Juan Carlos Camacho Ontiveros
Expediente 1/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León · Nuevo León
Partes del expediente
- Juan Carlos Camacho Ontiveros
Actuaciones
- Principal
En atención a que ninguna de las partes interpuso recurso de queja contra el auto de siete de enero pasado, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, se declara que la misma ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese.
- Principal
Monterrey, Nuevo León, a siete de enero de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo electrónica, cabe mencionar que no cuenta con firma electrónica. En ese contexto, tratándose de promociones electrónicas la Ley de Amparo establece diversas reglas y formas en que los procedimientos se substanciarán y resolverán ante los Tribunales Judiciales, específicamente el artículo 3º del citado ordenamiento legal, precisa lo siguiente: "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Bajo ese marco legal, es evidente que la falta de firma del quejoso, se traduce en la falta de exteriorización de la promoción de la demanda, pues no puede decirse que exista certeza respecto de quién intentó la acción constitucional; es decir, la identidad y voluntad de la parte quejosa para promover la demanda de amparo. En ese orden de ideas, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, lo que procede es desechar la demanda de garantías, por notoriamente improcedente, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia. Notifíquese, y personalmente.
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