Juan Carlos Calzadilla Ruiz

Expediente 1833/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1833/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
31/12/2018

Partes del expediente

  • Juan Carlos Calzadilla Ruiz

Actuaciones

  1. Principal

    VII. Archívese como asunto concluido.

  2. Principal

    VII. Homólogo federal informa que se avocó al conocimiento del presente asunto, y como lo solicitó, se notifica mediante la lista de publicación que se fija en los estrados de éste juzgado el proveído del cuatro de diciembre de dos mil dieciocho de su índice, que en su parte conducente dice: "Visto el oficio de cuenta signado por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, mediante el cual remite el expediente 1833/2018-VII, de su índice, así como treinta y ocho copias de la demanda de amparo. en el que se advierte que se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por el quejoso, por su propio derecho, contra actos del Juez Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca y otras autoridades; toda vez que de conformidad con el numeral 38, en relación con el diverso 51, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, señaló que sería jurídicamente incorrecto que un órgano jurisdiccional conociera y resolviera un juicio de amparo a quien la parte quejosa le atribuyó el carácter de autoridad responsable, atendiendo al principio de derecho que establece que no se puede ser juez y parte en un mismo proceso jurisdiccional.---En esas condiciones, regístrese en el libro de gobierno con el número 1050/2011---Ahora, de un análisis del juicio de amparo de mérito y de las constancias enviadas por el juez declinante, este juzgado se avoca al conocimiento del presente asunto.---Atento a lo anterior, acúsese recibo al Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, del cuaderno del juicio de amparo 1833/2018 de su índice y anexos.---Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y del conocimiento de las partes.---DESECHAMIENTO---De la lectura integral del escrito inicial de la demanda de amparo, se adviene que el quejoso señaló como actos reclamados los siguientes:---"IV. ACTOS RECLAMADOS:---La orden de aprehensión girada en mi contra y/o la orden verbal y/o escrita de que se me detenga y/o se me prive ilegalmente de mi libertad personal y/o investigación y/o localización y/o presentación ministerial o se me restrinja aún de manera transitoria de mi libertad deambulatoria."---En atención a lo anterior, el Juez acuerda:---El suscrito considera que respecto del acto reclamado consistente en la Investigación iniciada contra el impetrante, el proceso de amparo que se intenta es notoriamente improcedente y, por ello, debe desecharse la demanda de amparo de cuenta por lo que hace a dicho acto tildado de inconstitucional, ello con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, pues respecto de él se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en concordancia con el diverso 5, fracción I, ambos de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales que al efecto disponen:--- "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:---(...)---XII Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción l del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia (...)."---"Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:---I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.---El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo.---El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades.---Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; --- La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley (...)"--- Del precepto transcrito se aprecia que el amparo resulta improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de los gobernados, es decir, en contra de aquéllos que no provocan una afectación directa, inmediata y definitiva a la esfera jurídica de los impetrantes de amparo.---Así, el interés jurídico, puede identificarse con lo que se conoce corno derecho subjetivo, considerado como aquél que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole a su destinatario una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad, lo cual, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. --- Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia número 856 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 584, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto son:---"INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO.- El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica dé algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla.---Por ello, tiene interés jurídico sólo aquel a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio, conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia."---Así como .la jurisprudencia número VI, 3o. J/26 del entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Página 117, tomo VIII, diciembre de 1991, Octava Época del Semanario Judicial dé la Federación, cuyo rubro y texto son:---"INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente Melado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías." ---En el caso se estima que la parte quejosa carece de interés jurídico para combatir actos de investigación que son tendentes a la integración de una carpeta de investigación, pues la sola investigación que realiza el Ministerio Público, en su caso, respecto de la parte inconforme, no le engendra derecho alguno para defenderlo en esta vía, pues tal actuación no le afecta aun cuando él es quien esté sujeto a investigación.---En efecto, el desahogo de diligencias para la integración de una carpeta de investigación no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas se ordenara que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos (lo cual no se advierte en la especie); lo mismo acontece cuando se acuerda sobre la consignación de la indagatoria y se ejerce la acción penal, pues es el Juez del proceso a quien le corresponde resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que afectaría la esfera jurídica del quejoso.---Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número I.2°.P. J/11, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 338, tomo II del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son:---"IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN DEL MINISTERIO PUBLICO ACTOS RELATIVOS A LA INTEGRACION DE UNA AVERIGUACION PREVIA. Aun cuando el Ministerio Público al integrar una averiguación previa, actúa como autoridad, sin embargo, el desahogo de diligencias para tal fin, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas se ordenara que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos; lo mismo acontece cuando acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es el juez del proceso a quien le corresponde resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso."---Por su parte, los preceptos 16 y 21 de la Constitución General de la República disponen:---"Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. ---[.] No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. ---Art. 21.- La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.---El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ente la autoridad judicial.---De los artículos constitucionales citados se advierte que la persecución de los delitos es de interés público y que corresponde al Ministerio Público investigar los hechos probablemente delictuosos, para determinar en su caso si ha lugar o no a ejercer la acción penal en contra del sujeto investigado, cuando encuentra que se reúnen los elementos para ello; cabe señalar que durante esta etapa del procedimiento penal, el Ministerio Público, actúa como órgano acusador, así, el representante social investiga hechos, para tratar de determinar la identidad de los probables responsables, además que la determinación del Ministerio Público en el sentido de que se ha cometido un hecho considerado como delito y de que los indiciados, probablemente lo cometieron o participaron en él, lo que sólo constituye una opinión que no obliga a la autoridad competente, a resolver en un sentido determinado.---Por ello, si por mandato constitucional el Ministerio Público, por una parte, goza de las facultades de investigar los delitos y, por otra, tiene la obligación de acreditarlos, es posible establecer que los actos que de manera habitual tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, por ser susceptibles sus efectos de ser posteriormente contrarrestados o anulados, no trascienden de manera irreparable a la esfera jurídica de los gobernados, pues no les irroga un perjuicio, ya que éste, en todo caso, se materializa hasta que la autoridad judicial, a quien corresponda conocer de la causa penal, determine en un momento dado si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confieren al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad; dado que la integración de las indagatorias es de orden público, pues la sociedad está interesada en la investigación de los hechos que pueden constituir un delito; de ahí que, la integración, así como los actos de investigación inherentes a la misma, no son susceptibles de Impugnación por la vía de amparo indirecto, pues no constituyen actos de imposible reparación, pues como quedó precisado líneas arriba, de conformidad con el artículo 21 constitucional, es facultad del Ministerio Público iniciar las indagaciones que den como resultado hechos constitutivos de delitos.---Lo anterior se robustece si se toma en cuenta que la facultad investigadora del Ministerio Público en la fase de la averiguación previa emana directamente del artículo 21 de la Máxima Legislación de la Nación, en el cual, se consagra el principio acusatorio en el que descansa el Sistema Penal Mexicano, que consiste en la obligación que constitucionalmente se impone al Ministerio Público de acreditar, dentro de la fase del proceso penal correspondiente, los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del imputado.---Así, el Representante Social debe acreditar determinados hechos para demostrar los elementos del cuerpo del delito que se imputa al indiciado, que, concatenados entre sí, den como resultado una presunción iuris tantum que demuestre los elementos del ilícito en cuestión y la probable responsabilidad del inculpado.--- En razón de ello, si el artículo 21, primer párrafo Constitucional, como se destacó, impone al Ministerio Público la obligación de aportar las pruebas que acrediten la existencia de un hecho que la ley señale como delito, en contraposición a ello, el inculpado goza del derecho de defensa que se le otorga para acreditar su inexistencia, desvaneciendo las pruebas aportadas por el Representante Social, lo cual, no constituye una obligación sino una mera facultad potestativa ya que en todo momento subsiste la carga al Ministerio Público, en todos los delitos, de acreditar la actualización de los mismos; lo anterior, aunado a que, como se desprende de los criterios indicados con antelación, el mero desahogo de diligencias para la integración de una carpeta de investigación no causan un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan Iniciado las investigaciones correspondientes, aun y cuando él sea el impetrante. Por ello, al no causar algún tipo de daño al promovente la sola investigación o diligencias tendentes a integrar una carpeta de investigación, del mismo modo carece de interés legítimo para promover el juicio de amparo que en este acto se resuelve y, en tal virtud, como se dijo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en concordancia con el diverso 5, fracción I, ambos de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales y, por ende, con fundamento en el diverso 113 de la misma legislación, se desecha la demanda de amparo por lo que hace al acto reclamado consistente en la investigación llevada a cabo contra el impetrante.--- ADMISIÓN:--- Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, admítase y fórmese por duplicado el incidente de suspensión.---AUDIENCIA CONSTITUCIONAL:---Se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL TRES DE ENERO DE DOS MIL DIEÓINUEVE, para la celebración de la audiencia constitucional.---DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES:---Con fundamento en los artículos 64 y 117 del cuerpo de ley citada, se solicita a las autoridades responsables:---Rendir dentro del plazo de quince días, por escrito su informe justificado, en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remitan copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional; apercibidas que de no cumplir con lo anterior, de acuerdo al numeral 260, fracción II de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, en relación con la desindexación del salario mínimo publicada el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación.---Pídaseles atentamente que de no tener inconveniente alguno, remitan en CD o en memoria USB (que se devolverá cuando cause ejecutoria este asunto), el documento en formato Microsoft Word de la resolución que por esta vía se combate.--- Exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, para lo cual deberán acompañar copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo.---Informar si contra el acto que se les reclama ha sido Promovido otro juicio de amparo, o bien, si en relación con el expediente del que emana, en caso de existir coinculpados, éstos o el propio quejoso han instaurado otros juicios.---Comunicar y acreditar ante este juzgado federal, cualquier causa de sobreseimiento, que en su caso, se susciten en este juicio, en caso de no acatado, de acuerdo al numeral 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, en relación con la desindexación del salario mínimo publicada el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación.---En razón de la lejanía del domicilio en que se encuentran las autoridades foráneas señaladas como responsables, se autoriza a éstas remitan sus informes a través de alguna las siguientes formas: correo acelerado, telegrama, fax al teléfono (55) 53-22-17-00 extensiones 1405 y 1420, o correo electrónico a la cuenta oficial Igarciaga©correo.cjf.gob.mx (para confirmar marcar a la extensión 1524); ello, para dar mayor celeridad al juicio en que se actúa y lograr una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del numeral 17 constitucional.---De aceptar el acto reclamado, la autoridad judicial responsable, al rendir su informe justificado deberá proporcionar el nombre y denominación del agente del Ministerio Público que haya intervenido en la carpeta judicial de la que emane el acto reclamado; lo anterior, para estar en posibilidad de dar cumplimiento a lo ordenado en el ordinal 5, fracción III, inciso e), de la ley de la materia.---Por otra parte, con fundamento en los numerales 9°, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la ley de la materia, ténganse por autorizados y delegados a las personas que, en su caso, nombren las autoridades responsables y por indicados los domicilios para oír y recibir notificaciones que señalen.---DE LA PARTE QUEJOSA: ---En aras de una pronta y expedita impartición de justicia, con apoyo en lo dispuesto en los preceptos 17 constitucional y 108, fracción III, de la Ley de Amparo, se apercibe a la parte agraviada que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite, se tendrán como inexistentes, y en su oportunidad, se resolverá lo procedente; salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento de su denominación.---Solicitud al juez declinante---Por otra parte, toda vez que el quejoso señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas del juzgado declinante, solicítese de la manera más atenta a dicho órgano federal, para que de no tener inconveniente legal alguno, en términos del artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se sirva notificarle al amparista esta determinación: asimismo, lo requiera para que dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir del siguiente al en que surtan efectos las legales notificaciones del presente proveído, señale domicilio en esta Ciudad de México, para oír y recibir todo tipo de notificaciones, apercibido que de no hacerlo, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Amparo vigente, las notificaciones subsecuentes aún las de carácter personal, se harán por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano de control constitucional, sin ulterior acuerdo; debiendo remitir las constancias relativas de dicha diligencia a la brevedad posible.---Ahora bien, respecto de las personas que se enlistan en la demanda para fungir como autorizados en este asunto, es de importancia señalar que el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron, diversos cuerpos normativos entre ellos, la Ley de Amparo; es el caso, que en torno al tópico en comento, se reformó el arábigo 12 de tal ordenamiento legal; consecuentemente, requiérase a la parte quejosa para que acredite a esta potestad que dichas personas se encuentran legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado; ya sea que lo hagan por medio del documento idóneo o bien, con el objeto de evitar homonimias, proporcionen el número de folio correspondiente a su registro en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; en caso de no hacerlo, únicamente quedarán facultados en los términos que lo indica la parte final de dicho arábigo.---Del tercero interesado:---Sin ulterior providencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 5, fracción III, inciso e), de esa misma ley, una vez que las autoridades informen sobre la certeza del acto reclamado, con copia de la demanda, comuníquese del presente juicio al agente del Ministerio Público adscrito al juzgado responsable.---Intervención ministerial---Dése la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la adscripción; por tanto, se ordena la notificación del presente acuerdo, así como las subsecuentes, por medio de la lista de publicación de este juzgado de distrito.---Habilitación de días inhábiles.---Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilita al actuario judicial adscrito, para que en su caso, en días y horas inhábiles, realice las notificaciones personales que se ordenen.---Publicación de datos personales.---Finalmente, con base en lo dispuesto por el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1,9, 16, 68, 110, 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 73 fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, este juzgado está constreñido a garantizar el acceso a la información pública, así como a proteger los datos personales con los que cuenta, con motivo de la demanda de amparo que se provee, llevando a cabo las versiones públicas correspondientes, en las que deberán testarse las secciones reservadas o confidenciales, ello en pleno respeto a una interpretación armónica de los artículos mencionados y en atención al principio pro persona, como asilo establece el artículo 6 último párrafo del ordenamiento citado.".

  3. Principal

    VII. Este Juzgado Federal se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo. Remítase el presente expediente al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México en turno, para que manifieste si acepta o no la competencia planteada.

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