JUAN CARLOS CABRERA ARRIETA y Otros.

Expediente 1211/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1211/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • JUAN CARLOS CABRERA ARRIETA y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Escrito de demanda de amparo signado por ********************. 24/11/2023 20139 Se ordena formar expediente físico, únicamente con las constancias presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escritos o solicitudes). La documentación recibida por vía electrónica (demandas, recursos, promociones etc.) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas), constará únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, vigente a partir del siete de noviembre siguiente, no así en el expediente impreso. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 3, fracción XII, del citado Acuerdo General, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes, como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. Las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las recibidas por esa vía, a pesar de que no integren la totalidad del expediente electrónico. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior, se impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se evidencia, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del libelo, y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Para una mejor comprensión del asunto, es pertinente destacar que los actos reclamados por la parte quejosa en la presente instancia consisten en: "a) Presentación a través de la fuerza pública. b) Orden de comparecencia, orden de aprehensión. c) cualquier acto tendiente a privarme de mi libertad. d) Investigación. Emitida o iniciada en mi contra por ser a todas luces violatorio de los derechos humanos y fundamentales de libertad, debido proceso legal, adecuada defensa, legalidad y seguridad jurídica consagrados a favor de los gobernados en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En ese sentido, respecto del acto reclamado consistente en la investigación en contra del ahora quejoso, este Juzgado de Distrito estima que en el presente juicio de amparo se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, interpretado este último a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior, en virtud de que este juzgador considera que respecto de dicho acto reclamado no constituye un acto de imposible reparación, con el cual se transgreda en su perjuicio algún derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde a lo previsto en los artículos 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. De la interpretación sistemática de dichos preceptos legales, en concordancia con el artículo 107, fracción I, Constitucional, se obtiene que el juicio de amparo resulta improcedente cuando alguna autoridad emita un acto que no afecte los intereses jurídicos de la parte quejosa, lo que implica que en todo caso, el proceder del órgano de gobierno, para ser examinado a través de la instancia constitucional, requiere como presupuesto, ser susceptible de generar perjuicio al gobernado, esto es, que exista un derecho que pueda resultar violado con el acto reclamado, lo que de no actualizarse en el caso concreto, tendría como consecuencia la improcedencia del amparo al no generarse el perjuicio como requisito indispensable para la procedencia de dicho derecho constitucional. En efecto, conviene precisar que para la procedencia del juicio de amparo, es necesario que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio, cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Es así como se desprende que el ejercicio de la vía constitucional compete a quien perjudique el acto o ley que reclama, por consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, es necesario que haya un perjuicio a la parte quejosa o agraviada. Pues bien, el presente juicio de amparo resulta improcedente, respecto del acto indicado como investigación, lo cual no lesiona sus derechos fundamentales, ya que el acto de autoridad que pudiera lesionar sus derechos sería la resolución en donde se ordene su captura por el juez de control respectivo. Por tanto, la integración de una carpeta de investigación no causa daño o perjuicio al quejoso por ser de orden público, según lo establece el artículo 21 Constitucional, que en lo atinente dispone que el Ministerio Público está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, y en su caso integrar la correspondiente carpeta de investigación o averiguación previa, siempre y cuando en ellas no se ordene que se le prive de su libertad, posesiones o derechos al gobernado. En ese sentido para el caso de que se tramitara una carpeta de investigación instruida en contra del aquí quejoso, previo a su consignación se integra con una serie de diligencias realizadas por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional, con objeto de indagar si hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un hecho que la ley señala como delito, así como, en su caso, a sus probables responsables; por tanto, como dentro de este procedimiento no se sabe de antemano cuál será el resultado, su trámite, generalmente, no propicia afectación alguna reparable por los medios de control constitucional, pues se insiste, la petición de captura está supeditada a la determinación que en su caso se hiciera al Juez que conozca del asunto. En esas condiciones, con fundamento en el diverso 113 de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es desechar parcialmente la demanda de cuenta, en virtud de que al advertirse de manera manifiesta e indudable, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con la fracción I del numeral 5°, ambos de la Ley de Amparo. se admite a trámite la demanda de amparo por los restantes actos reclamados que promueve ********************, contra actos del Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro en Puebla, y otras autoridades. Regístrese y anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado como 1211/2023. Tramítese el incidente de suspensión. Dese a la Representación Social la intervención que legalmente compete. En términos del artículo 117 de la Ley de Amparo requiérase a las autoridades responsables sus informes con justificación, que deberán rendir dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio respectivo y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa, apercibiéndose a las autoridades responsables que si el informe no se rinde en el término señalado, y si esta circunstancia trae como consecuencia que se llegue a diferir la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá a la que incumpla multa de doscientos cincuenta días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización, establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil veintitrés, con vigencia a partir del uno de febrero siguiente. Por lo que hace a los Jueces de Oralidad Penal de las diversas Regiones Judiciales señalados como responsables en el presente asunto, se ordena su notificación a través del Juez de Oralidad Penal y de Ejecución, en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal de todas las Regiones Judiciales del Estado, dado que esa Administración General cuenta con acceso al índice cronológico de los libros de gobierno de todas las sedes judiciales en materia de oralidad penal, en donde se concentra información de las partes del procedimiento. Lo anterior de conformidad con las consideraciones contenidas en el oficio ******************** de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, signado por el aludido Juez en funciones de Administrador General. Apercibido que de no hacerlo se le impondrá multa consistente en cincuenta días de salario mínimo, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero del año en curso, con vigencia a partir del uno de febrero siguiente, con fundamento en el artículo 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que las autoridades responsables también deberán proporcionar algún correo electrónico o número telefónico a efecto de entablar comunicación con motivo de la pronta tramitación e integración del presente asunto. Se fijan las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TRES DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, para la audiencia constitucional. Requiérase a las autoridades responsables, para que al rendir su informe con justificación y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, conforme al artículo 117 de la Ley de Amparo, remitan copias autorizadas, legibles y completas de las constancias que tomaron en consideración para emitirlo, apercibidas que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá a la que incumpla multa de doscientos cincuenta días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil veintitrés, con vigencia a partir de uno de febrero siguiente. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 64 del ordenamiento legal invocado, se requiere a las responsables para que, en el supuesto de que hubiere alguna causal de improcedencia en el presente juicio o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo hagan saber así a este juzgado, pues de no cumplir con esa obligación, con fundamento en el artículo 251 de la Ley de Amparo, se le impondrá a la que incumpla multa de treinta días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil veintitrés, con vigencia a partir del uno de febrero siguiente, en términos de los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Para el caso de que el acto reclamado sea cierto, se requiere a la autoridad responsable respectiva para que, si en algún momento dejara de conocer del asunto respectivo, en el término de tres días siguiente en que ello ocurra lo hagan saber de manera inmediata a este juzgado de distrito, a efecto de estar en posibilidad de acordar lo conducente, para la pronta resolución de este juicio, conforme lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional; apercibido que de ser omiso se le impondrá multa de cincuenta días de salario, calculada conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil veintitrés, con vigencia a partir del uno de febrero siguiente, en términos de los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Por otro lado, con fundamento en el artículo 108, fracción III, en relación con el 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen entre las obligaciones de la parte quejosa la de señalar con precisión a la autoridad responsable (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, como se advierte del artículo 79 de la Ley de Amparo), se le apercibe que si la autoridad que señaló como responsable no existe con la denominación que indica en su demanda, se le tendrá como inexistente, suspendiéndose toda comunicación con la misma, y en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario, o que se corrija el señalamiento en su denominación, tomando en consideración que le corresponde a aquella estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y expedita y al principio de celeridad procesal. Lo anterior, no impide a la parte quejosa aclarar o corregir, en su caso, la denominación de las autoridades responsables hasta antes de la resolución de este asunto. téngase a la parte quejosa proporcionando como domicilio para oír y recibir notificaciones el inmueble que señala en el proemio de la demanda. Se tiene únicamente por autorizada para oír y recibir notificaciones a la persona que indica en la demanda de amparo, toda vez que no aparece registrada su cédula profesional que la acredita como licenciada en Derecho, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, téngase como forma especial y expedita de contacto con la parte quejosa el correo electrónico y número telefónico que se menciona en el escrito de demanda, los cuales servirán para entablar comunicación no procesal. Por cuanto hace a su manifestación para que se le permita el uso de medios electrónicos para acceder a la información del presente expediente; de conformidad con el artículo 93, fracción VII, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, así como la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza su uso, en virtud de que no existe disposición legal que lo prohiba, autorizando para tal efecto a la persona que refiere en su ocurso de cuenta. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario a fin de que notifique este proveído y los subsecuentes aún en días y horas inhábiles, ya que con ello se privilegia la expedites en la administración de justicia, prevista por el artículo 17 de la Constitución General de la República. A fin de dar celeridad en la integración del presente asunto, se instruye el actuario, para que en uso de las herramientas electrónicas (correo electrónico, vía interconexión con firma electrónica) notifique a las autoridades responsables en el presente asunto, y para el caso de imposibilidad, deberá asentar la razón respectiva, y entonces, notificar vía correo acelerado, sin acuerdo de por medio. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables y a aquéllas que tengan el carácter de terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en este juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados o autorizados. Por otra parte, con fundamento en los artículos 257 y 263, fracción II, último párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se invita a las partes a que: Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, proporcionen a este juzgado los datos necesarios para que este juicio se tramite bajo la modalidad "en línea", lo que lo hará aún más ágil. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos, números de teléfonos celulares y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicación no procesal.

  2. Incidental

    Copia autorizada del auto admisorio dictado en esta fecha en el juicio de amparo Copia simple del escrito de demanda firmado por ***, por derecho propio. En cumplimiento a lo ordenado en esta misma fecha en el cuaderno principal, con copia simple de la demanda de amparo, tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1211/2023, que promueve ***, por derecho propio, contra actos del Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro en Puebla, y otras autoridades. requiérase a las autoridades responsables sus informes previos, que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, enviándole al efecto copia simple de la demanda de amparo; en él se concretarán a expresar si son o no ciertos los hechos que se le atribuyen, pudiendo agregar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. Por lo que hace a los Jueces de Oralidad Penal de las diversas Regiones Judiciales señalados como responsables en el presente asunto, se ordena su notificación a través del Juez de Oralidad Penal y de Ejecución, en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal de todas las Regiones Judiciales del Estado, dado que esa Administración General cuenta con acceso al índice cronológico de los libros de gobierno de todas las sedes judiciales en materia de oralidad penal, en donde se concentra información de las partes del procedimiento. Lo anterior de conformidad con las consideraciones contenidas en el oficio *** de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, signado por el aludido Juez en funciones de Administrador General. Apercibido que de no hacerlo se le impondrá multa consistente en cincuenta días de salario mínimo, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero del año en curso, con vigencia a partir del uno de febrero siguiente, con fundamento en el artículo 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que las autoridades responsables deberán proporcionar algún correo electrónico o número telefónico a efecto de entablar comunicación con motivo de la pronta tramitación e integración del presente asunto. Se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la audiencia incidental. Del contenido de los preceptos trascritos, se desprende que para el otorgamiento de tal medida suspensiva el juzgador de amparo debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, y además debe tomar en consideración que no se contravengan disposiciones de orden público y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Ahora bien, en el caso a estudio, la parte quejosa hace consistir los actos reclamados en la orden de presentación a través de la fuerza pública, comparecencia, aprehensión, cualquier acto privativo de libertad y su ejecución. En virtud de que por el momento no se tienen datos precisos de la naturaleza de los delitos atribuidos a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 166, fracción II, de la legislación de la materia, por cuanto hace a los actos reclamados SE CONCEDE en favor del quejoso la suspensión provisional, para el efecto de que no sea privado de su libertad con motivo de las citadas órdenes, hasta en tanto se decida con los datos que se obtengan en el incidente en que se actúa si se les debe o no conceder la suspensión definitiva, y sus términos. Estima procedente fijar a la parte quejosa las medidas de efectividad siguientes: 1. Acorde con lo previsto en los artículos 138, fracción I, 147, primer párrafo, y 166, fracción II, de la Ley de Amparo, se le requiere para que dentro del plazo de tres días comparezca ante la autoridad responsable si aceptara la existencia del acto reclamado, y en su caso rinda su declaración correspondiente, acreditándolo en ese mismo lapso ante este Tribunal Federal. Lo anterior, con independencia de que el impetrante de garantías tiene expedito su derecho a fin de comparecer inmediatamente ante la autoridad que lo requiera, para el caso de que tenga la certeza de que esta última haya emitido en su contra el acto privativo de libertad que combaten a través del juicio de amparo del cual se deriva el incidente de suspensión en que se actúa; lo anterior, a fin de privilegiar la naturaleza sumarísima del presente procedimiento y con el fin de evitar que, en su caso, se continúe transgrediendo su derecho humano de seguridad jurídica; aunado a que la exigencia de presentarse ante la autoridad, que lo requiera, lo es a efecto de que no se sustraiga de la acción de la justicia; empero, se estima que, en todo caso, no existe impedimento legal a fin de que se presenten con antelación ante la autoridad, que lo requiera. 2. Deberá de otorgar caución a satisfacción de este Juzgado de Distrito por la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos), en el término de cinco días, contado a partir de que surta efecto la notificación de este proveído. La citada garantía podrá presentarse en cualquiera de las formas establecidas por la ley, pero en el supuesto de que elija exhibirla en billete de depósito deberá figurar su nombre como depositante; de igual forma, en el rubro relativo al "concepto" se habrá de especificar que es: "con el objeto de que continúe surtiendo efecto la suspensión provisional, en autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1211/2023, formado con la demanda promovida por ***, por derecho propio", pues de no satisfacer esos requisitos, no se tendrá por constituida. La garantía se fija de manera discrecional y al prudente arbitrio de este juzgador, en atención a que se desconoce el delito por el cual pudiere haberse librado no sólo las referidas ordenes, sino potencialmente cinco que corresponde al número de autoridades señaladas como responsables ordenadoras judiciales, lo que de suyo implica que de existir estas cinco órdenes deberá estar obligado y sujeto a igual número de procesos penales. Por lo que por tales autoridades judiciales señaladas como responsables ordenadoras se fija la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos) que es la que a criterio del suscrito permite asegurar que en caso de no obtener sentencia favorable el aquí quejoso, este juzgado estará en aptitud jurídica y material de ponerlo a disposición de las autoridades que lo reclamen. En caso de que la parte quejosa opte por garantizar con póliza de fianza, el documento respectivo contendrá la renuncia expresa de la compañía afianzadora del fuero de su domicilio, así como su sometimiento a la jurisdicción del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, además señalar agente autorizado y domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, la vigencia de la póliza deberá ser por todo el tiempo que dura la tramitación del juicio, con la aclaración de que si la vigencia de la póliza vence antes de la conclusión del juicio de amparo, la suspensión provisional dejará de surtir efecto sin necesidad de previo acuerdo. 3. Deberá presentarse a todas las diligencias en las que sea requerida su comparecencia por la autoridad que conozca del procedimiento y cumplir con todas las obligaciones que les sean impuestas por la autoridad en mención, siempre y cuando tenga relación con la causa seguida en su contra. Se apercibe a la quejosa que de no dar cumplimiento a las medidas impuestas, la medida cautelar concedida dejará de surtir efecto, quedando expedita la jurisdicción de las autoridades responsables para la ejecución de los actos reclamados. Ahora, si el delito del que se le estima como probable responsable da lugar a prisión preventiva oficiosa a que refiere el artículo 19 Constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que, en el supuesto de que sea aprehendido, quede a disposición de este juzgado de Distrito por lo que ve a su libertad personal en el lugar en que sea recluido y al del juez del proceso para su continuación; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 163 y 166, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, la medida cautelar concedida no surtirá efecto y por consiguiente no impedirá la detención de la parte quejosa si se le pretende privar de la libertad en cumplimiento a una orden librada en su contra por autoridades diversas de las aquí señaladas como responsables, o se le sorprenda en la comisión de flagrante delito, ni surtirá efecto respecto de los actos posteriores a su concesión. De conformidad con el artículo 158 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que en el momento de rendir su respectivo informe previo solicitado, en apartado expreso, manifiesten el cumplimiento exacto e inmediato que den a la concesión de la suspensión, una vez recepcionado el oficio de conocimiento, apercibiéndoles que en caso de no realizar dicha manifestación, se puede actualizar la hipótesis contenida en el artículo 262, fracción III, del ordenamiento jurídico en cita, que dispone: "Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra". Determinó que se otorga a los jueces que instruyen el proceso penal bajo el sistema tradicional o inquisitivo la facultad extraordinaria, para revisar la medida cautelar de prisión preventiva a la que están los procesados bajo dicho sistema, y esto de ninguna manera altera las reglas de tramitación reguladas conforme al procedimiento penal tradicional. Indicó que la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva a la que hace referencia el artículo quinto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones, entre otras, del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, constituye una circunstancia de carácter sustantivo que de ninguna manera afecta el procedimiento penal mixto. Que la directriz de que sea revisada la prisión preventiva a la luz de los parámetros establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir de tener como base el vigente artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se traducía en un entendimiento esencial de la reforma procesal penal, que daba prevalencia al respeto de los derechos humanos. En ese sentido, debía considerarse que la revisión de la prisión preventiva, a partir de los parámetros establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, impuesta a los inculpados o imputados a quienes se les instruye proceso bajo el sistema procesal penal tradicional o mixto representa un cambio que habilita a que el órgano jurisdiccional del sistema tradicional aplique las reglas del Código Nacional a la luz de los principios de igualdad, presunción de inocencia y excepcionalidad en la afectación del derecho humano a la libertad personal, acorde a lo establecido en los artículos 1°, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como la jurisprudencia que al respecto ha emitido la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos. En el entendido que la procedencia y análisis sobre la revisión de la medida no tiene el alcance de que el juzgador declare procedente, de facto o en automático, la sustitución, modificación o cese de la misma; sino que ello está sujeto a los parámetros normativos aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales (como la evaluación del riesgo que representa el imputado o inculpado) y el debate que sostengan las partes durante el desarrollo de la audiencia respectiva, en los términos que establecen los artículos 153 a 171 de dicho ordenamiento procesal; además de que, en caso de sustituir la medida cautelar, el Juez deberá aplicar las medidas de vigilancia o supervisión a que se refieren los artículos 176 a 182 del Código Nacional en cita. En razón de lo anterior este juzgado no puede ordenar que no se dicten medidas cautelares, pues dicha circunstancia le corresponde al juez natural en términos de los citados preceptos y jurisprudencia, por lo que están a salvo los derechos de la parte quejosa a efecto de que los haga valer ante la instancia correspondiente. Por otro lado, con fundamento en el artículo 108, fracción III, en relación con el 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen entre las obligaciones de la parte quejosa la de señalar con precisión a la autoridad responsable (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, como se advierte del artículo 79 de la Ley de Amparo), se le apercibe que si la autoridad que señaló como responsable no existe con la denominación que indica en su demanda, se tendrá como inexistente, suspendiéndose toda comunicación con la misma, y en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario, o que se corrija el señalamiento en su denominación, tomando en consideración que le corresponde a aquella estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y expedita y al principio de celeridad procesal. Con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia conforme a su numeral 2°, téngase a la parte quejosa proporcionando como domicilio para oír y recibir notificaciones el inmueble que señala en el proemio de la demanda. Se tiene únicamente por autorizada para oír y recibir notificaciones a la persona que indica en la demanda de amparo, toda vez que no aparece registrada su cédula profesional que la acredita como licenciada en Derecho, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, téngase como forma especial y expedita de contacto con la parte quejosa el correo electrónico y número telefónico que se menciona en el escrito de demanda, los cuales servirán para entablar comunicación no procesal. Por cuanto hace a su manifestación para que se le permita el uso de medios electrónicos para acceder a la información del presente expediente; de conformidad con el artículo 93, fracción VII, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, así como la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza su uso, en virtud de que no existe disposición legal que lo prohiba, autorizando para tal efecto a la persona que refiere en su ocurso de cuenta. expídase a su costa las copias de la suspensión provisional que solicita de este proveído, previa toma de razón y firma de recibo que se deje en autos. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario a fin de que notifique este proveído y los subsecuentes aún en días y horas inhábiles, ya que con ello se privilegia la expedites en la administración de justicia, prevista por el artículo 17 de la Constitución General de la República. A fin de dar celeridad en la integración del presente asunto, se instruye el actuario para que en uso de las herramientas electrónicas (correo electrónico, vía interconexión con firma electrónica) notifique a las autoridades responsables en el presente asunto, y para el caso de imposibilidad, deberá asentar la razón respectiva, y notificarlas vía correo acelerado, sin acuerdo de por medio. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables y a aquéllas que tengan el carácter de terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fija en lugar visible de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados o autorizados. Finalmente, con fundamento en los artículos 257 y 263, fracción II, último párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se invita a las partes a que: Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, proporcionen a este juzgado los datos necesarios para que este juicio se tramite bajo la modalidad en línea, lo que lo hará aún más ágil. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos, números de teléfonos celulares y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicación no procesal.

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