Juan Carlos Casanova Reyes

Expediente 276/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
276/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
28/03/2019

Partes del expediente

  • Juan Carlos Casanova Reyes
  • Juan Carlos Casanova Reyes y Otros.
  • Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiocho de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso alguno en contra del auto de ocho de marzo de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que se desechó la demanda de amparo, es evidente que este asunto constituye una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, por lo que al no existir documentos originales exhibidos por las partes y que carece de relevancia documental, encuadra en el supuesto previsto en el artículo vigésimo primero fracción I del Acuerdo General conjunto 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en consecuencia, el presente expediente es susceptible de destrucción. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, la relativa a la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de marzo de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos el memorial suscrito por Juan Carlos Casanova Reyes, por medio del cual cumple con la prevención realizada en proveído de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, especificando el acto que reclama en el presente juicio de amparo. Ahora, visto el escrito de cuenta, se desecha de plano la demanda de amparo, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la cual debe ser examinada de oficio, en observancia a lo dispuesto por el artículo 62 del citado ordenamiento legal. En efecto, en el caso, de la lectura integral de la demanda y escrito aclaratorio se advierte que la especie la parte quejosa reclama la notificación que le fue realizada de manera diversa a la personal, del auto de veinte de mayo de dos mil quince, dictado en el juicio extraordinario hipotecario 782/2014 del índice del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, promovido por HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, en contra del aquí quejoso. Por tanto, es evidente que respecto del acto que se reclama se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional, prevista en el artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual en su fracción XVIII, establece lo siguiente: "Artículo 61. El Juicio de Amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." El numeral transcrito con anterioridad contempla el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En efecto, en lo referente a la notificación que el quejoso dice le fue realizada de manera ilegal, se actualiza la mencionada causal de improcedencia, pues a criterio de esta autoridad, estuvo en aptitud de promover el incidente de nulidad de actuaciones, previsto en el artículo 37 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán. Al respecto, conviene destacar para una mejor comprensión de la conclusión a la que se llegará, que el aludido principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos, legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal, por lo que la parte quejosa está ante la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, agotando los medios ordinarios de defensa procedentes. En ese orden de ideas, es evidente que el principio de definitividad del juicio de amparo supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. Es decir, de acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación de la agraviada consistente en agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios, juicios o medios de defensa legal tendientes a revocar, modificar o nulificar los actos lesivos. Sustenta la anterior consideración, lo establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis visible a página 128, Tomo XXIV, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, cuyo rubro y texto señalan: "RECURSOS ORDINARIOS. Los recursos ordinarios que, por no interponerse, hacen improcedente el amparo, son aquellos que concede la ley, y por los cuales, mediante determinado procedimiento, se obtiene que la autoridad misma o su superior, reformen o revoquen la resolución motivo del amparo; pero cuando este medio de modificar o reformar el acto que se reclama, está constituido por una verdadera contienda judicial, entonces no puede considerarse ya que existe el recurso ordinario que hace improcedente el amparo." Igualmente, debe señalarse que tales recursos, juicios o medios de defensa, deben tener una existencia legal, esto es, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen, y por otra, para que tenga el quejoso la obligación de agotarlos previamente a la interposición del juicio constitucional debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad, es decir, que el medio común de defensa esté previsto por la ley que rige el acto impugnado. Ilustra la anterior consideración, la Jurisprudencia 2ª./J. 115/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 448 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Octubre de 1999, Materias Común, Administrativa, relativa a la Novena Época, que dice: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo." Para demostrar la actualización de la causal de improcedencia aludida, en principio es de señalarse que el acto reclamado emana de un procedimiento extraordinario hipotecario promovido por HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, en contra del aquí quejoso; juicio cuya tramitación se encuentra regulada por el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán. Ahora, en primer lugar tenemos que el artículo 37 del Código de Procedimientos Civiles del Estado aplicable, dispone lo siguiente: "Artículo 37. Las notificaciones que se hicieren en forma distinta de la prevenida en este Capítulo serán nulas, y el notificador que las autorice incurrirá en una multa hasta de 10 veces el salario mínimo vigente en la ciudad de Mérida, debiendo además responder de cuantos perjuicios y gastos se hayan originado por su culpa. La parte agraviada podrá promover ante el mismo Juez que conozca del negocio, el respectivo incidente sobre declaración de nulidad, dentro de los tres días siguientes a aquél en que tenga conocimiento de la notificación." Del precepto antes transcrito, se advierte que cuando el acto reclamado en el amparo lo constituye la falta de una notificación o una notificación realizada en contravención a lo establecido en la propia ley, en un juicio de naturaleza civil, como el que nos ocupa, el juicio de amparo es improcedente, porque dicho acto puede ser modificado por la autoridad que conozca del juicio natural, mediante el incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado de conformidad con el numeral 37 antes señalado, el cual debe agotarse previamente a intentarse el juicio de amparo, para así cumplir con el principio de definitividad que rige en materia de amparo. En este orden de ideas, al no haber agotado el promovente el incidente de nulidad de actuaciones, previo al ejercicio de la acción de amparo, es evidente que respecto del acto consistente en la notificación del auto de veinte de mayo de dos mil quince, la cual aduce le fue realizada de manera ilegal, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En ese sentido, en el caso en particular, el amparista sí estaba en aptitud de interponer en forma oportuna el incidente de nulidad de actuaciones en contra de la notificación aquí impugnada, pues según reconoció bajo protesta de decir verdad en su demanda, es parte formal en el procedimiento natural y existe la certeza de tal medio de impugnación. De tal manera que, al no haberse agotado de forma oportuna, antes de la promoción de la demanda de amparo, el referido medio ordinario de defensa legal, no se cumple con el principio de definitividad, el cual es presupuesto básico para la procedencia del amparo, pues sólo es factible cuando se hayan agotado efectivamente los recursos o medios de defensa por virtud de los cuales puedan ser modificados, revocados o nulificados los actos reclamados. Bajo las anteriores consideraciones, deriva que el presente juicio de amparo indirecto es improcedente, en términos del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, al no ser el acto reclamado en este juicio, susceptible de análisis por esta vía, en virtud que respecto del mismo previamente debía interponerse y sustanciarse el medio ordinario de defensa que la ley prevé, siendo en este caso, el incidente de nulidad de actuaciones o notificaciones, conforme lo establecido en el numeral 37 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Tiene aplicación, en lo conducente y por analogía, la tesis de jurisprudencia XIX.2o.13 K, Tribunales Colegiados del Circuito, visible en la página 340, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Enero de 1996, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto: "RECURSOS ORDINARIOS (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 114, FRACCIÓN IV Y 73, FRACCIÓN XIII DE LA LEY DE AMPARO). La interpretación armónica de los artículos 114, fracción IV y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, llevan a concluir que tratándose de actos emanados de los tribunales judiciales, aun cuando su sentido de afectación pudiese tener la connotación de "irreparable" por aludir a derechos sustantivos, no excluye a los gobernados de la obligación de agotar los recursos ordinarios que establezcan las leyes procesales, siempre y cuando éstos tengan el alcance de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; pues la citada fracción XIII, del artículo 73, sólo prevé como excepciones: "Los casos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos...". Ahora, debe decirse que en la especie no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, para la procedencia del presente juicio, puesto que el anterior acto reclamado no constituye un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, excluyendo a las sentencias definitivas en el proceso penal. Asimismo, no se advierte que la parte quejosa sea persona extraña al procedimiento de origen, sino que es parte formal en el mismo, tal y como se advierte de su escrito de demanda, pues de ésta aparece que es parte demandada. Sin que en el caso sea posible considerarlo como un tercero extraño por equiparación en el procedimiento de origen, ya que el sólo hecho de que no se le haya notificado personalmente el auto de veinte de mayo de dos mil quince, en el que se tuvo por no aprobado el convenio exhibido mediante memorial de dieciocho de noviembre de dos mil catorce y se le previno para que compareciera a ratificarse de un diverso convenio, con el apercibimiento que de no hacerlo se le tendría por ratificado del mismo, no constituye propiamente una falta de emplazamiento al juicio, pues la litis en el mismo ya se encontraba integrada, sobre todo si se toma en cuenta que el quejoso refiere que compareció mediante escrito al mencionado juicio promovido en su contra, allanándose a la demanda instaurada en su contra, por lo que evidentemente no vulneró su derecho de audiencia. Apoya a la anterior consideración, en lo conducente, la tesis XX:(83 C, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 428 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Abril de 1996, Novena Época, Materia Civil, con rubro y texto que dicen: "OMISION DEL EMPLAZAMIENTO EN SEGUNDA INSTANCIA. NO LE CAUSA NINGUN PERJUICIO AL QUEJOSO LA. (LEGISLACION DEL ESTADO DE CHIAPAS). La omisión del emplazamiento del quejoso en la segunda instancia, no le causa ningún perjuicio, en razón de que, al interponerse la apelación, la litis en la alzada se encuentra integrada y lo que resulta importante para resolver ésta, es la resolución, auto, proveído o sentencia recurrida, y los agravios del que apeló; por tanto, el espíritu del legislador al ordenar en el artículo 672 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas, que al remitirse la apelación al tribunal de alzada, se emplace a las partes para que si lo desean comparezcan a éste, es con la única finalidad de que las partes se enteren de la impetración de la apelación, y que en su caso quien no apeló, pueda formular alegatos para defender la resolución recurrida, pero estos alegatos de ninguna manera forman parte de la litis, sino que únicamente sirven para que en su caso también ilustren el criterio del juzgador. En ese orden de ideas, en contra del acto reclamado consistente en la ilegal notificación del auto de veinte de mayo de dos mil quince dictado en el juicio de origen, procedía el incidente de nulidad de actuaciones o notificaciones, el cual la parte quejosa estuvo en aptitud de agotar oportunamente; y al no haberlo hecho así, el juicio de amparo indirecto es improcedente al no ser susceptible de analizarse actos respecto de los cuales previamente debió interponerse y tramitarse el incidente que la ley prevé para ello, actualizándose así, la causal de improcedencia contemplada en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, por lo expuesto en líneas precedentes, y con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo aplicable, se reitera, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Juan Carlos Casanova Reyes. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    AVISO....Mérida, Yucatán, ocho de marzo de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos el memorial suscrito por Juan Carlos Casanova Reyes, por medio del cual cumple con la prevención realizada en proveído de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, especificando el acto que reclama en el presente juicio de amparo. Ahora, visto el escrito de cuenta, se desecha de plano la demanda de amparo, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la cual debe ser examinada de oficio, en observancia a lo dispuesto por el artículo 62 del citado ordenamiento legal. En efecto, en el caso, de la lectura integral de la demanda y escrito aclaratorio se advierte que la especie la parte quejosa reclama la notificación que le fue realizada de manera diversa a la personal, del auto de veinte de mayo de dos mil quince, dictado en el juicio extraordinario hipotecario 782/2014 del índice del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, promovido por HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, en contra del aquí quejoso. Por tanto, es evidente que respecto del acto que se reclama se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional, prevista en el artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual en su fracción XVIII, establece lo siguiente: "Artículo 61. El Juicio de Amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." El numeral transcrito con anterioridad contempla el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En efecto, en lo referente a la notificación que el quejoso dice le fue realizada de manera ilegal, se actualiza la mencionada causal de improcedencia, pues a criterio de esta autoridad, estuvo en aptitud de promover el incidente de nulidad de actuaciones, previsto en el artículo 37 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán. Al respecto, conviene destacar para una mejor comprensión de la conclusión a la que se llegará, que el aludido principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos, legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal, por lo que la parte quejosa está ante la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, agotando los medios ordinarios de defensa procedentes. En ese orden de ideas, es evidente que el principio de definitividad del juicio de amparo supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. Es decir, de acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación de la agraviada consistente en agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios, juicios o medios de defensa legal tendientes a revocar, modificar o nulificar los actos lesivos. Sustenta la anterior consideración, lo establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis visible a página 128, Tomo XXIV, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, cuyo rubro y texto señalan: "RECURSOS ORDINARIOS. Los recursos ordinarios que, por no interponerse, hacen improcedente el amparo, son aquellos que concede la ley, y por los cuales, mediante determinado procedimiento, se obtiene que la autoridad misma o su superior, reformen o revoquen la resolución motivo del amparo; pero cuando este medio de modificar o reformar el acto que se reclama, está constituido por una verdadera contienda judicial, entonces no puede considerarse ya que existe el recurso ordinario que hace improcedente el amparo." Igualmente, debe señalarse que tales recursos, juicios o medios de defensa, deben tener una existencia legal, esto es, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen, y por otra, para que tenga el quejoso la obligación de agotarlos previamente a la interposición del juicio constitucional debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad, es decir, que el medio común de defensa esté previsto por la ley que rige el acto impugnado. Ilustra la anterior consideración, la Jurisprudencia 2ª./J. 115/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 448 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Octubre de 1999, Materias Común, Administrativa, relativa a la Novena Época, que dice: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo." Para demostrar la actualización de la causal de improcedencia aludida, en principio es de señalarse que el acto reclamado emana de un procedimiento extraordinario hipotecario promovido por HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, en contra del aquí quejoso; juicio cuya tramitación se encuentra regulada por el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán. Ahora, en primer lugar tenemos que el artículo 37 del Código de Procedimientos Civiles del Estado aplicable, dispone lo siguiente: "Artículo 37. Las notificaciones que se hicieren en forma distinta de la prevenida en este Capítulo serán nulas, y el notificador que las autorice incurrirá en una multa hasta de 10 veces el salario mínimo vigente en la ciudad de Mérida, debiendo además responder de cuantos perjuicios y gastos se hayan originado por su culpa. La parte agraviada podrá promover ante el mismo Juez que conozca del negocio, el respectivo incidente sobre declaración de nulidad, dentro de los tres días siguientes a aquél en que tenga conocimiento de la notificación." Del precepto antes transcrito, se advierte que cuando el acto reclamado en el amparo lo constituye la falta de una notificación o una notificación realizada en contravención a lo establecido en la propia ley, en un juicio de naturaleza civil, como el que nos ocupa, el juicio de amparo es improcedente, porque dicho acto puede ser modificado por la autoridad que conozca del juicio natural, mediante el incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado de conformidad con el numeral 37 antes señalado, el cual debe agotarse previamente a intentarse el juicio de amparo, para así cumplir con el principio de definitividad que rige en materia de amparo. En este orden de ideas, al no haber agotado el promovente el incidente de nulidad de actuaciones, previo al ejercicio de la acción de amparo, es evidente que respecto del acto consistente en la notificación del auto de veinte de mayo de dos mil quince, la cual aduce le fue realizada de manera ilegal, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En ese sentido, en el caso en particular, el amparista sí estaba en aptitud de interponer en forma oportuna el incidente de nulidad de actuaciones en contra de la notificación aquí impugnada, pues según reconoció bajo protesta de decir verdad en su demanda, es parte formal en el procedimiento natural y existe la certeza de tal medio de impugnación. De tal manera que, al no haberse agotado de forma oportuna, antes de la promoción de la demanda de amparo, el referido medio ordinario de defensa legal, no se cumple con el principio de definitividad, el cual es presupuesto básico para la procedencia del amparo, pues sólo es factible cuando se hayan agotado efectivamente los recursos o medios de defensa por virtud de los cuales puedan ser modificados, revocados o nulificados los actos reclamados. Bajo las anteriores consideraciones, deriva que el presente juicio de amparo indirecto es improcedente, en términos del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, al no ser el acto reclamado en este juicio, susceptible de análisis por esta vía, en virtud que respecto del mismo previamente debía interponerse y sustanciarse el medio ordinario de defensa que la ley prevé, siendo en este caso, el incidente de nulidad de actuaciones o notificaciones, conforme lo establecido en el numeral 37 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Tiene aplicación, en lo conducente y por analogía, la tesis de jurisprudencia XIX.2o.13 K, Tribunales Colegiados del Circuito, visible en la página 340, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Enero de 1996, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto: "RECURSOS ORDINARIOS (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 114, FRACCIÓN IV Y 73, FRACCIÓN XIII DE LA LEY DE AMPARO). La interpretación armónica de los artículos 114, fracción IV y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, llevan a concluir que tratándose de actos emanados de los tribunales judiciales, aun cuando su sentido de afectación pudiese tener la connotación de "irreparable" por aludir a derechos sustantivos, no excluye a los gobernados de la obligación de agotar los recursos ordinarios que establezcan las leyes procesales, siempre y cuando éstos tengan el alcance de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; pues la citada fracción XIII, del artículo 73, sólo prevé como excepciones: "Los casos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos...". Ahora, debe decirse que en la especie no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, para la procedencia del presente juicio, puesto que el anterior acto reclamado no constituye un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, excluyendo a las sentencias definitivas en el proceso penal. Asimismo, no se advierte que la parte quejosa sea persona extraña al procedimiento de origen, sino que es parte formal en el mismo, tal y como se advierte de su escrito de demanda, pues de ésta aparece que es parte demandada. Sin que en el caso sea posible considerarlo como un tercero extraño por equiparación en el procedimiento de origen, ya que el sólo hecho de que no se le haya notificado personalmente el auto de veinte de mayo de dos mil quince, en el que se tuvo por no aprobado el convenio exhibido mediante memorial de dieciocho de noviembre de dos mil catorce y se le previno para que compareciera a ratificarse de un diverso convenio, con el apercibimiento que de no hacerlo se le tendría por ratificado del mismo, no constituye propiamente una falta de emplazamiento al juicio, pues la litis en el mismo ya se encontraba integrada, sobre todo si se toma en cuenta que el quejoso refiere que compareció mediante escrito al mencionado juicio promovido en su contra, allanándose a la demanda instaurada en su contra, por lo que evidentemente no vulneró su derecho de audiencia. Apoya a la anterior consideración, en lo conducente, la tesis XX:(83 C, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 428 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Abril de 1996, Novena Época, Materia Civil, con rubro y texto que dicen: "OMISION DEL EMPLAZAMIENTO EN SEGUNDA INSTANCIA. NO LE CAUSA NINGUN PERJUICIO AL QUEJOSO LA. (LEGISLACION DEL ESTADO DE CHIAPAS). La omisión del emplazamiento del quejoso en la segunda instancia, no le causa ningún perjuicio, en razón de que, al interponerse la apelación, la litis en la alzada se encuentra integrada y lo que resulta importante para resolver ésta, es la resolución, auto, proveído o sentencia recurrida, y los agravios del que apeló; por tanto, el espíritu del legislador al ordenar en el artículo 672 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas, que al remitirse la apelación al tribunal de alzada, se emplace a las partes para que si lo desean comparezcan a éste, es con la única finalidad de que las partes se enteren de la impetración de la apelación, y que en su caso quien no apeló, pueda formular alegatos para defender la resolución recurrida, pero estos alegatos de ninguna manera forman parte de la litis, sino que únicamente sirven para que en su caso también ilustren el criterio del juzgador. En ese orden de ideas, en contra del acto reclamado consistente en la ilegal notificación del auto de veinte de mayo de dos mil quince dictado en el juicio de origen, procedía el incidente de nulidad de actuaciones o notificaciones, el cual la parte quejosa estuvo en aptitud de agotar oportunamente; y al no haberlo hecho así, el juicio de amparo indirecto es improcedente al no ser susceptible de analizarse actos respecto de los cuales previamente debió interponerse y tramitarse el incidente que la ley prevé para ello, actualizándose así, la causal de improcedencia contemplada en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, por lo expuesto en líneas precedentes, y con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo aplicable, se reitera, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Juan Carlos Casanova Reyes. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.

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