Juan Carlos Barrón Cerda
Expediente 1473/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1473/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Juan Carlos Barrón Cerda
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Recepción escrito Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por el quejoso José Manuel Morín Cabrera. Copias certificadas Como lo solicita, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídasele a su costa copia certificada de las constancias que menciona y ténganse como autorizado para recibirlas a la persona que indica, previa razón que de su recibo se deje en autos. Lo anterior, en la inteligencia de que ello se podrá realizar una vez que sea materialmente posible atender dicha petición, pues en atención a los artículos 253 y 254 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID- 19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, no se encuentra en funciones el centro de copiado del recinto judicial en que se ubica este órgano de control constitucional; sin que se cuente con la fecha específica de reapertura de dicho centro. De esta manera, se le hacen saber las opciones que, al momento, se pueden implementar, a fin de satisfacer su solicitud; esto es, exhiba las copias físicas que obtenga del expediente electrónico del presente asunto, para que sean compulsadas y certificadas por parte de este Juzgado. No obstante lo anterior, se precisa al compareciente, que las copias de los documentos a que alude puede obtenerlas a través del expediente electrónico que se puede consultar en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación1, (una vez que solicite a este tribunal la autorización correspondiente, precisando el usuario para tal efecto), e incluso las que incluyan evidencia criptográfica, se considerarán copias certificadas, de conformidad con el artículo 36, segundo párrafo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Se informa designación de jueza Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que por oficio SEADS/903/2023, de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, la Secretaría Ejecutiva de Adscripción autorizó la comisión temporal de Norma Angélica Ávila Veyna, como Jueza Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y de conformidad con el criterio plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 104/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 312 del tomo XXXII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de julio de 2010, Novena Época, con registro digital 164217, que dispone lo siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". Una vez hecho lo anterior, devuélvase el presente expediente al archivo donde se encontraba. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Estado procesal Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Archivo Por otra parte, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Valoración Por tanto, con fundamento en el artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que este expediente al no ser de relevancia documental es susceptible de destrucción una vez que transcurra el lapso de tres años a que se refiere el acuerdo de mérito, teniendo en consideración que no se entró al fondo de la litis planteada, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 34, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre en el expediente algún documento que por sus características deba ser devuelto. Devolución de constancias Por último, por ser innecesaria su retención, devuélvanse a la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado las constancias que allegó a este asunto. Notifíquese.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de octubre de dos mil veintitrés. Estado procesal Visto el estado que guardan los autos y lo asentado en la certificación de cuenta se advierte que la audiencia constitucional en el presente asunto se encontraba programada para once horas con diez minutos del veinticinco de octubre de la presente anualidad; sin embargo, mediante Circulares 28/2023 y 29/2023, emitidas el diecinueve y veinticinco de octubre de dos mil veintitrés por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo de las manifestaciones llevadas a cabo por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos, se determinó a través de la primera, declarar como días inhábiles en los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas del diecinueve al veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés; por lo que se suspendieron los plazos y términos procesales en dicho periodo; asimismo, se declaró de manera retroactiva del dieciséis al dieciocho del mismo mes y año subsistiendo la validez de lo actuado a fin de salvaguardar la seguridad y generar certidumbre a los usuarios del sistema de justicia federal; en la segunda, que los titulares en ejercicio de su facultad prevista en los artículos 9, fracciones XIII y XIV, y 10 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, atendiendo a la situación particular, intereses y voluntad del personal de sus respectivas adscripciones, podrían declarar inhábiles días, por tanto en este Noveno Circuito, por decisión de los titulares de los Juzgados Segundo, Tercero, Cuarto y Octavo de Distrito, así como en el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales y Juzgado de Distrito en Materia Mercantil, todos en el Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad, se determinó declarar inhábil el veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, subsistiendo de igual forma la validez de lo actuado. Asimismo, de la certificación de que se trata se advierte que mediante proveído de dos de octubre del año en curso, se requirió al promovente del amparo para que en el plazo de quince días manifestara si era o no su deseo ampliar su demanda de amparo respecto a la autoridad y acto que se advirtió del oficio remitido por el Titular de la Unidad de Investigación de Trámite Común de la Fiscalía General del Estado; plazo que a esta data se encuentra transcurriendo. Diferimiento de audiencia Consecuentemente, en aras de salvaguardar los derechos de las partes y dar oportunidad a que el expediente se integre debidamente, se difiere la celebración de la misma y en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Recepción de documentos Se recibe el oficio de cuenta signado por la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, mediante el cual remite el expediente de amparo directo 128/2023 y un anexo por separado, dado que mediante auto de treinta de octubre del año en curso, el citado órgano colegiado se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda con la que se formó el expediente promovida por Juan Carlos Barrón Cerda, por los motivos ahí expuestos. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Competencia Analizada la demanda en cuestión, este juzgado se avoca a su conocimiento. Formación y registro de expediente En virtud de lo anterior, se tienen por recibida la demanda promovida por Juan Carlos Barrón Cerda, contra actos de la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 1473/2023-I-L. Anexo por separado La autoridad responsable Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, remitió en apoyo a su informe justificado el toca UG-ASA-125/2023 de su índice, al efecto, dada su voluminosidad, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 63, 64 y 65 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, fórmense por separado un legajo de pruebas, respetando el sello y folio originales. Desechamiento Ahora, vista la demanda de amparo se advierte que es procedente su desechamiento por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO2". Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se 1 "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." 2 Cuyo texto dice: "El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 898, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE3". También es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA4". 3 De texto siguiente: "Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la improcedencia de la controversia constitucional que permita desechar de plano la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable; es decir, debe advertirse del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hayan adjuntado, sin requerir otros elementos de juicio, de tal manera que no exista duda alguna en cuanto a la actualización de la causal invocada que evidencie en forma clara y fehaciente la improcedencia de la pretensión intentada, de tal forma que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido." 4 Cuyo texto dice: "De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." Sentado lo anterior, se observa que el quejoso reclama el siguiente acto: La resolución pronunciada el uno de septiembre de dos mil veintitrés, en el toca penal UG/ASA 125/2023 del índice de la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en la que se determinó revocar la sentencia condenatoria dictada el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, en la causa penal RI/SLP/CP482/2020 instruida en contra de Juan José Peña Palomo, por la comisión del delito de fraude específico y en su lugar se ordena reponer la audiencia de juicio hasta la emisión del fallo. En ese contexto, respecto a dicho acto de oficio se advierte la actualización de la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sensu-, que establecen: LEY DE AMPARO "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 107, fracción V, de la ley de la materia, el juicio de amparo procede ante un Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, en la sesión del veintidós de mayo de dos mil catorce5 , esencialmente determinó que de conformidad con la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto en contra de la determinación que resuelve la personalidad en un juicio laboral, pues el artículo 107 fracción V, de dicha ley, el legislador delimitó los actos de imposible reparación, 5 De la que emanó la jurisprudencia de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." (Décima Época, Registro: 2006589, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 37/2014 (10a.), Página: 39.) estableciendo como tales únicamente a aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos, esto es, derechos que no son procesales, con la clara intención de evitar al máximo la promoción de juicios de amparo respecto de decisiones enteramente procesales, en atención al principio de concentración, esto es, para que la mayor cantidad de violaciones procesales se concentraran en el juicio de amparo directo, que es donde esa violación puede producir una afectación. En ese sentido, el propio Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 370/2017, en sesión del treinta de octubre de dos mil dieciocho, en la que analizó lo relativo a la negativa de llamar a juicio a un tercero interesado, y de la cual emitió la jurisprudencia P./J. 7/2019 (10a.), der rubro: "DENUNCIA DEL JUICIO A TERCEROS. EL AUTO O RESOLUCIÓN QUE NIEGA SU ADMISIÓN NO CONSTITUYE UN "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN", POR LO QUE ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA.", delimitó el concepto de actos de imposible reparación, pues en la ejecutoria relativa estableció las premisas siguientes: - Para ser calificados como "actos de imposible reparación", es necesario que los actos emitidos dentro de juicio: 1) afecten materialmente derechos; y 2) esos derechos revistan la categoría de "sustantivos". - En ese sentido, se precisó como requisito necesario para actualizar un acto de imposible reparación, que las consecuencias de los actos intraprocesales sean de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que tal afectación debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase el ámbito procesal, esto es, bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. - Finalmente, precisó que no pueden seguir siendo aplicables los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior. Cabe destacar que el Tribunal Pleno del Máximo Tribunal del País ha sostenido que cuando el acto reclamado no sea de imposible reparación, es factible desechar una demanda de amparo, pues en ese caso se actualiza una causa notoria y manifiesta de improcedencia del juicio de amparo, tal como lo plasmó en la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS. CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La acumulación de juicios es una institución procesal que sólo otorga derechos adjetivos a las partes, con la finalidad de evitar el dictado de sentencias contradictorias, por lo que, si bien la decisión de acumular diversos juicios pudiera afectar sus derechos, tal afectación no tiene el carácter de afectación material a derechos sustantivos que haga procedente el juicio de amparo indirecto, al tratarse de derechos otorgados por normas ordinarias para que los procedimientos se desarrollen de la mejor forma posible. Aunado a ello, las posibles afectaciones a la debida integración de la litis que pudieran reclamar las partes con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se materializarán, en su caso, al dictarse la sentencia si no les es favorable, por lo que tampoco harían procedente el juicio de amparo indirecto; por esas razones, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, es factible desechar la demanda cuando se reclama la resolución que decreta la acumulación de juicios por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia en términos del artículo 107, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, ambos de la ley citada, en atención a que el solo análisis de la naturaleza del acto permite concluir que el juicio constitucional es improcedente, pues se trata simplemente de un ejercicio jurídico para determinar los alcances de la naturaleza del acto y no se requiere de alguna prueba para concluir que las resoluciones relativas a la acumulación de juicios sólo afectan derechos adjetivos que hacen improcedente el juicio de amparo indirecto6 ". Sentado lo anterior, se recuerda que el promovente reclama la resolución del uno de septiembre de dos mil veintitrés, dictada en el toca penal UG/ASA-125/2023, en la que se determinó revocar la sentencia condenatoria dictada el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, en la causa penal RI/SLP/CP-482/2020 instruida en contra de Juan José Peña Palomo, por la comisión del delito de fraude específico y en su lugar se ordena reponer la audiencia de juicio hasta la emisión del fallo; ello, al advertirse una transgresión al derecho humano de debido proceso, en su aspecto de valoración y alcance probatorio otorgado a los medios de prueba desahogados en el juicio. En ese sentido, se colige que la resolución reclamada al ordenar dejar sin efecto la sentencia dictada en primera instancia y emitir una nueva, atendiendo a lo establecido por la Sala responsable, sus efectos se traducen en devolver el juicio al estado en que se encontraba antes de cometerse la violación que dio lugar a dicha resolución y emitir una nueva que se ajuste a las disposiciones legales. Ahora, por regla general el juicio de amparo es improcedente en contra de la resolución que ordena reponer el procedimiento, ya que no puede considerarse 6 Época: Décima Época Registro: 2013364 Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, Materia(s): Común Tesis: P./J. 32/2016 (10a.), Página: 5 como un acto dentro de juicio que tenga una imposible reparación7 ; sin embargo, debe examinarse si las consecuencias de la resolución reclamada son o no de imposible reparación, para de esa manera, resolver si el juicio de amparo indirecto será o no procedente. En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación8 sostuvo que para determinar la procedencia del juicio de amparo contra de la sentencia de segunda instancia, que deja insubsistente la de primer grado y ordena la reposición del procedimiento, debe determinarse si las consecuencias de la insubsistencia del fallo y de la reposición, son o no de imposible reparación, tal como se desprende de la jurisprudencia siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICIÓN, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Para establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, en cada caso concreto debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la son o no de imposible reparación, y para ello debe acatarse el criterio sostenido en la jurisprudencia 6/1991, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en sesión privada de 22 de enero de 1991, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN Lo anterior encuentra sustento, en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 35, tomo I, mayo de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción V de la Constitución General de la República, así como 46 y 158 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede taxativamente cuando se reclama una sentencia definitiva (laudo si se trata de un juicio laboral) o una resolución que pone fin al juicio. La resolución de segunda instancia que ordena reponer el procedimiento, no se adecua a ninguno de esos supuestos, porque no decide el juicio en lo principal, es decir, estableciendo el derecho en cuanto a la acción y a la excepción que dieron lugar a la litis contestatio y menos aún dio por concluido el juicio, pues esa decisión tiene como finalidad volver el pleito al estado en que se encontraba antes de cometerse la infracción que dio lugar a esa clase de resolución, para un nuevo curso que se ajuste a la disposición expresa de la ley. Por tanto el juicio de amparo directo que se promueva contra una resolución de esa naturaleza es improcedente." 8 En la jurisprudencia P./J. 17/91, Octava Época, Registro: 205810, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Mayo de 1991, Página: 25. AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.". En efecto, si bien la mera reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que decretó la reposición. Por el contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, pues tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 159 de la Ley de Amparo, y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo." Cabe precisar que dicho criterio fue reiterado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2015, en la sesión del quince de junio de dos mil dieciséis, en la que esencialmente sostuvo que la sola resolución de segunda instancia que ordena reponer el procedimiento no puede actualizar por sí misma la improcedencia del juicio de amparo, sino que deben analizarse los efectos concretos y específicos que produce tal reposición, para determinar si efectivamente se actualiza una violación de derechos sustantivos que ameriten un análisis inmediato a través del juicio de amparo, tal como se despende de la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE REVOCA LA DE PRIMERA Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Si bien la reposición del procedimiento implica volver a poner el proceso en la etapa o fase procesal en que se cometió un error o defecto de sustanciación del juicio, a partir de lo cual podría afirmarse que la resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento tiene efectos meramente procesales o adjetivos, establecer una regla general y absoluta implicaría propiciar un margen de error en las decisiones jurisdiccionales, pues no puede soslayarse que habrá casos en los que los efectos de una reposición del procedimiento sí pueden afectar derechos sustantivos que ameriten un análisis inmediato a través del juicio de amparo. De esta manera, el análisis de la procedencia del juicio de amparo en cuanto al reclamo de una resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento, implica un examen ponderado sobre los efectos concretos y específicos que produce en éste, así como en las cosas y en las personas, lo cual no puede llevarse a cabo en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, porque en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en ese escrito y, en su caso, los anexos que se exhiban. Por tanto, el juzgador no está en aptitud legal de desecharla de inmediato bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa éste no es evidente, claro y fehaciente, pues necesariamente se requerirá un análisis de las constancias de autos para determinar su improcedencia, el que, por técnica de amparo, es propio de la sentencia definitiva9 ". Ahora bien, dado que ninguna de las jurisprudencias transcritas establece en qué casos podría considerarse que la resolución de segunda instancia actualiza una imposible reparación, debe atenderse a la premisas establecidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 63/2003-PS, en la sesión del ocho de septiembre de dos mil cuatro, de la cual emanó la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DEJA INSUBSISTENTE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRARLO, ES UN ACTO CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. La resolución de segunda instancia que deja insubsistente la sentencia de primer grado y ordena reponer el procedimiento de un juicio natural, para efecto de integrar el litisconsorcio pasivo necesario, no es un acto definitivo contra el que procede el amparo en la vía directa, porque no pone fin al juicio, de manera que su impugnación sólo podría efectuarse en la vía indirecta. Para ello, sin embargo, se requiere que dicho acto satisfaga el atributo de ser de imposible reparación. Y en efecto, constituye un acto procesal equiparable a los de imposible reparación, contra el cual procede el amparo en la vía indirecta, porque afecta en grado predominante o superior a la parte que obtuvo una sentencia con la que está conforme, pues por virtud de la resolución de alzada, se encuentra con que queda insubsistente aquel fallo, para 9 Tesis: 2a./J. 87/2016 (10a.), Décima Época, Registro: 2012245, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, Página: 1180. llamar a un sujeto hasta ese momento ajeno a la litis, y que eventualmente puede no ser un litisconsorcio pasivo necesario, con lo que el nuevo juicio que se instaure podría, a la postre, ser inútil. Además, atendiendo a los efectos concretos que en cada caso resulten de la reposición del procedimiento, podrían existir consecuencias de imposible reparación que también hagan mérito para la procedencia del amparo indirecto, tales como 1) el que por virtud de la orden de reponer el procedimiento se nulifiquen actuaciones procesales ya practicadas, como el desahogo de pruebas que, ya para el nuevo juicio que se instaure, podría ser imposible que se desahogaran de vuelta (piénsese, por ejemplo, en el fallecimiento de testigos que ya rindieron testimonio o la destrucción de documentos), o 2) los requerimientos, bajo apercibimientos graves como el de desechar la demanda, formulados a la actora de cumplir con ciertas conductas al momento de reponer el procedimiento." En la jurisprudencia transcrita, se sostuvo la procedencia del juicio de amparo indirecto promovido, por quien obtuvo sentencia favorable y se conformó con ésta, en contra la resolución de segunda instancia que deja insubsistente la de primer grado y ordena reponer el procedimiento, cuando tal determinación constituya un acto procesal de imposible reparación, lo que ocurre en los supuestos siguientes: 1) Que con motivo de la reposición se nulifiquen actuaciones procesales, como el desahogo de pruebas, que para el nuevo curso del juicio podría ser imposible desahogar nuevamente, por ejemplo, ante el fallecimiento de testigos o de personas que tengan que rendir declaración judicial -siempre que se hubieren desahogado-, o que se hubieren destruido documentos respecto de los cuales se tuviera que desahogar algún medio de convicción como su reconocimiento o peritaje sobre éstos. 2) Que tal reposición tenga como consecuencia realizar requerimientos bajo apercibimientos graves como desechar la demanda, formulados a la actora de cumplir con ciertas conductas al momento de reponer el procedimiento. En relación con las hipótesis precisadas, debe destacarse que las cargas procesales para acreditarlos, tiene un origen diverso, pues respecto de la primera, corresponde a la parte interesada en la subsistencia de la sentencia definitiva -quejoso- acreditar la imposibilidad para desahogar nuevamente las pruebas nulificadas con motivo de la reposición del procedimiento; en tanto que la segunda hipótesis, puede desprenderse de constancias, por lo que corresponde al Juez de amparo analizarla. En el caso, en la resolución reclamada del uno de septiembre de dos mil veintitrés, se advierte que la Sala responsable determinó revocar la sentencia del dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, emitida en la causa penal RI/SLP/CP-482/2020, a efecto de que, se repusiera la audiencia de juicio hasta la emisión del fallo; ello, al advertirse una transgresión al derecho humano de debido proceso, en su aspecto de valoración y alcance probatorio otorgado a los medios de prueba desahogados en el juicio. Lo anterior, no constituye un acto que sea de imposible reparación, pues a pesar de que se haya ordenado reponer la audiencia hasta la emisión del fallo, la parte quejosa puede obtener un fallo favorable o, en caso contrario, estará en posibilidad de impugnar la resolución a través del medio ordinario o extraordinario respectivo; de lo que se sigue que ello constituye únicamente una violación de carácter procedimental y no sustantiva. Lo expuesto, pone de manifiesto que la ejecución de la resolución reclamada no genera un daño de imposible reparación al quejoso, pues únicamente se revocó la sentencia definitiva dictada en el juicio natural, para que, se repusiera la audiencia de juicio y se dictara una nueva sentencia. En la que se valoraran de nueva cuenta las pruebas ofertadas en el juicio. Al efecto, debe destacarse que la Sala responsable no resolvió que se dejaran insubsistentes las pruebas ofrecidas durante la substanciación del juicio natural ni ninguna otra actuación, pues se insiste únicamente repuso el procedimiento para el efecto de que el Juez primigenio valorara de nueva cuenta las pruebas ofertadas en el juicio, es decir las pruebas ya admitidas quedan intocadas, solo serán valoradas de nueva cuenta. Ahora, con motivo de la reposición del procedimiento, no se realizó algún requerimiento a las partes, bajo un apercibimiento grave que impida el ejercicio de sus derechos. En ese sentido, cabe destacar que el requisito establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia transcrita en líneas anteriores, prevé que con la reposición del procedimiento se imponga un apercibimiento tan grave como desechar la demanda, pues tal sanción incide directa y materialmente en el ejercicio del derecho de acción; lo cual no sucede en el caso, pues la reposición no tiene como efecto -ni siquiera de manera indirecta- que se realice apercibimiento alguno, sino sólo que se emita una nueva sentencia, que se ocupe de todos los puntos planteados y valore de nueva cuenta las pruebas ya admitidas. En esas condiciones, es claro que la reposición del procedimiento decretada en la sentencia reclamada, no puede considerarse como un acto cuya ejecución sea de imposible reparación para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues como ha quedado precisado, sus efectos no vulneran de modo directo e inmediato derechos sustantivos de la parte quejosa previstos en la Constitución Federal, ni afecta el procedimiento jurisdiccional de origen, pues la nueva sentencia que se dicte aún puede ser favorable a los intereses del justiciable, lo que repararía la violación procesal que, en su caso, se le hubiere causado. En otro aspecto, cabe precisar que la reposición reclamada no conculca en sí misma el derecho sustantivo a la pronta impartición de justicia que tutela el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a favor de los gobernados, pues, por un lado, el simple transcurso del tiempo en el que tenga que resolverse el juicio natural con motivo de la reposición no constituye circunstancia que afecte los derechos de fondo discutidos en el juicio y, por otro, en razón de que el procedimiento no está legalmente limitado a determinado periodo como para considerar que en el caso de que el mismo fuere rebasado, no pudiera ser reparable el tiempo que de dicho lapso se excediera; todo ello implica que ni el procedimiento judicial, en sí mismo considerado, ni la reposición decretada en él podría considerarse como un acto de imposible reparación, ya que al ser tal procedimiento judicial el único medio que concede la Constitución Federal a los particulares para solicitar justicia y hacer valer sus derechos, necesariamente deben someterse al mismo las partes en conflicto, aun cuando no exista ninguna posibilidad de reponerles el tiempo que destinen para sostener el controvertido ni de subsanarles las afectaciones que el juicio genere. Finalmente, cabe indicar que esta Juzgadora no desatiende las jurisprudencias de rubros "AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICIÓN, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." (Localización: J; 8a. Época; Pleno; S.J.F.; Tomo VII, Mayo de 1991; Pág. 25. P./J. 17/91) y "RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE REVOCA LA DE PRIMERA Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". (Localización: J; 10a. Época; 2a. Sala; Semanario Judicial de la Federación; 2a./J. 87/2016 (10a.); Publicación: Viernes 12 de Agosto de 2016 10:20); puesto que, como ha quedado demostrado del análisis ponderado sobre los efectos concretos y específicos del caso en particular, las consecuencias de la resolución la resolución de uno de septiembre dos mil veintitrés, dictada en el toca penal UG/ASA-125/2023 donde se ordenó la reposición del procedimiento penal de origen, no son de imposible reparación, toda vez que no producen una afectación cierta e inmediata sobre los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De lo que se tiene certeza, pues se cuenta con los autos originales del referido toca del cual deriva el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis VII.2o.C.26 K 11a., sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 29, Septiembre de 2023, Tomo V, página 5601, de rubro y texto siguientes: "JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE ALZADA QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO EN PRIMERA INSTANCIA. CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO CUENTE CON LOS AUTOS DEL JUICIO DE ORIGEN, PUEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA SI ADVIERTE QUE NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS [INAPLICABILIDAD DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA 2a./J. 87/2016 (10a.)]. Hechos: Se reclamó en amparo directo una resolución de alzada que ordenó reponer el procedimiento en primera instancia para llamar a juicio a diversos litisconsortes. La autoridad responsable dio el trámite de ley y remitió su informe justificado ante el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente; sin embargo, éste se declaró incompetente por razón de la vía y remitió la demanda, anexos e informe al Juzgado de Distrito; dicho órgano radicó la demanda, aceptó la competencia y desechó de plano la demanda de amparo, al estimar que no se afectaban derechos sustantivos, al no haberse anulado ninguna actuación. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que cuando se reclame en amparo una resolución de alzada que ordene reponer el procedimiento en primera instancia y ésta se radique en la vía indirecta en la que obren las constancias del proceso, el Juez de Distrito puede desechar de plano la demanda si advierte que no se afectan derechos sustantivos, pues es inaplicable la tesis de jurisprudencia 2a./J. 87/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Justificación: Lo anterior, porque conforme al artículo 222 de la Ley de Amparo y a la tesis aislada 2a. CXII/2016 (10a.), de la propia Sala para determinar si un precedente obligatorio resulta aplicable a un caso concreto, el órgano jurisdiccional se encuentra vinculado a observar la razón decisoria; esto es, a determinar si las circunstancias de hecho son de una entidad similar o equiparable a las del caso que se juzga y así poder resolver el conflicto a partir de la argumentación del precedente. En ese sentido, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 87/2016 (10a.) citada no es aplicable cuando el tribunal de amparo cuenta con los autos del juicio y del toca de donde deriva la resolución que ordenó reponer el procedimiento en primera instancia, porque la demanda de amparo se tramitó en un primer momento en la vía directa y a la postre se remitió la demanda, anexos e informe justificado de la autoridad responsable para que se siguiera en la vía indirecta e, incluso, el órgano de amparo realiza ese análisis ponderado; lo anterior, porque dicho criterio jurisprudencial parte del hecho de que el examen necesario a efecto de determinar si la reposición del procedimiento ordenada por el tribunal de alzada afecta derechos sustantivos no puede llevarse a cabo en el auto inicial de trámite, porque en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en ese escrito de demanda y, en su caso, los anexos que se exhiban, lo que en ese supuesto no acontece, pues el Juez de Distrito sí cuenta con los elementos para realizar el análisis sobre las consecuencias que proyecta el acto reclamado sobre el proceso, las cosas y las personas. En consecuencia, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 113 de la ley en la materia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Juan Carlos Barrón Cerda. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a Froylán Lárraga Aguilera y Humberto Kevin Barbosa López, quienes cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos del aludido numeral a las diversas personas que señala, por así haberlo solicitado. Consulta expediente electrónico De conformidad con el artículo 3, de la Ley de Amparo, así como en el diverso 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a la parte quejosa la consulta del expediente electrónico, a través del usuario electrónico FirmalegalCA. Medios electrónicos Con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Habilitación de días y horas inhábiles Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal Transparencia y acceso a la información pública En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa
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