Juan Carlos Barragán Vélez

Expediente 652/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
652/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
11/07/2022

Partes del expediente

  • Juan Carlos Barragán Vélez

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, once de julio de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Causa estado. En virtud de que no fue impugnado el auto de quince de junio de dos mil veintidós, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área habilitada para esos efectos, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de junio de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Comparece albacea provisional de la sucesión del quejoso. Visto lo de cuenta, se tiene a Jazmín Esmeralda Domínguez Bárcenas compareciendo en cuanto albacea provisional de la sucesión a bienes del extinto quejoso Elí Domínguez Gómez, carácter que acredita con las copias certificadas del juicio sucesorio intestamentario 330/2022 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Zitácuaro, Michoacán. 1.1. Domicilio y autorizados. Asimismo, se le tiene señalando domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones y autorizando para ello, así como para imponerse de los autos y recibir documentos a las personas que indica. 1.2. Se autoriza expedición de copias. Visto lo de cuenta, como lo pide la parte quejosa y conforme a los artículos 278 y 279 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se autoriza a su costa la expedición de las copias simples que solicita de las constancias de autos, para los efectos legales conducentes y se autoriza para recibirlas a las personas que nombra para ese efecto. 1.2. Trámite de solicitud. Ahora bien, a efecto de coordinarse con el personal adscrito a este juzgado a fin de que en compañía de persona autorizada por la parte quejosa acudan al lugar destinado para ello a fin de obtener las copias solicitadas; con fundamento en el artículo 3, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID 19, requiérasele para que se ponga en contacto con el secretario encargado de este expediente al número telefónico móvil 4432812463, a fin de coordinarse para tales efectos, en un horario de 07:45 a 15:30 horas. Hecho lo anterior, el promovente agendará cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio denominado "Servicios Jurisdiccionales", y genere el código QR a nombre de la quejosa (o bien el del autorizado), debiendo confirmar lo anterior. Se precisa que la hora y fecha que se programe deberá presentar electrónicamente en un dispositivo móvil o impreso, el mencionado código QR, a fin de que pueda ingresar al edificio sede del Poder Judicial de la Federación, para la diligencia antes mencionada. 2. Se levanta la suspensión del procedimiento. Visto el estado de autos del que se observa que en acuerdo de cinco de abril de dos mil veintidós, se ordenó la suspensión del procedimiento a fin de llamar al presente juicio a la sucesión del quejoso, y dado que en esta fecha comparece su albacea provisional solicitando la continuación del juicio; por tanto, se levanta la suspensión del procedimiento y se ordené proveer los escritos reservados en auto de doce de abril de dos mil veintidós. 2.1. Se acuerdan escritos de los terceros interesados (reservados). Agréguense a los autos los escritos de los terceros interesados Ariel Crisóstomo Manuel y Nohemí Domínguez Gómez, mediante los cuales señalan domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones, y autorizan para tal efecto a la persona que indican. 2.1.1. Alegato. Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene a los terceros interesados formulando alegatos, sin perjuicio de hacer relación de ello en la audiencia de Ley. 2.2. Baja de comunicación oficial. Se ordena dar de baja en el libro de gobierno relativo el despacho 79/2022 (orden 145/2022) ordenado en acuerdo de cinco de abril pasado, por resultar innecesaria su diligenciación, pues tenía como objeto requerir a la tercero interesada antes citada, sobre la existencia de sucesión a bienes del quejoso y su representación, sin embargo, ello se le requirió por notificación realizada en esta ciudad en el domicilio que proporcionó para tal efecto, como se ordenó en auto de doce de abril del año en curso, amén de que en esta fecha se agrega el escrito con el que comparece la representante de dicha sucesión. 2.3. Fecha de audiencia. Por tanto, dada la orden de continuar el procedimiento, se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y SIETE MINUTOS DEL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia constitucional.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA. En atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: 1.1. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por Juan Carlos Barragán Vélez, en cuanto Diputado Local del Distrito 16, Morelia Suroeste del Congreso del Estado de Michoacán, carácter que acredita con las documentales que exhibe, contra actos del Fiscal General del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese con el número 652/2022. 1.2. Desechamiento. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, del análisis de la demanda de cuenta se evidencia que el promovente de amparo reclama lo siguiente: Del Fiscal General del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad La omisión de llevar a cabo las investigaciones correspondientes dentro de la carpeta de investigación con número único de causa 1003202215683. La dilación en la integración y determinación para la posible judicialización la referida carpeta de investigación. Del Titular de la Contraloría de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad: La omisión de supervisar la debida integración de la carpeta de investigación con número único de causa 1003202215683. En ese contexto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, la consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo, el de definitividad, que impone como obligación al quejoso, antes de acudir al juicio de amparo, agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto que tilda de inconstitucional, y que tengan por efecto revocar, modificar o nulificar la resolución combatida. Principio que encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse el juicio de amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que pueda producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Así, conforme a la fracción invocada, el gobernado podrá ejercer la acción constitucional de amparo hasta después de haber agotado todas las instancias procesales que regule la ley que rija el acto reclamado. Ahora, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." De la lectura de dicho artículo evidencia que, los actos atribuidos al Ministerio Publico, por sus determinaciones sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, podrán impugnarse por la víctima u ofendido, ante el juez de control. En cuyo caso, el juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. Así pues, se colige que, ciertamente, en general se trata de las actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación; las cuales podrán impugnarse por la víctima u ofendido ante el juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de la resolución; en cuyo caso, dicho juzgador citará a las partes a una audiencia en la que los escuchará y resolverá en definitiva. Lo anterior constituye un medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales para que la víctima u ofendido puedan impugnar, en sede judicial ordinaria, todas aquellas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, así como las determinaciones sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal; con la finalidad de que sea el juez de control quien de manera ágil, una vez que dé intervención a las partes, determine incluso en una sola audiencia, si la actuación del órgano investigador está legalmente justificada o no. En suma, para que opere el principio de definitividad, es necesario que exista un recurso ordinario señalado en la ley mediante el cual se pueda modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad. En el caso a estudio, Juan Carlos Barragán Vélez, en cuanto Diputado Local del Distrito 16, Morelia Suroeste del Congreso del Estado de Michoacán, acude a esta instancia constitucional en su calidad de ofendido o víctima, pues bajo protesta de decir verdad, manifestó haber presentado una denuncia, misma que originó el inicio de la carpeta de investigación con número único de causa 1003202215683. De ahí que, con base en lo establecido en el último párrafo del artículo 105, así como por el Libro Primero, Título V, Capítulo II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene el carácter de parte dentro del procedimiento penal; y, por ende, es titular de los derechos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la ley nacional establecen con base en el principio de igualdad ante la ley y entre las partes que postulan respectivamente los artículos 10 y 11 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por virtud de estos principios, el artículo 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el numeral 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, reconocen los derechos de las víctimas u ofendidos del delito, entre los que se encuentran intervenir en el juicio e interponer los recursos respectivos. Las razones por las cuales el Poder Reformador al introducir en el nuevo sistema de Justicia Penal el carácter de parte que tiene tanto la víctima de un delito como quien resulte ofendido por la conducta, fue la protección de sus derechos fundamentales, que se pueden aglomerar en lo siguiente: El derecho fundamental al defensor público; El fortalecimiento del derecho fundamental a la reparación del daño; El derecho fundamental a impugnar el no ejercicio de la acción penal y su desistimiento y sus actos equivalente, por medio del control de legalidad, así como perfeccionar su control constitucional frente a sus problemas actuales. A través de tales derechos fundamentales se logra el propósito establecido en el Código Nacional de Procedimiento Penales, el cual, en su artículo 2o., dispone que el objeto de ese código es establecer las normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos, para: I. Esclarecer los hechos, II. Proteger al inocente, III. Procurar que el culpable no quede impune, IV. Reparar el daño. Principios con los cuales se asegura el acceso a la justicia en la aplicación del derecho, se resuelven los conflictos que surjan con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. En ese orden de ideas, el equilibrio procesal que existe en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral, propicia que las víctimas del delito o los ofendidos con la conducta delictuosa, puedan acudir ante el juez de control para que éste, en ejercicio de las atribuciones que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ejerza un control de regularidad de legalidad respecto de los actos tanto positivos como negativos del Ministerio Público, para que éste no sea obstáculo en relación con las pretensiones del resto de las partes. Así, el papel del Juez de Control, en el nuevo sistema procesal, implica que la autoridad judicial puede revisar la manera en cómo el Ministerio Público atiende y protege a las víctimas, para conducir las acciones concretas que se realicen en todas las etapas del procedimiento a una justicia restaurativa. Esa circunstancia conduce a estimar que tales determinaciones no se limitan a las taxativamente previstas en dicho numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino que, en general, se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En ese sentido, puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en tal supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Además, la finalidad de que el juez de control revise las decisiones del Ministerio Público que definen el curso de una investigación, es que, al estimar ilegal su actuación, aquél debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. De esa manera, tratándose de la omisión ministerial, la autoridad judicial rectora puede ordenar que cese ese estado de cosas y, en consecuencia, la continuación de la investigación a cargo del Ministerio Público. Así pues, la interpretación sistemática y funcional de los artículos mencionados en párrafos precedentes permite demostrar que la víctima u ofendido pueden impugnar las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional referido. Medio de impugnación que resulta idóneo, pues, como se dijo, al revisar las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una investigación, el juez de control puede determinar que la conducta asumida por quien conduce aquélla es ilegal y, con base en ello, conminarlo a que reanude la misma y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos, ello, para cumplir con el objetivo establecido en el artículo 2° del citado Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin que, en el caso, se actualice alguna de las hipótesis de excepción que establece la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues, en el nuevo sistema procesal penal acusatorio y oral, el Juez de Control tiene amplias facultades para imponer las medidas cautelares que estime pertinentes para proteger los derechos de los intervinientes en el proceso, ya que la intención del Poder Reformador, al diseñar la figura del Juez de control -en la reforma constitucional de diecisiete de junio de dos mil ocho-, fue que dicha autoridad resolviera las impugnaciones de las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, el desistimiento y la suspensión de la acción penal y, en general, las determinaciones del Ministerio Público, para controlar su legalidad y así resguardar los derechos tanto de los imputados, como de las víctimas u ofendidos, además, realizarlo de forma expedita y en breve término. Incluso, no existe ningún precepto legal del cual pueda advertirse que el Código Nacional de Procedimientos Penales exige mayores requisitos para para el otorgamiento de la suspensión definitiva, precisados por la ley de amparo, pues debe recordarse que, con base en el artículo 17, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales, esto es, el juez de control tiene amplias facultades para precisar la situación jurídica en la que deba prevalecer la investigación, entre otras determinaciones, como se indicó, puede conminarse al Ministerio Público a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. En virtud de lo expuesto, la víctima u ofendido por alguna conducta delictuosa, antes de acudir al juicio de amparo a reclamar las omisiones en que incurra el Ministerio Público en la conducción de la investigación, debe comparecer ante el Juez de Control a través del medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por consiguiente, como se indicó, se actualiza la causa de improcedencia analizada respecto de los actos reclamados por Juan Carlos Barragán Vélez, derivados de la carpeta de investigación con número único de causa 1003202215683. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA, promovida por Juan Carlos Barragán Vélez, en cuanto Diputado Local del Distrito 16, Morelia Suroeste del Congreso del Estado de Michoacán, al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. 1.3. Domicilio y autorizados. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda, así como autorizando únicamente para tal efecto a las personas que nombra, sin las amplias facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos del Poder Judicial de la Federación. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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