Juan Carlos Arzate Prado
Expediente 918/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 918/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/07/2023
Partes del expediente
- Juan Carlos Arzate Prado
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, por el cual se desechó la demanda de amparo intentada por la parte quejosa. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito.
- Principal
Toluca, Estado de México, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Erick Elias Guadarrama, quien se ostenta como defensor particular del quejoso ********************, contra actos del Agente del Ministerio Público Adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Toluca de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México; fórmese expediente físico y electrónico en atención al Acuerdo General el Pleno de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, mismo que entró en vigor en la fecha ahí indicada y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 918/2023-III. Ahora bien, previo a admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora, respecto al acto reclamado es pertinente asentar lo que establece el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracciones III, inciso b) y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este último interpretado a contrario sensu: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución. (.)" Por tanto, cuando el acto reclamado no sea de lo considerados como de imposible reparación, el juicio de amparo será improcedente en términos de los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracciones III, inciso b) y IV este último interpretado en sentido opuesto. Ello es así, pues el acto reclamado consistente en la omisión de realizar el acto de investigación consistente en la obtención de datos conservados con relación al número telefónico 7226486377 previa autorización judicial, en la carpeta de investigación TOL/CCF/SPO/107/045861/23/02, el cual fue acordada su realización en fecha dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, misma que se encuentra relacionada con la causa de control 297/2023 del índice del Juzgado de Control de Toluca, Estado de México, lo cual debe precisarse se trata de un posible acto que se realiza en un procedimiento administrativo, es decir la integración de una carpeta de investigación, y en contra de los cuales proceda el juicio de amparo indirecto se traducen a aquellos que afectan de modo inmediato y directo derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y no se considerarán como tales cuando solamente afecten derechos adjetivos o procesales, pues no dañan a las partes ni siquiera en grado predominante o superior, lo cual sucede por regla general, cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de toda la indagatoria bien para asegurar la continuación de su trámite con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento. Máxime de las manifestaciones realizadas por la parte quejosa no se advierte alguna resolución, determinación que evidencie que la posible indagatoria de que se trate, ha sido resuelta, sino contrario a ellos, pudiese deducirse que continua en etapa de investigación; de ahí que se concluya que no se han transgredido los derechos sustantivos del impetrante . Al caso se invoca, por analogía, la jurisprudencia P./J.24/92 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 11 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 56 (agosto de 1992), Octava Época, que a la letra dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". También cobra aplicación al respecto la tesis I.13o.A.3 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1742 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII (marzo de 2001), Novena Época, que a la letra dice: "DERECHOS SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS, DIFERENCIA DE LOS, CUANDO SE TRATA DE ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. El artículo 107, fracción III, inciso b, de nuestro Texto Constitucional señala que: "Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: ... b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan.". Del texto anterior se desprende que cuando se reclaman, en amparo indirecto, actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aun no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros, los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en nuestro Texto Constitucional a través de las llamadas garantías individuales, en virtud de que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una sentencia favorable; por lo que si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo". Se sustenta lo anterior, se toma en cuenta lo que establece el artículo 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que textualmente dispone lo siguiente: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial..." Ahora, cabe precisar que el nuevo sistema de justicia penal de tipo acusatorio, adversarial y oral, tiene como características las siguientes: 1. Los juicios se tramitan de manera oral, toda vez que las pretensiones, argumentaciones y pruebas se deben de plantear en forma oral ante el juez; 2. Es adversarial, en tanto implica una contienda entre partes en situación de igualdad procesal sometidas a la jurisdicción; y, 3. Se rige por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, con las características de acusatoriedad y oralidad; la primera, para asegurar una trilogía procesal en la que el ministerio público sea la parte acusadora, el imputado esté en posibilidades de defenderse y, al final, sea un juez quien determine lo conducente; la segunda, que fomentará la transparencia, garantizando al mismo tiempo una relación directa entre el juez y las partes, propiciando que los procedimientos penales sean más ágiles y sencillos. Por otro lado, también, resulta conveniente señalar que conforme al nuevo sistema penal implementado en el Estado de México, a partir de las reformas sustanciales adoptadas por el legislador constitucional y local, la etapa preliminar o de investigación, la asume el Ministerio Público con los cuerpos de policía, con vigilancia judicial garantizada por el juez de control; es aquí cuando el Ministerio Público puede optar por la aplicación de un criterio de oportunidad; siempre que no se haya formulado imputación. Conforme al artículo 221 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, esta etapa tiene por objeto determinar si hay fundamento para iniciar un proceso penal, mediante la obtención de los elementos que permitan sustentar la acusación y garantizar la defensa del imputado. Estará a cargo del ministerio público y de la policía que actuará bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. De forma genérica, deben distinguirse dos momentos cruciales en la fase de la investigación, cuya verificación, escalonadamente apertura la subsecuente fase: 1. Cuando el Ministerio Público y la policía, allegan datos primigenios que hacen factible la investigación. 2. Cuando se tienen suficientes elementos que permiten formular y sostener la imputación de un hecho delictuoso a una persona determinada, ante el juez de control; lo que tiene como consecuencia que primeramente pueda librar una orden de aprehensión y posteriormente pronuncie respecto de un auto de vinculación al proceso penal. Precisado lo anterior, es dable concluir que si por mandato constitucional el Ministerio Público, por una parte, goza de las facultades de investigar los delitos, es posible establecer que los actos que de manera habitual tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, por ser susceptibles sus efectos de ser posteriormente contrarrestados o anulados, no trascienden de manera irreparable a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irrogan un perjuicio; lo mismo sucede con el desarrollo de investigación para la integración de la carpeta de investigación, ya que, en todo caso, la afectación a su esfera jurídica se materializará hasta que la autoridad judicial determine en un momento dado si resulta procedente o no dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confieren al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. Luego entonces, el acto reclamado en estudio relativo a la investigación en una carpeta de investigación, no constituye acto de imposible reparación que puedan ser combatidos a través del juicio de amparo indirecto. Sirve de apoyo por identidad de razón a lo anterior la tesis de Jurisprudencia número 1.2o.P. J/11, consultable en la página 689, Tomo: V, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1990, Octava Epoca, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN DEL MINISTERIO PUBLICO ACTOS RELATIVOS A LA INTEGRACIÓN DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. Aun cuando el Ministerio Público al integrar una averiguación previa, actúa como autoridad, sin embargo, el desahogo de diligencias para tal fin, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas se ordenara que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos; lo mismo acontece cuando acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pus es el Juez del proceso a quien le corresponde resolver so re el pedimento del representante social, cuya detención, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso." También, tiene aplicación por identidad de razón el criterio que resolvió la contradicción de tesis 80/2003-PS, entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que la Primera Sala de nuestro más Alto Tribunal, en sesión de fecha dos de junio de dos mil cuatro, aprobó con el número de tesis jurisprudencia) 52/2004, cuyo rubro y texto dicen: "ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INDICADO PARA DECLARAR DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. ES UNA DILIGENCIA QUE INTEGRA EL MATERIAL PROBATORIO EN DICHA FASE. El principio acusatorio contenido en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos obliga al Ministerio Público a que antes de ejercer la acción penal, esto es, hacer la acusación correspondiente, realice la investigación y persecución del delito, lo que se traduce en una facultad y una obligación consistente en recabar el acervo probatorio suficiente para demostrar el cuerpo del delito y la responsabilidad del inculpado. En esas circunstancias, la orden de localización, búsqueda y presentación del indiciado para que declare dentro de la averiguación previa no es otra cosa que una diligencia más para integrar el material probatorio que el Ministerio Público debe allegar dentro de esta fase procesal, para obtener los elementos suficientes para ejercer la acción penal." Así como la la tesis Tesis: 1ª. CXXXV/2004, emitida por la Primera Sala de nuestro más Alto Tribunal, consultable en la página 351, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, Diciembre de 2004, que a la letra reza: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN DE PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción el penal. En este sentido, es indudable que no procede juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción peal, a que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso la perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad." A mayor abundamiento, debe indicarse que si se admitiera que los probables responsables, pudieran impugnar a través del juicio de amparo, las resoluciones, acciones u omisiones que se dicten o se lleven a cabo durante la integración de la indagatoria, de hecho se sustituiría al Ministerio Público en el ejercicio de su función investigatoria, que conforme al artículo 21 constitucional le compete en forma exclusiva. Lo anterior, porque la investigación y persecución de delitos no constituye un derecho privado, es decir, no conforma la esfera jurídica de los particulares, sino un derecho social, cuyo ejercicio está atribuido en exclusiva al Ministerio Público. Máxime, que como ya se dijo, de las manifestaciones vertidas por el impetrante de amparo no se advierte que la exista una sentencia, determinación en alguna carpeta de investigación, lo cual se traduce a que la representación social en ejercicio de la facultad que le concede la propia Carta Magna, se encuentra realizando los actos tendientes a acreditar algún hecho delictuoso y la presunta participación de quien lo cometió o participó en el mismo. Es aplicable al caso, la tesis 1a. CXXXV/2004 de la Novena Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX (diciembre de 2004), página 351, de rub1ro y texto: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad." En las relatadas condiciones, este juzgador advierte la actualización de la causa manifiesta e indudable de improcedencia contenida en las fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo; por tanto, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Erick Elías Guadarrama, quien se ostenta como defensor particular del quejoso Juan Carlos Arzate Prado. En diversa tesitura, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso el lugar de su reclusión. Luego, toda vez que señala usuario para oír y recibir notificaciones, así como para la consulta del expediente electrónico, y que de la certificación de cuenta se evidencia que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se encontró registro de los usuarios "e.elias" y "rmagana"; conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se acuerda favorable la consulta del expediente electrónico que deriva de este asunto, y se le tiene esa vía electrónica como medio para oír y recibir notificaciones a los usuarios referidos, de conformidad con el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo.o a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDTI/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Se faculta a la secretaria adscrita a este juzgado de Distrito para que, en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Finalmente, en términos del artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aludido, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea.
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