Juan Carlos Carmona Coronel

Expediente 370/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 8 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
370/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
20/06/2018

Partes del expediente

  • Juan Carlos Carmona Coronel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho (fojas 46 a 52), en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral Vigésimo Primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez que transcurra el plazo de cinco años que dispone el referido artículo Vigésimo Primero. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, tanto el expediente principal como el original del incidente de suspensión deberán transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. En el entendido de que en el incidente de suspensión se negó la medida cautelar solicitada, por lo que se ubica en la hipótesis prevista en el artículo Vigésimo Primero, fracción III, del mismo Acuerdo, por tanto, es susceptible de destrucción una vez que transcurra el citado plazo de cinco años que prevé el numeral en cita. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral Vigésimo, fracción III, de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales ni billetes de depósito al no obrar éstos en autos.

  2. Principal

    ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 370/2018-V, promovido por Juan Carlos Carmona Coronel, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando tercero de la presente sentencia.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el escrito del quejoso Juan Carlos Carmona Coronel, mediante el cual pretende ampliar la demanda de amparo respecto de los actos y autoridades siguientes: Auditor Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización del Congreso del Estado de Tlaxcala. Diligenciario de la Auditoria Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización del Congreso del Estado de Tlaxcala. De quienes reclama: La falta y/o ilegal notificación del acuerdo de fecha veinte de febrero del año en curso, dictado dentro del Procedimiento de Responsabilidad Indemnizatoria número 091/2017, en relación al Municipio de Españita, Tlaxcala, respecto del ejercicio fiscal dos mil trece, mediante el cual se ordena emplazarme de manera personal, es decir, se me señala día y hora para el desahogo de la audiencia señalada en el artículo 54 fracción I de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece: ... De la lectura del numeral referido, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En el caso, se advierte que se acredita de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción III, incisos a) y b), del artículo 107 de la Ley de Amparo, que disponen: En efecto, en el último precepto citado se establece que el amparo biistancial procede contra actos dictados dentro de un procedimiento administrativo siempre que: Violaciones procesales cometidas dentro del procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso; y, Cuando tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, y explica que por éstos se entiende los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Los actos en juicio de imposible reparación son aquellos que lesionan derechos fundamentales consagrados en la Ley Fundamental o los tratados internacionales mencionados, ya sean personales, reales o del estado civil, porque sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Así, para que dichos actos puedan ser calificados como irreparables, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; y además deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva Estas consideraciones encuentran apoyo en la tesis jurisprudencial que enseguida se cita: Ahora, el acto reclamado por el quejoso, lo hace consistir en la falta y/o ilegal notificación del acuerdo de fecha veinte de febrero del año en curso, dictado dentro del Procedimiento de Responsabilidad Indemnizatoria número 091/2017, en relación al Municipio de Españita, Tlaxcala, respecto del ejercicio fiscal dos mil trece, mediante el cual se le ordena notificar de manera personal, es decir, se le señala día y hora para el desahogo de la audiencia señalada en el artículo 54 fracción I de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios; sin embargo, el mismo no constituye un acto de imposible reparación en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107 fracción III, incisos a) y b), de la Ley de Amparo, porque no afecta en forma material derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal (vida, integridad personal, libertad, propiedad, etcétera) y sus consecuencias sólo son de carácter intraprocesales que pueden ser reparables si la resolución definitiva que se dicte en el procedimiento administrativo le resulta favorable. Para justificar lo anterior, cabe hacer mención que el propio quejoso en su escrito inicial de demanda señaló como acto reclamado, lo siguiente: "Lo es omisión de acordar un escrito presentado el día dieciséis de noviembre del año dos mil diecisiete, dentro del Procedimiento de Responsabilidad Indemnizatoria 091/2017, en relación al Municipio de Españita, Tlaxcala, respecto del ejercicio fiscal dos mil trece.". Asimismo, del capítulo de antecedentes de la citada ampliación de demanda, se advierte que la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, manifiesto que: 1) Al imponerse del informe con justificación que rindió la autoridad responsable Auditor Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala, se enteró del acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, así como su constancia de notificación, que obra en el expediente 091/2017 del Procedimiento de Responsabilidad Indemnizatoria, de su índice, que dictó en atención al escrito de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete. 2) Que del acuerdo de referencia, se advierte que la autoridad responsable requirió al Doctor Emilio Sánchez Cuatianquiz, a ratificar el contenido y firma de la receta médica con la que el quejoso justificó su inasistencia mediante el escrito presentado el día dieciséis de noviembre del año dos mil diecisiete, dentro del Procedimiento de Responsabilidad Indemnizatoria 091/2017, para justificar su inasistencia a la audiencia prevista en el artículo 54, fracción I de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, de la propia data. 3) Que al consultar a dicho doctor, le informó que ya había comparecido ante la autoridad responsable a ratificar el contenido y firma de la recta que le había expedida para justificar su inasistencia. 4) Que el siete de mayo del año en curso, al acudir a las instalaciones de la autoridad responsable a consultar el expediente relativo al Procedimiento de Responsabilidad Indemnizatoria 091/2017, se percató que con motivo de la comparecencia del Doctor Emilio Sánchez Cuatianquiz, el veinte de febrero del año en curso, se dictó un acuerdo de contenido siguiente: "SE ORDENA: por única ocasión citar al ciudadano JUAN CARLOS CARMONA CORONEL en su carácter de ex tesorero del Municipio de Españita Tlaxcala en el ejercicio fiscal dos mil trece, en su domicilio particular en Calle Ocampo número 50, Barrio Villa, Nanacamilpa de Mariano Arista Tlaxcala, o lugar en donde se encuentre a efecto de que comparezca, como presunto responsable del daño patrimonial ocasionado al erario del Municipio en cuestión, por la no solventación de cincuenta observaciones detectadas en su cuenta pública relativas al ejercicio fiscal dos mil trece, las cuales se transcriben a continuación.". (sic) Como se podrá observar, la posible violación procesal reclamada en esta instancia constitucional no producirá materialmente una afectación a los derechos fundamentales de quien promovió el amparo, cuenta habida que puede obtener un fallo definitivo favorable, con lo que desaparecerían fácticamente los efectos de la violación procesal, dejando intacta la esfera jurídica del quejoso al no alterarse ningún derecho sustantivo; por ende, será hasta que se dicte la resolución correspondiente cuando pueda apreciarse si el proceder de la responsable vulneró o no las defensas del inconforme y, en su caso, si la supuesta violación procesal trascendió al resultado del fallo, tiene la posibilidad el impetrante de combatirla conjuntamente con la sentencia definitiva si ésta resultara desfavorable a sus intereses. De ahí que se asevere que el juicio de amparo indirecto promovido contra el acto reclamado resulta improcedente de conformidad con lo previsto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción III, incisos a) y b), del artículo 107 de la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, debe indicársele a la parte quejosa que no le reviste el carácter de tercero extraño al Procedimiento de Responsabilidad Indemnizatoria 091/2017, del índice de la autoridad responsable Auditor Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala, pues ya compareció al mismo. En efecto, tal como se advierte de su libelo inicial de demanda, el propio quejoso anexó el escrito presentado el día dieciséis de noviembre del año dos mil diecisiete, dentro del Procedimiento de Responsabilidad Indemnizatoria 091/2017, en relación al Municipio de Españita, Tlaxcala, respecto del ejercicio fiscal dos mil trece, para justificar su inasistencia a la audiencia prevista en el artículo 54, fracción I de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, de la propia data. Asimismo, de su capítulo de antecedentes señaló que la propia autoridad responsable le había informado que debía comparecer a sus instalaciones para celebrar la audiencia citada en el párrafo que antecede y que al no poder asistir, justificó su inasistencia. De igual forma, en el escrito de ampliación de demanda refiere que el siete de mayo del año en curso, acudió a las instalaciones de la responsable y se impuso del contenido de los autos del Procedimiento de Responsabilidad Indemnizatoria 091/2017, en relación al Municipio de Españita, Tlaxcala. Atento a lo anterior, contrario a lo que aduce en su escrito de ampliación de demanda de amparo, al quejoso no le reviste el carácter de extraño al procedimiento administrativo de origen; por lo que, se encuentra facultado para interponer o promover los recurso o instrumentos legales correspondientes contra los actos reclamados. Se difiere audiencia constitucional Por otra parte, del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de cuatro de mayo del año en curso (foja 23), se dio vista a la parte quejosa con el informe justificado que rindió el Auditor Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala, el cual le fue notificado el siete de mayo siguiente, por lo que a la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (nueve horas con cuatro minutos del diecisiete de mayo de dos mil dieciocho), no transcurrirán los ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se difiere anticipadamente la audiencia señalada y en su lugar se fijan las nueve horas con veinticuatro minutos del treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho para que tenga verificativo la audiencia constitucional.

  4. Incidental

    ÚNICO.- Se NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA respecto del acto reclamado...

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