Juan Carlos Alejandro Ferrao Estañol
Expediente 703/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 703/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/05/2016
Partes del expediente
- Juan Carlos Alejandro Ferrao Estañol
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, once de mayo de dos mil dieciséis. Vistos los presentes autos y la certificación secretarial, tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja contra el auto de veinticinco de abril de dos mil dieciséis, con fundamento en el artículo 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO EL AUTO DE MÉRITO, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno correspondiente y ARCHÍVESE el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de abril de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que Margarito Rosales Sánchez en representación de Guillermo Ventura López promovió demanda de amparo, la cual presentó el veinticinco de septiembre de dos mil quince (foja 2), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, recibida en este Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, el veintiocho del mismo mes y año. Así, por auto de veintinueve de septiembre de dos mil quince se desechó por una parte y por otra se admitió a trámite la aludida demanda. Mediante despacho 140/587/2015 el Juez de lo Civil de Teziutlán, Puebla, manifestó su imposibilidad para emplazar a la tercero interesada Petra López Hernández en atención a que el domicilio señalado para tal efecto era impreciso; y mediante escrito recibido el veintiséis de octubre de dos mil quince (foja 83), la tercero interesada Rosa Velia Martínez Ibáñez, exhibió el acta de defunción de Petra López Hernández (foja 85), por lo que en proveídos de cuatro y veintiséis de noviembre de dos mil quince (fojas 142 y 153), se requirió a la parte quejosa proporcionara el nombre y domicilio del representante legal de la sucesión intestamentaria a bienes de la indicada tercero interesada. Asimismo, por acuerdo de veintitrés de diciembre de dos mil quince (foja 161), se requirió a los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla y al Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Teziutlán, Puebla, para que informaran si en sus estadísticas se encontraba radicado algún juicio sucesorio a nombre de Petra López Hernández, para estar en posibilidad de emplazar a la persona a quien le asistiera la representación legal de dicha tercero. Sin embargo, por acuerdos de once, doce, trece y catorce, de enero de dos mil dieciséis, se tuvo a los citados jueces informando que en los registros a su cargo no contaban con dato alguno de la sucesión testamentaria o intestamentaria a bienes de Petra López Hernández. Así, por acuerdo de veintiuno de enero de dos mil dieciséis, se advirtió la imposibilidad para emplazar a la sucesión a bienes de Petra López Hernández, razón por la cual al haberse agotado todos los medios disponibles para obtener su domicilio, con fundamento en el artículo 16 de la Ley de Amparo se ordenó suspender el procedimiento por el término de sesenta días, auto que fue notificado a las partes el veintidós de enero de dos mil dieciséis (foja 180). Del estado que guardan los autos se desprende que a la fecha en que se actúa ha transcurrido el plazo de sesenta días establecido mediante proveído de veintiuno de enero de dos mil dieciséis, por el que se suspendió el procedimiento en los autos de este juicio de amparo, sin que la parte quejosa realizara alguna gestión a fin de lograr el emplazamiento de la sucesión a bienes de Petra López Hernández o que se hubiera apersonado aquélla. De tal forma que lo expuesto evidencia que este juzgado federal ha realizado las gestiones necesarias para lograr el emplazamiento de la sucesión a bienes de Petra López Hernández, sin que hasta el momento se haya obtenido algún dato que permita su emplazamiento lo que implica que no se satisface el requisito establecido en el artículo 108, fracción II, de la Ley de Amparo. En efecto, conforme al citado numeral uno de los requisitos, en primer término, la parte quejosa proporcione el nombre y domicilio de la parte a quien reviste el carácter de tercera interesada, pues sólo de esta manera se lograra la debida integración de la Litis constitucional. No obstante, hasta el momento a pesar de que esta potestad federal ha agotado la investigación necesaria para lograr el emplazamiento de la sucesión a bienes de Petra López Hernández la parte quejosa ha demostrado su falta de interés en la debida tramitación del juicio constitucional, ya que a pesar de que por auto de veintiuno de enero de dos mil dieciséis, se suspendió el procedimiento en términos del artículo 16 de la Ley de Amparo para que se apersonara a juicio la mencionada sucesión, el impetrante no ha proporcionado algún dato que permita lograr el emplazamiento de dicha sucesión. Entonces, al ser improcedente que el juicio de amparo quede paralizado al arbitrio de una de las partes, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5, fracción III, y 16 del propio ordenamiento. Se arriba a la anterior conclusión, puesto que de estimar lo contrario, se entorpecería la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que no es atribuible al Órgano Jurisdiccional la imposibilidad de lograr el emplazamiento de la sucesión a bienes de Petra López Hernández, sino al propio peticionario de amparo quien no ha realizado alguna gestión para conocer el nombre de la persona que representa a la indicada sucesión a fin de que pueda ser emplazada al presente juicio. Por tanto, el interés particular del quejoso no puede estar por encima del interés público, tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes. Háganse las anotaciones en el libro correspondiente. Notifíquese, y personalmente a las partes.
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