Juan Carlos Ávalos Limas y Otros.

Expediente 430/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 25 actuaciones registradas, la última del 11 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
430/2017
Año
2017
Actuaciones
25
Última actuación
11/06/2018

Partes del expediente

  • Juan Carlos Ávalos Limas y Otros.
  • Juan Carlos Ávalos Limas
  • Víctor Alejandro Sánchez García y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; once de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos únicamente como constancia el escrito signado el quejoso *******; sin que haya lugar a proveer en sentido alguno, toda vez que el presente juicio de amparo, se encuentra totalmente concluido; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º del propio ordenamiento legal. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; once de agosto de dos mil diecisiete. Visto el oficio *******, se tiene a la Actuaria adscrito al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, informando que quedó firme el proveído mediante el cual ese tribunal desechó el recurso de queja relativo al toca *******, de su índice, con fundamento en los artículos 41, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, numeral 104 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Acúsese recibo de estilo, agréguese el cuadernillo de antecedentes. Por otra parte, en atención a la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la resolución de quince de junio de dos mil diecisiete, en la cual se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración, por lo que deberán conservarse las constancias relativas a su otorgamiento. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de junio de dos mil diecisiete. Vista la constancia actuarial de catorce de junio de dos mil diecisiete, de la que se advierte que le fue notificado al quejoso ****, por sí y en representación de los quejosos, el acuerdo de trece del mes y año que transcurre, así como también realiza las siguientes manifestaciones: [.] C. JUEZ CON TODO RESPETO A (SIC) QUE SE MERECE ES MI DECEO (SIC) CONFORME A DERECHO MANDARLO A REVICIÓN (SIC) Y/O RECURSO DE QUEJA. CONTRA EL AUTO DE DESISTIMIENTO. [.] Ahora, de la revisión de las constancias de autos no se advierte desistimiento alguno de las partes en el presente juicio de amparo, ni proveído en el que se acordara algún desistimiento, como aduce el quejoso, por lo tanto, no ha lugar a proveer de conformidad sus manifestaciones. Por otra parte, en relación a la diversa constancia actuarial de dieciséis de junio del año en curso, en donde el citado quejoso, por sí y en representación de los quejosos, interpone recurso de queja, en contra de la sentencia dictada el quince de junio de este año; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se ordena dar trámite el recurso de queja planteado. Con fundamento en el numeral 101, párrafo primero, del citado ordenamiento, dese vista a las demás partes de la interposición del recurso, para que en el plazo de tres días señalen constancias que en copia certificada deban remitirse al Tribunal de Alzada que habrá de conocer del medio de impugnación. Transcurrido dicho plazo, envíese al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, el escrito del recurso, que en este caso lo constituye la constancia actuarial de dieciséis de junio del año en curso; así como un tanto para el fiscal de su adscripción, el informe sobre la materia de la queja y el expediente en que se actúa. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ****. Doy fe.

  4. Principal

    SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de junio de dos mil diecisiete. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo *******. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. El tres de mayo de dos mil diecisiete, se recibió en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, y turnada el mismo día a este juzgado, la demanda promovida por ******* y *******. Los quejosos demandaron el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Director, Consejo Técnico Interdisciplinario, Titular del Área Médica y Titular del Área Técnica, todas ellas del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte, con sede en esta localidad, a quienes les reclamaron, la omisión de brindarles atención médica, así como la entrega de tenis ortopédicos para atender su problema de pie plano. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 4, 8, 14, 16, 18, 20 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Previa aclaración de la demanda, por auto de dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, se registró con el número ******* y se admitió trámite; se solicitó a las autoridades responsables el respectivo informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que los peticionarios del amparo reclaman de las autoridades responsables, por las que se tramitó el presente juicio, los siguientes actos: La omisión de proporcionarles la atención médica necesaria a sus padecimientos de salud, que dijeron sufrir en sus pies. El otorgamiento de tenis deportivos ortopédicos, para su problema de pie plano. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, tomo XIX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de dos mil cuatro, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir sus informes con justificación, el Director, Titular del Consejo Técnico Interdisciplinario, Titular del Área Técnica y Titular del Área Médica, todas ellas del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte, con sede en esta localidad, negaron la existencia de la omisión de proporcionar atención médica a la parte quejosa; sin embargo, esa negativa se encuentra desvirtuada con las propias valoraciones médicas que acompañaron a su informe con justificación, al ser de fecha posterior a la presentación de la demanda; de ahí que deben tenerse por existentes para los efectos del presente juicio de amparo. Por otra parte, las citadas autoridades no se pronunciaron respecto del otorgamiento de tenis ortopédicos que solicitaron los quejosos, no obstante que se trataba de uno de los actos reclamados. Por tanto, de conformidad con el artículo 117, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se presume cierta la omisión de otorgárselos. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia de los actos reclamados, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. I. Improcedencia respecto de la omisión de brindar atención médica. En la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, que dispone que procede el sobreseimiento del juicio de control constitucional, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de efectos a que se refiere este supuesto consiste en que el acto de autoridad reclamado deja de producir sus consecuencias y, por tanto, de afectar al gobernado en su esfera jurídica, ya sea que la propia autoridad responsable lo revoque, o bien, que haya transcurrido el tiempo durante el cual debió producir sus efectos legales, y por ello, ha dejado de lesionar los derechos del agraviado. En el particular, de las copias certificadas que el Director, Consejo Técnico Interdisciplinario y Titular del Área Médica, todas ellas del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte, con sede en esta localidad, se encuentran diversas notas médicas, así como la nota informativa de veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, que la Subdirectora Técnica del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte informó al Director Técnico de ese mismo centro de reinserción lo siguiente: Respecto de *******, que fue atendido y diagnosticado con "probable espolón calcaceo bajo tratamiento / pie plano"; asimismo, se le otorgó tratamiento médico que el especialista consideró pertinente, consistente en "Piroxicam tabletas 1 cada 24 horas por 90 días. Se indica uso de plantillas ortopédicas". De la misma manera se informó que, acorde con el dictamen médico, el quejoso no requería de algún tipo de zapato ortopédico, porque ese tipo de calzado sólo se usa en la niñez, para la formación del arco. Con relación al diverso quejoso, *******, se hizo constar que, después de una valoración médica, se determinó que no presentaba el diagnóstico vinculado al problema de ortopedia referido en la demanda de amparo. A las documentales remitidas en copia certificada se les reconoce valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2; la cual resulta eficaz y suficiente para demostrar, sin lugar a dudas, que cesó en sus efectos la omisión de atender médicamente a los quejosos que fue atribuida a las autoridades penitenciarias responsables, todo lo cual actualiza la causa de improcedencia analizada, pues obran constancias de que las autoridades penitenciaria ya brindaron atención médica a los ahora quejosos, cuya omisión se les atribuyó; por lo que el actuar de las responsables implica la restitución de los derechos que se estimaron transgredidos en este juicio y, en consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia en estudio. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a folio 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el epígrafe: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. No es inadvertido para quien resuelve que los impetrantes señalaron que, desde su perspectiva, la atención médica que se le ha brindado no es la adecuada y por los profesionistas correctos -desde su punto de vista-, porque esa simple manifestación no se encuentra corroborada con algún medio de prueba que evidencie su eventual certeza; y por ende, no desvirtúa el contenido de las documentales que remitió la responsable al rendir su informe justificado y a solicitud de este Juzgado. En las relacionadas condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, al quedar actualizada la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley en cita, respecto de la omisión de brindar atención médica a los impetrantes del amparo. II. Improcedencia respecto del otorgamiento de tenis deportivos ortopédicos. Respecto del segundo acto reclamado consistente en el otorgamiento de tenis deportivos ortopédicos, se actualiza la causa de improcedencia contemplada en la fracción XX, del numeral 61 de la Ley de Amparo, cuenta habida que el acto reclamado no tiene el carácter de definitivo, puesto que, en su contra, aún procedía un medio ordinario de defensa por virtud del cual podía ser revocado o modificado. Para evidenciar el anterior aserto, conviene señalar que la Ley de Amparo regula en su artículo 107, fracciones III y IV, la forma en que opera el principio de definitividad, como presupuesto de procedencia del juicio constitucional, tratándose del juicio de amparo indirecto, el cual, en su parte conducente, estatuye: 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.) Así, el principio de definitividad es un requisito para la procedencia del juicio de amparo en términos de las normas antes referidas, la propia ley de la materia establece como sanción por el incumplimiento de dicho principio la improcedencia del juicio. Se afirma lo anterior, habida cuenta que el artículo 61 de la Ley de Amparo, en su fracción XX, a este respecto, establece: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.] La anterior transcripción confirma la regla general que se deriva del principio de definitividad, según la cual, para que proceda el juicio de amparo, debe de tratarse de "actos definitivos" en la acepción que la propia legislación da de dichos actos, por lo que resulta lógico que la inobservancia del principio traiga como consecuencia, por regla general, la improcedencia de la acción constitucional intentada. En efecto, la aludida porción normativa establece como causal de improcedencia la derivada del hecho de que existan medios de defensa o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, que no se agotaron previamente a la promoción del juicio de amparo, en dicho supuesto el acto reclamado carece de definitividad y no es, por consiguiente, reclamable en amparo. En la especie, el acto reclamado consistente en la omisión de otorgarles tenis deportivos ortopédicos, por su especial naturaleza, no tiene el carácter de ser definitiva para los efectos del juicio de amparo, puesto que, en su contra, aún procedía un medio ordinario de defensa por virtud del cual podía ser restituida la parte quejosa en el derecho que estiman transgredido, pues existe un recurso a su alcance con el que pueden obtener la modificación o revocación del acto impugnado. Al respecto, es necesario señalar que el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo segundo, establece que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Por tal motivo, el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual tiene por objeto establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, y regular los medios para lograr la reinserción social. De tal manera, que en su artículo 72 establece que las bases de la organización del sistema penitenciario para lograr la reinserción social son: el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, las cuales son elementos esenciales del Plan de Actividades diseñado para las personas privadas de su libertad en los Centros Penitenciarios. Asimismo, el numeral 9 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé que las personas privadas de su libertad en un centro penitenciario, durante la ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, gozarán de todos los derechos previstos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, siempre y cuando estos no hubieren sido restringidos por la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el objeto de éstas; entre otras, el derecho de efectuar peticiones o quejas por escrito, y en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes. En este sentido, la fracción I, del numeral 15 de la ley en cita, establece que la autoridad penitenciaria, deberá de garantizar el respeto a los derechos humanos de todas las personas que se encuentren sujetas al régimen de custodia y vigilancia en un centro penitenciario; mientras que el diverso 25 instituye la competencia del Juez de Ejecución, para lo cual deberá garantizar a las personas privadas de la libertad, en el ejercicio de sus atribuciones, el goce de los derechos y garantías fundamentales que le reconoce la Constitución, los Tratados Internacionales, demás disposiciones legales y dicha Ley. A su vez, el Título Cuarto, en su capítulo tercero, contempla el procedimiento administrativo, y en sus numerales 107, 109, 110 y 114, enuncia que las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esa ley podrán formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento; asimismo, que las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en aquella, a fin de que la autoridad penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación; para lo cual las peticiones se formularan por escrito, sin formalidad alguna, ante el director del reclusorio, quien está obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Además, la legislación de ejecución establece que si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución; sin embargo, si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento; de la misma manera, si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente también podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas, y en caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la autoridad penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la autoridad penitenciaria. Igualmente, el artículo 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé que cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición, quien podrá, de oficio, suspender de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva; y tratándose de omisiones, determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria; no obstante, cuando reciba promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. Lo anterior es así, pues acorde a lo que textualmente dicen el diverso 116 de la ley en cita, los jueces de ejecución, entre otros, conocerán de las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; el plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones relacionadas con el mismo. En esta tesitura, si el acto reclamado lo constituye la omisión de otorgamiento de tenis deportivos ortopédicos, previamente a promover el juicio de amparo, los quejosos deben realizar su petición o queja por escrito, ante el Director del Centro de reclusión en que actualmente se encuentran, en términos del artículo 110 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Y en caso de que la petición fuera resuelta en sentido contrario a los intereses de los peticionarios o que prevaleciera la omisión de otorgárselos, los promoventes deberán formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución, tal como establece el numeral 114 del mismo ordenamiento, o en cualquier tiempo, en caso de que existiera una omisión de resolver. Luego, la parte quejosa debió formular la solicitud que ahora presentan, por escrito ante el Director del Centro de Reclusión y posteriormente, en caso de serle adversa, acudir ante el Juez de Ejecución Penal, pues a través de este medio de defensa era susceptible de obtener lo pretendido -de ser legalmente procedente-, los que necesariamente deberán ser agotados antes de acudir al juicio de amparo, pues no se puede válidamente abandonar la defensa ordinaria ni promover el juicio de amparo sino hasta que se agote la jurisdicción local combatiéndola a través del recurso administrativo aludido, lo que omitieron realizar los impetrantes del amparo, en virtud de que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo así lo dispone; de ahí la improcedencia del presente juicio. Resulta aplicable, analógicamente, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 902 del tomo XV, de mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del siguiente tenor: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Así las cosas, queda claro que el acto reclamado por los quejosos no reviste el carácter de definitivo; consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XVIII, de la Ley de Amparo, con fundamento en lo preceptuado en el diverso 63, fracción V, del mismo cuerpo normativo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio respecto del mismo. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo *******, promovido por ******* y *******. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.*lh

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