Juan Carlos Barrientos Rivera y Otros.

Expediente 849/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
849/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
20/10/2022

Partes del expediente

  • Juan Carlos Barrientos Rivera y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; veinte de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee: Atento a la certificación secretarial de cuenta y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que feneció el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que los quejosos *****, hayan interpuesto recurso de queja en contra del proveído de veintidós de septiembre de este año; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2 de la ley antes citada, se declara QUE DICHO AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Hágase la anotación en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, es preciso mencionar que conforme al artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es DESTRUÍBLE en un plazo de tres años. Por tal motivo, de conformidad con el referido numeral, dentro del término de treinta días siguientes a que haya transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir del presente proveído, previa acta, relación que se elabore para la identificación del expediente, anotaciones correspondientes en los libros respectivos, copia digital de todas las constancias que integran el sumario depurado y registro electrónico asociado, procédase a la destrucción de los autos, y en su momento remítase una copia del acta mencionada a la Dirección General de Archivo y Documentación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Finalmente, se destaca que a juicio de la suscrita, el expediente en que se actúa carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 y 17, fracción II, del Acuerdo General invocado. Notifíquese. Lo acordó y firma César Barajas García, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, encargado del despacho por licencia académica concedida a la Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura, autorizado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/4359/2022, de tres de octubre de dos mil veintidós, quien actúa asistido por María Chávez Valencia, secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee: Se tiene por recibido el escrito firmado por los quejosos Juan Carlos Barrientos Rivera, Regina Rivera Ortega, Petra Rivera Ortega, Evaristo Lorenzo Matías, Liliana Sarai Lorenzo Rivera y Mara Iridai Lorenzo Rivera, mediante el cual desahoga la prevención realizada por este juzgado en auto de nueve de los actuales y al efecto señala la fecha de conocimiento del acto reclamado que precisa. En atención a su contenido, téngase por desahogado en tiempo y forma la prevención de mérito, sin que ello, tenga como consecuencia, admitirla a trámite, toda vez que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, la Jueza debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En el particular, por lo que hace al acto reclamado consistente en la resolución de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno que atribuye al Director General Jurídico Consultivo de la Fiscalía General del Estado de Guerrero y su ejecución que atribuye a la autoridad responsable ejecutora, en opinión de esta juzgadora se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos (.)". Ello es así, toda vez que los quejosos promovieron el juicio de manera extemporánea. Los artículos 17 y 18, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." El artículo 17 transcrito, prevé que, por regla general, el término para promover la demanda de amparo es de quince días, con las excepciones allí previstas; y de las cuales, ninguna se surte en el caso sometido a consideración; mientras que, de lo dispuesto en el aludido precepto 18, se obtiene que el plazo para promoverla se contará desde el día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del acto o resolución que se reclame, al en que el quejoso haya tenido conocimiento, o se haya ostentado sabedor de tales actos, salvo el caso de una norma general autoaplicativa, en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Importa decir que los quejosos reclaman el acto reclamado consistente en la resolución dictada el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, por el Director General Jurídico Consultivo de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, en la que revocó la determinación del no ejercicio de la acción penal planteada por el agente titular del Ministerio Público del Fuero Común especializado en despojo del Distrito Judicial de Tabares y su ejecución que atribuye a la autoridad responsable ejecutora, en la carpeta judicial 12030280300150061118 iniciada en contra de los quejosos, por el delito de despojo, de la cual tuvieron conocimiento el doce de abril de dos mil veintiuno; de ahí que, de conformidad con el artículo 18 de la Ley de Amparo, el plazo para la promoción de juicio, debe contarse a partir del día hábil siguiente a aquél en el que tuvieron conocimiento de esa conducta; entonces, si ello ocurrió el doce de abril del citado año, es claro que el plazo de quince días le transcurrió del trece de ese mes y año al tres de mayo siguiente, sin contar los días diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de abril, uno y dos de mayo, por haber sido inhábiles. En ese corolario, si la demanda la presentó en el buzón judicial el ocho de septiembre que transcurre, es inobjetable que el término para promover la acción de tutela constitucional precluyó en su perjuicio, pues se insiste, éste feneció el tres de mayo de dos mil veintiuno; por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 61, fracción XIV, relacionado con el dispositivo 17, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Es aplicable la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, que es del rubro y texto siguiente: "AMPARO, TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL. CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. Si el quejoso manifiesta en su demanda de garantías en qué fecha tuvo conocimiento del acto reclamado, tal manifestación constituye una confesión que hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el juicio de amparo, por lo que a partir de esa fecha debe hacerse el cómputo del término que señala el artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo II, Segunda Parte-1, página 92) Con relación al diverso acto reclamado, consistente en la determinación dictada por la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento Penal en el Estado de Guerrero, en la que fijó hora y fecha para el desahogo de la audiencia inicial a efecto de que la fiscal investigadora formule imputación en contra de los aquí quejosos, se actualiza la diversa contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, ambos de la ley de la materia, a saber: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. [.]" De la anterior transcripción se advierte que el juicio de amparo indirecto procede únicamente contra actos emitidos fuera de juicio, por lo que interpretando a contrario sentido, la improcedencia se actualiza cuando aún y siendo un acto fuera de juicio ello no se traduce en un acto de imposible reparación. Para corroborar lo antes expuesto, es importante asentar que la etapa con la que inicia el nuevo sistema de justicia penal es la denominada de investigación inicial o desformalizada, la cual tiene como finalidad que el Ministerio Público, la policía y los peritos, recaben los datos de prueba para la acreditación del hecho delictivo, así como la probable participación de un sujeto en su comisión, iniciando la integración de la carpeta de investigación. Ello, como dispone el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que se trascribe a continuación: "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme." De la anterior trascripción se tiene que la etapa investigación posee dos fases, a saber: Investigación inicial. En esta fase los investigadores recaban los datos de prueba necesarios para la formulación de la imputación, o si existe una persona detenida, los elementos necesarios para sustentar la legalidad de la detención, en esta etapa aún no se hace del conocimiento del juez la investigación, por eso se le conoce como investigación no judicializada que se sigue por la comisión de un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que un sujeto haya participado en su comisión. Investigación Complementaria: Esta fase también es conocida como investigación judicializada, pues a partir de este momento el juez y el imputado conocen de la investigación, con ello, se inician las demás actuaciones procesales tales como la solicitud de la vinculación a proceso, la aplicación de medidas cautelares y el establecimiento de un plazo para culminar o cerrar la investigación. Ahora, el numeral 141 del citado ordenamiento establece: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario." En ese sentido, de un estudio sistemático de las fracciones I y II del numeral del artículo citado, se advierte que la citación de una persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del juez, a petición del Ministerio Público; esto es así, toda vez que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar, lo que en caso de estimarlo conveniente podría combatir a través del recurso ordinario previsto para tal efecto o incluso, a través del juicio de amparo biinstancial. Sin que pase desapercibido a lo anterior, el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, a estar condicionado a que no asistan sin justificación y el Ministerio Público solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del imputado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1a./J.78/2018(10a.)3 , de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2018828, que dice: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." (Énfasis añadido) En esa tesitura, si en el caso que nos ocupa, como se adelantó, los quejosos Juan Carlos Barrientos Rivera, Regina Rivera Ortega, Petra Rivera Ortega, Evaristo Lorenzo Matías, Liliana Saraí Lorenzo Rivera y Mara Iridai Lorenzo Rivera reclaman del Juez de Control y Enjuiciamiento Penal en el Estado de Guerrero, la determinación en la que fijó hora y fecha para que los quejosos comparezcan a la audiencia inicial a efecto de que la agente del Ministerio Público de su adscripción le formule imputación, es notorio que esa determinación no afecta su libertad personal, pues se trata de una mera comunicación de la citada responsable de que se formalizara la investigación que se sigue en su contra. Citación que no incide en su libertad personal, pues en dicho acto procesal únicamente se formalizará la investigación que se sigue en su contra y será lo que se resuelva en dicha audiencia lo que, en su caso, pueda generarle perjuicio, pero que puede ser impugnado en la vía conducente, sin que se le deje en estado de indefensión. Aunado a que, su eventual privación de la libertad, a fin de que sea hecho comparecer de manera forzosa, es un acto futuro de realización incierta, condicionada a que no asista sin justificación y que el Ministerio Público a lo solicite. Por lo antes expuesto, con fundamento en el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda por actualizarse de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en relación con los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, ambos del ordenamiento legal invocado. Notifíquese personalmente. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Mirando Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de María Chávez Valencia, secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    CITATORIO: SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE INDICA: "Acapulco de Juárez, Guerrero; veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee: Se tiene por recibido el escrito firmado por los quejosos Juan Carlos Barrientos Rivera, Regina Rivera Ortega, Petra Rivera Ortega, Evaristo Lorenzo Matías, Liliana Sarai Lorenzo Rivera y Mara Iridai Lorenzo Rivera, mediante el cual desahoga la prevención realizada por este juzgado en auto de nueve de los actuales y al efecto señala la fecha de conocimiento del acto reclamado que precisa. En atención a su contenido, téngase por desahogado en tiempo y forma la prevención de mérito, sin que ello, tenga como consecuencia, admitirla a trámite, toda vez que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, la Jueza debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En el particular, por lo que hace al acto reclamado consistente en la resolución de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno que atribuye al Director General Jurídico Consultivo de la Fiscalía General del Estado de Guerrero y su ejecución que atribuye a la autoridad responsable ejecutora, en opinión de esta juzgadora se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos (.)". Ello es así, toda vez que los quejosos promovieron el juicio de manera extemporánea. Los artículos 17 y 18, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." El artículo 17 transcrito, prevé que, por regla general, el término para promover la demanda de amparo es de quince días, con las excepciones allí previstas; y de las cuales, ninguna se surte en el caso sometido a consideración; mientras que, de lo dispuesto en el aludido precepto 18, se obtiene que el plazo para promoverla se contará desde el día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del acto o resolución que se reclame, al en que el quejoso haya tenido conocimiento, o se haya ostentado sabedor de tales actos, salvo el caso de una norma general autoaplicativa, en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Importa decir que los quejosos reclaman el acto reclamado consistente en la resolución dictada el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, por el Director General Jurídico Consultivo de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, en la que revocó la determinación del no ejercicio de la acción penal planteada por el agente titular del Ministerio Público del Fuero Común especializado en despojo del Distrito Judicial de Tabares y su ejecución que atribuye a la autoridad responsable ejecutora, en la carpeta judicial 12030280300150061118 iniciada en contra de los quejosos, por el delito de despojo, de la cual tuvieron conocimiento el doce de abril de dos mil veintiuno; de ahí que, de conformidad con el artículo 18 de la Ley de Amparo, el plazo para la promoción de juicio, debe contarse a partir del día hábil siguiente a aquél en el que tuvieron conocimiento de esa conducta; entonces, si ello ocurrió el doce de abril del citado año, es claro que el plazo de quince días le transcurrió del trece de ese mes y año al tres de mayo siguiente, sin contar los días diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de abril, uno y dos de mayo, por haber sido inhábiles. En ese corolario, si la demanda la presentó en el buzón judicial el ocho de septiembre que transcurre, es inobjetable que el término para promover la acción de tutela constitucional precluyó en su perjuicio, pues se insiste, éste feneció el tres de mayo de dos mil veintiuno; por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 61, fracción XIV, relacionado con el dispositivo 17, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Es aplicable la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, que es del rubro y texto siguiente: "AMPARO, TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL. CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. Si el quejoso manifiesta en su demanda de garantías en qué fecha tuvo conocimiento del acto reclamado, tal manifestación constituye una confesión que hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el juicio de amparo, por lo que a partir de esa fecha debe hacerse el cómputo del término que señala el artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo II, Segunda Parte-1, página 92) Con relación al diverso acto reclamado, consistente en la determinación dictada por la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento Penal en el Estado de Guerrero, en la que fijó hora y fecha para el desahogo de la audiencia inicial a efecto de que la fiscal investigadora formule imputación en contra de los aquí quejosos, se actualiza la diversa contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, ambos de la ley de la materia, a saber: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. [.]" De la anterior transcripción se advierte que el juicio de amparo indirecto procede únicamente contra actos emitidos fuera de juicio, por lo que interpretando a contrario sentido, la improcedencia se actualiza cuando aún y siendo un acto fuera de juicio ello no se traduce en un acto de imposible reparación. Para corroborar lo antes expuesto, es importante asentar que la etapa con la que inicia el nuevo sistema de justicia penal es la denominada de investigación inicial o desformalizada, la cual tiene como finalidad que el Ministerio Público, la policía y los peritos, recaben los datos de prueba para la acreditación del hecho delictivo, así como la probable participación de un sujeto en su comisión, iniciando la integración de la carpeta de investigación. Ello, como dispone el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que se trascribe a continuación: "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme." De la anterior trascripción se tiene que la etapa investigación posee dos fases, a saber: Investigación inicial. En esta fase los investigadores recaban los datos de prueba necesarios para la formulación de la imputación, o si existe una persona detenida, los elementos necesarios para sustentar la legalidad de la detención, en esta etapa aún no se hace del conocimiento del juez la investigación, por eso se le conoce como investigación no judicializada que se sigue por la comisión de un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que un sujeto haya participado en su comisión. Investigación Complementaria: Esta fase también es conocida como investigación judicializada, pues a partir de este momento el juez y el imputado conocen de la investigación, con ello, se inician las demás actuaciones procesales tales como la solicitud de la vinculación a proceso, la aplicación de medidas cautelares y el establecimiento de un plazo para culminar o cerrar la investigación. Ahora, el numeral 141 del citado ordenamiento establece: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario." En ese sentido, de un estudio sistemático de las fracciones I y II del numeral del artículo citado, se advierte que la citación de una persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del juez, a petición del Ministerio Público; esto es así, toda vez que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar, lo que en caso de estimarlo conveniente podría combatir a través del recurso ordinario previsto para tal efecto o incluso, a través del juicio de amparo biinstancial. Sin que pase desapercibido a lo anterior, el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, a estar condicionado a que no asistan sin justificación y el Ministerio Público solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del imputado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1a./J.78/2018(10a.)3 , de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2018828, que dice: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." (Énfasis añadido) En esa tesitura, si en el caso que nos ocupa, como se adelantó, los quejosos Juan Carlos Barrientos Rivera, Regina Rivera Ortega, Petra Rivera Ortega, Evaristo Lorenzo Matías, Liliana Saraí Lorenzo Rivera y Mara Iridai Lorenzo Rivera reclaman del Juez de Control y Enjuiciamiento Penal en el Estado de Guerrero, la determinación en la que fijó hora y fecha para que los quejosos comparezcan a la audiencia inicial a efecto de que la agente del Ministerio Público de su adscripción le formule imputación, es notorio que esa determinación no afecta su libertad personal, pues se trata de una mera comunicación de la citada responsable de que se formalizara la investigación que se sigue en su contra. Citación que no incide en su libertad personal, pues en dicho acto procesal únicamente se formalizará la investigación que se sigue en su contra y será lo que se resuelva en dicha audiencia lo que, en su caso, pueda generarle perjuicio, pero que puede ser impugnado en la vía conducente, sin que se le deje en estado de indefensión. Aunado a que, su eventual privación de la libertad, a fin de que sea hecho comparecer de manera forzosa, es un acto futuro de realización incierta, condicionada a que no asista sin justificación y que el Ministerio Público a lo solicite. Por lo antes expuesto, con fundamento en el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda por actualizarse de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en relación con los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, ambos del ordenamiento legal invocado. Notifíquese personalmente. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Mirando Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de María Chávez Valencia, secretaria que autoriza. Doy fe."

  4. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; nueve de septiembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee: Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Juan Carlos Barrientos Rivera, Regina Rivera Ortega, Petra Rivera Ortega, Evaristo Lorenzo Matías, Liliana Sarai Lorenzo Rivera y Mara Iridai Lorenzo Rivera, por propio derecho, contra actos del Director General Jurídico Consultivo de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, Guerrero y otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 849/2022-I. Ahora bien, respecto a la solicitud de los promoventes en el sentido de admitir la demanda de amparo, se debe decir que previo a acordar lo conducente es necesario seguir los lineamientos establecidos en la ley de la materia, uno de los cuales es el que marca el artículo 114 de la Ley de Amparo, que en lo referente establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I.- Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II.- Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." El normativo anterior impone a este Juzgado de Distrito la obligación, previo a acordar sobre la admisión de la demanda, de estudiar el escrito inicial para verificar que se hayan colmado los requisitos que marca la ley en cita y que no existieren deficiencias, irregularidades u omisiones en el mismo. Así, del estudio integral de la demanda de amparo que se provee, se advierte una omisión que requiere ser subsanada, previo a su admisión. En ese sentido, resulta necesario atender a lo dispuesto por el artículo 108, fracción V de la Ley de Amparo, que impone la obligación a todo solicitante de la protección de la Justicia Federal de manifestar en la demanda, bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. Dicho dispositivo es del tenor siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios. IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1° de esta ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1° de esta ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación." Lo anterior es así, debido a que la parte quejosa no colma el requisito antes citado, en virtud de que únicamente vierte una serie de manifestaciones relacionadas con los actos reclamados señalados en los incisos a) y b) no así respecto del acto reclamado en el inciso c), que atribuye al Juez de Control y Enjuiciamiento Penal en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, además de que omite precisar la fecha en la que se le notificó o tuvo conocimiento de dicho acto, esto es, de la determinación en que se fijó hora y fecha para la audiencia inicial y formulación de imputación contra los aquí quejosos. Lo anterior amerita que desde este momento subsane tales omisiones para que este órgano jurisdiccional esté en aptitud de analizar su demanda de amparo, en términos de lo que establece el artículo 115 de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 114, en relación con el diverso numeral 108, fracción V de la Ley de Amparo, prevéngase a los quejosos para que dentro del plazo de cinco días contado a partir del siguiente a aquél al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito y con copias suficientes del escrito aclaratorio para correr traslado a las demás partes, cumpla con lo siguiente: ÚNICO.- EN VÍA DE ANTECEDENTES DE LOS ACTOS RECLAMADOS, MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN QUÉ FECHA SE LE NOTIFICÓ O TUVO CONOCIMIENTO DE LA DETERMINACIÓN EN QUE SE FIJÓ HORA Y FECHA PARA LA AUDIENCIA INICIAL Y FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN. Debe precisarse que la prevención que antecede, únicamente la podrán desahogar los quejosos, dada la responsabilidad penal que de la protesta de decir verdad pudiera derivarse, conforme a lo dispuesto por la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes". (Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Agosto de 2014, Tomo I, página 210) En consecuencia, se apercibe a la parte quejosa que en caso de no dar cabal cumplimiento a la prevención señalada, en la vía, forma y términos establecidos, se procederá conforme a lo establecido en el artículo 114 precitado, es decir, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. Se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa el que señala en la demanda y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Francisco Sergio Miranda Domínguez, Eusebio Villegas Soto y Miguel Ángel Salgado Mendoza , en virtud de que tienen registrada sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acreditan como Licenciados en Derecho; asimismo, se tiene a los restantes que menciona solo para oír notificaciones e imponerse de los autos, por designación expresa. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este Tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta a las Actuarias judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Con fundamento en los artículos 2, 5, 8 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 1, 6 y 8, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales en la sentencia definitiva que dicte este juzgado federal o en las resoluciones intermedias que hayan puesto fin a una instancia o recurso, con independencia de que al elaborarse la versión pública se suprima la información considerada como reservada o confidencial. Se hace saber a las partes que, el tres de agosto de dos mil veinte, entró en vigor el Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en el que se establecen los postulados al tenor de los cuales se regirá la actividad jurisdiccional durante el período del tres de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil veinte (directrices que fueron adoptadas y continúan vigentes en el diverso acuerdo 16/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con vigencia hasta el dos de octubre de dos mil veintidós), y se determinó expresamente que durante ese período, deberá procurarse que el desahogo de las diligencias, alegatos y audiencias se realicen utilizando las videoconferencias como regla general, sin menoscabo de los casos en los que, como suele ocurrir con las audiencias constitucionales o incidentales, pueden llevarse a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes. Pues resulta claro que las partes pueden comparecer por escrito a las audiencias; lo anterior, siempre y cuando no existan pruebas que ameriten especial desahogo en el expediente en que se actúa, o se trate de alguno de los supuestos previstos en el segundo párrafo del numeral 124 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, con fundamento en el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; y se les requiere para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que les surta efectos la notificación de este acuerdo, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo. Asimismo, se reitera a las partes que los escritos que se presenten de manera electrónica deberán contar con la evidencia criptográfica a que se refieren los artículos 14 y 16 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, vigente a partir del nueve de junio de dos mil veinte, a fin de darles el mismo tratamiento que a las diversas presentadas en formato impreso con firma autógrafa. En consecuencia, las promociones o escritos que no cuenten con la citada evidencia criptográfica, deberán ser exhibidos de manera física, y podrán ser recibidos en las instalaciones que ocupa el edificio sede del Poder Judicial de la Federación en Acapulco, Guerrero, en un horario comprendido de las nueve a las quince horas en la oficialía de partes común. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido de María Chávez Valencia, secretaria que autoriza. Doy fe.

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