Juan Carlos Barajas Simental
Expediente 951/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 951/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juan Carlos Barajas Simental
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, siete de septiembre de dos mil veintidós. 1. Acuse recibo de incompetencia. Visto lo de cuenta, agréguese el oficio signado por la actuaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito, con residencia en esta ciudad, por el cual informa que dicho órgano colegiado aceptó la competencia planteada por este juzgado para conocer del presente sumario; asimismo, informa que el mismo quedó registrado como amparo directo administrativo 368/2022. De lo que se toma conocimiento para el efecto legal conducente. 2.1. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.2. Valoración. En términos del artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 2.3. Transferencia del expediente. De conformidad con el numeral 21 del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el expediente, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 2.4. Constancia. La anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éste, para los efectos legales procedentes. Notifíquese y publíquese en el Portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/20202, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el secretario Osmar Iván Esparza Piñón, quien da fe.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA JUAN CARLOS BARAJAS SIMENTAL LA DETERMINACION DE TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDOS, toda vez que no acudió dentro de los días hábiles a notificarse personalmente ante este órgano jurisdiccional, no obstante haberle dejado el citatorio respectivo en el domicilio señalado para recibir notificaciones, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: Morelia, Michoacán, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. En atención al contenido del Acuerdo General 16/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: 1.1. Registro. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Juan Carlos Barajas Simental, por propio derecho, contra actos del Juez Tercero Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, con sede en esta Ciudad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 951/2022. 1.2. Incompetencia por razón de grado. De la demanda de amparo citada, se obtiene que este juzgador carece de competencia legal, por razón de grado, para conocer de este juicio de amparo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte como acto reclamado: ? La interlocutoria de once de agosto de dos mil veintidós, dictada dentro del juicio administrativo JA-0279/2022-III, en la cual declaró fundado el incidente de incompetencia planteado por autoridades demandadas, y resuelve que es incompetente para conocer, tramitar y resolver el citado juicio; por lo que deja a salvo los derechos de la parte actora. El artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control;." Ahora, es pertinente definir los actos que delimitan la procedencia del amparo directo, como enseguida se verá: 1. Se está ante una sentencia definitiva cuando: a) Esta resuelve el juicio en lo principal y respecto de la cual las leyes no conceden ningún recurso ordinario, en virtud del cual pueda ser modificada o revocada; y, b) Cuando los interesados renuncian expresamente a la interposición de los recursos ordinarios que procedan. 2. Por otro lado, las resoluciones que ponen fin al juicio, son aquellas que sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido, siempre que respecto de ellas las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario, siendo oportuno tener en cuenta que conforme al principio de definitividad, para efectos de la promoción del juicio de amparo (directo o indirecto), deben agotarse previamente los recursos ordinarios previstos en las leyes, antes de acudir al amparo, pues el incumplimiento de ello tiene como consecuencia la improcedencia del juicio de amparo. Al respecto, es de precisar que de los hechos narrados en la demanda no se aprecia que la parte quejosa haya agotado algún medio ordinario de defensa en contra del acto reclamado; aunado a que el Código de Justicia Administrativa para el Estado de Michoacán, establece que las sentencias interlocutorias que resuelven los incidente sobre incompetencia a que alude el dispositivo 266, fracción IV, como de previo y especial pronunciamiento, no admiten en ninguno de sus articulados recurso ordinario alguno; de ahí que la resolución reclamada se considera una determinación que pone fin al juicio. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." En ese orden de ideas, se toma en cuenta que, en atención a la naturaleza de la sentencia controvertida, se trata de una determinación que pone fin al juicio de origen; por ende, su conocimiento escapa al ámbito de competencia del amparo indirecto, no así de la vía directa, pues, como se destacó, ésta se encuentra diseñada precisamente para conocer de ese tipo de determinaciones con independencia de que se haya agotado el principio de definitividad por la parte quejosa. Sobre todo porque de los antecedentes que fueron trascritos por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad y de la copia de la sentencia reclamada que adjunta, se advierte que la autoridad responsable declaró fundado el incidente de incompetencia y dejó a salvo los derechos de la parte accionante -aquí quejosa-, para que los haga valer en la vía y términos que estime pertinentes sin ordenar remitir los autos a la autoridad competente por no existir disposición expresa que así lo determine en el Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán ni en su Reglamento. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA LA INCOMPETENCIA DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA CONOCER DE UN ASUNTO Y ORDENA SU ARCHIVO, DEJANDO A SALVO LOS DERECHOS DEL ACTOR PARA QUE LOS HAGA VALER EN LA VÍA Y FORMA QUE ESTIME PERTINENTES. En términos de los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34, primer párrafo, 170, fracción I y 171 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, entendiéndose por sentencias definitivas o laudos las que decidan el juicio en lo principal, es decir, se establezca el derecho en cuanto a la acción y a la excepción que dieron lugar a la litis contestatio, y por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. Si por el contrario, con la emisión de alguna de esas resoluciones no se da por concluido el juicio, entonces no se trata de una sentencia definitiva y en su contra procede el juicio de amparo indirecto, pues al continuar por alguna circunstancia el juicio, se hará necesario allegarse de pruebas para determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto, lo que justifica la promoción de un amparo que admite hasta dos instancias y supone la celebración de una audiencia con un periodo probatorio y no un juicio que normalmente se tramita en una sola instancia y no requiere de la celebración de una audiencia. Ahora bien, conforme a dichas concepciones, se llega a la convicción de que la resolución que determina la incompetencia de un órgano jurisdiccional para conocer de un asunto y ordena su archivo, dejando a salvo los derechos del actor para que los haga valer en la vía y forma que estime pertinentes, sin declinar la competencia respectiva en favor de otro órgano jurisdiccional, es impugnable a través del juicio de amparo directo en términos de las disposiciones señaladas, al tratarse de una resolución que pone fin al juicio, ya que sin decidir el conflicto en el fondo, lo da por concluido." En tal condición, se impone declarar la legal incompetencia para conocer de la demanda de amparo en cuestión, y se remite al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, para que en términos de lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley de Amparo, decida si acepta o no la competencia planteada, solicitando atentamente se sirva acusar recibo. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. 1.3. Domicilio y autorizados. Domicilio y autorizado. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda, y autorizando únicamente para oír y recibir notificaciones a que Adriana Guadalupe Zurita Torres, dado que no tiene su cédula inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese personalmente, y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el secretario Osmar Iván Esparza Piñón, quien da fe.
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