Juan Carlos Castro Zúñiga

Expediente 797/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 9 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
797/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
06/10/2021

Partes del expediente

  • Juan Carlos Castro Zúñiga

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, seis de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el auto en el que se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia, sin que lo haya hecho; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que aquél ha causado estado para los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En consecuencia, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se decretó el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Consecuentemente, toda vez que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión, archívense los cuadernos incidentales por separado; con la indicación de que el duplicado respectivo, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a) del referido Acuerdo, es susceptible de destrucción al transcurrir el plazo de seis meses, contado a partir del dictado del presente proveído; ello, al contar con su original y no existir documentos originales en tal cuaderno, lo que deberá hacerse constar en la carátula respectiva. Por otra parte, con apoyo en lo dispuesto en el diverso numeral 18 del Acuerdo en cita, toda vez que en el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar solicitada, el cuaderno original es susceptible de depuración; hágase constar dicha circunstancia en la carátula del expediente, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita. Por tanto, dicho expediente deberá permanecer en este juzgado por un lapso de tres años, transcurrido el cual, dentro del término de noventa días deberá procederse a su depuración, para su posterior transferencia, sin que en éste obre algún documento presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. En otro aspecto, por ser innecesaria su retención, devuélvanse a la autoridad responsable, las constancias que exhibió en este asunto. Glósese copia de este proveído en los cuadernos incidentales que derivan del presente asunto, para los efectos legales a que haya lugar. Por último, se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que la constancia de notificación relativa al oficio que deriva de esta determinación, hace las veces de acuse de recibo, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de los autos, especialmente la demanda constitucional y las constancias aportadas por la magistrada presidente de la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, atento a lo previsto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte que la parte quejosa efectivamente reclama: ? El acuerdo de dieciséis de julio de dos mil veintiuno dictado por la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado en el toca de apelación UG/ASA-153/2021, en el que se ordenó al juez de control reponer el procedimiento de origen en lo relativo a la tramitación de la apelación interpuesta por el aquí demandante contra el auto de vinculación a proceso dictado en su contra por el delito de homicidio calificado, así como para verificar la calidad de licenciados en derecho de José Velázquez Sánchez y Karla Gabriela Hurtado Rodríguez. En concepto de esta juzgadora, sobre el aludido auto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El principio de definitividad consagrado en el numeral transcrito impone al gobernado la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional, que por su naturaleza, es un medio extraordinario de defensa. La esencia de este principio se basa en el hecho de que el amparo es la vía de impugnación final que permite la anulación de actos de autoridad violatorios de derechos fundamentales, razón por la cual si el resultado que pretende el agraviado puede obtenerse mediante el uso de instrumentos ordinarios de defensa, ello inhibe la utilización innecesaria del juicio constitucional. Bajo ese contexto, en virtud de que el quejoso es parte material en la causa de origen, entonces, es inconcuso que contra el auto de dieciséis de julio de dos mil veintiuno debió interponer el recurso de revocación previsto en los artículos 465 y 466, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo anterior, se sostiene que contra el acuerdo dictado durante la tramitación del recurso de apelación, sin resolverlo, debió agotarse el diverso de revocación indicado, a fin de cumplir con el principio de definitividad en términos del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En consecuencia, ante la actualización de la causa de improcedencia examinada, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese, hágase personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de los autos, especialmente la demanda constitucional y las constancias aportadas por la magistrada presidente de la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, atento a lo previsto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte que la parte quejosa efectivamente reclama: ? El acuerdo de dieciséis de julio de dos mil veintiuno dictado por la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado en el toca de apelación UG/ASA-153/2021, en el que se ordenó al juez de control reponer el procedimiento de origen en lo relativo a la tramitación de la apelación interpuesta por el aquí demandante contra el auto de vinculación a proceso dictado en su contra por el delito de homicidio calificado, así como para verificar la calidad de licenciados en derecho de José Velázquez Sánchez y Karla Gabriela Hurtado Rodríguez. En concepto de esta juzgadora, sobre el aludido auto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El principio de definitividad consagrado en el numeral transcrito impone al gobernado la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional, que por su naturaleza, es un medio extraordinario de defensa. La esencia de este principio se basa en el hecho de que el amparo es la vía de impugnación final que permite la anulación de actos de autoridad violatorios de derechos fundamentales, razón por la cual si el resultado que pretende el agraviado puede obtenerse mediante el uso de instrumentos ordinarios de defensa, ello inhibe la utilización innecesaria del juicio constitucional. Bajo ese contexto, en virtud de que el quejoso es parte material en la causa de origen, entonces, es inconcuso que contra el auto de dieciséis de julio de dos mil veintiuno debió interponer el recurso de revocación previsto en los artículos 465 y 466, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo anterior, se sostiene que contra el acuerdo dictado durante la tramitación del recurso de apelación, sin resolverlo, debió agotarse el diverso de revocación indicado, a fin de cumplir con el principio de definitividad en términos del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En consecuencia, ante la actualización de la causa de improcedencia examinada, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, seis de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta por medio del cual se acusa recibo del oficio 16615/2021 del índice de este juzgado. Notifíquese.

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