Juan Carlos Alanis Villarreal

Expediente 573/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 37 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
573/2020
Año
2020
Actuaciones
37
Última actuación
28/02/2022

Partes del expediente

  • Juan Carlos Alanis Villarreal
  • Juan Carlos Alanis Villarreal y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 37.

  1. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA PARTE TERCERO INTERESADO "Estado de autos. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los autos, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que las autoridades responsables han dado a la ejecutoria de amparo; sin que hicieran manifestación alguna; en consecuencia, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede al análisis oficioso de dicho cumplimiento sobre la base de las constancias que obran en el juicio. Fijación de actos y protección constitucional. El acto reclamado en esta instancia constitucional consistió: la orden de aprehensión de catorce de agosto de dos mil veinte, librada dentro de la causa penal 56/2020, por el delito de violación. Por sentencia de treinta de marzo de dos mil veintiuno, se sobreseyó y se negó a Juan Carlos Alanís Villareal, la protección constitucional solicitada. Inconforme con el sentido de la sentencia Juan Carlos Alanís Villareal, interpuso recurso de revisión y por ejecutoria de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, al resolver el amparo en revisión número 154/2021, sobreseyó, modificó y concedió la protección constitucional solicitada, para el efecto de que el juez responsable haga lo siguiente: Deje insubsistente la orden de aprehensión de catorce de agosto de dos mil veinte, dictada en la causa penal 56/2020, dictada en contra del quejoso Juan Carlos Alanís Villarreal. Dicte otra resolución en la que tomando en cuenta lo expuesto en esta ejecutoria; esto es, al momento de evaluar la necesidad de cautela tome en consideración que no basta -como razón única- que el delito por el cual se ha solicitado la orden de aprehensión, sea de los que ameriten prisión preventiva oficiosa para que se libre la misma, sino que el elemento de necesidad de cautela debe ser justificado por el fiscal; por lo que, es necesario que éste explique las razones que lo llevaron a solicitar tal orden, y con base en ello, el Juzgador de Control funde y motive, si en el caso concreto se justifica esa necesidad de cautela, y; en consecuencia, se emita la orden de aprehensión solicitada, conforme a los parámetros expuestos por la Primera Sala del Alto Tribunal del País, en la Jurisprudencia 1ª/J 20/20 (10ª), de rubro: "ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA SU EMISIÓN, SIN QUE MEDIE CITATORIO, EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE JUSTIFICAR LA NECESIDAD DE CAUTELA" ENTE EL JUEZ DE CONTROL, SIN QUE ELLO SE SATISFAGA CON LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE LOS HECHOS DEL CASO CORRESPONDAN A UN DELITO QUE AMERITA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA". Análisis del cumplimiento. Atento a lo anterior, el Juez responsable, mediante oficio JCyTE/2606/2021 de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, remitió copia certificada de la resolución de esa propia fecha, dictada en la causa penal 56/2020. Documental a la que se concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, párrafo segundo. Ahora bien, el Juez responsable en la nueva resolución, en cumplimiento a los efectos de la ejecutoria de amparo señalado en el inciso i), dejó insubsistente la orden de aprehensión de catorce de agosto de dos mil veinte, dictada en la causa penal 56/2020, contra el quejoso Juan Carlos Alanís Villareal. Asimismo, en cumplimiento al inciso ii), tocante a la necesidad de cautela, determinó que la representación social no motivó ni fundó adecuadamente tal necesidad, pues no explicó las razones necesarias que lo llevaron a solicitar la orden de aprehensión; pues era indispensable que expusiera las razones, motivos o circunstancias del porqué en el caso particular la asistencia del imputado a la audiencia de formulación de imputación, pudiera verse demorada o dificultada en caso de que fuera citado y además comprobar dicha circunstancia, y como consecuencia se haría necesaria la aprehensión; ya que si bien el artículo 15 Bis del Código Penal del Estado de Chiapas, enumera una serie de delitos graves, también lo es que el diverso 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su fracción III, no establece como presupuesto para librar una orden de aprehensión que se trate de delitos sobre los cuales deba dictarse de oficio dicha medida cautelar, o se trate de delitos graves, sino que es claro en indicar que debe acreditarse la necesidad de cautela. En consecuencia, negó la orden de aprehensión contra Juan Carlos Alaniz Villarreal, como probable autor del hecho que la ley señala como violación, haciéndole del conocimiento al fiscal del ministerio público que si en su oportunidad considera reunida las exigencias del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicite de nueva cuenta la petición correspondiente. Por su parte el, Director Jurídico de la Policía Especializada en ausencia del Director General con sede en esta ciudad, informó el cumplimiento de la ejecutoria. Decisión. Del examen entre lo considerado en la sentencia de amparo y la constancia mencionada en los párrafos que anteceden, se concluye que la responsable atendió los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo; por consiguiente, se tiene por cumplido el fallo protector en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Orden de archivo. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Depuración de expediente. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis prevista por el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se concedió la protección constitucional. Por otra parte, en términos del artículo 18, párrafo primero del Acuerdo Plenario, dese vista a las partes, a fin de que acudan al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos que hayan exhibido en el presente expediente, apercibidos que, en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Asimismo, una vez transcurrido el término de tres años contado a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido; dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; y los demás documentos que se considere pertinente. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, en términos de los párrafos segundo y tercero del citado numeral 18 del Acuerdo Plenario señalado. Relevancia documental. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. Valoración. En términos del numeral 35, del Acuerdo General señalado, indíquese la valoración que corresponda, Relevancia Documental, Conservable, Depurable o Destruible, en la caratula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su transferencia. Incidente de suspensión. Toda vez que, en el presente se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en el cuaderno original y; procédase a la destrucción de la copia del incidente una vez que transcurran seis meses a partir de la resolución interlocutoria; tal como lo establece la fracción II, del artículo 20 del Acuerdo Plenario precitado. Incidente de suspensión.

  2. Principal

    Estado de autos. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los autos, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que las autoridades responsables han dado a la ejecutoria de amparo; sin que hicieran manifestación alguna; en consecuencia, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede al análisis oficioso de dicho cumplimiento sobre la base de las constancias que obran en el juicio. Fijación de actos y protección constitucional. El acto reclamado en esta instancia constitucional consistió: la orden de aprehensión de catorce de agosto de dos mil veinte, librada dentro de la causa penal 56/2020, por el delito de violación. Por sentencia de treinta de marzo de dos mil veintiuno, se sobreseyó y se negó a Juan Carlos Alanís Villareal, la protección constitucional solicitada. Inconforme con el sentido de la sentencia Juan Carlos Alanís Villareal, interpuso recurso de revisión y por ejecutoria de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, al resolver el amparo en revisión número 154/2021, sobreseyó, modificó y concedió la protección constitucional solicitada, para el efecto de que el juez responsable haga lo siguiente: Deje insubsistente la orden de aprehensión de catorce de agosto de dos mil veinte, dictada en la causa penal 56/2020, dictada en contra del quejoso Juan Carlos Alanís Villarreal. Dicte otra resolución en la que tomando en cuenta lo expuesto en esta ejecutoria; esto es, al momento de evaluar la necesidad de cautela tome en consideración que no basta -como razón única- que el delito por el cual se ha solicitado la orden de aprehensión, sea de los que ameriten prisión preventiva oficiosa para que se libre la misma, sino que el elemento de necesidad de cautela debe ser justificado por el fiscal; por lo que, es necesario que éste explique las razones que lo llevaron a solicitar tal orden, y con base en ello, el Juzgador de Control funde y motive, si en el caso concreto se justifica esa necesidad de cautela, y; en consecuencia, se emita la orden de aprehensión solicitada, conforme a los parámetros expuestos por la Primera Sala del Alto Tribunal del País, en la Jurisprudencia 1ª/J 20/20 (10ª), de rubro: "ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA SU EMISIÓN, SIN QUE MEDIE CITATORIO, EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE JUSTIFICAR LA NECESIDAD DE CAUTELA" ENTE EL JUEZ DE CONTROL, SIN QUE ELLO SE SATISFAGA CON LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE LOS HECHOS DEL CASO CORRESPONDAN A UN DELITO QUE AMERITA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA". Análisis del cumplimiento. Atento a lo anterior, el Juez responsable, mediante oficio JCyTE/2606/2021 de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, remitió copia certificada de la resolución de esa propia fecha, dictada en la causa penal 56/2020. Documental a la que se concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, párrafo segundo. Ahora bien, el Juez responsable en la nueva resolución, en cumplimiento a los efectos de la ejecutoria de amparo señalado en el inciso i), dejó insubsistente la orden de aprehensión de catorce de agosto de dos mil veinte, dictada en la causa penal 56/2020, contra el quejoso Juan Carlos Alanís Villareal. Asimismo, en cumplimiento al inciso ii), tocante a la necesidad de cautela, determinó que la representación social no motivó ni fundó adecuadamente tal necesidad, pues no explicó las razones necesarias que lo llevaron a solicitar la orden de aprehensión; pues era indispensable que expusiera las razones, motivos o circunstancias del porqué en el caso particular la asistencia del imputado a la audiencia de formulación de imputación, pudiera verse demorada o dificultada en caso de que fuera citado y además comprobar dicha circunstancia, y como consecuencia se haría necesaria la aprehensión; ya que si bien el artículo 15 Bis del Código Penal del Estado de Chiapas, enumera una serie de delitos graves, también lo es que el diverso 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su fracción III, no establece como presupuesto para librar una orden de aprehensión que se trate de delitos sobre los cuales deba dictarse de oficio dicha medida cautelar, o se trate de delitos graves, sino que es claro en indicar que debe acreditarse la necesidad de cautela. En consecuencia, negó la orden de aprehensión contra Juan Carlos Alaniz Villarreal, como probable autor del hecho que la ley señala como violación, haciéndole del conocimiento al fiscal del ministerio público que si en su oportunidad considera reunida las exigencias del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicite de nueva cuenta la petición correspondiente. Por su parte el, Director Jurídico de la Policía Especializada en ausencia del Director General con sede en esta ciudad, informó el cumplimiento de la ejecutoria. Decisión. Del examen entre lo considerado en la sentencia de amparo y la constancia mencionada en los párrafos que anteceden, se concluye que la responsable atendió los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo; por consiguiente, se tiene por cumplido el fallo protector en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Orden de archivo. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Depuración de expediente. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis prevista por el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se concedió la protección constitucional. Por otra parte, en términos del artículo 18, párrafo primero del Acuerdo Plenario, dese vista a las partes, a fin de que acudan al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos que hayan exhibido en el presente expediente, apercibidos que, en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Asimismo, una vez transcurrido el término de tres años contado a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido; dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; y los demás documentos que se considere pertinente. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, en términos de los párrafos segundo y tercero del citado numeral 18 del Acuerdo Plenario señalado. Relevancia documental. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. Valoración. En términos del numeral 35, del Acuerdo General señalado, indíquese la valoración que corresponda, Relevancia Documental, Conservable, Depurable o Destruible, en la caratula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su transferencia. Incidente de suspensión. Toda vez que, en el presente se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en el cuaderno original y; procédase a la destrucción de la copia del incidente una vez que transcurran seis meses a partir de la resolución interlocutoria; tal como lo establece la fracción II, del artículo 20 del Acuerdo Plenario precitado. Incidente de suspensión. Notifíquese en términos de ley.

  3. Incidental

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que fueron concedidas las medidas cautelares. Archivo y depuración. Atento a lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de depuración, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, y háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Por otra parte, en términos del artículo 18, párrafo primero del Acuerdo Plenario, dese vista a las partes, a fin de que acudan al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos que hayan exhibido en el presente expediente, apercibidos que, en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Igualmente, una vez cumplido el término de tres años, que dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 18, este órgano jurisdiccional, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurar el expediente, conservando las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación, el presente proveído que ordena su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que se considere. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Relevancia documental. Asimismo, se estima que este expediente no tiene relevancia documental para su conservación; ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. Valoración. En términos del numeral 35, del Acuerdo General señalado, indíquese la valoración que corresponda, Relevancia Documental, Conservable, Depurable o Destruible, en la caratula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su transferencia.Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tres de enero de dos mil veintidós. Promoción. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por el Juez de Control de los Juzgados de Control y Tribunales de Enjuiciamiento Región Tres, residente en Pichucalco, Chiapas, por medio del cual informa el cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio. Estado procesal. Por otra parte, del estado procesal que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, se reservó proveer respecto del oficio signado por el Director Jurídico de la Policía Especializada en ausencia del Director General, con sede en esta ciudad, por medio del cual informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Vista de cumplimiento. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, con el contenido de este proveído, y córrase traslado con copia simple de las constancias que anexan las autoridades responsables, para que dentro del plazo de tres días contado a partir de la notificación de este auto, manifiesten lo que a sus intereses convenga. Instrucción. Con la indicación para el actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, que al momento de realizar la diligencia de notificación respectiva, deberá de hacer constar la entrega de las documentales referidas en el párrafo que antecede. Apercibimiento. Por otra parte, se apercibe a las partes que, de no desahogar la vista otorgada en el plazo concedido, una vez transcurrido dicho plazo, este Juzgado de Distrito resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y datos aportados por las autoridades responsables.

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