Juan Carlos Castillo Bermudez

Expediente 263/2016 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 9 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
263/2016
Año
2016
Actuaciones
9
Última actuación
16/05/2016

Partes del expediente

  • Juan Carlos Castillo Bermudez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Incidental

    mesa "1"Ciudad de México, dieciséis de mayo de dos mil dieciséis. Visto el estado de autos del incidente de suspensión en que se actúa, se advierte que no obra algún medio de defensa legal pendiente de resolverse ni diligencias pendientes; por tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido. Ahora bien, conforme al Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción III, se establece que el original y duplicado de este incidente SON SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, lo anterior, toda vez que se negó la medida suspensional solicitada. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la Juez María Dolores Núñez Solorio, titular del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, ante la licenciada Olivia Campos Valderrama, Secretaria de juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    mesa "1" Ciudad de México, a dieciséis de mayo de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 86, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de revisión contra del proveído por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de garantías, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. Ahora bien, toda vez que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, se determina que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; consecuentemente, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental y que no constan documentos originales. Devolución de anexos de prueba Finalmente, atento a lo acordado en párrafos precedentes y, ante la inexistencia de razón jurídica para conservarlos, devuélvanse al JUEZ 48° PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, el anexo de prueba que remitió, sin que haya necesidad de solicitar el acuse de recibo correspondiente, pues como tal se tendrá la constancia en la que obre el sello de recibido. Notifíquese.

  3. Principal

    mesa"1"Ciudad de México, a veintiséis de abril de dos mil dieciséis. Agréguese a este expediente para que obre como corresponda el oficio de cuenta, por medio del cual la autoridad oficiante, informa que por auto de veintidós de abril de dos mil dieciséis, el Defensor Público y el sentenciado JUAN CARLOS CASTILLO BERMÚDEZ se desistieron del incidente planteado de inocencia promovido en la causa penal 267/2012 y para ello remite copias certificadas de dicho acuerdo; las que por estar certificadas por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, constituyen documento público y tienen eficacia plena en términos de los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia. Ahora bien, se precisa que el quejoso JUAN CARLOS CASTILLO BERMÚDEZ demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y autoridades siguientes: No Orden Autoridad Responsable Acto Reclamado Certeza Foja 1 Juez 48° Penal en la Ciudad de México. La omisión de dar respuesta al incidente no especificado de reconocimiento de inocencia NIEGA 25 (Anexo I) Así, se tramitó la demanda de garantías interpuesta por el hoy quejoso, solicitando el respectivo informe justificado a la autoridad señalada como responsable. Improcedencia del juicio de amparo. En virtud que las causales de improcedencia son de estudio preferente al fondo del asunto, corresponde a esta Juzgadora de Control Constitucional analizar de oficio si en el caso se actualiza alguna de las hipótesis que hacen improcedente el juicio de amparo, por ser su estudio preferente y de orden público, atento a lo establecido además en la jurisprudencia número 940 , del siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes lo aleguen o no debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." De oficio se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente al actualizarse la causal encuentra prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Asentado lo anterior, se procede a analizar la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo." Del precepto legal transcrito se obtiene que, para la actualización de la causa de improcedencia invocada, se requiere que ante la subsistencia del acto reclamado, no exista posibilidad de que sus efectos legales o materiales se realicen o continúen realizando, por haber dejado de existir o haber desaparecido totalmente el objeto o la materia de dicho acto, de modo tal que el amparo que en su caso se otorgara carecería de efectos, al ser jurídicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, o bien, que dicha restitución careciese de efectos jurídicos trascendentes. Así, para que el juicio de amparo sea procedente, además de que el acto reclamado esté subsistiendo, debe tener un efecto legal o material sobre la esfera jurídica del quejoso, esto es, que sus efectos legales se concreten conforme a las reglas del procedimiento que lo rigen, pues de no ser así, en virtud de alguna modificación en el entorno procesal en que se emitió, jurídicamente sería imposible restituir al quejoso en el goce de sus derechos, pues la sentencia de amparo no tendría ningún efecto jurídico. A efecto de una mejor comprensión, es necesario hacer las siguientes precisiones: 1. El quejoso, el dieciséis de febrero del año en curso, presentó un escrito ante el Juez responsable (foja 103 anexo), en el que solicitó el reconocimiento de inocencia, dentro de la causa penal 267/2012. 2. Mediante acuerdo de esa misma fecha (dieciséis de febrero de dos mil dieciséis), el Juez Cuadragésimo Octavo en la Ciudad de México, tuvo por recibido el referido escrito del quejoso, y dio vista al defensor público para que manifestase lo que a los intereses que representa conviniera, y una vez realizada dicha manifestación, se acordaría lo conducente. 3. Así, por escrito presentado el siete de marzo del presente año, el defensor público solicitó copias simples de diversas constancias, mismas que le fueron otorgadas mediante acuerdo dictado el nueve de marzo de la anualidad en curso; copias que recibió del día dieciséis de marzo de dos mil dieciséis. 4. Una vez hecho lo anterior, el defensor público en comparecencia el día veintiuno de abril de la presente anualidad (Foja 113 anexo), manifestó que se encontraba elaborando el incidente planteado para promoverlo ante el tribunal de alzada. 5. En razón de lo anterior, el quejoso al ser notificado de la comparecencia efectuada por el defensor de oficio, manifestó su deseo de desistirse del incidente de reconocimiento de inocencia que interpuso; a su vez, el defensor de oficio igualmente expresó que, con la finalidad de salvaguardar los derechos del sentenciado, en esa instancia se desistía del incidente que promovió su defendido, el cual refiere tramitará ante la Sala Penal correspondiente. Ahora bien, el quejoso reclama la omisión de dar contestación a su escrito de dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, presentado en la causa penal 267/2012 ante el Juez responsable. Sin embargo, es de hacerse notar que en esa misma fecha, si bien el Juez responsable acordó la recepción de dicho escrito, no realizó manifestación referente al contenido, sino que se limitó a dar vista al defensor público para que manifestase lo conducente. Posteriormente, seguida la secuela procedimental, el veintidós de abril del presente año, tanto el quejoso como el defensor público, manifestaron su deseo de desistirse del incidente de reconocimiento de inocencia, respecto del cual se origina la omisión que se atribuye a la responsable. Por lo que no obstante que el acto subsiste, en el sentido de que la autoridad señalada como responsable si bien se pronunció con relación al continente del libelo de referencia (la recepción del escrito de cuenta), nunca hizo pronunciamiento alguno con relación a su contenido (las pretensiones del quejoso), sin embargo, atendiendo a la voluntad expresa del quejoso (desistimiento), el acto reclamado no puede surtir efectos materiales en perjuicio del quejoso. En tal hipótesis, al desistirse la parte quejosa de la instancia que dio origen al acto combatido en esta vía, aun cuando el acto reclamado subsista (la falta de respuesta a las pretensiones planteadas por el quejoso en el ocurso presentado ante la autoridad responsable), su objeto dejó de existir. Por lo que la falta de respuesta no puede considerarse como un efecto que haya dejado huella en la esfera jurídica del quejoso susceptible de repararse mediante la sentencia de amparo que, en su caso, llegare a emitirse, pues en el supuesto de que en el presente asunto se determinara que el acto reclamado es inconstitucional, los efectos de la sentencia sólo tendrían por objeto constreñir a la responsable a que con libertad de jurisdicción diera respuesta a las pretensiones esgrimidas por el quejoso en el escrito de mérito, y por ende jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada. Por tanto, a pesar que el acto reclamado subsiste, su objeto material o de ejecución procesal, ya no está vigente. Por ello, se insiste que la protección que se concediera en vía de amparo, de analizarse este acto, carecería de efectos jurídicos. En razón de lo expuesto, y demostrada la causal de improcedencia aducida, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO en términos del artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXII, ambos de la Ley de Amparo. Es así porque de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, como lo es celebrar la audiencia constitucional y pronunciar el sobreseimiento relativo en dicha diligencia, resulta ocioso y en demérito del principio de prontitud y expedites en la administración de justicia, acorde al contenido del numeral 17 constitucional; al advertirse desde este momento la causal invocada en líneas precedentes. No es obstáculo a lo anterior, que no se haya dado vista al quejoso con la causal de improcedencia estudiada como lo previene el artículo 64 de la Ley de Amparo, pues de la interpretación del párrafo segundo de dicho precepto, se advierte que la obligación de dar vista al quejoso con la causa de improcedencia, corresponde únicamente al órgano jurisdiccional de segunda instancia del juicio constitucional, es decir, a los Tribunales Colegiados de Circuito, puesto que es en este caso cuando se actualiza la hipótesis de "autoridad inferior" -Juez de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito-. Por las razones expuestas, se deja sin efectos la audiencia Constitucional señalada para las nueve horas con veinte minutos del día de hoy. En la inteligencia de que tal situación no priva de defensa al peticionario de garantías, en virtud de que la determinación que en este proveído se dicta, se sustenta en una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, pues ningún objeto tiene continuar con la tramitación del juicio de amparo y dar oportunidad a que se ofrezcan las pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 Constitucional. Notifíquese y personalmente al quejoso.

  4. Principal

    MESA "1" Ciudad de México, a veintidós de abril de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el informe justificado de cuenta. Atento a lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes por el término de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Ahora, con las documentales remitidas que acompañan al informe justificado rendido por la autoridad responsable, ábrase el anexo I para el mejor manejo del presente juicio de amparo, respetando el folio de origen. Notifíquese.

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