Juan Carlos Beltrán Cabrera

Expediente 192/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
192/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
28/03/2022

Partes del expediente

  • Juan Carlos Beltrán Cabrera
  • Juan Carlos Beltrán Cabrera y Otros.
  • José Leonel Urías Osuna
  • Edgar Ortega Ruiz y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de donde se advierte que a la fecha transcurrió el término a que se refiere el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, sin que se hubiere recurrido el auto mediante el cual se sobreseyó por auto en el presente juicio de amparo. II. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que tal determinación ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Sin que sea óbice a lo anterior, que respecto de las responsables no se haya realizado cómputo del plazo que establece el ordinal 86 de la ley de la materia, pues de conformidad con lo dispuesto por el artículo 87 de la ciada ley, estas solo podrán interponer recurso de revisión contra la sentencia que afecte directamente el acto que se les haya reclamado, lo que en el caso evidentemente no acontece, al haberse sobreseído en el juicio de amparo; idéntica consideración se aplica respecto al cómputo de la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y parte tercero interesada. III. Archivo y anotaciones. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, captúrese esta información en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. IV. Destino del expediente. Con fundamento en los artículos 21, inciso a) y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, hágase constar en la carátula de este expediente que el mismo carece de relevancia documental, que no consta documento original, y que es susceptible de destrucción por haberse sobreseído en el presente asunto. Asimismo, de conformidad con lo que se dispone en el primer párrafo del numeral citado en primer lugar, consérvese este expediente por el término de tres años a partir de esta fecha; transcurrido dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. IV. Se comunica a las partes la adscripción de la titular. Por otra parte, infórmese a las partes que en sesión ordinaria celebrada el veinte de octubre de dos mil veintiuno, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó la primera adscripción de la Jueza Flor Verenisse Gómez Peinado a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, en lugar de la Jueza María Guadalupe Contreras Jurado, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; lo anterior a fin de que, de ser el caso, estén en posibilidad de promover recusación.

  2. Principal

    Chihuahua, Chihuahua, once de diciembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos, el escrito de cuenta, signado por José Antonio Torres García, quien se ostenta como apoderado legal de Servicios de Minería, Sociedad Anónima de Capital Variable, Bolívar Administradores, Sociedad Anónima de Capital Variable, Día Bras Mexicana, Sociedad Anónima de Capital Variable y Exmin, Sociedad Anónima de Capital Variable, en su carácter de terceras interesadas, personalidad que se le reconoce en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo; y, mediante el cual, comparecen al presente juicio de amparo y señalan como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Vicente Guerrero, número 1210-A, Colonia Centro de esta ciudad, y autorizando en términos del artículo 12, de la Ley de Amparo, al licenciado José Emir Soto Guerrero (cédula profesional 6955239); y, únicamente para oír y recibir notificaciones al licenciado Gerardo Hernández Martínez, toda vez que su cédula profesional no se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito que para tal efecto se lleva en el Poder Judicial de la Federación, así como al resto de las personas que refiere por así solicitarlo expresamente. De igual manera, se les tiene formulando diversas manifestaciones a manera de alegatos y ofreciendo pruebas de su intención; no obstante, el presente juico de amparo fue resuelto en definitiva el diez de diciembre del presente año; de ahí, que únicamente se agregan para que obren como correspondan.

  3. Principal

    Chihuahua, Chihuahua, diez de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado actual que guardan los autos, se advierte que el seis de marzo de dos mil veinte, la Junta responsable rindió ante este órgano jurisdiccional el informe justificado solicitado en proveído de seis de febrero del mismo año, en el que esencialmente manifestó lo siguiente: "Es falso el acto reclamado consistente en la omisión de acordar en relación al cumplimiento del laudo de fecha 28 de octubre de 2019 y ordenar auto de requerimiento de pago y embargo en términos señalados por la Ley Federal del Trabajo, toda vez que en proveído de fecha seis de marzo de 2020 se acordó la solicitud realizada por la parte actora misma que se acordó en sentido de no ha lugar acordar su petición toda vez que se tuvo a la parte demandada dando cumplimiento a la interlocutoria de suspensión de fecha 25 de noviembre de 2019 y en consecuencia operando la suspensión solicitada por la parte demandada, en términos del artículo 190 de la ley de amparo." Ahora, es menester precisar que la improcedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público, que se debe analizar, incluso, de oficio, según lo preceptuado por el artículo 62 de la ley de la materia. En seguida, del examen integral de las constancias que integran el presente contradictorio constitucional, entre las cuales se encuentran las documentales allegadas por la responsable en el informe justificado, el suscrito estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que se transcribe a continuación: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En relación con lo anterior, es de citarse la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Del precepto y criterio transcrito, se colige que para la actualización de esta hipótesis de improcedencia del juicio de amparo, es menester que la revocación del acto reclamado o la cesación de sus efectos, sean incondicionales o inmediatos, de tal manera que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la violación alegada, como si se hubiera otorgado al quejoso la protección constitucional en los términos ordenados por el numeral 77 de la Ley de Amparo. En efecto, en la porción normativa trascrita se prevé la imposibilidad de analizar en el juicio de amparo, un acto que ha cesado en sus efectos; cuestión que acontece una vez que el acto reclamado por parte del quejoso, sea destruido de manera total e indubitable, mediante diversa actuación, efectuada con posterioridad por la autoridad responsable; es decir, la ulterior actuación ha de tener como consecuencia que la primera no surta efecto legal alguno en la esfera jurídica de la parte disconforme, como si el acto primigenio no hubiese existido. En la especie, los actos reclamados consisten en lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: La omisión del C. PRESIDENTE y de la H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO VEINTISÉIS DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN ESTA CIUDAD CHIHUAHUA, de acordar en relación al cumplimiento del laudo de fecha 28 de octubre del 2019 y como consecuencia de ello ordenar auto de requerimiento de pago y embargo por las cantidades líquidas que les corresponden a los actores de los juicios laborales, expedientes 1001/2017 y acumulado 1019/2017." Luego, de los antecedentes que narró la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, se desprende que el nueve de diciembre de dos mil veinte, presentó una promoción en la que solicitó a la junta responsable para efecto de que procediera al cumplimiento del laudo dictado en el expediente de origen, e instó para que se ordenara requerimiento de pago y embargo, y atribuyó a dicha responsable la omisión de acordar el escrito de mérito. Ahora, como quedó asentado en párrafos precedentes, la autoridad responsable allegó al presente juicio de amparo, copia certificada de las constancias que acreditan que, el seis de marzo de dos mil veinte, emitió acuerdo en relación a la promoción presentada por la parte quejosa, en el que textualmente señaló: "A sus autos el promoción recibida en fecha 09 de diciembre de 2019 con el numero 10209 suscrita por el Lic. Fernando Arnoldo Calles Treviño en carácter de apoderado legal de la parte actora por medio del cual solicita se dicte auto de requerimiento de pago y embargo respecto del laudo emitido por este Tribunal en fecha 28 de octubre de 2019 a lo cual dígasele que no ha lugar de acordar de conformidad su petición toda vez que ha operado la suspensión al haber dado la demandada cumplimiento a interlocutoria de suspensión de fecha 25 de noviembre de 2019, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar." Asimismo, se desprende que dicho auto le fue notificado a la parte quejosa por medio de lista publicada en los estrados de la junta señalada como responsable. En estas condiciones, si el quejoso reclamó precisamente la omisión de acordar en relación al cumplimiento del laudo, derivado de la promoción presentada por el aquí quejoso, y durante la tramitación del presente juicio de amparo, la autoridad acordó su escrito, es dable concluir que han cesado los efectos del acto reclamado, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si los actos no hubieren invadido la esfera jurídica de la quejosa, o habiéndola irrumpido, la cesación no ha dejado ninguna huella. Sirve de apoyo la tesis jurisprudencial 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página 38, tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 193758, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Lo anterior, no obstante que la junta responsable no haya acordado en favor a sus pretensiones, pues aún y cuando existiere una eventual concesión de la protección constitucional, sus efectos no implicarían obligar a la autoridad responsable a proveer en determinado sentido. Por consiguiente, al haber cesado los efectos de los actos reclamados, se actualiza la causal invocada, por lo que procede sobreseer fuera de audiencia en este juicio, con fundamento en lo previsto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial 2ª./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sin que obste para llegar a la presente determinación, el hecho de que la parte quejosa haya ofrecido como medios de prueba dos documentales, de las que se advierte que solicitó nuevamente a la autoridad responsable acordara en relación al cumplimiento de laudo dictado en el procedimiento laboral de origen, pues éstas contienen sello de recepción el veintiuno de julio y siete de septiembre de dos mil veinte, respectivamente, es decir, con posterioridad a la promoción de la acción constitucional; y el acto reclamado se hace consistir en la omisión de acordar la diversa promoción de nueve de diciembre de dos mil veinte. En atención a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve con veintitrés minutos del diez de diciembre de dos mil veinte. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que, mediante oficio CCJ/ST/2784/2020, de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, el Secretario Técnico de la Comisión de la Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, informó que con motivo de la readscripción de la Titular María Guadalupe Contreras Jurado, la referida Comisión de Carrera Judicial, autorizó al licenciado Adolfo Rendón Sotelo, para desempeñar las funciones de Juez de Distrito, con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, a partir del veinticuatro de noviembre del presente año, y hasta en tanto dicha Comisión lo determine o el Pleno referido adscriba titular a este órgano jurisdiccional; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y personalmente.

  4. Principal

    En veintiocho de diciembre de dos mil veinte, a primera hora de despacho, se notificó por lista electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, a la parte quejosa, proveído de diez de diciembre de dos mil veinte, dictado por este Juzgado en el juicio de amparo 192/2020 en virtud de no haber comparecido a este Órgano Jurisdiccional en el plazo concedido en aviso de 22 de diciembre de 2020.

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