Juan Carlos Carvajal Vidales

Expediente 587/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
587/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
22/12/2022

Partes del expediente

  • Juan Carlos Carvajal Vidales

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintidós de diciembre de dos mil veintidós. Se informa adscripción de titular. En primer término, se hace del conocimiento de las partes procesales que mediante oficio SEADS/958/2022, de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó la adscripción de la Jueza Marcela Guadalupe Castro Núñez a este órgano constitucional, con efectos a partir del dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Por tanto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 26 y 51, de la Ley de Amparo y 297, fracción ll, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para que, en caso de estimarlo pertinente, en el término de tres días, legalmente computados, manifiesten lo que a su derecho corresponda. Testimonio Colegiado. Téngase recibido el oficio signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, a través del cual hace llegar el testimonio de la resolución dictada en la sesión ordinaria virtual de catorce de diciembre de dos mil veintidós, dictada en los autos del recurso de queja civil 481/2022; y estese a lo resuelto por el tribunal revisor mediante la resolución de que se trata, en cuyo punto resolutivo dice: "ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja, por lo que se CONFIRMA el auto recurrido dictado el dieciocho de agosto de dos mil veintidós por la secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con residencia en Ciudad Valles, San Luis Potosí, en el juicio de amparo indirecto 587/2022-I-B. Notifíquese." En virtud de lo anterior, hágase lo anterior del conocimiento de la parte quejosa para los efectos legales a que haya lugar; acúsese el recibo de estilo correspondiente a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y estese a lo resuelto por el tribunal revisor mediante la resolución de que se trata, en la que se declaró infundado el recurso de queja. Archivo y anotaciones en el libro de gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se emitió un proveído sin decidir el juicio en lo principal, no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. Temporalidad para destrucción de expediente. Previo transcurso del plazo de tres años que se establece en el primer párrafo del citado artículo 21 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, con apoyo además en el numeral 24 del mismo ordenamiento. Anotación de valoración documental y fecha de archivo en carátulas de expedientes. Inscríbase tales datos, así como la fecha de este acuerdo en la carátula del expediente, en observancia al ordinal 35, segundo párrafo del propio ordenamiento. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. ACUSE. Téngase recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Noveno Circuito, por el que acusa recibo del oficio 12367/2022, mediante el cual se le remitieron las constancias referentes al recurso de queja hecho valer por el quejoso e informa a este Juzgado de Distrito que admitió a trámite el citado recurso, mismo que fue registrado bajo el número de queja civil 481/2022; en tal virtud, agréguese a los presentes autos para que obre como constancia. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, uno de septiembre de dos mil veintidós. Téngase recibido el escrito signado por José Antonio Pérez González, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído que desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el recurso de queja que hace valer el promovente en contra del proveído de dieciocho de agosto del año en curso. Por tanto, no obstante que el promovente omitió señalar las constancias a enviar para resolver el recurso de que se trata, al versar éste sobre el auto que desechó la demanda de amparo, remítase copia certificada de todo lo actuado en el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Noveno Circuito, con fundamento en el artículo 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, conforme con lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley de Amparo, en vía de informe hágase del conocimiento de la superioridad que es cierto el acto reclamado, dado que el dieciocho de agosto de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo promovida por José Antonio Pérez González, al encontrarse de su análisis motivos manifiestos de improcedencia. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, dieciocho de agosto de dos mil veintidós. IDENTIFICACIÓN PROMOVENTES Y REGISTRO. Vista la demanda de amparo promovida por Juan Carlos Carvajal Vidales, contra actos del Pleno y Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí y otra autoridad, por trasgresión que estima de los artículos 1, 5, 14, 16, 17 y 133 Constitucionales. Regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 587/2022-I-B. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de garantías que se recibe, se advierte que la quejosa señaló como autoridades responsables al Pleno y Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí y al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial en Tamazunchale, San Luis Potosí, y como acto reclamado: La resolución de treinta de junio del presente año, dictada en los autos del juicio extraordinario civil 1622/2019, en la que se declaró infundado el recurso de queja planteado, que aduce el promovente, interpuso en contra del auto de veintitrés de marzo del presente año, por el que no se admitió el recurso de apelación relativo al desahogo de pruebas en el juicio de origen. Bien, en los artículos 113, 61, fracción XXlll y 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo, se dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; En la especie, el acto que se combate en esta vía constitucional, no puede considerarse de aquéllos que deban producir sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, en términos de lo dispuesto por el precitado artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para que sea procedente el juicio de garantías biinstancial. Se afirma lo anterior, en razón de que en el controvertido de origen 1622/2019, con fecha treinta y uno de enero del presente año el Juez Mixto de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial en Tamazunchale, San Luis Potosí, desahogó la prueba confesional ofrecida por el aquí quejoso, a la cual le fue negada la comparecencia en virtud de estar presente fuera del horario establecido para el desahogo de la citada probanza; ante tal determinación el promovente interpuso recurso de apelación, el que con fecha veintitrés de marzo de dos mil veintidós, fue desechado por frívolo e improcedente; inconforme con tal determinación interpuso recurso de queja ante el Pleno y Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado el cual con fecha treinta de junio del presente año, fue declarado infundado. Determinación que constituye el acto reclamado. Por lo que al ser ello así, los actos que por esta vía de amparo se combaten, en todo caso, constituyen una violación procesal cuya ejecución no es de imposible reparación y sólo tienen efectos intraprocesales, pues del análisis de los antecedentes del acto reclamado, se advierte que el juicio de origen se encuentra en trámite, es decir no ha sido resuelto, por ende, su consecuencia es una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal; es decir, este tipo de violaciones son meramente formales y pueden ser reparables si la afectada obtiene una sentencia favorable. En efecto, el que se haya desahogado la prueba ofrecida por la parte actora, sin la presencia de esta última, no le causa una afectación material a los derechos sustantivos que tutela la Ley Suprema, ya que el perjuicio que alega en todo caso se materializaría hasta el dictado del fallo que resuelva el controvertido de origen, pues éste puede quedar subsanado de obtener una resolución favorable a sus intereses. En mérito de lo expuesto, se concluye que en la especie se actualiza la causa de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXlll, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar de plano la demanda de garantías de que se trata, con apoyo además, en el invocado numeral 113 de la ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la mencionada ley, a José Antonio Pérez González. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA". En otro aspecto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, tomando en consideración el estado de contingencia que actualmente se vive en el país, en estricta observancia a las medidas adoptadas para evitar la concentración de personas y la propagación del virus, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación de este juicio en forma electrónica, mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma). HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Notifíquese y personalmente.

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