Juan Carlon Ornelas
Expediente 280/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 8 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 280/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 19/07/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Juan Carlon Ornelas
- Direccion de Asuntos Internos, Control Y Seguimiento de la Secretaria de Seguridad Publica del Estado de Baja California
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Mexicali, Baja California, a dieciocho de julio de dos mil dieciséis. CAUSA EJECUTORIA LA SENTENCIAVista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la resolución de veintinueve de junio de dos mil dieciséis, dictada en este juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en esta instancia, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. SE REMITEN CONSTANCIAS Por otra parte, devuélvanse las constancias remitidas por el Magistrado Presidente del Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en su informe justificado, las cuales fueron agregadas mediante proveído de veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, en virtud de ser innecesarias en el presente juicio de amparo dado lo determinado en el presente proveído; solicítese el acuse de recibo correspondiente. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el presente cuaderno es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en el último párrafo, punto vigésimo primero, del citado Acuerdo, al ser un juicio de amparo en el cual quedó firme el sobreseimiento decretado, en virtud de los razonamientos expresados en líneas que preceden. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. De igual manera, atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá también transferirse el cuaderno principal del presente juicio de garantías al Centro de Documentación y Análisis. ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el mencionado libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veintinueve de junio de dos mil dieciséis. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 280/2016-3A; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado en cuatro de mayo de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en la ciudad de Mexicali, Baja California, remitido por razón de turno, a este Juzgado Federal, el seis de mayo del presente año, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, y reclamó actos omisivos de la autoridad responsable. SEGUNDO. Garantías individuales. La parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado y consideró infringidas en su perjuicio las garantías individuales contenidas en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite. Este Juzgado Segundo de Distrito, por auto de nueve de mayo de dos mil dieciséis, admitió la demanda de amparo de que se trata, la que quedó registrada bajo el número 280/2016-3A; se dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se solicitó el informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se celebró al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 fracción I y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 1º., fracción V, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el "Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito.", por tratarse de actos omisivos que no requieren ejecución material, siendo que este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado previno en el conocimiento de la demanda. SEGUNDO. Acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se estima conveniente fijar de manera clara y precisa el acto reclamado que constituye la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio de amparo; lo anterior, partiendo del criterio de considerar la demanda como un todo. Por lo que, del análisis integral del escrito de demanda, se aprecia que el acto reclamado en esta vía, consiste en: La omisión del Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, de dictar sentencia definitiva en el recurso de revisión promovido en el juicio contencioso administrativo 112/2014. Lo antes mencionado, es así, ya que para efectos de determinar con precisión los actos reclamados, se toma en consideración que el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, ha establecido la obligación del Juez de garantías de analizar la demanda de amparo en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención de los promoventes y precisar los actos materia de la litis constitucional. La Jurisprudencia en comento se identifica con el número 40/2000 y es localizable en la página treinta y dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de dos mil, cuyo rubro es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad señalada como responsable Magistrado Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, al rendir su informe con justificación, manifestó que es cierto el acto reclamado. Asimismo, remitió copia certificada de las constancias que integran el recurso de revisión promovido en el juicio contencioso administrativo 112/2014, a las que se les concede valor pleno, en términos de lo dispuesto por el artículo 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Procedencia. Ahora bien, en estricto acatamiento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si existe alguna causa de improcedencia que determine el sobreseimiento en el juicio. Se cita al respecto el criterio jurisprudencial número 814 que se localiza en la página 553 del Tomo VI de la materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la federación de 1917 a 1995, cuyo rubro dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." En esas condiciones, se advierte que se actualiza la hipótesis contenida en la fracción XXI, del artículo 61, de la ley de la materia, pues han cesado los efectos del acto reclamado. Para una mejor comprensión del caso en estudio, cabe precisar el contenido del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" De las constancias que anexó la responsable en apoyo a su informe con justificación, se advierte que el tres de junio de dos mil dieciséis, consultable a fojas 25 a 35, la autoridad responsable Magistrado Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, dictó sentencia en el recurso de revisión relativo al expediente 112/2014. De ahí que, si de las constancias que obran en autos quedó demostrado que la autoridad responsable Magistrado Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, el tres de junio de dos mil dieciséis, dicto resolución en el recurso de revisión relativo al expediente 112/2014, es incuestionable que la citada autoridad al dictar la sentencia de mérito -cuya omisión constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo-, ha dejado de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional. Es aplicable, en la especie, la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página treinta y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, que a la letra, dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Máxime que dicha sentencia fue notificada al quejoso el dieciséis de junio del presente año, tal y como lo manifestó Vicente de Santiago Donmiguel, autorizado del quejoso Juan Carlón Ornelas, en su escrito presentado el veintitrés de junio de dos mil dieciséis, en la oficialía de partes de este juzgado de distrito; por lo cual, se insiste, que el efecto del acto reclamado que por esta vía constitucional se reclaman, han cesados sus efectos, por ende, han sido destruidos en forma total e incondicional. QUINTO. Publicidad de la resolución. Conforme a lo dispuesto en los artículos 6º apartado A), fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el numeral 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley en cita, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales; conforme al artículo 73 fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información establecido. Finalmente, hágaseles saber que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos personales, en la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que pueden contener de conformidad con el artículo 116 de la citada Ley General, y con lo dispuesto en los artículos 25 y 28 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, de fecha veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Atento a lo expuesto, y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76, 77 y aplicables de la Ley de Amparo, es procedente resolver y, por ende, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se Sobresee en el presente juicio de amparo promovido por JUAN CARLON ORNELAS, contra el acto reclamado a la autoridad que quedó precisada en el cuerpo de esta resolución y por lo expuesto en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en términos del último considerando de esta sentencia.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veinticuatro de junio de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por Vicente de Santiago Donmiguel, autorizado del quejoso Juan Carlón Ornelas, por medio del cual informa que el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, fue notificado de la sentencia dictada en el expediente 112/2014, por el Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Baja California; en consecuencia téngasele haciendo valer causales de improcedencia, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veintiuno de junio de dos mil dieciséis. Agréguese únicamente el escrito signado por Tulio Cesar Carrera Villa, autorizado solamente para oír y recibir notificaciones del quejoso Juan Carlos Ornelas, toda vez que el mismo no está facultado para actuar en nombre del quejoso, facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo. Por otra parte, con vista a las partes agréguese a los autos el oficio y anexo consistente en la sentencia de tres de junio de dos mil dieciséis, dictada en el juicio contencioso administrativo 112/2014, signado por la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, lo anterior a efecto de que las partes se impongan con la anticipación debida de su contenido, y en su oportunidad, hágase nueva relación de la citada prueba documental, en la audiencia constitucional correspondiente, de conformidad con lo previsto por los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo.
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