Juan Carlos Avila Arroyo
Expediente 637/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 637/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro · Guerrero
Partes del expediente
- Juan Carlos Avila Arroyo
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintisiete de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en la Laguna, residente en Torreón, Coahuila, mediante el cual acusa recibo del oficio 9908/2018, por el cual este Juzgado Federal no aceptó la competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Juan Carlos Ávila Arroyo, que dio origen al juicio de amparo 637/2018, del cual deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa, e informa que no insiste en declinar la competencia planteada y se avocó a la continuación del asunto. En mérito de lo anterior, hágase la anotación en el libro de gobierno respectivo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Finalmente, vistas las constancias del presente cuaderno de antecedentes, y toda vez que carece de valor institucional histórico o no aporta mayores elementos al acervo archivístico, de conformidad con lo establecido en el punto vigésimo, fracción I del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido seis meses a partir de este proveído.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a ocho de junio de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio 16522, signado por el Juez Segundo de Distrito en la Laguna, residente en Torreón, Coahuila, en el que obra inserto el auto de treinta y uno de mayo del año en curso, del que se aprecia que dicho órgano jurisdiccional declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por *****, por propio derecho, contra actos del Comandante del 33/o Batallón de Infantería, residente en Ejido de la Joya, Municipio de Torreón, Coahuila y otras, remitiendo al efecto los autos originales del juicio de amparo 1204/2017 y un tomo de pruebas. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE con el número 637/2018; fórmese expediente impreso y electrónico. Ahora bien, el suscrito Juzgador no comparte el criterio adoptado por el juzgado declinante y por ende no se acepta la competencia legal para conocer del presente juicio de amparo, por las razones que a continuación se precisan: La competencia es la facultad que tiene un órgano jurisdiccional para ejercer su jurisdicción en determinados asuntos y dentro de cierto territorio; así, un tribunal es competente para conocer de un asunto cuando, hallándose éste dentro del ámbito de su jurisdicción, la ley le reserva su conocimiento con preferencia a los demás órganos. De este modo, la competencia por territorio es el ámbito espacial dentro del cual el juzgador puede ejercer válidamente su función jurisdiccional, al que se le ha denominado de diversas maneras, ya sea como circuitos, distritos o partidos judiciales. En el artículo 37 de la Ley de Amparo se establecen tres reglas fundamentales para determinar la competencia territorial de los jueces de distrito, atendiendo a la naturaleza de los actos que se reclaman: Cuando el acto requiera ejecución material, la competencia para conocer del juicio de amparo recaerá en el juez que ejerza jurisdicción en el lugar territorio donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Del mismo modo, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, el juez competente para conocer del juicio de amparo que se promueva en su contra será aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Esto es, resulta de capital importancia, a efecto de definir la competencia territorial de los jueces de distrito, verificar si el acto reclamado tiene o no ejecución material. Si la tiene, el juez competente será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. En caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito, o bien, ha comenzado ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, la competencia recae en el juez ante el que se presenta la demanda. De igual manera, si el acto reclamado no requiere de ejecución material, la competencia se surte en favor del juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En relación con este último supuesto, véase la tesis 1a./J. 17/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo. Ahora bien, a los actos que tienen ejecutividad se les conoce, doctrinaria y jurisprudencialmente, como positivos. Estos actos se traducen en un hacer de las autoridades, voluntario y efectivo, que se presenta con la imposición de obligaciones al individuo, traducidas en un hacer o un no hacer, y que implica una acción, una orden, una privación o una molestia. Se traducen, pues, en un hacer positivo de la autoridad. En cambio, cuando carecen de ejecución material se les conoce como negativos. Un acto es negativo cuando a través de él la autoridad se rehúsa expresamente a obrar en favor de la pretensión del gobernado. La negación se entiende como un no conceder o en decir que una cosa no es cierta. Esta clase de actos se manifiesta con la conducta de las autoridades, que niega lo que los gobernados les solicitan. También los hay negativos con efectos positivos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia, ha señalado la existencia de los actos negativos con efectos positivos partiendo del conocimiento de los actos negativos; asimismo, los ha definido como: "aquellos actos aparentemente negativos, pero con efectos positivos". La limitación de estos actos estriba en los efectos que producen (que se identifican con los efectos producidos por los actos positivos) y que se traducen en actos efectivos de las autoridades que tienden a imponer obligaciones a los individuos. Se distinguen también los actos declarativos. Dichos actos solamente se limitan a evidenciar una situación jurídica determinada, pero no implican modificación alguna de derechos o de situaciones existentes. Pues bien, el quejoso en el apartado correspondiente a las autoridades responsables y actos reclamados, señaló: I. DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES LES RECLAMO.- LA ILEGAL RESOLUCIÓN DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2017, NOTIFICADA EL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017, mediante la cual se determina que el suscrito CAUSÓ BAJA DEL SERVICIO ACTIVO DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANA, ya que según las responsables el suscrito solicité mi retiro con fundamento en lo establecido en el artículo 24 fracción VI, LO QUE DESDE ESTE MOMENTO NIEGO ROTUNDAMENTE, transgrediendo totalmente mis garantías individuales consagradas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de México. II. DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES LES RECLAMO.- EL ILEGAL DICTAMEN DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2017, NOTIFICADA EL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017, mediante la cual se determina la procedencia de MI BAJA DEL SERVICIO ACTIVO DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANA, ya que según las responsables el suscrito solicité mi retiro con fundamento en lo establecido en el artículo 24 fracción VI, LO QUE DESDE ESTE MOMENTO NIEGO ROTUNDAMENTE, transgrediendo totalmente mis garantías individuales consagradas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de México. III. DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES LES RECLAMO.- EL ILEGAL OFICIO NÚMERO DPE10212/19118/2017, DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2017, NOTIFICADO EL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017, mediante la cual se determina la procedencia de MI BAJA DEL SERVICIO ACTIVO DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANA, ya que según las responsables el suscrito solicité mi retiro con fundamento en lo establecido en el artículo 24 fracción VI, LO QUE DESDE ESTE MOMENTO NIEGO ROTUNDAMENTE, transgrediendo totalmente mis garantías individuales consagradas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de México. IV. DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES LES RECLAMO.- TODO LO ACTUADO DENTRO DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NÚMERO 374818, mediante la cual se determina que el suscrito causo BAJA DEL SERVICIO ACTIVO DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANA, ya que según las responsables el suscrito solicité mi retiro con fundamento en lo establecido en el artículo 24 fracción VI, LO QUE DESDE ESTE MOMENTO NIEGO ROTUNDAMENTE, transgrediendo totalmente mis garantías individuales consagradas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de México. V. DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES LES RECLAMO.- EL ILEGAL ACUERDO NÚMERO 58441, mediante la cual se determina que el suscrito causó BAJA DEL SERVICIO ACTIVO DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANA, ya que según las responsables el suscrito solicité mi retiro con fundamento en lo establecido en el artículo 24 fracción VI, LO QUE DESDE ESTE MOMENTO NIEGO ROTUNDAMENTE, transgrediendo totalmente mis garantías individuales consagradas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de México. VI. DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES LES RECLAMO.- EL ILEGAL OFICIO NÚMERO SAMR-11356, Mediante el Cual se Determina que el suscrito causó BAJA DEL SERVICIO ACTIVO DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANA, ya que según las responsables el suscrito solicité mi retiro con fundamento en lo establecido en el artículo 24 fracción VI, LO QUE DESDE ESTE MOMENTO NIEGO ROTUNDAMENTE, transgrediendo totalmente mis garantías individuales consagradas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de México. VII. DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES LES RECLAMO.- EL ILEGAL OFICIO NÚMERO 7264, mediante el cual se determina que el suscrito causó BAJA DEL SERVICIO ACTIVO DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANA, ya que según las responsables el suscrito solicité mi retiro con fundamento en lo establecido en el artículo 24 fracción VI, LO QUE DESDE ESTE MOMENTO NIEGO ROTUNDAMENTE, transgrediendo totalmente mis garantías individuales consagradas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de México. VIII. DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES LES RECLAMO.- EL ILEGAL OFICIO NÚMERO SGB-XII,49244, mediante el cual se determina que el suscrito causó BAJA DEL SERVICIO ACTIVO DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANA, ya que según las responsables el suscrito solicité mi retiro con fundamento en lo establecido en el artículo 24 fracción VI, LO QUE DESDE ESTE MOMENTO NIEGO ROTUNDAMENTE, transgrediendo totalmente mis garantías individuales consagradas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de México. IX. DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES LES RECLAMO.- EL ILEGAL OFICIO NÚMERO 8124, mediante el cual se determina que el suscrito causó BAJA DEL SERVICIO ACTIVO DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANA, ya que según las responsables el suscrito solicité mi retiro con fundamento en lo establecido en el artículo 24 fracción VI, LO QUE DESDE ESTE MOMENTO NIEGO ROTUNDAMENTE, transgrediendo totalmente mis garantías individuales consagradas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de México." Como se ve, del análisis integral de la demanda de amparo y del tomo de pruebas se advierte que el quejoso reclama diversas determinaciones emitidas dentro del expediente administrativo 374818, del índice de la Departamento de Dictámenes de la Subdirección de Tramite de Retiros y Pensiones de la Dirección de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, residente en la Ciudad de México, por las que se determinó la baja del aquí quejoso del servicio activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, por haberlo solicitado. De lo que se sigue los actos reclamados en esta instancia constitucional son declarativos, los cuales fueron emitidos por autoridades que se encuentran fuera de la jurisdicción de este juzgado federal, como lo es el Presidente de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, residente en la Ciudad de México, quien fue quien emitió la resolución provisional de dos de agosto de dos mil diecisiete, mediante el cual determinó conceder al quejoso el beneficio económico de Haber de Retiro, la cual le fue notificada mediante oficio número DPE10212/19118/2017, que en esta vía se combate, así como todo lo actuado en el expediente administrativo número 374818. Es decir, en el caso particular dada la naturaleza de los actos reclamados y la relación laboral que guarda el quejoso con las autoridades que señala como responsables, este Juzgador Federal considera que carecen de ejecución material, pues su dictado no conlleva una acción, una orden, una privación, una molestia o alguna otra situación que implique un hacer positivo por parte de alguna autoridad, sino que sus efectos, meramente declarativos, se reducen a poner de manifiesto una situación jurídica particular, y aun considerando que los actos combatidos tuvieran una ejecución material, en todo caso no recae en autoridades que residan en la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. Ello se explica en el sentido de que, si bien el aquí quejoso se encuentra adscrito en el 93/o Batallón de Infantería, con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero, según se advierte del informe justificado de siete de octubre de dos mil diecisiete, rendido por el comandante de dicho destacamento en el cual manifiesta que no está facultado para realizar los actos de retiro y que en efecto el inconforme se encuentra activo en dicho batallón de infantería (foja 35). Como se ve, el lugar en donde se encuentra activo el quejoso en efecto este Juzgado Federal ejerce jurisdicción este Juzgado Federal; sin embargo, se considera que ello no es motivo suficiente para determinar la competencia del suscrito juzgador para conocer de la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, por lo que en el caso particular se estima que debe ser el Juez Federal que previno el competente para conocer la demanda en su integridad o en su caso otro diverso, pero no este juzgador federal por las razones apuntadas. En consecuencia, con fundamento en el artículo 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal no acepta la competencia declinada; por ende, se ordena devolver al Juez Segundo de Distrito en la Laguna, residente en Torreón, Coahuila, el presente juicio de amparo promovido por Juan Carlos Ávila Arrollo, por propio derecho y el tomo de pruebas relativo al juicio de amparo 1204/2017, de su índice; solicitándole atentamente el acuse de recibo correspondiente. Por tanto, únicamente fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, con copia de la demanda y demás constancias que se consideren necesarias. Sin que haya necesidad de ordenar notificación a la parte quejosa o a las autoridades responsables el sentido del presente proveído en virtud de que no se aceptó el conocimiento del asunto en que se actúa.
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