Juan Carlos Carranco Uribe

Expediente 14/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
14/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
26/01/2016

Partes del expediente

  • Juan Carlos Carranco Uribe

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya transcurrió el término para interponer recurso de queja en contra del auto dictado el ocho de enero de dos mil dieciséis, en el que este Juzgado desechó la demanda de amparo presentada por el quejoso ***********, sin que lo haya hecho; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, se declara firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Sin que haya lugar a devolver documentos originales, toda vez que no fueron exhibidos por las partes

  2. Principal

    Agréguese el escrito signado por el quejoso **************, con fundamento en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele copia certificada de las constancias que indica, se autoriza para recibirla a las personas que indica, previa razón de recibo que se deje en autos.

  3. Principal

    Visto el escrito de demanda signado por ********, contra actos del Juez Civil de Oralidad Familiar Primero Menor Civil de Celaya; fórmese cuaderno de amparo, en el entendido de que se encuentra registrado en el libro de gobierno con el número 14/2016. Del análisis integral de la demanda, en concreto de los antecedentes que esgrime el promovente bajo protesta de decir verdad, se advierte que se impugna un acto dictado dentro del expediente F1139/14 de la estadística del Juzgado Civil de Oralidad Familiar en esta ciudad, consistente en la resolución de veinticinco de noviembre de dos mil quince, dictada dentro del recurso de revocación interpuesto por la parte actora dentro del juicio principal ********. En dicha determinación se revocó el diverso proveído de dieciséis de octubre de dos mil quince, relativo al desahogo de la prueba de inspección judicial, ofrecida por el demandado, aquí quejoso, para concluir que había precluido su derecho para insistir en su desahogo y además que dicha probanza resultaba "impertinente" puesto que el Juzgado carece de conocimientos especiales para establecer el valor de los vehículos, por lo que resultaba innecesario el desahogo de la prueba ofertada. Ahora bien, de los numerales 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107 fracción III, inciso b), de la vigente Ley de Amparo, se desprende que los actos dictados durante el juicio sólo pueden impugnarse en amparo indirecto cuando tengan una ejecución de imposible reparación; entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En esa tesitura, la determinación reclamada no constituye un acto que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, puesto que el Juez responsable únicamente desechó de plano la prueba de inspección judicial ofrecida por el quejoso dentro de la controversia principal, por los argumentos ya anotados; acto procesal que no tiene una ejecución de imposible reparación, pues sus consecuencias no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo, sino que sus efectos son de orden procesal y cualquier violación que se hubiera cometido al pronunciarla puede repararse, en primer lugar, a través de la resolución definitiva que se dicte, siempre que resulte favorable a los intereses del quejoso o, en caso contrario, mediante el recurso de apelación o por medio del juicio de amparo que en su contra se haga valer, en el que podrán alegarse las violaciones cometidas durante el curso del procedimiento. De ahí que en el particular, al reclamarse actos dictados dentro de un procedimiento que no son de imposible reparación, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia que deviene de relacionar la fracción XXIII del artículo 61, con la III del inciso b) del numeral 107, ambos de la vigente la Ley de Amparo y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 del mismo ordenamiento, se desecha de plano la demanda. Resultando ilustrativo, el criterio contenido en la jurisprudencia número 407, de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la quinta época, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos noventa y cinco, tomo VI, Parte SCJN, página doscientos setenta y tres, cuyo rubro es el siguiente: "PRUEBAS. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LAS DESECHA". Y el diverso contenido en la jurisprudencia identificada como P./J. 6/94, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fuente Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número setenta y seis, de abril de mil novecientos noventa y cuatro, página trece, intitulada: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO". Por otra parte, como el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria, se hace del conocimiento del quejoso que podrá oponerse a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que acepta la publicación respectiva con dichos datos. Se tiene por autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******** en virtud de que no tienen inscrita su cédula profesional ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales y no acreditar encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de abogadas, y como domicilio para tal efecto el ubicado en calle **** en esta ciudad.

  4. Principal

    En atención a que la parte quejosa no compareció dentro de los dos días hábiles posteriores al en que se le entregó el citatorio de fecha once de los corrientes, con fundamento en el artículo 26, fracción III y 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, publicada en el diario oficial de la federación el dos de abril de mil trece, le notifico el acuerdo de ocho de enero de dos mil dieciséis, mismo que a la letra dice: Visto el escrito de demanda signado por ********, contra actos del Juez Civil de Oralidad Familiar Primero Menor Civil de Celaya; fórmese cuaderno de amparo, en el entendido de que se encuentra registrado en el libro de gobierno con el número 14/2016. Del análisis integral de la demanda, en concreto de los antecedentes que esgrime el promovente bajo protesta de decir verdad, se advierte que se impugna un acto dictado dentro del expediente F1139/14 de la estadística del Juzgado Civil de Oralidad Familiar en esta ciudad, consistente en la resolución de veinticinco de noviembre de dos mil quince, dictada dentro del recurso de revocación interpuesto por la parte actora dentro del juicio principal ********. En dicha determinación se revocó el diverso proveído de dieciséis de octubre de dos mil quince, relativo al desahogo de la prueba de inspección judicial, ofrecida por el demandado, aquí quejoso, para concluir que había precluido su derecho para insistir en su desahogo y además que dicha probanza resultaba "impertinente" puesto que el Juzgado carece de conocimientos especiales para establecer el valor de los vehículos, por lo que resultaba innecesario el desahogo de la prueba ofertada. Ahora bien, de los numerales 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107 fracción III, inciso b), de la vigente Ley de Amparo, se desprende que los actos dictados durante el juicio sólo pueden impugnarse en amparo indirecto cuando tengan una ejecución de imposible reparación; entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En esa tesitura, la determinación reclamada no constituye un acto que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, puesto que el Juez responsable únicamente desechó de plano la prueba de inspección judicial ofrecida por el quejoso dentro de la controversia principal, por los argumentos ya anotados; acto procesal que no tiene una ejecución de imposible reparación, pues sus consecuencias no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo, sino que sus efectos son de orden procesal y cualquier violación que se hubiera cometido al pronunciarla puede repararse, en primer lugar, a través de la resolución definitiva que se dicte, siempre que resulte favorable a los intereses del quejoso o, en caso contrario, mediante el recurso de apelación o por medio del juicio de amparo que en su contra se haga valer, en el que podrán alegarse las violaciones cometidas durante el curso del procedimiento. De ahí que en el particular, al reclamarse actos dictados dentro de un procedimiento que no son de imposible reparación, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia que deviene de relacionar la fracción XXIII del artículo 61, con la III del inciso b) del numeral 107, ambos de la vigente la Ley de Amparo y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 del mismo ordenamiento, se desecha de plano la demanda. Resultando ilustrativo, el criterio contenido en la jurisprudencia número 407, de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la quinta época, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos noventa y cinco, tomo VI, Parte SCJN, página doscientos setenta y tres, cuyo rubro es el siguiente: "PRUEBAS. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LAS DESECHA". Y el diverso contenido en la jurisprudencia identificada como P./J. 6/94, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fuente Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número setenta y seis, de abril de mil novecientos noventa y cuatro, página trece, intitulada: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO". Por otra parte, como el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria, se hace del conocimiento del quejoso que podrá oponerse a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que acepta la publicación respectiva con dichos datos. Se tiene por autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******** en virtud de que no tienen inscrita su cédula profesional ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales y no acreditar encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de abogadas, y como domicilio para tal efecto el ubicado en calle ***

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