Juan Carlos Álvarez Ramírez
Expediente 963/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 963/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Juan Carlos Álvarez Ramírez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y en atención a que la Secretaria certifica que revisó el Libro de Oficialía de Partes de este Juzgado y constató que del dieciocho al veintidós de enero de dos mil veintiuno, transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa recurriera el proveído de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, mediante el cual se desechó la demanda con que se formó el presente expediente, no se presentó promoción alguna en que se haya hecho uso del recurso de queja a que se alude en el artículo 97 de la ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97, fracción I, inciso a), en relación con el 98 y 99 de la Ley de dela materia y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos civiles de aplicación supletoria, se declara que el citado auto ha causado estado. Archivo. En tales condiciones, háganse las anotaciones en el Libro de gobierno de este Juzgado y del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes. De conformidad con el Artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes, y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental amerite su conservación. En consecuencia, en la carátula del expediente anótese la circunstancia de que es susceptible de destrucción, que no existen documentos originales y la fecha de este proveído. Centro Archivístico. Una vez transcurrido el plazo de tres años remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte. Notifíquese.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, incisos a) y b), de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa, la determinación de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, que en síntesis dice: Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 25/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Demanda Vista la demanda de amparo que promueve *****, contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado; fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 963/2020-10. Acto reclamado La lectura integral de la demanda con la que se ha dado cuenta, revela que el quejoso como acto reclamado señala: El acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, pronunciado por la Junta Especial Número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, en los autos del juicio laboral ****, promovido por Juan Carlos Álvarez Ramírez, en contra de Industrial Papelera San Luis, sociedad anónima de capital variable, en la etapa de demanda y excepciones de la audiencia bifásica celebrada en la citada data, que reconoce la personalidad a Pamela****** como apoderada jurídica de la demandada. Antecedentes del caso 1. Ante la Junta Especial Número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, se tramita el juicio laboral 327/2020, promovido por *****, en contra de Industrial******. 3. Dentro de ese procedimiento, con fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, se desahogó la audiencia inicial en sus etapas de conciliación, demanda y excepciones. 4. La Junta Especial Número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, en la audiencia bifásica desahogada el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, en la etapa de demanda y excepciones, reconoció a **** el carácter de apoderada jurídica de la demandada Industrial Papelera San Luis, sociedad anónima de capital variable. Determinación que constituye ahora el acto reclamado. Establecido lo anterior, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de cuenta, al advertir esta Juzgadora un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, tal y como se indica a continuación. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con los artículos 107, fracción V, aplicado en sentido contrario y 171 de la Ley de Amparo aplicable.... La razón de ser de la causa de improcedencia transcrita se establece de acuerdo a la posibilidad de promover el amparo indirecto por cuanto que sólo tiene lugar cuando el acto reclamado tenga efectos de imposible reparación sobre un derecho sustantivo tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció jurisprudencia, que aparece publicada con el número 244, en la página 164, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Es decir los actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo los de naturaleza sustantiva, como serían la vida, la libertad, la propiedad, etcétera; no así en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Por tanto, el acto aquí reclamado, no puede ser considerado como actos de imposible reparación ya que éste se traduce como un acto que tiene como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, pues en el momento en que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho sustantivo tutelado por la constitución o por los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano forma parte, sino que tan sólo hacen nacer la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. Razón por la cual de conformidad con el artículo 171 de la Ley de Amparo, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, para hacer valer las violaciones que se puedan dar dentro del procedimiento respectivo, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva, para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante un Tribunal Colegiado de Circuito, siempre que afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo adverso. Como se expuso, la parte quejosa como acto reclamado señala el acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, pronunciado por la Junta Especial Número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, en los autos del juicio laboral 327/2020, promovido por Juan Carlos Álvarez Ramírez, en contra de Industrial Papelera San Luis, sociedad anónima de capital variable, en la etapa de demanda y excepciones de la audiencia bifásica celebrada en la citada data, que reconoce la personalidad a Pamela***** como apoderada jurídica de la demandada. De lo que resulta claro que el acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, pronunciado por la Junta Especial Número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, en los autos del juicio laboral 327/2020, atendiendo a la connotación que respecto a este tipo de actos establece el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, no debe ser considerada como acto dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, en virtud de que no afecta materialmente algún derecho sustantivo, sino la violación de derechos adjetivos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales; y bien puede ocurrir que el quejoso obtenga laudo favorable en juicio laboral 327/2020, con lo que quedarían reparadas las violaciones y los posibles perjuicios que se le hubieren causado con los actos que reclama a través de la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa. En otras palabras, los efectos del acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, se actualizarían hasta el dictado del laudo respectivo en el juicio laboral 327/2020, promovido por Juan Carlos Álvarez Ramírez, en contra de Industrial Papelera San Luis, sociedad anónima de capital variable, toda vez que hasta antes de ese momento no se podrá apreciar si con motivo de que la Junta Especial Número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, reconoció la personalidad a Pamela******* como apoderada jurídica de la demandada, se vulneraron las defensas del quejoso y, por tal motivo, se incurrió en una violación procesal que trascendió al resultado del laudo que se pronuncie en el mencionado juicio laboral, lo que hace evidente que ese tipo de actos no tienen una ejecución de imposible reparación conforme lo establece la fracción V del artículo 107 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Al respecto se invoca la jurisprudencia I.8o.C. J/2 (10a.), publicada en la página 2416, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 40, Marzo de 2017, Tomo IV, Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época número de registro 2013976 que dice: "DERECHOS SUSTANTIVOS. SU DIFERENCIA CON LOS DERECHOS ADJETIVOS. De acuerdo con la doctrina, son derechos sustantivos los que se identifican con los bienes de la vida. En ese sentido, pueden considerarse sustantivos, sin pretender asignarles un orden, entre otros, los derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil de las personas, la vida misma, la libertad personal, la de conciencia, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, etc. En cambio, los derechos procesales o instrumentales, también llamados adjetivos, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo. Tales derechos procesales no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata sólo de las reglas para obtener del Estado la garantía del goce de los bienes de la vida. También se invoca la jurisprudencia I.1o.A.E. J/4 (10a.), publicada en la página 1903, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, número de registro 2011339 que establece: "ACTOS O VIOLACIONES INTRAPROCESALES PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. SUS CARACTERÍSTICAS. Tratándose de actos o violaciones intraprocesales, lo decisivo para exigir una inmediata impugnación en el amparo indirecto es la imposible reparación en razón de una afectación material -real y actual- a derechos sustantivos, a diferencia de la lesión o agravio formal a disposiciones adjetivas o procedimentales. Por tanto, más que la modalidad o tipo de acto (intraprocesal o terminal), lo relevante son los efectos y agravio que puedan producir en situaciones y circunstancias concretas; esto es, pueden reclamarse de manera inmediata cuando se esté en presencia de aquellos denominados de imposible reparación o, en su caso, junto con el acto terminal al que han trascendido, y siempre que hayan generado indefensión". Así como la jurisprudencia II.2o.P. J/29, publicada en la página 1721, Tomo XXIX, Abril de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, registro 167579, que dice: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. PARA SU PROCEDENCIA DEBE ATENDERSE A LOS EFECTOS QUE PRODUCEN OBJETIVA Y JURÍDICAMENTE, Y NO A LAS ARGUMENTACIONES QUE CONSTITUYAN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es equivocada la pretensión de confundir la identidad y naturaleza de los actos reclamados con los conceptos de violación que se enderezan a tratar de explicar y, en su caso, justificar por qué el acto reclamado se estima inconstitucional, pues independientemente del número o variedad de dichos conceptos, ello no produce una segmentación o multiplicación del acto o actos reclamados cuando la identidad y precisión de ellos aparece debidamente delimitada. Por tanto, para determinar la procedencia del juicio en el supuesto previsto en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, esto es, tratándose de actos dentro de juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, deben considerarse los efectos que producen de manera objetiva y jurídica, y no las argumentaciones que constituyan los conceptos de violación, pues éstos, en todo caso, constituyen el fondo del amparo que pudiera llegar a resolverse de estimarse procedente la demanda de garantías. Ello es así, porque la consideración de los efectos del acto constituyen el presupuesto de su procedibilidad, previo al análisis de los conceptos de violación o motivos de inconformidad, ya que de lo contrario no sólo se desconocería la técnica del juicio de amparo, sino que se atentaría contra la lógica elemental y la estructura de este medio de control constitucional, haciendo nugatoria la procedencia de la aludida fracción IV del artículo 114 de la propia ley". Finalmente, se invoca en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 7, junio de 2014, tomo I, visible a página 39, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)... En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia al principio invocada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda que promueve *****, contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado. Uso de aparatos electrónicos Con fundamento en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles y con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, se faculta a las partes así como a sus autorizados, para imponerse de los acuerdos dictados en el juicio de amparo en que se actúa, a través de su reproducción con el uso de aparatos electrónicos de uso personal; esto es desde luego bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial que designe el Secretario de acuerdos respectivo, salvo que se trate de información confidencial o reservada. Hágase saber a las partes, la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico para consulta del expediente, debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no vulnerar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a las labores que esencialmente debe prestar. Lo anterior, previa constancia que se deje en autos. Domicilio y autorizados Por otra parte, con base en el artículo 27, fracción I, de la Ley de amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su ocurso de cuenta, y como autorizados para oír y recibir notificaciones en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *****, toda vez que no tienen cédula profesional registrada en el libro que se lleva en este Juzgado y tampoco en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito que al efecto estableció el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 24/2005 publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil cinco. Notificaciones Asimismo, con el objeto de evitar dilaciones en el trámite de este juicio, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilita al actuario adscrito para que las notificaciones que surjan en este juicio de amparo, sean practicadas incluso en horas y días inhábiles. Transparencia Luego, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8º, 18, fracción II y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Gubernamental y artículos 34 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, en caso de que se publique la sentencia que se dicte en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes. Notifíquese personalmente.
- Principal
Acuerdo vía remota Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 25/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Oficio Téngase recibido y agréguese a los autos para los fines legales a que haya lugar el oficio de cuenta, signado por la apoderada legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por el cual informa sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo y al efecto remite copia certificada de los oficios signados por el Jefe del Departamento de Pensiones de dicho Instituto. Atento a lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 193 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad oficiante, informando que la ejecutoria de amparo dictada en el presente expediente, se encuentra en vías de cumplimiento, agregándose el oficio y anexo de que se trata a los presentes autos, para los efectos legales a que haya lugar. Caso concreto Ahora bien, al tener en consideración que de la comunicación y anexos a que se refiere la razón de cuenta, no se desprende que la autoridad responsable justifique con operaciones aritméticas que reflejen que la cantidad de ****, corresponde precisamente al reintegro de las deducciones que le fueron aplicadas a la quejosa por compatibilidad de pensión, en el periodo comprendido de agosto a noviembre de dos mil diecinueve. Lo anterior, al tener en consideración que no exhibe constancia alguna de la que se advierta la percepción mensual que recibe dicha impetrante con motivo de la pensión de que se trata, así como el porcentaje que resulta de aplicar a la misma la limitante prevista en el artículo 12, párrafo segundo, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del artículo Décimo Transitorio, del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores; actuaciones que se estiman necesarias a fin de determinar si la suma antes puntualizada es la que precisamente ha de devolverse a la quejosa por el concepto antes señalado. Requerimiento En consecuencia, y dado que el artículo 192 de la Ley de Amparo establece que las ejecutorias en que se conceda el amparo solicitado deben quedar puntualmente cumplidas, sin que dicho dispositivo prevea excepción alguna, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Subdelegado de Prestaciones Económicas de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que en el término de tres días remita a este juzgado las constancias con las que acredite el total cumplimiento del fallo protector, es decir, justifique con las operaciones aritméticas correspondientes que la cantidad de ****, corresponde al reintegro de las deducciones que le fueron aplicadas a la quejosa por compatibilidad de pensión, en el periodo comprendido de agosto a noviembre de dos mil diecinueve. Apercibimiento Se apercibe a la autoridad responsable que en caso de no dar cumplimiento a lo solicitado, se le impondrá una multa de 100 cien Unidades de Medida y Actualización vigente, conforme lo prevé el artículo 192 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo tercero transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito en turno, para continuar con el procedimiento de inejecución, el que pudiera culminar con la separación de su puesto y su consignación. Indíquese a la autoridad responsable que deberá de abstenerse de desarrollar actos intrascendentes, preliminares, o secundarios que crean la apariencia de que se está cumpliendo con el fallo protector. Finalmente, dígase a la autoridad oficiante que su petición en el sentido de realizar las notificaciones vía correo electrónico deviene improcedente, en virtud de que el presente juicio de amparo no se encuentra en los supuestos contemplados en el artículo 23, fracción III del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cual prevé la excepción al artículo 28, fracción II y 30, fracción I de la Ley de Amparo, que permite a realizar notificaciones vía correo institucional. Notifíquese.
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