Sala, se considera que el acto reclamado no es de aquellos que afecten derechos sustantivos, esencialmente por lo siguiente: La negativa de excluir un dato de prueba en este asunto, por sí misma, no genera un acto de imposible reparación; ya que la afectación que aduce resentir la parte quejosa, podrá ser subsanada en el hipotético caso en el que se sobresea el proceso o se le dicte una sentencia absolutoria en el juicio oral, o bien, si no se le concede valor probatorio. Es así, puesto que, en la etapa intermedia, en el caso de que la Fiscalía insista en emplear ese dato de prueba como medio de prueba para llevarlo a la etapa de juicio, y, de subsistir la afectación que alude la parte quejosa, en esa oportunidad se podrá solicitar su exclusión Así, de reiterarse la negativa de exclusión, en todo caso se podrá instar el juicio de amparo de nueva cuenta y será en esa oportunidad donde se pueda examinar si existe o no una afectación de imposible reparación. Lo anterior, con base en la jurisprudencia con 2023906, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DERIVADO DE UN PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL ES IMPROCEDENTE, EN CONTRA DE LA EXCLUSIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO(.) Lo anterior, tal como se corrobora en la tesis con registro 2024867, emitida por la citada Sala, la cual es del contenido siguiente: VIOLACIONES PROCESALES ORIGINADAS EN ETAPAS PREVIAS A LA DEL JUICIO ORAL QUE PUEDEN SER ANALIZADAS EN AMPARO DIRECTO. DESARROLLO Y ACLARACIÓN DE LA DOCTRINA REFLEJADA EN EL AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 669/2015. (.) Esto conduce a afirmar que si una violación procesal se origina en una etapa previa a la audiencia de juicio oral, pero sus efectos perduran por haber producido pruebas que se consideran ilícitas (y esa ilicitud sólo ha podido ser argumentada a la luz del material probatorio sometido al escrutinio recíproco de las partes, propio de la audiencia de juicio oral), entonces es perfectamente posible examinarla en esta etapa y, consecuentemente, también en el juicio de amparo directo. Justificación: La necesidad de aclarar los límites de nuestra doctrina sobre cierre de etapas procesales surge al reconocer un hecho innegable: en ocasiones, ciertas violaciones procesales, ocurridas en fases previas a la audiencia de juicio oral, impactan de manera continua en las etapas sucesivas del proceso penal y se ponen en evidencia de manera cabal hasta ese momento. Cuando eso ocurre, tales violaciones deben entenderse susceptibles de discusión y refutación en la audiencia de juicio oral, escenario único que, tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como el Código Nacional de Procedimientos Penales, garantizan para el libre intercambio de argumentos entre las partes en confronta. Es en este momento cuando, por primera vez, ellas están en condiciones de realmente argumentar sustancialmente su teoría del caso. Si algo caracteriza al sistema acusatorio es precisamente esta oportunidad única de contienda abierta, de exposición argumentativa, de crítica recíproca, siempre expuesta a la luz pública. Reconocer las finalidades que persigue esta particular forma de interacción oral y pública entre las partes, deja claro por qué la información que fluye de la misma (a propósito de los interrogatorios y contrainterrogatorios que deben poderse formular) siempre es capaz de arrojar luz sobre la obtención de los medios de prueba -sobre todo si éstos son tildados inválidos por devenir de violaciones procesales-. La audiencia oral no tendría cualidades epistémicas (es decir, no permitiría conocer la verdad) si no admitiera a las partes exhibir con amplitud y flexibilidad argumentos dirigidos a evidenciar alguna forma de indefensión durante el proceso. Por ello, ciertos aspectos sobre lo ocurrido en fases preliminares admiten, por lógica, ser introducidos al debate de la audiencia, lo cual surge con motivo de la información que los órganos de prueba producen y que, por tanto, da pie a interrogatorios o contrainterrogatorios encaminados a proveer al Tribunal de Enjuiciamiento de elementos para dilucidar si la prueba fue obtenida lícitamente. (Lo resaltado es propio) Por todo lo anterior, ante la existencia de múltiples etapas en las que se podrá dilucidar sobre la nulidad de la prueba, incluso con mayores elementos, es que se considera que la negativa de excluir un dato de prueba en la audiencia inicial, por sí misma, no genera un acto de imposible reparación. Ello, pues al margen de que dicho dato de prueba ni siquiera se ha usado en perjuicio de la parte quejosa - por la forma en que se vinculó a proceso-, no le genera ninguna afectación al aquí quejoso, dado que actualmente se encuentra sujeto a un proceso penal, pero no con motivo de la negativa que reclama, sino en virtud del auto de vinculación a proceso que ha dejado de impugnar, porque, se infiere, le beneficia para su teoría del caso. Es decir, el hecho de que se haya negado la exclusión de un dato de prueba, en este caso, por sí misma, no transgrede algún derecho fundamental del quejoso de manera inmediata y actual que no pueda ser reparado más adelante en la etapa intermedia o en la de juicio oral. Ello, esencialmente, porque el dato de prueba que el promovente estima ilícito, aún no repercute negativamente en su esfera jurídica, pues su valoración, una vez admitido como medio de prueba en intermedia y desahogado en la etapa de juicio, se encuentra supeditada a la apreciación que realice el juez de control en la etapa intermedia y el juez de enjuiciamiento en audiencia de juicio, quienes evidentemente en uso de su arbitrio judicial pueden determinar en principio sobre su admisibilidad y a la postre, sobre su eficacia probatoria, una vez que las partes hayan formulado los interrogatorios y contra interrogatorios respectivos, tendentes a demostrar su teoría del caso; respectivamente. Es por todo lo expuesto que, en el caso, la negativa de excluir un dato de prueba no causa una afectación irreparable al quejoso, por lo que resulta improcedente el amparo indirecto, e incluso, es oportuno señalar que considerar lo contrario, conlleva una afectación a los principios rectores del juicio oral. Se afirma lo anterior, porque el hecho de que en el Código Nacional de Procedimientos Penales no se prevea un recurso expreso contra la negativa de excluir datos de prueba audiencia inicial, revela la lógica del legislador de que este tipo de temas se revisen en etapas más idóneas como lo es la audiencia intermedia o el juicio oral, sin que por ello, las partes queden indefensas frente a una prueba totalmente arbitraria, pues como ya determinó la Primera Sala, para que sea procedente el juicio de amparo indirecto, deben existir cargas injustificadas que trastoquen derechos fundamentales independientes a los del propio proceso penal y de la valoración de dichas probanzas en el juicio oral. Lo que en el caso no se actualiza, porque del análisis integral a la audiencia inicial, se advierte que el dato cuya nulidad se pretende, ni siquiera se ha usado en perjuicio de la parte quejosa, por la forma en que se le vinculó a proceso -lo que inclusive se dejó de impugnar. Por tanto, debido a que la negativa de excluir el dato de prueba, en este caso, no genera una afectación irreparable, sino que se constriñe a una determinación de índole adjetiva o procesal y que no vulnera algún derecho fundamental, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V (interpretado a contrario sensu) ambos de la Ley de Amparo, resultando procedente sobreseer en el juicio en términos de la fracción V, del diverso artículo 63, de la ley en cita. Por lo anterior, resulta innecesario estudiar los conceptos de violación formulados por el accionante del amparo, conforme la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: «SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ******************** contra el acto que reclamó a la Jueza Primero de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Segundo Distrito Judicial del Estado, con sede en Kanasín, Yucatán, consistente en la resolución de dieciséis de junio de dos mil veintidós, en la que se negó la exclusión del acto de investigación consistente en el examen ginecológico y proctológico, emitida dentro de la audiencia inicial, derivada de la carpeta judicial **/2022, de su índice, por las razones expuestas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente.
- Principal
Mérida, Yucatán, catorce de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, toda vez que la audiencia constitucional en el presente juicio fue celebrada el treinta de enero del año en curso y los oficios signados por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, se recibieron en la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito en fecha posterior (nueve de marzo siguiente); en consecuencia, fórmese cuadernillo y agréguense para que obre como legalmente corresponda los citados oficios, de cuyo contenido se proveerá en líneas posteriores. Ahora bien, visto el contenido de los citados oficios mediante los cuales comunica que se concedió el acceso al expediente electrónico del juicio de amparo ******************** de índice de dicho órgano jurisdiccional. En atención al contenido de los oficios en comento, hágase del conocimiento al Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este Juzgado, a fin que proceda a efectuar vinculación pertinente el expediente electrónico en comento. NOTIFÍQUESE.
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