Juan Carlos Benítez Galeana
Expediente 1151/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 24 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1151/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 23/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Juan Carlos Benítez Galeana
- Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veintitrés de marzo de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió el acuerdo por el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, aplicado en sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción lI, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; y en igual termino es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III, párrafo segundo, del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda y resolución en la cual se concedió la medida cautelar; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Notifíquese.
- Principal
CITATORIO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, QUE DICE: "... Visto el estado procesal de los presentes autos, se advierte que el quejoso Juan Carlos Benítez Galeana, no desahogo la prevención formulada en auto de diez de febrero del año en curso, mediante el cual se le requirió para que compareciera ante este juzgado de Distrito, a fin de que manifestará si reconocía como suya la firma que calza su escrito de siete de febrero de la presente anualidad, y de ser así, indicara los motivos de su diferencia con la que obra plasmada en el escrito de demanda de amparo; por tanto se le hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto y se tiene por no presentado dicho escrito, asimismo, se entiende que la firma que calza en la demanda de amparo no es de su autoría; en consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 6° de la Ley de Amparo, que en lo que interesa establecen: "Artículo 61°. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De acuerdo con el ámbito conceptual del artículo 6, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado; de manera que, es presupuesto para la procedencia de la acción de amparo, que el acto o la ley reclamada en su caso, en un juicio de amparo, cause un perjuicio directo al agraviado en alguno de los derechos fundamentales que contempla en su favor la Constitución Federal del País. En efecto, pues el derecho de promover la acción constitucional es personalísimo y debe existir un perjuicio o violación a los derechos de una persona y directa, en alguno de sus derechos sustantivos fundamentales que la Constitución tutela mediante las garantías individuales. Asimismo, la voluntad de la parte de ejercitar un derecho se manifiesta mediante la firma o, si no lo sabe hacer, a través la impresión de la huella digital, previa ratificación de la misma. Sin embargo, se establecen como excepciones a la regla, por virtud de las cuales se puede solicitar ese juicio cuando el amparo sea promovido por el representante o apoderado legal, o por cualquier persona en los casos previstos por la ley de la materia; por su defensor, si el acto que se reclama emana de un procedimiento judicial; o bien, por cualquier persona si se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional, siempre y cuando el agraviado se encuentre imposibilitado para promoverlo según el artículo 15 de la propia ley de la materia; hipótesis que no se actualizan en el caso, porque la presente demanda de amparo fue supuestamente promovida por Juan Carlos Benítez Galeana, por su propio derecho. Bajo ese contexto, en virtud de que la firma de la demanda constituye la manifestación de voluntad del agraviado en inconformarse con el acto autoritario, y al no haber comparecido la parte quejosa ante la presencia judicial a manifestar si reconocía como suya la firma que calza calza su escrito de siete de febrero de la presente anualidad, e indicar los motivos de diferencia con la que obra en la demanda de amparo, no hay forma de saber si fue su voluntad promover el juicio constitucional; por lo que en el caso no se cumple con el principio de instancia de parte agraviada que rige el juicio de amparo. Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia en estudio; de ahí lo procedente es sobreseer el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el diverso precepto 63, fracción I, de la ley de la materia, dejando sin efectos la hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional. Ahora, no pasa inadvertido que aún no se ha notificado el inicio del presente juicio a la tercero interesada, sin embargo, dado el sentido del presente acuerdo, y tomando en consideración que no se ve afectada su defensa, no es el caso insistir dicho llamamiento. Finalmente, agréguese a sus autos el oficio signado por el Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, mediante el cual da cumplimiento a lo requerido por este órgano jurisdiccional el veintiuno del mes en curso. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal de los presentes autos, se advierte que el quejoso Juan Carlos Benítez Galeana, no desahogo la prevención formulada en auto de diez de febrero del año en curso, mediante el cual se le requirió para que compareciera ante este juzgado de Distrito, a fin de que manifestará si reconocía como suya la firma que calza su escrito de siete de febrero de la presente anualidad, y de ser así, indicara los motivos de su diferencia con la que obra plasmada en el escrito de demanda de amparo; por tanto se le hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto y se tiene por no presentado dicho escrito, asimismo, se entiende que la firma que calza en la demanda de amparo no es de su autoría; en consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 6° de la Ley de Amparo, que en lo que interesa establecen: "Artículo 61°. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De acuerdo con el ámbito conceptual del artículo 6, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado; de manera que, es presupuesto para la procedencia de la acción de amparo, que el acto o la ley reclamada en su caso, en un juicio de amparo, cause un perjuicio directo al agraviado en alguno de los derechos fundamentales que contempla en su favor la Constitución Federal del País. En efecto, pues el derecho de promover la acción constitucional es personalísimo y debe existir un perjuicio o violación a los derechos de una persona y directa, en alguno de sus derechos sustantivos fundamentales que la Constitución tutela mediante las garantías individuales. Asimismo, la voluntad de la parte de ejercitar un derecho se manifiesta mediante la firma o, si no lo sabe hacer, a través la impresión de la huella digital, previa ratificación de la misma. Sin embargo, se establecen como excepciones a la regla, por virtud de las cuales se puede solicitar ese juicio cuando el amparo sea promovido por el representante o apoderado legal, o por cualquier persona en los casos previstos por la ley de la materia; por su defensor, si el acto que se reclama emana de un procedimiento judicial; o bien, por cualquier persona si se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional, siempre y cuando el agraviado se encuentre imposibilitado para promoverlo según el artículo 15 de la propia ley de la materia; hipótesis que no se actualizan en el caso, porque la presente demanda de amparo fue supuestamente promovida por Juan Carlos Benítez Galeana, por su propio derecho. Bajo ese contexto, en virtud de que la firma de la demanda constituye la manifestación de voluntad del agraviado en inconformarse con el acto autoritario, y al no haber comparecido la parte quejosa ante la presencia judicial a manifestar si reconocía como suya la firma que calza calza su escrito de siete de febrero de la presente anualidad, e indicar los motivos de diferencia con la que obra en la demanda de amparo, no hay forma de saber si fue su voluntad promover el juicio constitucional; por lo que en el caso no se cumple con el principio de instancia de parte agraviada que rige el juicio de amparo. Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia en estudio; de ahí lo procedente es sobreseer el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el diverso precepto 63, fracción I, de la ley de la materia, dejando sin efectos la hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional. Ahora, no pasa inadvertido que aún no se ha notificado el inicio del presente juicio a la tercero interesada, sin embargo, dado el sentido del presente acuerdo, y tomando en consideración que no se ve afectada su defensa, no es el caso insistir dicho llamamiento. Finalmente, agréguese a sus autos el oficio signado por el Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, mediante el cual da cumplimiento a lo requerido por este órgano jurisdiccional el veintiuno del mes en curso. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veintiuno de febrero de dos mil diecisiete. Vista la razón actuarial levantada por la Actuaria judicial adscrita a este órgano jurisdiccional, en la que hace constar su impedimento para notificar a la tercera interesada Marianita Ávila Rayón; por tanto, previo a proveer en relación al domicilio de dicha parte procesal ubicado en la Ciudad de Chilpancingo, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, en esta ciudad, para que dentro del término de tres días a que se refiere el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, proporcione el domicilio que la citada tercero ante ella hubiere señalado, o bien manifieste el impedimento legal que tenga para ello. Con el apercibimiento que de ser omisa, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización vigente en el país, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso numeral 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese.
Quedan 20 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · 8,920 expedientes
- Juan Arturo Payan Gutierrez163/2017
- Juan Barrera Peralta709/2016
- Juan Bernardo Castañeda Juárez136/2019
- Juan Camacho Roque801/2015
- Juan Carlos Alemán Montufar886/2019
- Juan Carlos Bacilio Sánchez1119/2021
- Juan Carlos Bolaños Vaca613/2020
- Juan Carlos Bolaños Vaca1030/2023
- Juan Carlos Brito Moran289/2017
- Juan Carlos Brito Morán218/2019
- Juan Carlos Cortés Loaeza843/2015
- Juan Carlos Cortez Tapia768/2016