Juan Carlos Ángeles Ando
Expediente 1105/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 32 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1105/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 32
- Última actuación
- 09/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Juan Carlos Ángeles Ando
Actuaciones
Las 4 más recientes de 32.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, a nueve de septiembre de dos mil veintidós. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia autorizada el siete de junio de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a. en los siguientes términos. Concesión del amparo que se hizo extensiva al acto de ejecución atribuido al Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Orizaba. En proveído de seis de julio de dos mil veintidós, se requirió a las autoridades responsables, 1. Octava Sala Especializada en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, y 2. Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Orizaba, el cumplimiento respectivo. En consecuencia, las citadas autoridades responsables, mediante oficios 2142/2022, 2197 y 6287 de cuatro, cinco y diecisiete de agosto de dos mil veintidós, remitieron diversas constancias con las que consideraron dar cumplimiento al fallo protector; y en auto veintiséis de agosto siguiente, se dio vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por las autoridades responsables y considerando que ninguna de las partes desahogó la vista ordenada, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por las responsables se estima que la ejecutoria se encuentra CUMPLIDA, en su totalidad sin excesos ni defectos. Es así, pues del análisis de las constancias remitidas por la autoridad responsable, Octava Sala en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, se advierte que por acuerdo de cuatro de agosto de dos mil veintidós, dictado en el toca. de su índice, dejó insubsistente la resolución de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Posteriormente, el cinco de agosto del año en curso dictó una nueva resolución, en la que resolvió nuevamente la incompetencia por declinatoria planteada por el demandado en el juicio ordinario civil. del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Orizaba, (aquí quejoso); empero, acatando los lineamientos trazados en el fallo protector, pues de la lectura de dicha determinación se desprende, en lo que trasciende, que la responsable se pronunció respecto de los argumentos planteados por el promovente en su escrito de contestación de demanda, mismos que fueron destacados en el fallo protector; y con base en el análisis de uno de ellos es que declaró procedente la excepción de incompetencia planteada; por ende, indicó, que quien debe seguir conociendo del asunto en cuestión es el Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en Orizaba, Veracruz. Cabe mencionar que el sentido de la nueva determinación, emitida por la autoridad responsable resulta ajeno a los lineamientos trazados en la ejecutoria que se analizó, pues en ésta sólo se le ordenó que emitiera una nueva resolución acatando las directrices precisadas en el fallo protector, pero sin que existiera imperativo de resolver en determinado sentido. Por su parte, el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Orizaba, se adhirió a lo realizado por la ordenadora. En consecuencia, se considera que las autoridades responsables, acataron los lineamientos trazados en la ejecutoria que se analiza. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión, y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el cuaderno original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que el presente expediente no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo referido, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de depuración, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. En el entendido que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar solicitada. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa, y por lista de acuerdos al tercero interesado.
- Principal
Córdoba, Veracruz, a nueve de septiembre de dos mil veintidós. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia autorizada el siete de junio de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a. en los siguientes términos. Concesión del amparo que se hizo extensiva al acto de ejecución atribuido al Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Orizaba. En proveído de seis de julio de dos mil veintidós, se requirió a las autoridades responsables, 1. Octava Sala Especializada en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, y 2. Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Orizaba, el cumplimiento respectivo. En consecuencia, las citadas autoridades responsables, mediante oficios 2142/2022, 2197 y 6287 de cuatro, cinco y diecisiete de agosto de dos mil veintidós, remitieron diversas constancias con las que consideraron dar cumplimiento al fallo protector; y en auto veintiséis de agosto siguiente, se dio vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por las autoridades responsables y considerando que ninguna de las partes desahogó la vista ordenada, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por las responsables se estima que la ejecutoria se encuentra CUMPLIDA, en su totalidad sin excesos ni defectos. Es así, pues del análisis de las constancias remitidas por la autoridad responsable, Octava Sala en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, se advierte que por acuerdo de cuatro de agosto de dos mil veintidós, dictado en el toca. de su índice, dejó insubsistente la resolución de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Posteriormente, el cinco de agosto del año en curso dictó una nueva resolución, en la que resolvió nuevamente la incompetencia por declinatoria planteada por el demandado en el juicio ordinario civil. del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Orizaba, (aquí quejoso); empero, acatando los lineamientos trazados en el fallo protector, pues de la lectura de dicha determinación se desprende, en lo que trasciende, que la responsable se pronunció respecto de los argumentos planteados por el promovente en su escrito de contestación de demanda, mismos que fueron destacados en el fallo protector; y con base en el análisis de uno de ellos es que declaró procedente la excepción de incompetencia planteada; por ende, indicó, que quien debe seguir conociendo del asunto en cuestión es el Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en Orizaba, Veracruz. Cabe mencionar que el sentido de la nueva determinación, emitida por la autoridad responsable resulta ajeno a los lineamientos trazados en la ejecutoria que se analizó, pues en ésta sólo se le ordenó que emitiera una nueva resolución acatando las directrices precisadas en el fallo protector, pero sin que existiera imperativo de resolver en determinado sentido. Por su parte, el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Orizaba, se adhirió a lo realizado por la ordenadora. En consecuencia, se considera que las autoridades responsables, acataron los lineamientos trazados en la ejecutoria que se analiza. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión, y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el cuaderno original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que el presente expediente no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo referido, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de depuración, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. En el entendido que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar solicitada. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa, y por lista de acuerdos al tercero interesado.
- Incidental
NO ACUDIO AL CITATORIO SE NOTIFICA POR LISTA ELECTRÓNICA Y DE ESTRADOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE Córdoba, Veracruz, a nueve de septiembre de dos mil veintidós. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia autorizada el siete de junio de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a. en los siguientes términos. Concesión del amparo que se hizo extensiva al acto de ejecución atribuido al Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Orizaba. En proveído de seis de julio de dos mil veintidós, se requirió a las autoridades responsables, 1. Octava Sala Especializada en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, y 2. Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Orizaba, el cumplimiento respectivo. En consecuencia, las citadas autoridades responsables, mediante oficios 2142/2022, 2197 y 6287 de cuatro, cinco y diecisiete de agosto de dos mil veintidós, remitieron diversas constancias con las que consideraron dar cumplimiento al fallo protector; y en auto veintiséis de agosto siguiente, se dio vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por las autoridades responsables y considerando que ninguna de las partes desahogó la vista ordenada, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por las responsables se estima que la ejecutoria se encuentra CUMPLIDA, en su totalidad sin excesos ni defectos. Es así, pues del análisis de las constancias remitidas por la autoridad responsable, Octava Sala en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, se advierte que por acuerdo de cuatro de agosto de dos mil veintidós, dictado en el toca. de su índice, dejó insubsistente la resolución de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Posteriormente, el cinco de agosto del año en curso dictó una nueva resolución, en la que resolvió nuevamente la incompetencia por declinatoria planteada por el demandado en el juicio ordinario civil. del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Orizaba, (aquí quejoso); empero, acatando los lineamientos trazados en el fallo protector, pues de la lectura de dicha determinación se desprende, en lo que trasciende, que la responsable se pronunció respecto de los argumentos planteados por el promovente en su escrito de contestación de demanda, mismos que fueron destacados en el fallo protector; y con base en el análisis de uno de ellos es que declaró procedente la excepción de incompetencia planteada; por ende, indicó, que quien debe seguir conociendo del asunto en cuestión es el Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en Orizaba, Veracruz. Cabe mencionar que el sentido de la nueva determinación, emitida por la autoridad responsable resulta ajeno a los lineamientos trazados en la ejecutoria que se analizó, pues en ésta sólo se le ordenó que emitiera una nueva resolución acatando las directrices precisadas en el fallo protector, pero sin que existiera imperativo de resolver en determinado sentido. Por su parte, el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Orizaba, se adhirió a lo realizado por la ordenadora. En consecuencia, se considera que las autoridades responsables, acataron los lineamientos trazados en la ejecutoria que se analiza. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión, y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el cuaderno original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que el presente expediente no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo referido, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de depuración, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. En el entendido que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar solicitada. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa, y por lista de acuerdos al tercero interesado.
- Principal
NO ACUDIO AL CITATORIO SE NOTIFICA POR LISTA ELECTRÓNICA Y DE ESTRADOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE Córdoba, Veracruz, a nueve de septiembre de dos mil veintidós. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia autorizada el siete de junio de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a. en los siguientes términos. Concesión del amparo que se hizo extensiva al acto de ejecución atribuido al Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Orizaba. En proveído de seis de julio de dos mil veintidós, se requirió a las autoridades responsables, 1. Octava Sala Especializada en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, y 2. Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Orizaba, el cumplimiento respectivo. En consecuencia, las citadas autoridades responsables, mediante oficios 2142/2022, 2197 y 6287 de cuatro, cinco y diecisiete de agosto de dos mil veintidós, remitieron diversas constancias con las que consideraron dar cumplimiento al fallo protector; y en auto veintiséis de agosto siguiente, se dio vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por las autoridades responsables y considerando que ninguna de las partes desahogó la vista ordenada, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por las responsables se estima que la ejecutoria se encuentra CUMPLIDA, en su totalidad sin excesos ni defectos. Es así, pues del análisis de las constancias remitidas por la autoridad responsable, Octava Sala en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, se advierte que por acuerdo de cuatro de agosto de dos mil veintidós, dictado en el toca. de su índice, dejó insubsistente la resolución de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Posteriormente, el cinco de agosto del año en curso dictó una nueva resolución, en la que resolvió nuevamente la incompetencia por declinatoria planteada por el demandado en el juicio ordinario civil. del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Orizaba, (aquí quejoso); empero, acatando los lineamientos trazados en el fallo protector, pues de la lectura de dicha determinación se desprende, en lo que trasciende, que la responsable se pronunció respecto de los argumentos planteados por el promovente en su escrito de contestación de demanda, mismos que fueron destacados en el fallo protector; y con base en el análisis de uno de ellos es que declaró procedente la excepción de incompetencia planteada; por ende, indicó, que quien debe seguir conociendo del asunto en cuestión es el Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en Orizaba, Veracruz. Cabe mencionar que el sentido de la nueva determinación, emitida por la autoridad responsable resulta ajeno a los lineamientos trazados en la ejecutoria que se analizó, pues en ésta sólo se le ordenó que emitiera una nueva resolución acatando las directrices precisadas en el fallo protector, pero sin que existiera imperativo de resolver en determinado sentido. Por su parte, el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Orizaba, se adhirió a lo realizado por la ordenadora. En consecuencia, se considera que las autoridades responsables, acataron los lineamientos trazados en la ejecutoria que se analiza. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión, y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el cuaderno original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que el presente expediente no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo referido, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de depuración, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. En el entendido que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar solicitada. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa, y por lista de acuerdos al tercero interesado.
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