Juan Carlos Ayala Molina

Expediente 609/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 19 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
609/2020
Año
2020
Actuaciones
19
Última actuación
16/05/2022

Partes del expediente

  • Juan Carlos Ayala Molina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Visto; el estado que guardan los autos del que se advierte que no fue promovido el recurso de inconformidad a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra el auto de cuatro de abril de dos mil veintidós, se declara que el mismo ha quedado firme y como está ordenado en el referido auto, remítase el presente expediente al archivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, no existen diligencias pendientes de practicar, sí existen documentos originales exhibidos por las partes que deben ser devueltos a los interesados y en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, asimismo, que este juzgado dio fe de que la versión electrónica del juicio de amparo en que se actúa, coincide en su totalidad con la versión impresa. En la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos 1, 12 y 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el expediente es depurable. Por otra parte, requiérase a la quejosa, para que se presente en el local de este Juzgado, debidamente identificada, a fin de recoger el documento que exhibió en el presente juicio de amparo, apercibida que en caso de no hacerlo dentro del término de noventa días, dichos documentos podrán ser destruidos. En otro aspecto, hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa, así como para diverso trámite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Servicios Jurisdiccionales", en términos del artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021

  2. Principal

    se publica auto con efectos de notificar a la parte quejosa: Zacatecas, Zacatecas, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Visto; el estado que guardan los autos del que se advierte que no fue promovido el recurso de inconformidad a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra el auto de cuatro de abril de dos mil veintidós, se declara que el mismo ha quedado firme y como está ordenado en el referido auto, remítase el presente expediente al archivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, no existen diligencias pendientes de practicar, sí existen documentos originales exhibidos por las partes que deben ser devueltos a los interesados y en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, asimismo, que este juzgado dio fe de que la versión electrónica del juicio de amparo en que se actúa, coincide en su totalidad con la versión impresa. En la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos 1, 12 y 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el expediente es depurable. Por otra parte, requiérase a la quejosa, para que se presente en el local de este Juzgado, debidamente identificada, a fin de recoger el documento que exhibió en el presente juicio de amparo, apercibida que en caso de no hacerlo dentro del término de noventa días, dichos documentos podrán ser destruidos. En otro aspecto, hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa, así como para diverso trámite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Servicios Jurisdiccionales", en términos del artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021

  3. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, cuatro de abril de dos mil veintidós. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a Juan Carlos Ayala Molina, por auto de siete de marzo de dos mil veintidós en el cual se le informó el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente expediente, sin que haya hecho manifestación al respecto. En consecuencia y vistas las constancias que integran el presente cuaderno, se procede a emitir determinación en cuanto al cumplimiento de la sentencia concesoria del amparo en los siguientes términos: Por sentencia de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por la parte quejosa, para que la Subdelegada de Prestaciones de la Delegación Estatal en Zacatecas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, realizara lo siguiente: No aplique al quejoso Juan Carlos Ayala Molina, en lo presente ni en lo futuro, el párrafo segundo del artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por haber sido declarado inconstitucional; 2) Derivado de lo anterior, reintegre al quejoso la cantidad que se descontó del pago de las pensiones 1452532 y 1329999, ambas por orfandad, ésta última otorgada a partir del nueve de diciembre de dos mil diecisiete, hasta los que se pudiesen haber realizado a la fecha y que se hagan hasta el total cumplimiento de la ejecutoria; 3) Por virtud de la fuerza obligatoria de este fallo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien tiene a su cargo la custodia de las pensiones que se otorguen a los trabajadores, así como el costo de su administración, se encuentra obligada a entregar a la autoridad responsable Subdelegada de Prestaciones de la Delegación Estatal en Zacatecas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, las cantidades que le sean requeridas por concepto de devolución de indebidos descuentos por incompatibilidad de pensiones. Inconforme con dicha sentencia, la autoridad responsable de referencia interpuso recurso de revisión, el cual fue del conocimiento del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta Ciudad de Zacatecas, donde se radicó bajo el amparo en revisión administrativo 159/2021; y, en sesión de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, los magistrados de ese tribunal dictaron resolución en los siguientes términos: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Juan Carlos Ayala Molina, contra el artículo 12, párrafo segundo, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores, Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; para los efectos indicados en la sentencia venida en revisión. Notifíquese." Por lo anterior, en proveído de dos de febrero de dos mil veintidós, se requirió a la autoridad responsable Subdelegada de Prestaciones de la Delegación Estatal en Zacatecas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que dentro del plazo de tres días hábiles, diera cumplimiento a la ejecutoria del amparo y remitiera a este juzgado las constancias con las que lo acreditara. En acato a dicho requerimiento, mediante oficio DEZ/UJ/0383/2022 de diez de febrero de dos mil veintidós, la Delegada de dicha autoridad responsable, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; para lo cual anexó el oficio D.E.Z./S.P./D.P.S.H./C.S./291/2022, dirigido al quejoso Juan Carlos Ayala Molina y la notificación al mismo, ambos de fecha diez de febrero de este año, en el que le informó lo siguiente: 1. Que desaplicó en su favor el artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 2. Derivado de lo anterior, procedió al cálculo del pago de pensiones 1452532 y 1329999, que disfruta dicho quejoso, ambas por orfandad, a partir del nueve de diciembre de dos mil diecisiete, arrojando la cantidad de $616,050.58 (seiscientos dieciséis mil cincuenta pesos con cincuenta y ocho centavos moneda nacional), la que indicó que se pagará por cheque una vez que se realizaran los trámites administrativos correspondientes.} Luego, mediante oficio DEZ/UJ/0720/2022 de tres de marzo de dos mil veintidós, la Delegada de la autoridad responsable, exhibió la copia certificada del número de cuenta por liquidar certificada 0323020000095, a nombre de Karla Nayelli Ayala Molina -tutora legal del quejoso Juan Carlos Ayala Molina-, por la cantidad de $616,050.58 (seiscientos dieciséis mil cincuenta pesos con cincuenta y ocho centavos moneda nacional). Documentales con valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º. Así, una vez confrontados los efectos de la concesión del amparo y las acciones acreditadas en cuanto al cumplimiento, se hace evidente que se cumplieron con los postulados del fallo protector, pues con las documentales allegadas a este juicio, se advierte que se dio cabal cumplimiento a la ejecutoria del amparo, toda vez que se atendieron todos los lineamientos descritos por este órgano jurisdiccional en el presente juicio de amparo. Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene por cumplida la ejecutoria concesoria del amparo

  4. Principal

    se publica auto con efectos de notificar a la parte quejosa: Zacatecas, Zacatecas, cuatro de abril de dos mil veintidós. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a Juan Carlos Ayala Molina, por auto de siete de marzo de dos mil veintidós en el cual se le informó el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente expediente, sin que haya hecho manifestación al respecto. En consecuencia y vistas las constancias que integran el presente cuaderno, se procede a emitir determinación en cuanto al cumplimiento de la sentencia concesoria del amparo en los siguientes términos: Por sentencia de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por la parte quejosa, para que la Subdelegada de Prestaciones de la Delegación Estatal en Zacatecas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, realizara lo siguiente: No aplique al quejoso Juan Carlos Ayala Molina, en lo presente ni en lo futuro, el párrafo segundo del artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por haber sido declarado inconstitucional; 2) Derivado de lo anterior, reintegre al quejoso la cantidad que se descontó del pago de las pensiones 1452532 y 1329999, ambas por orfandad, ésta última otorgada a partir del nueve de diciembre de dos mil diecisiete, hasta los que se pudiesen haber realizado a la fecha y que se hagan hasta el total cumplimiento de la ejecutoria; 3) Por virtud de la fuerza obligatoria de este fallo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien tiene a su cargo la custodia de las pensiones que se otorguen a los trabajadores, así como el costo de su administración, se encuentra obligada a entregar a la autoridad responsable Subdelegada de Prestaciones de la Delegación Estatal en Zacatecas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, las cantidades que le sean requeridas por concepto de devolución de indebidos descuentos por incompatibilidad de pensiones. Inconforme con dicha sentencia, la autoridad responsable de referencia interpuso recurso de revisión, el cual fue del conocimiento del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta Ciudad de Zacatecas, donde se radicó bajo el amparo en revisión administrativo 159/2021; y, en sesión de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, los magistrados de ese tribunal dictaron resolución en los siguientes términos: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Juan Carlos Ayala Molina, contra el artículo 12, párrafo segundo, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores, Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; para los efectos indicados en la sentencia venida en revisión. Notifíquese." Por lo anterior, en proveído de dos de febrero de dos mil veintidós, se requirió a la autoridad responsable Subdelegada de Prestaciones de la Delegación Estatal en Zacatecas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que dentro del plazo de tres días hábiles, diera cumplimiento a la ejecutoria del amparo y remitiera a este juzgado las constancias con las que lo acreditara. En acato a dicho requerimiento, mediante oficio DEZ/UJ/0383/2022 de diez de febrero de dos mil veintidós, la Delegada de dicha autoridad responsable, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; para lo cual anexó el oficio D.E.Z./S.P./D.P.S.H./C.S./291/2022, dirigido al quejoso Juan Carlos Ayala Molina y la notificación al mismo, ambos de fecha diez de febrero de este año, en el que le informó lo siguiente: 1. Que desaplicó en su favor el artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 2. Derivado de lo anterior, procedió al cálculo del pago de pensiones 1452532 y 1329999, que disfruta dicho quejoso, ambas por orfandad, a partir del nueve de diciembre de dos mil diecisiete, arrojando la cantidad de $616,050.58 (seiscientos dieciséis mil cincuenta pesos con cincuenta y ocho centavos moneda nacional), la que indicó que se pagará por cheque una vez que se realizaran los trámites administrativos correspondientes.} Luego, mediante oficio DEZ/UJ/0720/2022 de tres de marzo de dos mil veintidós, la Delegada de la autoridad responsable, exhibió la copia certificada del número de cuenta por liquidar certificada 0323020000095, a nombre de Karla Nayelli Ayala Molina -tutora legal del quejoso Juan Carlos Ayala Molina-, por la cantidad de $616,050.58 (seiscientos dieciséis mil cincuenta pesos con cincuenta y ocho centavos moneda nacional). Documentales con valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º. Así, una vez confrontados los efectos de la concesión del amparo y las acciones acreditadas en cuanto al cumplimiento, se hace evidente que se cumplieron con los postulados del fallo protector, pues con las documentales allegadas a este juicio, se advierte que se dio cabal cumplimiento a la ejecutoria del amparo, toda vez que se atendieron todos los lineamientos descritos por este órgano jurisdiccional en el presente juicio de amparo. Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene por cumplida la ejecutoria concesoria del amparo

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