Juan Carlos Cabrera Fonseca
Expediente 534/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 534/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 13/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Juan Carlos Cabrera Fonseca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
IV.- AGRÉGUENSE A LOS AUTOS PRESENTES AUTOS SIN MAYOR PRONUNCIAMIENTO, EL ESCRITO SIGNADO POR EL QUEJOSO, EN EL CUAL PRETENDE DESAHOGAR LA PREVENCIÓN REALIZADA EN AUTO DE DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS; TODA VEZ QUE, MEDIANTE PROVEÍDO DE VEINTE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, SE ORDENÓ EL ARCHIVO DEL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO.
- Principal
IV. SE DECLARA QUE EL AUTO QUE TUVO POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO HA CAUSADO ESTADO.. ARCHÍVESE EL ASUNTO COMO DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO. INEXISTENCIA DE DOCUMENTOS ORIGINALES.
- Principal
IV. POR NO PRESENTADA
- Principal
IV. RAZON ACTUARIAL... SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA EL AUTODE DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, A LO CONDUCENTE DICE:Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales signada por Juan Carlos Cabrera Fonseca, contra actos del Juez de Ejecuciones de Sanciones Penales con sede en esta ciudad y otra autoridad; con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I y último párrafo, 2, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 110, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, regístrese con el número 534/2022-IV Prevención. A efecto de proveer respecto de su admisión, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo, que en la parte que interesa destacar, dispone: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: (.) II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; (.) Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. (.)" Por su parte, el precepto legal 108 de referencia, en lo relativo establece: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; (.) V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; (.)" Por tanto, con fundamento en el artículo 114, fracción II, en relación con el 108, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que en el plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, bajo protesta de decir verdad, aclare su demanda en los aspectos siguientes: ÚNICO. Proporcione el nombre y domicilio de los terceros interesados en el presente juicio, y en caso de desconocerlos, deberá manifestarlo así, bajo protesta de decir verdad. Lo anterior, al tomarse en cuenta que, en el apartado de su demanda relativo no manifiesta la existencia o inexistencia del mismo, tampoco que los desconozca, mucho menos que esto último lo haya hecho bajo protesta de decir verdad. Por tanto, resulta imperioso que la parte quejosa dé cumplimiento al requisito aludido, bajo protesta de decir verdad. Ello, atendiendo a que la Ley de Amparo señala que es un requisito con el que debe cumplir, porque la protesta de decir verdad expresada en los antecedentes del acto reclamado no es equivalente a la exigida en la fracción II del artículo 108 de la Ley de Amparo, pues así se colige de su propia lectura, ya que la diversa fracción V del propio numeral, se refiere nuevamente a la protesta de decir verdad, pero de los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado. Sirve de apoyo, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO OSCURA, IRREGULAR O IMPRECISA. No debe el Juez desecharla de plano, sino mandar que sea aclarada en los términos de la ley." También cobra relevancia, la diversa tesis emitida por la extinta Tercera Sala del Más Alto Tribunal del país2, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO OSCURA O IMPRECISA. La obscuridad o imprecisión de la demanda de amparo, antes de admitirla, es causa fundada para mandarla aclarar y para desecharla por improcedente, si el quejoso no la aclara; pero una vez admitida, ese defecto no puede servir de fundamento para sobreseer en el juicio." Copias del escrito aclaratorio. Asimismo, hágasele de su conocimiento que debe exhibir los juegos de copias necesarios de su demanda de amparo y escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes. 1 Consultable en la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, página 246, registro digital 292096. 2 Localizable en la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXVIII, página 634, registro digital 364525. Sirve de fundamento a lo anterior, la tesis P. VII/2001, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del país, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, página 325, registro digital 189978, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. FINALIDAD DE LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO RELATIVO Y DE LAS COPIAS QUE DEBEN EXHIBIRSE. El artículo 116 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala los requisitos que debe cumplir la demanda de amparo indirecto y el diverso artículo 120 de la propia ley dispone que deberán exhibirse con ésta copias suficientes para cada una de las autoridades responsables; para el tercero perjudicado, si lo hubiere; para el Ministerio Público y dos para el incidente de suspensión, en caso de solicitarse tal medida cautelar. Ahora bien, los requisitos a que aluden dichos preceptos, no constituyen formalismos sin sentido, sino que, como todas las formalidades procesales, tienen como propósito que el juzgador de amparo se encuentre en la posibilidad de cumplir con sus atribuciones dentro del juicio de garantías, como son, el pedir los informes justificados a las autoridades responsables, emplazar al tercero perjudicado, dar la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público y de integrar los cuadernos relativos al incidente de suspensión si ésta fue solicitada, y además de proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa." Apercibimientos. Apercibida que, de no dar cumplimiento a los puntos referidos, o transcurrido el término concedido, se tendrá por no presentada la demanda de que se trata, de conformidad con el segundo párrafo del ordinal 114 de la ley de la materia. En el entendido que el desahogo que se formule a esta prevención, deberá realizarlo de forma personalísima la directa promovente del juicio de amparo, dada la responsabilidad penal que implica dicho requisito formal. Es aplicable al caso, la tesis jurisprudencial 1a./J. 50/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, agosto de 2014, Tomo I, página 210, registro digital 2007285, de rubro y texto: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Domicilio y autorizados de la parte quejosa.* Con fundamento en el artículo 108, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda de amparo. Asimismo, se tienen como autorizado de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, a Arturo Ruiz Martínez, en virtud de que cuenta con su cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, asimismo, en términos restringidos del citado numeral a las diversas personas que menciona. Uso de Medios electrónicos. * Asimismo, con apoyo en la circular 12/2009, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se acuerda favorable la obtención de las actuaciones judiciales, a través de aparatos electrónicos como son; cámaras, grabadoras, etcétera; levantándose certificación en autos de la comparecencia de la parte interesada y de la obtención de las documentales respectivas para debida constancia. Prevención juicio en línea.* Atento a lo dispuesto en el Capítulo III, del Acuerdo General 8/2020 y el diverso numeral 2º, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se previene a las partes para que manifiesten si es su deseo continuar con el trámite del presente juicio mediante "juicio en línea"; lo cual se puede realizar proporcionando el usuario respectivo, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, para el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el artículo 24 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo3, procédase en su momento a la digitalización del presente asunto a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Acceso a la información. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se informa a las partes que las resoluciones y demás actuaciones que se generen en este expediente son públicas, lo que implica que serán accesibles a cualquier persona, siempre que los titulares de la información brinden su consentimiento; por lo cual, se les comunica que están en aptitud de oponerse a la publicación de sus datos personales; no obstante lo cual, si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, mediante la elaboración de la versión pública correspondiente, con 3 Artículo 24. Los órganos jurisdiccionales integrarán los expedientes electrónicos en el Sistema Electrónico del PJF. El personal designado para tal efecto deberá digitalizar oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa y que no hayan sido digitalizados por las propias autoridades responsables ni por el personal de la OCC, así como garantizar su gestión electrónica eficiente la supresión de datos personales, en términos de lo previsto en el artículo 30 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo. Lo anterior, de conformidad con el criterio emitido por la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, al resolver el recurso de revisión 2/2004, de rubro y texto: "OPOSICIÓN DE LAS PARTES. AUNQUE NO EXISTA, DEBERÁ SUPRIMIRSE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL EN LA VERSIÓN PÚBLICA DE LAS SENTENCIAS. En las versiones públicas de las sentencias se debe suprimir la información considerada como confidencial, aunque no exista oposición de las partes, sin que con ello se impida conocer el criterio del órgano jurisdiccional, conforme a lo establecido en los artículos 4, fracción III, 7, 8 y 18, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental." Así como el criterio 1/2011, que derivó de la resolución emitida por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de veintisiete de enero de dos mil once, en el expediente relativo al procedimiento de clasificación de información 241/2010-J; del epígrafe y contenido siguientes: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares. Por otro lado, los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha ley, prevén como información confidencial aquella cuya difusión, comercialización o distribución, requiere necesariamente del consentimiento expreso de las personas que son titulares de los datos, por lo que deberá protegerse dicha información en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en los expedientes jurisdiccionales o administrativos, independientemente de que las partes hayan hecho valer el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos. En este sentido, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición, no exime a los órganos jurisdiccionales y a las unidades administrativas de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en los expedientes bajo su resguardo, y que fueron requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos." Registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes. Se ordena a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes a las denominaciones de las autoridades responsables y partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos capturados en el sistema sean correctos y completos. Ello, a fin de evitar que pueda generarse algún oficio con una denominación incorrecta que sea motivo de rechazo por la autoridad a la que va dirigido o que se omita el libramiento de algún oficio necesario para la tramitación y resolución del presente asunto. Lo anterior, en aras de la impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional (pronta, oportuna y expedita).
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